2 oct 2007
Indagatoria a imputados
1:37 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Mañana de Córdoba (02/10/2007)
Toman hoy última indagatoria a imputados
Tras esta instancia, la causa será nuevamente remitida a la fiscalía de López de Filoñuk, con un informe sobre la medida de no innovar que recae sobre el predio, que impediría iniciar la primera etapa del plan de remediación que exigen los vecinos.
Como querellante particular, la defensora del Pueblo de Córdoba, Jessica Valentini, recabó información de la Justicia Federal e informó ayer sobre los avances de la causa que investiga el almacenamiento de sustancias químicas contaminantes (DDT y otros plaguicidas prohibidos) en el predio que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) posee en calle Avellaneda del barrio Alta Córdoba.
Según información proporcionada por el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de Guillermo Bustos Fierro, hoy martes se tomará la última indagatoria al personal imputado que reside en Buenos Aires de ese organismo nacional, en el marco de la investigación que el magistrado sigue de esta causa.
Posteriormente, se espera que el expediente sea remitido nuevamente a la Fiscalía a cargo de Graciela López de Filoñuk con un informe sobre la medida de no innovar que recae sobre el predio, lo que al parecer podría impedir dar comienzo a la primera etapa del Aviso de Proyecto denominado “Plan de Muestreo y Análisis Detallado del Predio” de la remediación.
En dicha causa, caratulada “Montenegro, Raúl s/denuncia”, la defensora del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Jessica Valentini es querellante particular, aún cuando el biólogo y titular de FUNAM fue quien presentó la denuncia en los Juzgados Federales.
Recurso de no innovar
Cabe recordar que en el 2006, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, concedió una medida de “no innovar” en el juicio donde CEDHA demanda la remediación del Depósito Regional del SENASA en Alta Córdoba.
Dicho lugar, almacenó por más de 30 años plaguicidas prohibidos en pésimas condiciones de disposición.
“La medida tiene como fin que no se remedie el depósito del SENASA sin contralor, sin autorización del juez interviniente y sin la participación de los organismos de salud y de ambiente de todas órbitas, de las Defensorías del Pueblo, y representantes de los afectados”, explicó Romina Tabarelli, abogada de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), que representa legalmente a los vecinos de Alta Córdoba, los que solicitan un plan de remediación para toda la zona.
Por este recurso, la Cámara Federal por Sentencia Nº 1.188 de fecha 16 de noviembre de 2006, concedió a CEDHA, una medida de no innovar respecto del Depósito del SENASA de barrio Alta Córdoba.
“La medida fue concedida a los efectos de que el demandado SENASA por sí o, a través de terceros, se abstenga de realizar actividades en el mencionado inmueble que pongan en peligro la salud de los vecinos y al ambiente en general”, insistió Tabarelli.
“Fue solicitada atento a que los proyectos o planes de remediación que había diseñado el SENASA (del 2 de agosto de 2005 y mayo de 2006) contenían serías deficiencias que pondrían en peligro la salud de los vecinos del lugar”, dijo la abogada.
Para evitar “malas interpretaciones” sobre los alcances y fines de la medida concedida por la Cámara, CEDHA expuso en diciembre ante el Juez Federal de Primera Instancia los objetivos que se proponía la fundación con esta acción legal.
El primer objetivo era que la remediación del predio se haga con autorización del juez, sin poner en riesgo la salud pública y sin afectar el ambiente en general.
Otro de los objetivos era que el proceso de remediación se haga con el contralor de los organismos de salud y ambiente de la Nación, la Provincia y el municipio, y los asesores técnicos propuestos y con la participación y asegurando un suministro completo y veraz de información a los vecinos afectados, del Defensor del Pueblo y este Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA).
Por último, en febrero pasado, siendo público el hecho de que SENASA había firmado un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba a fin de que sus técnicos diagnosticaran la situación de contaminación del predio de Alta Córdoba, la abogada se hizo presente ante el Juez interviniente.
En un nuevo escrito, CEDHA afirmó que la UNC contaba con la capacidad “técnica y profesional para seguir adelante con las tareas de diagnóstico”.
“La demanda judicial diligenciada y que ordena la medida statu quo no obstaculiza o impide que se continúen las tareas de diagnóstico en el predio, sólo le ordena al demandado abstenerse de realizar por sí o por terceros cualquier medida que modifique el estado actual del depósito regional y ponga en peligro la salud de la población”, expresaba ese documento.
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Toman hoy última indagatoria a imputados
Tras esta instancia, la causa será nuevamente remitida a la fiscalía de López de Filoñuk, con un informe sobre la medida de no innovar que recae sobre el predio, que impediría iniciar la primera etapa del plan de remediación que exigen los vecinos.
Como querellante particular, la defensora del Pueblo de Córdoba, Jessica Valentini, recabó información de la Justicia Federal e informó ayer sobre los avances de la causa que investiga el almacenamiento de sustancias químicas contaminantes (DDT y otros plaguicidas prohibidos) en el predio que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) posee en calle Avellaneda del barrio Alta Córdoba.
Según información proporcionada por el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de Guillermo Bustos Fierro, hoy martes se tomará la última indagatoria al personal imputado que reside en Buenos Aires de ese organismo nacional, en el marco de la investigación que el magistrado sigue de esta causa.
Posteriormente, se espera que el expediente sea remitido nuevamente a la Fiscalía a cargo de Graciela López de Filoñuk con un informe sobre la medida de no innovar que recae sobre el predio, lo que al parecer podría impedir dar comienzo a la primera etapa del Aviso de Proyecto denominado “Plan de Muestreo y Análisis Detallado del Predio” de la remediación.
En dicha causa, caratulada “Montenegro, Raúl s/denuncia”, la defensora del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Jessica Valentini es querellante particular, aún cuando el biólogo y titular de FUNAM fue quien presentó la denuncia en los Juzgados Federales.
Recurso de no innovar
Cabe recordar que en el 2006, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, concedió una medida de “no innovar” en el juicio donde CEDHA demanda la remediación del Depósito Regional del SENASA en Alta Córdoba.
Dicho lugar, almacenó por más de 30 años plaguicidas prohibidos en pésimas condiciones de disposición.
“La medida tiene como fin que no se remedie el depósito del SENASA sin contralor, sin autorización del juez interviniente y sin la participación de los organismos de salud y de ambiente de todas órbitas, de las Defensorías del Pueblo, y representantes de los afectados”, explicó Romina Tabarelli, abogada de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), que representa legalmente a los vecinos de Alta Córdoba, los que solicitan un plan de remediación para toda la zona.
Por este recurso, la Cámara Federal por Sentencia Nº 1.188 de fecha 16 de noviembre de 2006, concedió a CEDHA, una medida de no innovar respecto del Depósito del SENASA de barrio Alta Córdoba.
“La medida fue concedida a los efectos de que el demandado SENASA por sí o, a través de terceros, se abstenga de realizar actividades en el mencionado inmueble que pongan en peligro la salud de los vecinos y al ambiente en general”, insistió Tabarelli.
“Fue solicitada atento a que los proyectos o planes de remediación que había diseñado el SENASA (del 2 de agosto de 2005 y mayo de 2006) contenían serías deficiencias que pondrían en peligro la salud de los vecinos del lugar”, dijo la abogada.
Para evitar “malas interpretaciones” sobre los alcances y fines de la medida concedida por la Cámara, CEDHA expuso en diciembre ante el Juez Federal de Primera Instancia los objetivos que se proponía la fundación con esta acción legal.
El primer objetivo era que la remediación del predio se haga con autorización del juez, sin poner en riesgo la salud pública y sin afectar el ambiente en general.
Otro de los objetivos era que el proceso de remediación se haga con el contralor de los organismos de salud y ambiente de la Nación, la Provincia y el municipio, y los asesores técnicos propuestos y con la participación y asegurando un suministro completo y veraz de información a los vecinos afectados, del Defensor del Pueblo y este Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA).
Por último, en febrero pasado, siendo público el hecho de que SENASA había firmado un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba a fin de que sus técnicos diagnosticaran la situación de contaminación del predio de Alta Córdoba, la abogada se hizo presente ante el Juez interviniente.
En un nuevo escrito, CEDHA afirmó que la UNC contaba con la capacidad “técnica y profesional para seguir adelante con las tareas de diagnóstico”.
“La demanda judicial diligenciada y que ordena la medida statu quo no obstaculiza o impide que se continúen las tareas de diagnóstico en el predio, sólo le ordena al demandado abstenerse de realizar por sí o por terceros cualquier medida que modifique el estado actual del depósito regional y ponga en peligro la salud de la población”, expresaba ese documento.
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