18 sept 2012
Avina a favor de la articulación público-privada
8:24 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (18/09/2012)
Hacia la lógica del desarrollo sustentable
Por Pablo Vagliente. (Responsable nacional de Fundación Avina Argentina)
Una enriquecedora experiencia de articulación precisa no escatimar esfuerzos, para que posibles negocios de unos pocos dejen lugar a valiosos bienes públicos para todos.
Días pasados, Fundación Compromiso organizó en Buenos Aires la XVIII Jornada Nacional de Articulación Público-Privada, esta vez bajo la denominación de “Nuevo contrato social para el desarrollo sustentable”.
Felicito a la institución por la calidad del encuentro, que dejó la posibilidad de realizar numerosas reflexiones, algunas de las cuales quiero compartir en esta columna.
Hay muchas formas de comprender lo que significa este par conceptual. Si uno repasa las afirmaciones de muchos empresarios y funcionarios que son invitados a hablar en foros empresariales, aluden de modo estrecho al vínculo entre un gobierno (local, provincial, nacional) y las empresas, y entonces los ejes discursivos abundan en tópicos como la regulación estatal, el intervencionismo en la economía, la competitividad.
Desde otro lugar, cuando se entiende que lo público no es sólo lo público-estatal, sino también la capacidad de trascender lo particular que tiene la sociedad civil organizada, la articulación público-privada es uno de los tantos modos de nominar el viejo anhelo del encuentro entre la tríada Estado, sociedad civil y mercado.
Esta incorporación de la sociedad civil al ideal articulatorio es sustantiva. Pero ¿concertar en torno a qué?
Responsabilidad compartida. Para muchos, la búsqueda genérica de acercar propuestas compartidas se basa en la invocación del bien común, que genera la mayor legitimidad social; pero en la última década, de la mano de la toma de conciencia sobre las urgencias globales originadas por el cambio climático, el patrón de consumo desenfrenado, los modelos basados en explotación de materias primas y el crecimiento demográfico, entre otros factores, este horizonte cooperativo intersectorial se ha ido enfocando de una manera más definida como desarrollo sustentable.
Articularnos para el bien común es loable, claro, pero ¿qué es hoy, políticamente, el bien común si no se inscribe en una lógica de desarrollo sustentable? Y es esta la pregunta que se hace como sector la sociedad civil organizada cuando impulsa la articulación público-privada.
Lo señala con acierto Beatriz Anchorena, la directora ejecutiva de Fundación Compromiso.
Así lo sintetiza: “El desarrollo sustentable es una responsabilidad compartida entre diferentes sectores de la sociedad, a fin de hacer converger, de una manera positiva, la actividad productiva, el desarrollo social y el impacto ambiental en pos de una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones”.
No es fácil encontrar auténticos ejemplos fructíferos de articulaciones nacidas bajo este imperativo político.
Requiere de funcionarios especialmente atentos a asegurar que sus decisiones contemplan inclusión social con cuidado ambiental, de empresarios que modifiquen su paradigma de rentabilidad económica excluyente por otro que dé un lugar legítimo a los beneficios sociales y ambientales que se logran, y de dirigentes sociales que sean capaces de intervenir no partiendo del reclamo, sino de la comprensión de las otras lógicas en juego, para llegar a plantear como una vía posible la tantas veces declamada incidencia en políticas públicas.
Redes colaborativas. En ese sentido, se deben superar las tentaciones inerciales de los vínculos: que el funcionario evite la tentación del corto plazo, la cooptación o la legitimación fugaz; el empresario, el lavado de imagen y el enmascaramiento del desinterés, y el dirigente social, la búsqueda encubierta de un fundraising y la capitalización individual de lo que debe ser un logro colectivo.
De esa manera se podrán diseñar redes colaborativas que pongan en valor lo público y ayuden a superar la llamada “tragedia de los bienes comunes”, donde prevalece la competencia egoísta y el sálvese quién pueda.
Una reciente publicación de las Naciones Unidas (“ A Strategy for the Commons” ) señala la acción colectiva y el diálogo sobre políticas como dos mecanismos que permiten viabilizar entre distintos actores la posibilidad de una estrategia de articulación público-privada, orientada justamente a solucionar el problema de los comunes desde el paradigma del desarrollo sustentable.
Y para eso menciona cinco factores que lo posibilitan: (1) los participantes necesitan compartir una base común, (2) la iniciativa debe ser percibida como legítima por otras partes interesadas y la sociedad en su conjunto, (3) se debe contar con una capacidad de ejecución suficiente para coordinar las actividades, (4) asumir que se necesitarán recursos básicos para iniciar un proceso conjunto, (5) las iniciativas deben reflejar lo global y lo local de los temas que abordan.
De estas cinco condiciones facilitadoras, tal vez la más crítica, la que exige mayor esfuerzo concertador, sea la segunda, que alude a la legitimidad de la agenda puesta en la mesa, tal como esta es percibida socialmente.
Esquemas de articulación público-privada como los que se han propuesto recientemente en la ciudad de Córdoba carecen de esta amplia mirada social favorable, tal como fue expresada no sólo desde algunos sectores de la sociedad civil, sino también en las redes sociales, reacción que fue minimizada por los actores que la impulsaron.
Una enriquecedora experiencia de articulación precisa no escatimar esfuerzos, para que posibles negocios de unos pocos dejen lugar a valiosos bienes públicos para todos.
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Hacia la lógica del desarrollo sustentable
Por Pablo Vagliente. (Responsable nacional de Fundación Avina Argentina)
Una enriquecedora experiencia de articulación precisa no escatimar esfuerzos, para que posibles negocios de unos pocos dejen lugar a valiosos bienes públicos para todos.
Días pasados, Fundación Compromiso organizó en Buenos Aires la XVIII Jornada Nacional de Articulación Público-Privada, esta vez bajo la denominación de “Nuevo contrato social para el desarrollo sustentable”.
Felicito a la institución por la calidad del encuentro, que dejó la posibilidad de realizar numerosas reflexiones, algunas de las cuales quiero compartir en esta columna.
Hay muchas formas de comprender lo que significa este par conceptual. Si uno repasa las afirmaciones de muchos empresarios y funcionarios que son invitados a hablar en foros empresariales, aluden de modo estrecho al vínculo entre un gobierno (local, provincial, nacional) y las empresas, y entonces los ejes discursivos abundan en tópicos como la regulación estatal, el intervencionismo en la economía, la competitividad.
Desde otro lugar, cuando se entiende que lo público no es sólo lo público-estatal, sino también la capacidad de trascender lo particular que tiene la sociedad civil organizada, la articulación público-privada es uno de los tantos modos de nominar el viejo anhelo del encuentro entre la tríada Estado, sociedad civil y mercado.
Esta incorporación de la sociedad civil al ideal articulatorio es sustantiva. Pero ¿concertar en torno a qué?
Responsabilidad compartida. Para muchos, la búsqueda genérica de acercar propuestas compartidas se basa en la invocación del bien común, que genera la mayor legitimidad social; pero en la última década, de la mano de la toma de conciencia sobre las urgencias globales originadas por el cambio climático, el patrón de consumo desenfrenado, los modelos basados en explotación de materias primas y el crecimiento demográfico, entre otros factores, este horizonte cooperativo intersectorial se ha ido enfocando de una manera más definida como desarrollo sustentable.
Articularnos para el bien común es loable, claro, pero ¿qué es hoy, políticamente, el bien común si no se inscribe en una lógica de desarrollo sustentable? Y es esta la pregunta que se hace como sector la sociedad civil organizada cuando impulsa la articulación público-privada.
Lo señala con acierto Beatriz Anchorena, la directora ejecutiva de Fundación Compromiso.
Así lo sintetiza: “El desarrollo sustentable es una responsabilidad compartida entre diferentes sectores de la sociedad, a fin de hacer converger, de una manera positiva, la actividad productiva, el desarrollo social y el impacto ambiental en pos de una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones”.
No es fácil encontrar auténticos ejemplos fructíferos de articulaciones nacidas bajo este imperativo político.
Requiere de funcionarios especialmente atentos a asegurar que sus decisiones contemplan inclusión social con cuidado ambiental, de empresarios que modifiquen su paradigma de rentabilidad económica excluyente por otro que dé un lugar legítimo a los beneficios sociales y ambientales que se logran, y de dirigentes sociales que sean capaces de intervenir no partiendo del reclamo, sino de la comprensión de las otras lógicas en juego, para llegar a plantear como una vía posible la tantas veces declamada incidencia en políticas públicas.
Redes colaborativas. En ese sentido, se deben superar las tentaciones inerciales de los vínculos: que el funcionario evite la tentación del corto plazo, la cooptación o la legitimación fugaz; el empresario, el lavado de imagen y el enmascaramiento del desinterés, y el dirigente social, la búsqueda encubierta de un fundraising y la capitalización individual de lo que debe ser un logro colectivo.
De esa manera se podrán diseñar redes colaborativas que pongan en valor lo público y ayuden a superar la llamada “tragedia de los bienes comunes”, donde prevalece la competencia egoísta y el sálvese quién pueda.
Una reciente publicación de las Naciones Unidas (“ A Strategy for the Commons” ) señala la acción colectiva y el diálogo sobre políticas como dos mecanismos que permiten viabilizar entre distintos actores la posibilidad de una estrategia de articulación público-privada, orientada justamente a solucionar el problema de los comunes desde el paradigma del desarrollo sustentable.
Y para eso menciona cinco factores que lo posibilitan: (1) los participantes necesitan compartir una base común, (2) la iniciativa debe ser percibida como legítima por otras partes interesadas y la sociedad en su conjunto, (3) se debe contar con una capacidad de ejecución suficiente para coordinar las actividades, (4) asumir que se necesitarán recursos básicos para iniciar un proceso conjunto, (5) las iniciativas deben reflejar lo global y lo local de los temas que abordan.
De estas cinco condiciones facilitadoras, tal vez la más crítica, la que exige mayor esfuerzo concertador, sea la segunda, que alude a la legitimidad de la agenda puesta en la mesa, tal como esta es percibida socialmente.
Esquemas de articulación público-privada como los que se han propuesto recientemente en la ciudad de Córdoba carecen de esta amplia mirada social favorable, tal como fue expresada no sólo desde algunos sectores de la sociedad civil, sino también en las redes sociales, reacción que fue minimizada por los actores que la impulsaron.
Una enriquecedora experiencia de articulación precisa no escatimar esfuerzos, para que posibles negocios de unos pocos dejen lugar a valiosos bienes públicos para todos.
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