19 nov 2019
Lo ambiental en las urgencias de Martín Llaryora
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (19/11/2019)
La agenda urgente de Martín Llaryora
Si bien el intendente electo de Córdoba, Martín Llaryora, señala una y otra vez que la situación económica de la Municipalidad es delicada, hay otros temas más complejos y urgentes para la gestión que se inicia el próximo 10 de diciembre.
Son cuestiones que tienen que ver más con el día a día de los vecinos de la ciudad: el transporte público, la disposición final de los residuos y el tratamiento de los líquidos cloacales en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande.
Se trata de situaciones en las que se conjugan errores de la saliente gestión de Ramón Mestre con factores externos que tienen que ver con denuncias judiciales y la crisis económica que atraviesa el país.
No obstante, y más allá de quién sea el responsable, desde el entorno de Llaryora admiten que deberán tomar cartas en el asunto de manera inmediata a partir de diciembre, ya que en algunos casos las prestaciones y los servicios se encuentran funcionando de manera deficiente.
En el caso del transporte público se mezclan decisiones que se tomaron hace unos años y que, en el marco de la crisis, ponen al sistema en una situación “complicada”, según definen en la propia Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap), la entidad que aglutina a las firmas prestatarias cordobesas.
La radiografía de todo el sistema muestra que una sola empresa, la correntina Ersa, controla de manera directa o indirecta el 58 por ciento de las líneas que recorren la ciudad de Córdoba.
Hay que recordar que en marzo de 2014 eran cuatro las firmas privadas a cargo del transporte masivo. Pero Ersa fue ganando terreno gracias a la temprana quiebra de Ciudad de Córdoba y a los problemas de Autobuses Santa Fe, que mutó bajo el nombre de Aucor y que es gerenciada por la empresa correntina.
Ersa se encuentra bajo convocatoria de acreedores, y según fuentes cercanas al intendente electo, con problemas en la flota de unidades que prestan el servicio, debido a que la imposibilidad de acceder a créditos rompió la cadena de renovación de ómnibus.
Pero también la empresa cordobesa Coniferal tiene el 50 por ciento de su flota con la antigüedad vencida por la disparada de los costos de los colectivos, que cotizan en dólares.
Por otra parte, en el equipo del intendente electo ya dan por descontado que deberán afrontar unos 150 millones de pesos en concepto de compensaciones por no aumentar el boleto. Se suman a los 120 millones que ya se enviaron hasta noviembre pasado.
Subsidios y Tamse
También siguen con preocupación la situación de la estatal Tamse, que tiene a su cargo las líneas A, B y C. Hasta ahora, lo único disponible en el digesto municipal es un pago de 60 millones de pesos en marzo pasado.
Pero en el entorno del intendente electo creen que el déficit real de la empresa trepa a 36 millones de pesos mensuales. Además, quieren revisar los ingresos de personal que se realizaron en el último año.
Los problemas no acaban ahí. En el equipo de Llaryora creen que es inminente un reclamo de actualización tarifaria, aunque por ahora los empresarios no presentaron un nuevo pedido. Pero con el precio del gasoil aumentando todas las semanas y la paritaria en ciernes, es cuestión de tiempo. El pedido rondaría los 37 pesos.
Los subsidios también abren una incógnita. Sobre todo, en lo que hará el Gobierno nacional. Los aportes provinciales serán de 4.200 millones de pesos para todo el sistema, de los cuales 2.200 corresponden a los programas de boletos educativos.
Con lo cual, serán dos mil millones los que queden por repartir entre el urbano capitalino, el de las ciudades del interior y los interurbanos.
En el presupuesto nacional, se repite la partida de los cinco mil millones de pesos de 2019, con un índice de actualización. Pero seguramente el gobierno electo de Alberto Fernández revisará esa política, aunque no se sabe todavía qué rumbo tomará.
Emergencia ambiental
Además de la emergencia financiera, Llaryora y el viceintendente electo, Daniel Passerini, suelen referirse a la declaración de la emergencia ambiental y sanitaria como otra de las medidas urgentes.
Las miradas están puestas en dos sitios de la ciudad: el extremo este, donde está la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande; y el sur, en el enterramiento sanitario de Piedra Blanca. Los dos sitios se encuentran colapsados, provocando un daño ambiental importante y superados en su capacidad de tratamiento.
En el caso de Bajo Grande, hace más de 20 años que viene arrojando al río Suquía los líquidos cloacales con mínimo tratamiento.
En el Presupuesto 2019 era la obra pública que más fondos tenía previstos, pero los expedientes se demoraron y recién la semana pasada se aprobaron dos licitaciones.
El objetivo a corto plazo del equipo de Llaryora es que la planta recupere su capacidad de tratamiento mediante la puesta en marcha de un plan de contingencia con participación del Gobierno provincial, que tiene bajo su órbita el control del Suquía y la ejecución de la nueva planta cloacal que se ubica al lado de la municipal.
“Hay que bajar sensiblemente los niveles de contaminación del río”, remarcan en el entorno del intendente electo.
En el sur, el enterramiento de Piedra Blanca es una bomba de tiempo a punto de estallar. Se habilitó de manera “provisoria” a principios de 2010 y todavía recibe unas dos mil toneladas diarias de basura provenientes de la Capital y de otras 18 localidades. Se reiteran las advertencias sobre su plazo fatal. La última novedad es de septiembre, y fijaba en 24 meses su capacidad de tratamiento.
En la zona, el impacto es evidente. Aparecieron montañas gigantes creadas con basura, y las bolsas de nailon se multiplicaron en los árboles y alambrados de los campos de los alrededores.
Pese a que se intentó solucionar la situación con la creación de Cormecor y la expropiación de campos más al sur, a la altura de Villa Parque Santa Ana, todo está paralizado desde hace cinco años a la espera de una definición de la Justicia provincial.
De todos modos, Llaryora sabe que cualquiera sea el resultado judicial, será conflictivo.
Otra situación que está en la agenda ambiental es la de un asentamiento cercano a Piedra Blanca: Nuestro Hogar 4. Se trata de un barrio que se construyó sobre un basural en el que hay residuos peligrosos.
Por ordenanza, se declaró a ese sitio como inhabitable. Sin embargo, no paró de crecer en población. Se encontró plomo en la sangre de los residentes, pero la Municipalidad abandonó las políticas de control epidemiológico en el sector.
“Nos preocupa, y mucho. Por eso hablamos de emergencia ambiental y sanitaria”, remarcaron desde el equipo de Llaryora.
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La agenda urgente de Martín Llaryora
Si bien el intendente electo de Córdoba, Martín Llaryora, señala una y otra vez que la situación económica de la Municipalidad es delicada, hay otros temas más complejos y urgentes para la gestión que se inicia el próximo 10 de diciembre.
Son cuestiones que tienen que ver más con el día a día de los vecinos de la ciudad: el transporte público, la disposición final de los residuos y el tratamiento de los líquidos cloacales en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande.
Se trata de situaciones en las que se conjugan errores de la saliente gestión de Ramón Mestre con factores externos que tienen que ver con denuncias judiciales y la crisis económica que atraviesa el país.
No obstante, y más allá de quién sea el responsable, desde el entorno de Llaryora admiten que deberán tomar cartas en el asunto de manera inmediata a partir de diciembre, ya que en algunos casos las prestaciones y los servicios se encuentran funcionando de manera deficiente.
En el caso del transporte público se mezclan decisiones que se tomaron hace unos años y que, en el marco de la crisis, ponen al sistema en una situación “complicada”, según definen en la propia Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap), la entidad que aglutina a las firmas prestatarias cordobesas.
La radiografía de todo el sistema muestra que una sola empresa, la correntina Ersa, controla de manera directa o indirecta el 58 por ciento de las líneas que recorren la ciudad de Córdoba.
Hay que recordar que en marzo de 2014 eran cuatro las firmas privadas a cargo del transporte masivo. Pero Ersa fue ganando terreno gracias a la temprana quiebra de Ciudad de Córdoba y a los problemas de Autobuses Santa Fe, que mutó bajo el nombre de Aucor y que es gerenciada por la empresa correntina.
Ersa se encuentra bajo convocatoria de acreedores, y según fuentes cercanas al intendente electo, con problemas en la flota de unidades que prestan el servicio, debido a que la imposibilidad de acceder a créditos rompió la cadena de renovación de ómnibus.
Pero también la empresa cordobesa Coniferal tiene el 50 por ciento de su flota con la antigüedad vencida por la disparada de los costos de los colectivos, que cotizan en dólares.
Por otra parte, en el equipo del intendente electo ya dan por descontado que deberán afrontar unos 150 millones de pesos en concepto de compensaciones por no aumentar el boleto. Se suman a los 120 millones que ya se enviaron hasta noviembre pasado.
Subsidios y Tamse
También siguen con preocupación la situación de la estatal Tamse, que tiene a su cargo las líneas A, B y C. Hasta ahora, lo único disponible en el digesto municipal es un pago de 60 millones de pesos en marzo pasado.
Pero en el entorno del intendente electo creen que el déficit real de la empresa trepa a 36 millones de pesos mensuales. Además, quieren revisar los ingresos de personal que se realizaron en el último año.
Los problemas no acaban ahí. En el equipo de Llaryora creen que es inminente un reclamo de actualización tarifaria, aunque por ahora los empresarios no presentaron un nuevo pedido. Pero con el precio del gasoil aumentando todas las semanas y la paritaria en ciernes, es cuestión de tiempo. El pedido rondaría los 37 pesos.
Los subsidios también abren una incógnita. Sobre todo, en lo que hará el Gobierno nacional. Los aportes provinciales serán de 4.200 millones de pesos para todo el sistema, de los cuales 2.200 corresponden a los programas de boletos educativos.
Con lo cual, serán dos mil millones los que queden por repartir entre el urbano capitalino, el de las ciudades del interior y los interurbanos.
En el presupuesto nacional, se repite la partida de los cinco mil millones de pesos de 2019, con un índice de actualización. Pero seguramente el gobierno electo de Alberto Fernández revisará esa política, aunque no se sabe todavía qué rumbo tomará.
Emergencia ambiental
Además de la emergencia financiera, Llaryora y el viceintendente electo, Daniel Passerini, suelen referirse a la declaración de la emergencia ambiental y sanitaria como otra de las medidas urgentes.
Las miradas están puestas en dos sitios de la ciudad: el extremo este, donde está la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande; y el sur, en el enterramiento sanitario de Piedra Blanca. Los dos sitios se encuentran colapsados, provocando un daño ambiental importante y superados en su capacidad de tratamiento.
En el caso de Bajo Grande, hace más de 20 años que viene arrojando al río Suquía los líquidos cloacales con mínimo tratamiento.
En el Presupuesto 2019 era la obra pública que más fondos tenía previstos, pero los expedientes se demoraron y recién la semana pasada se aprobaron dos licitaciones.
El objetivo a corto plazo del equipo de Llaryora es que la planta recupere su capacidad de tratamiento mediante la puesta en marcha de un plan de contingencia con participación del Gobierno provincial, que tiene bajo su órbita el control del Suquía y la ejecución de la nueva planta cloacal que se ubica al lado de la municipal.
“Hay que bajar sensiblemente los niveles de contaminación del río”, remarcan en el entorno del intendente electo.
En el sur, el enterramiento de Piedra Blanca es una bomba de tiempo a punto de estallar. Se habilitó de manera “provisoria” a principios de 2010 y todavía recibe unas dos mil toneladas diarias de basura provenientes de la Capital y de otras 18 localidades. Se reiteran las advertencias sobre su plazo fatal. La última novedad es de septiembre, y fijaba en 24 meses su capacidad de tratamiento.
En la zona, el impacto es evidente. Aparecieron montañas gigantes creadas con basura, y las bolsas de nailon se multiplicaron en los árboles y alambrados de los campos de los alrededores.
Pese a que se intentó solucionar la situación con la creación de Cormecor y la expropiación de campos más al sur, a la altura de Villa Parque Santa Ana, todo está paralizado desde hace cinco años a la espera de una definición de la Justicia provincial.
De todos modos, Llaryora sabe que cualquiera sea el resultado judicial, será conflictivo.
Otra situación que está en la agenda ambiental es la de un asentamiento cercano a Piedra Blanca: Nuestro Hogar 4. Se trata de un barrio que se construyó sobre un basural en el que hay residuos peligrosos.
Por ordenanza, se declaró a ese sitio como inhabitable. Sin embargo, no paró de crecer en población. Se encontró plomo en la sangre de los residentes, pero la Municipalidad abandonó las políticas de control epidemiológico en el sector.
“Nos preocupa, y mucho. Por eso hablamos de emergencia ambiental y sanitaria”, remarcaron desde el equipo de Llaryora.
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