1 feb 2011

Schiaretti, al margen de la sospecha penal

La Voz del Interior (01/02/2011)
Schiaretti, al margen de la sospecha penal



Anticorrupción pidió archivar una parte de la causa judicial por la demolición. El fiscal Gustavo Hidalgo sigue con la investigación sobre otros funcionarios y las empresas vinculadas. Juez cargó contra la fiscalía y a Aguad lo sorprendió la celeridad de la Justicia.
Horas antes de pronunciar su último discurso como gobernador en la Legislatura de Córdoba, Juan Schiaretti resultó favorecido en la causa por la demolición de la Casa de las Tejas.
El fiscal N°2 del fuero Penal, Económico y Anticorrupción, Gustavo Hidalgo, consideró que no hay delitos penales que se le puedan atribuir al mandatario, y definió un requerimiento de desestimación y un archivo parcial de la causa por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de funcionario público”.
La presentación había sido iniciada por el titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Raúl Montenegro, y luego ampliada en reiteradas oportunidades; en la última se extendió la responsabilidad al intendente Daniel Giacomino y a cuatro de sus funcionarios.
“Ésta resolución parcial es sin perjuicio de que posteriormente, en la continuidad de la investigación y respecto a los ilícitos con relación a las otras personas, sean funcionarios provinciales o municipales, puedan surgir responsabilidades para ellos”, dijo Hidalgo.
La denuncia atribuía al gobernador haber ordenado la demolición sin la autorización y no haber observado la normativa ambiental ni el decreto provincial 1.659/97 sobre destrucción de documentación oficial.
Ahora queda todo en manos de la Justicia de Control que deberá o no apoyar el requerimiento del fiscal, ya que Schiaretti, Giacomino y sus funcionarios cuentan con prerrogativas debido a sus cargos.
Al respecto, el titular de Funam, Raúl Montenegro, y su abogado, Carlos Nayi, advirtieron que aún queda pendiente la pronunciación “sobre utilización irregular de fondos públicos para la remodelación de la Casa de Gobierno, que demandó 1,2 millón de pesos, y cuya demolición fue ordenada 30 días después”.
Montenegro agregó que la resolución “no quita el absoluto mamarracho legal y administrativo de la situación”.
El mismo planteo fue realizado por el diputado nacional por el Frente Cívico Ernesto Martínez, aunque aún no fue remitido al fiscal.
Voces opositoras. El senador nacional Luis Juez manifestó que la resolución de Hidalgo “no hace otra cosa que cumplir la función para el que fue creado el fuero Anticorrupción: archivar las denuncias que impliquen las inconductas de funcionarios; es parte del manual que tienen”.
El diputado nacional Oscar Aguad (UCR) dijo que le llama la atención la “celeridad con que actuó la Justicia en este caso”.

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