9 nov 2009
Campesina contra sojeros.. y un análisis poco felíz
3:32 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Mañana de Córdoba (09/11/2009)
Un juicio por un campo define esta semana si en Córdoba hay o no seguridad jurídica
Juan Carlos y Edgardo Héctor Scaramuzza son dos productores agropecuarios de la localidad de Oncativo que en el año 1989 compraron un campo de 236 hectáreas ubicado en un departamento del norte de la provincia de Córdoba. La escritura, es decir, el título expedido en esa época por el Registro General de la Provincia, asegura que ellos son los legítimos propietarios del campo tras haberlo adquirido al anterior dueño de apellido Piatti, quien al momento de la operación tenía posesión y título registral del inmueble a su nombre luego de haberlo comprado en abril de 1984.
A pesar de la legitimidad y contundencia de la documentación, los hermanos Scaramuzza enfrentan por estos días un juicio que se lleva adelante en los Tribunales de Deán Funes y en el que se los acusa de haber violado los derechos de propiedad que sobre el campo tendría Ramona Marcelina Orellano, hija natural de Eusebio Orellano, antiguo titular del inmueble, a quien la Justicia le rechazó en su momento, en base a la ley vigente entonces, la pretensión de ser heredera del campo hoy en disputa.
Eusebio Orellano tuvo 6 hijos naturales y 3 legítimos producto de su matrimonio con Rosa Suárez. Cuando Orellano falleció y al momento de iniciarse el juicio sucesorio, la ley vigente en el país no reconocía a los hijos naturales los mismos derechos que a los legítimos. Recién en 1985 cambió la legislación y los derechos sucesorios de los hijos naturales fueron equiparados a los derechos de los legítimos. Según consta en la documentación del caso, la Justicia rechazó el pedido de Ramona Marcelina de convertirse en heredera, porque al momento de llevarse adelante el juicio sucesorio estaba vigente la ley que sólo daba derechos a los hijos legítimos.
Esa y no otra es la razón por la cual Rosa Suárez y sus 3 hijos, cónyuge e hijos legítimos de Eusebio Orellano, pudieron en su momento transferir el campo hoy en litigio a Piatti y luego éste a los Scaramuzza.
Sin embargo, Oscar Gómez, fiscal de Instrucción de Deán Funes, pretende que los hermanos Scaramuzza vayan 3 años y medio a la cárcel por haber quitado a Ramona Marcelina Orellano un campo que la misma Jsusticia se encargó en su momento de certificar que nunca le perteneció, a punto tal de haber habilitado dos cambios de titularidad, primero a Piatti y luego a los Scaramuzza.
A lo largo de su vida, Ramona Orellana ocupó una fracción de ese campo que no le pertenecía y por ese motivo, a pesar de no estar obligados por ninguna ley, los hermanos Scaramuzza firmaron con la anciana un acuerdo en el año ’92 para que ésta siguiera ocupando una pequeña parte del predio hasta el final de sus días. Sin embargo, comenzaron luego otro tipo de pretensiones y por ese motivo los Scaramuzzza iniciaron un juicio de desalojo que llevó años y la Justicia les dio la razón.
El día del desalojo comenzó el drama de los Scaramuzza, legítimos dueños del campo. Doña Ramona apareció en los medios, especialmente televisión, como víctima de un par de “desalmados sojeros” con intenciones de sembrar “oro verde” donde antes había monte. A partir de entonces la máquina de la demagogia no dejó de funcionar y los hermanos Scaramuzza fueron víctimas de una sentencia mediática que los condenó producto del supuesto despojo a una «anciana indefensa».
Si bien nunca estuvieron obligados a hacerlo, para salir del asedio judicial y mediático, los Sacaramuzza ofrecieron a Ramona ceder una fracción de 20 hectáreas y construir una pequeña casa donde antes estaba el rancho. Asesorada por un movimiento campesino con fuertes prejuicios ideológicos, Ramona Marcelina, apoyada además en la demagogia mediática, rechazó la oferta y habría pedido a cambio 150 de las 236 hectáreas del campo.
Esta semana la Cámara de Deán Funes que juzga el caso debe fallar y los Scaramuzza y todos los cordobeses sabremos si en Córdoba hay o no seguridad jurídica y si los jueces fallan con la Constitución y la ley en la mano o mirando sensibleros y demagógicos relatos periodísticos por televisión.
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Un juicio por un campo define esta semana si en Córdoba hay o no seguridad jurídica
Juan Carlos y Edgardo Héctor Scaramuzza son dos productores agropecuarios de la localidad de Oncativo que en el año 1989 compraron un campo de 236 hectáreas ubicado en un departamento del norte de la provincia de Córdoba. La escritura, es decir, el título expedido en esa época por el Registro General de la Provincia, asegura que ellos son los legítimos propietarios del campo tras haberlo adquirido al anterior dueño de apellido Piatti, quien al momento de la operación tenía posesión y título registral del inmueble a su nombre luego de haberlo comprado en abril de 1984.
A pesar de la legitimidad y contundencia de la documentación, los hermanos Scaramuzza enfrentan por estos días un juicio que se lleva adelante en los Tribunales de Deán Funes y en el que se los acusa de haber violado los derechos de propiedad que sobre el campo tendría Ramona Marcelina Orellano, hija natural de Eusebio Orellano, antiguo titular del inmueble, a quien la Justicia le rechazó en su momento, en base a la ley vigente entonces, la pretensión de ser heredera del campo hoy en disputa.
Eusebio Orellano tuvo 6 hijos naturales y 3 legítimos producto de su matrimonio con Rosa Suárez. Cuando Orellano falleció y al momento de iniciarse el juicio sucesorio, la ley vigente en el país no reconocía a los hijos naturales los mismos derechos que a los legítimos. Recién en 1985 cambió la legislación y los derechos sucesorios de los hijos naturales fueron equiparados a los derechos de los legítimos. Según consta en la documentación del caso, la Justicia rechazó el pedido de Ramona Marcelina de convertirse en heredera, porque al momento de llevarse adelante el juicio sucesorio estaba vigente la ley que sólo daba derechos a los hijos legítimos.
Esa y no otra es la razón por la cual Rosa Suárez y sus 3 hijos, cónyuge e hijos legítimos de Eusebio Orellano, pudieron en su momento transferir el campo hoy en litigio a Piatti y luego éste a los Scaramuzza.
Sin embargo, Oscar Gómez, fiscal de Instrucción de Deán Funes, pretende que los hermanos Scaramuzza vayan 3 años y medio a la cárcel por haber quitado a Ramona Marcelina Orellano un campo que la misma Jsusticia se encargó en su momento de certificar que nunca le perteneció, a punto tal de haber habilitado dos cambios de titularidad, primero a Piatti y luego a los Scaramuzza.
A lo largo de su vida, Ramona Orellana ocupó una fracción de ese campo que no le pertenecía y por ese motivo, a pesar de no estar obligados por ninguna ley, los hermanos Scaramuzza firmaron con la anciana un acuerdo en el año ’92 para que ésta siguiera ocupando una pequeña parte del predio hasta el final de sus días. Sin embargo, comenzaron luego otro tipo de pretensiones y por ese motivo los Scaramuzzza iniciaron un juicio de desalojo que llevó años y la Justicia les dio la razón.
El día del desalojo comenzó el drama de los Scaramuzza, legítimos dueños del campo. Doña Ramona apareció en los medios, especialmente televisión, como víctima de un par de “desalmados sojeros” con intenciones de sembrar “oro verde” donde antes había monte. A partir de entonces la máquina de la demagogia no dejó de funcionar y los hermanos Scaramuzza fueron víctimas de una sentencia mediática que los condenó producto del supuesto despojo a una «anciana indefensa».
Si bien nunca estuvieron obligados a hacerlo, para salir del asedio judicial y mediático, los Sacaramuzza ofrecieron a Ramona ceder una fracción de 20 hectáreas y construir una pequeña casa donde antes estaba el rancho. Asesorada por un movimiento campesino con fuertes prejuicios ideológicos, Ramona Marcelina, apoyada además en la demagogia mediática, rechazó la oferta y habría pedido a cambio 150 de las 236 hectáreas del campo.
Esta semana la Cámara de Deán Funes que juzga el caso debe fallar y los Scaramuzza y todos los cordobeses sabremos si en Córdoba hay o no seguridad jurídica y si los jueces fallan con la Constitución y la ley en la mano o mirando sensibleros y demagógicos relatos periodísticos por televisión.
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