30 oct 2007
DDT y la remediación
9:58 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Mañana de Córdoba (30/10/2007)
DDT: el próximo martes inicia la primera etapa de la remediación
A las 8 de la mañana del 6 de noviembre dará comienzo el diagnóstico del Plan de Muestreo y Análisis en el galpón del SENASA donde estuvieron acopiados los plaguicidas prohibidos por más de 30 años. Así lo hizo saber a través de una resolución el juez federal Ricardo Bustos Fierro a la defensora del Pueblo de la Provincia, Jessica Valentini, querellante en la causa.
Con fecha 25 de octubre, el juez federal Ricardo Bustos Fierro emitió una resolución de la cual fue notificada ayer la defensora del Pueblo de la Provincia, Jessica Valentini. En la misma, se le informa que el martes 6 de noviembre comenzará la primera etapa del Plan de Muestro y Análisis para dar inicio a al remediación en Alta Córdoba.
Valentini es querellante particular en la causa que se sigue en contra del SENASA por los daños que pudieran haber ocasionado las 12 toneladas de plaguicidas prohibidos que fueron acopiados en malas condiciones por más de 30 años en un galpón de barrio Alta Córdoba.
En la notificación, el magistrado comunica que en los autos caratulados “Montenegro, Raúl s/denuncia” ordena a la fiscal federal Nº 3, Graciela López de Filoñuk, la realización de las tareas pertinentes de la primera etapa del Plan de Muestreo y Análisis detallado del predio - Aviso de Proyecto del depósito de Alta Córdoba.
Según se anunció, la primera etapa dará inicio el martes 6 de noviembre a las 8 y estará a cargo de técnicos dependientes del SENASA con asistencia del personal de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la fiscalización del personal adscripto de la Defensoría del Pueblo y la Agencia Córdoba Ambiente.
La notificación fue recibida ayer por Valentini quien a su vez informó sobre la resolución a la abogada patrocinante de los vecinos de la manzana cero de Alta Córdoba, Romina Tabarelli.
“La medida será adecuada a la primera etapa, mientras que las subsiguientes deberán ser evaluadas por técnicas de la Agencia Córdoba Ambiente según el proyecto adjunto que data de marzo de 2007”, explicó Valentini en base a lo informado por el magistrado federal.
El diagnóstico
La función de los técnicos de la UNC será, en base a los puntos de muestreo, proceder a realizar una tarea de diagnóstico, con el fin de determinar qué superficie y hasta qué profundidad se encuentra contaminado el predio. Para tal fin deben estar presentes distintos peritos de partes.
Deben ser propuestos por el Juzgado Federal Nº1, otro por el querellante (la Defensoría del Pueblo) y otro ha sido solicitado por los vecinos, a través de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). En este último caso, habiendo sido sugerido en la causa civil hace dos años atrás el biólogo Raúl Montenegro, titular de la Fundación por la defensa del Ambiente FUNAM, como perito de parte de los vecinos, en la resolución emitida por el Juzgado Federal no estaría especificada su presencia.
Esto aún cuando el propio Montenegro es actor en esta causa, ya que fue el denunciante ante la Justicia de la supuesta contaminación a la que habrían estado sometidos los vecinos de ese barrio por más de 30 años.
Es por esto que Tabarelli indicó que a partir de esta notificación se pondrá en contacto con el instructor de la causa para solicitar la presencia de los vecinos cuando los técnicos ingresen en el galpón.
Según recordó, el año pasado cuando se tomaron las muestras del predio, no hubo tiempo para pedir autorización para que los vecinos pudieran asistir a esta tarea en el predio. “Por eso voy a tramitar esta vez las autorizaciones para los vecinos, aún cuando lo que la Universidad, lo único que va a hacer ahora es diagnosticar el grado de contaminación y señalar cuáles pueden ser las opciones de remediación, sin indicar cuál de ellas es la más viable. Según nos aseguraron, estos técnicos no pueden hacer por sí solos las tareas de remediación, porque no tienen los medios para hacerlo. Es necesaria para esta segunda etapa, la autorización de todos los organismos de ambiente del Estado en sus diferentes niveles, y permisos especiales para remover el suelo y la mampostería del depósito”, indicó ayer Tabarelli a LA MAÑANA.
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A las 8 de la mañana del 6 de noviembre dará comienzo el diagnóstico del Plan de Muestreo y Análisis en el galpón del SENASA donde estuvieron acopiados los plaguicidas prohibidos por más de 30 años. Así lo hizo saber a través de una resolución el juez federal Ricardo Bustos Fierro a la defensora del Pueblo de la Provincia, Jessica Valentini, querellante en la causa.
Con fecha 25 de octubre, el juez federal Ricardo Bustos Fierro emitió una resolución de la cual fue notificada ayer la defensora del Pueblo de la Provincia, Jessica Valentini. En la misma, se le informa que el martes 6 de noviembre comenzará la primera etapa del Plan de Muestro y Análisis para dar inicio a al remediación en Alta Córdoba.
Valentini es querellante particular en la causa que se sigue en contra del SENASA por los daños que pudieran haber ocasionado las 12 toneladas de plaguicidas prohibidos que fueron acopiados en malas condiciones por más de 30 años en un galpón de barrio Alta Córdoba.
En la notificación, el magistrado comunica que en los autos caratulados “Montenegro, Raúl s/denuncia” ordena a la fiscal federal Nº 3, Graciela López de Filoñuk, la realización de las tareas pertinentes de la primera etapa del Plan de Muestreo y Análisis detallado del predio - Aviso de Proyecto del depósito de Alta Córdoba.
Según se anunció, la primera etapa dará inicio el martes 6 de noviembre a las 8 y estará a cargo de técnicos dependientes del SENASA con asistencia del personal de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la fiscalización del personal adscripto de la Defensoría del Pueblo y la Agencia Córdoba Ambiente.
La notificación fue recibida ayer por Valentini quien a su vez informó sobre la resolución a la abogada patrocinante de los vecinos de la manzana cero de Alta Córdoba, Romina Tabarelli.
“La medida será adecuada a la primera etapa, mientras que las subsiguientes deberán ser evaluadas por técnicas de la Agencia Córdoba Ambiente según el proyecto adjunto que data de marzo de 2007”, explicó Valentini en base a lo informado por el magistrado federal.
El diagnóstico
La función de los técnicos de la UNC será, en base a los puntos de muestreo, proceder a realizar una tarea de diagnóstico, con el fin de determinar qué superficie y hasta qué profundidad se encuentra contaminado el predio. Para tal fin deben estar presentes distintos peritos de partes.
Deben ser propuestos por el Juzgado Federal Nº1, otro por el querellante (la Defensoría del Pueblo) y otro ha sido solicitado por los vecinos, a través de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). En este último caso, habiendo sido sugerido en la causa civil hace dos años atrás el biólogo Raúl Montenegro, titular de la Fundación por la defensa del Ambiente FUNAM, como perito de parte de los vecinos, en la resolución emitida por el Juzgado Federal no estaría especificada su presencia.
Esto aún cuando el propio Montenegro es actor en esta causa, ya que fue el denunciante ante la Justicia de la supuesta contaminación a la que habrían estado sometidos los vecinos de ese barrio por más de 30 años.
Es por esto que Tabarelli indicó que a partir de esta notificación se pondrá en contacto con el instructor de la causa para solicitar la presencia de los vecinos cuando los técnicos ingresen en el galpón.
Según recordó, el año pasado cuando se tomaron las muestras del predio, no hubo tiempo para pedir autorización para que los vecinos pudieran asistir a esta tarea en el predio. “Por eso voy a tramitar esta vez las autorizaciones para los vecinos, aún cuando lo que la Universidad, lo único que va a hacer ahora es diagnosticar el grado de contaminación y señalar cuáles pueden ser las opciones de remediación, sin indicar cuál de ellas es la más viable. Según nos aseguraron, estos técnicos no pueden hacer por sí solos las tareas de remediación, porque no tienen los medios para hacerlo. Es necesaria para esta segunda etapa, la autorización de todos los organismos de ambiente del Estado en sus diferentes niveles, y permisos especiales para remover el suelo y la mampostería del depósito”, indicó ayer Tabarelli a LA MAÑANA.
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