19 ago 2009
Cartoneros denuncian negocio político
2:21 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Mañana de Córdoba (19/08/2009)
Cartoneros denuncian negocio político con una fundación en plan de reciclado
Desde el lunes pasado, la organización El Faro integra el plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos que lleva adelante el municipio, y ocupa un lugar en la base Mitre donde ya funciona el primer Punto Verde. En un comienzo sólo dos cooperativas de cartoneros se iban a desempeñar allí, y ahora reclaman que la nueva incorporación le quita puestos de trabajo en ese centro. Además, señalan que sus miembros no son cartoneros y que “hay favores personales de por medio”.
“La política se metió en el medio, y lo que era un proyecto genuino y beneficioso para nosotros ahora termina siendo perjudicial. Nos prometieron inclusión y trabajo, nos capacitamos para desempeñarnos en la planta y ahora ponen a gente que no tiene nada que ver”, dijo algo molesto Roberto Vivas, presidente de la cooperativa Reciclado en Inclusión. Se trata de una de las dos organizaciones de cartoneros que -en un principio- se haría cargo de la selección y separación los residuos para su posterior procesamiento y comercialización.
Sin embargo, desde el lunes pasado, la Fundación El Faro (una organización social de Villa Bajo Pueyrredón dirigida por la concejala Mónica Cid) comenzó a formar parte del plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos que lleva adelante el municipio, y a ocupar un lugar en la base Mitre donde funciona el primer Punto Verde de Córdoba. Y aunque sin quedar demasiado en claro cuál es la función específica que tendrá en el nuevo esquema, desde la Municipalidad informaron que se la convocó “porque tiene vasta experiencia en inclusión social”, pero que “de ningún modo su incorporación es perjudicial para el resto de los trabajadores”. Sin embargo, desde la cooperativa, José Burantt dijo que “la única experiencia que tienen fue con los eco recolectores en Villa Bajo Pueyrredón, pero que no eran cartoneros ni conocen cómo es el movimiento en el resto de la ciudad”.
Por su parte, Flavia Franchi, subdirectora de Impacto Ambiental de la ciudad de Córdoba, aclaró que “nadie le va a quitar ningún lugar a estos cartoneros, si justamente nuestros proyecto está basado en la inclusión de todos ellos. La idea es que nadie pierda y todos ganen”.
Para los miembros de Reciclado e Inclusión, “la llegada de esta fundación rompió con lo convenido en un comienzo en cuanto a la proporcionalidad de trabajadores que se desempeñarán en la planta”. Mientras que está cooperativa tiene alrededor de 90 socios y sólo dos cartoneros que están trabajando actualmente en el centro con los residuos de la recolección diferenciada, “la fundación, que no nuclea a ningún carrero, tiene actualmente cinco personas trabajando”, dijo Vivas.
De todas maneras, para Franchi “la proporcionalidad no es importante, lo bueno sería que entre ellos se pongan de acuerdo en ese punto. No se trata si una cooperativa tiene más o menos personas en el centro verde, ahí son todos un mismo equipo y hay trabajo para todos”.
Desde Reciclado e Inclusión comentaron que el secretario de Ambiente de la ciudad, Fernando Cámara, justificó el ingreso de esa organización social argumentando que sería la que subsidiaría los sueldos del material que deje la recolección diferenciada, “luego de que le planteáramos que de no ser así, esto va al fracaso directo”, dijeron. Además señalaron: “Siempre nos dijo que se respetaría el tema de la proporcionalidad. Y nada de eso fue así: ni El Faro va a subsidiar los sueldos, ni se respetó el cupo de trabajadores en función a los socios que tiene cada cooperativa. Creemos que acá hay favores personales de por medio, sino no se entiende cómo llega esta fundación a un proyecto que nada tiene que ver”.
El convenio que aún no se firmó
Ni la cooperativa Reciclado e Inclusión ni la de Cartoneros Organizados firmaron aún los convenios contractuales que los vinculan con la Crese. Es que, según reclamaron, “es un contrato leonino, se destacan sólo nuestras obligaciones y no se concede ningún derecho”, dijo Ramón Leyría, más conocido como “el Ruso”, uno de los cartoneros con más experiencia en la actividad.
El punto quizá más polémico es el que les atribuye la tarea de recupero, separación y clasificación del material reciclable generado en el microcentro de la ciudad y recolectado por el servicio diferenciado, pero no les otorga la facultad de la comercialización, que quedaría en manos de la empresa municipal.
“A nosotros nadie nos garantiza transparencia en la venta de los materiales, que nos controlen y fiscalicen pero de eso queremos hacernos cargo nosotros. Esta cooperativa cuenta con gente capacitada, somos seres pensantes que conocemos como ninguno el negocio de la basura. Pero acá nos quieren pasar por encima y se olvidan que venimos peleando desde hace mucho por esto”, dijo Vivas.
Por otro lado, el contrato atribuye a cada cooperativa la responsabilidad de los costos previsionales, cargas sociales, aportes y seguros de “sus dependientes y/o socios cooperativos”. “La cooperativa libera y exime a la empresa (Crese) de toda responsabilidad al respecto y asume la obligación de mantener indemne a esta última ante cualquier reclamo. La cooperativa se obliga por toda indemnización que por cualquier causa, origen y naturaleza del servicio que presta”, dice la cláusula octava.
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Cartoneros denuncian negocio político con una fundación en plan de reciclado
Desde el lunes pasado, la organización El Faro integra el plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos que lleva adelante el municipio, y ocupa un lugar en la base Mitre donde ya funciona el primer Punto Verde. En un comienzo sólo dos cooperativas de cartoneros se iban a desempeñar allí, y ahora reclaman que la nueva incorporación le quita puestos de trabajo en ese centro. Además, señalan que sus miembros no son cartoneros y que “hay favores personales de por medio”.
“La política se metió en el medio, y lo que era un proyecto genuino y beneficioso para nosotros ahora termina siendo perjudicial. Nos prometieron inclusión y trabajo, nos capacitamos para desempeñarnos en la planta y ahora ponen a gente que no tiene nada que ver”, dijo algo molesto Roberto Vivas, presidente de la cooperativa Reciclado en Inclusión. Se trata de una de las dos organizaciones de cartoneros que -en un principio- se haría cargo de la selección y separación los residuos para su posterior procesamiento y comercialización.
Sin embargo, desde el lunes pasado, la Fundación El Faro (una organización social de Villa Bajo Pueyrredón dirigida por la concejala Mónica Cid) comenzó a formar parte del plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos que lleva adelante el municipio, y a ocupar un lugar en la base Mitre donde funciona el primer Punto Verde de Córdoba. Y aunque sin quedar demasiado en claro cuál es la función específica que tendrá en el nuevo esquema, desde la Municipalidad informaron que se la convocó “porque tiene vasta experiencia en inclusión social”, pero que “de ningún modo su incorporación es perjudicial para el resto de los trabajadores”. Sin embargo, desde la cooperativa, José Burantt dijo que “la única experiencia que tienen fue con los eco recolectores en Villa Bajo Pueyrredón, pero que no eran cartoneros ni conocen cómo es el movimiento en el resto de la ciudad”.
Por su parte, Flavia Franchi, subdirectora de Impacto Ambiental de la ciudad de Córdoba, aclaró que “nadie le va a quitar ningún lugar a estos cartoneros, si justamente nuestros proyecto está basado en la inclusión de todos ellos. La idea es que nadie pierda y todos ganen”.
Para los miembros de Reciclado e Inclusión, “la llegada de esta fundación rompió con lo convenido en un comienzo en cuanto a la proporcionalidad de trabajadores que se desempeñarán en la planta”. Mientras que está cooperativa tiene alrededor de 90 socios y sólo dos cartoneros que están trabajando actualmente en el centro con los residuos de la recolección diferenciada, “la fundación, que no nuclea a ningún carrero, tiene actualmente cinco personas trabajando”, dijo Vivas.
De todas maneras, para Franchi “la proporcionalidad no es importante, lo bueno sería que entre ellos se pongan de acuerdo en ese punto. No se trata si una cooperativa tiene más o menos personas en el centro verde, ahí son todos un mismo equipo y hay trabajo para todos”.
Desde Reciclado e Inclusión comentaron que el secretario de Ambiente de la ciudad, Fernando Cámara, justificó el ingreso de esa organización social argumentando que sería la que subsidiaría los sueldos del material que deje la recolección diferenciada, “luego de que le planteáramos que de no ser así, esto va al fracaso directo”, dijeron. Además señalaron: “Siempre nos dijo que se respetaría el tema de la proporcionalidad. Y nada de eso fue así: ni El Faro va a subsidiar los sueldos, ni se respetó el cupo de trabajadores en función a los socios que tiene cada cooperativa. Creemos que acá hay favores personales de por medio, sino no se entiende cómo llega esta fundación a un proyecto que nada tiene que ver”.
El convenio que aún no se firmó
Ni la cooperativa Reciclado e Inclusión ni la de Cartoneros Organizados firmaron aún los convenios contractuales que los vinculan con la Crese. Es que, según reclamaron, “es un contrato leonino, se destacan sólo nuestras obligaciones y no se concede ningún derecho”, dijo Ramón Leyría, más conocido como “el Ruso”, uno de los cartoneros con más experiencia en la actividad.
El punto quizá más polémico es el que les atribuye la tarea de recupero, separación y clasificación del material reciclable generado en el microcentro de la ciudad y recolectado por el servicio diferenciado, pero no les otorga la facultad de la comercialización, que quedaría en manos de la empresa municipal.
“A nosotros nadie nos garantiza transparencia en la venta de los materiales, que nos controlen y fiscalicen pero de eso queremos hacernos cargo nosotros. Esta cooperativa cuenta con gente capacitada, somos seres pensantes que conocemos como ninguno el negocio de la basura. Pero acá nos quieren pasar por encima y se olvidan que venimos peleando desde hace mucho por esto”, dijo Vivas.
Por otro lado, el contrato atribuye a cada cooperativa la responsabilidad de los costos previsionales, cargas sociales, aportes y seguros de “sus dependientes y/o socios cooperativos”. “La cooperativa libera y exime a la empresa (Crese) de toda responsabilidad al respecto y asume la obligación de mantener indemne a esta última ante cualquier reclamo. La cooperativa se obliga por toda indemnización que por cualquier causa, origen y naturaleza del servicio que presta”, dice la cláusula octava.
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