8 may 2010

Ordenan frenar desalojo de campesina

La Voz del Interior (08/05/2010)
Ordenan frenar desalojo de campesina



El Tribunal Superior de Justicia anuló la sentencia en contra de la mujer y dispuso reenviar la causa a la Cámara.
Ramona Marcelina Jiménez, la campesina de 78 años a quien la Justicia de Deán Funes ordenara desocupar el campo de 85 hectáreas en Rosario del Saladillo, donde vive y trabaja desde hace más de 40 años, acaba de recuperar la sonrisa y las esperanzas. Eso porque el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) anuló aquella sentencia y dispuso reenviar la causa a la cámara de origen para que emita un nuevo pronunciamiento sobre el particular.
Desde el inicio, el expediente siguió un curso sinuoso.
El 6 de marzo de 2007, la Cámara Criminal, Correccional, Civil, Familia y del Trabajo de aquella ciudad, cabecera del Departamento Ischilín, revocó un fallo en primera instancia favorable a Jiménez. Este tribunal, integrado por Enrique Ruiz, Carlos Serafín y Juan Abraham Elías, también le ordenó a la septuagenaria restituir la propiedad que explotaba en el paraje Pozo del Buey, departamento Tulumba, al ex presidente comunal de Rosario del Saladillo, Isaac López. Éste estuvo representado por el estudio del que es socio quien fuera ministro de Educación de la Provincia, Eduardo Mundet. El ex funcionario delasotista se apartó poco antes del dictamen de Cámara.
Entrevero judicial. López es padre de Isaac "Chachi" López, actual director de la delegación Córdoba de la Anses. Este funcionario nacional fue legislador provincial por el departamento Tulumba y estuvo al frente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Este organismo provincial tiene a su cargo la aplicación del Programa Tierras para el Futuro, creado por ley 9.170 durante el gobierno de José Manuel de la Sota. Su principal objetivo es prestar asesoramiento técnico a quienes tengan problemas para la obtención del título de propiedad y propiciar las iniciativas sobre saneamiento de los dominios de inmuebles, sobre todo en áreas rurales.
La Unidad Ejecutora depende de la Secretaría de Justicia de la Provincia. A esta dependencia recurrió en abril de 2007 Ramona Jiménez para pedirle ayuda ante el pedido de desalojo. Recorrió los 180 kilómetros que separan a su pueblo de la ciudad de Córdoba acompañada por vecinos y con una carpeta bajo el brazo con documentación que -decía- acreditaba su propiedad del inmueble.
Sergio Salomón, abogado de Ramona Jiménez, había planteado un recurso de casación contra la sentencia de los camaristas de Deán Funes que ordenaron a su clienta la desocupación del campo. Pero el tribunal se lo denegó. Por ese motivo, recurrió ante el TSJ por vía directa, que resolvió que el recurso de casación había sido mal denegado, reenvió la causa a la cámara de origen y le ordenó pronunciarse de nuevo.

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El caso emblemático de Ramona Bustamante

La traumática historia de esta mujer de 83 años comenzó el 23 de enero de 2004.
Fue cuando mediante una orden judicial y por la fuerza, debió abandonar su vivienda, ubicada en el paraje Las Maravillas, a 20 kilómetros de Sebastián Elcano y 200 de Córdoba Capital.
Desde ese momento, su lucha se transformó en un emblema de los movimientos campesinos.
Sin embargo, a fines de 2009, los hermanos Scaramuzza, acusados de estafa y de desalojar Bustamante, fueron absueltos por la Cámara de Deán Funes.
Sostienen que compraron el terreno en 1984 y que en 1992 le habían hecho firmar a la campesina una sesión completa de los derechos y de posibilidades de reclamo.

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