13 nov 2009
Ramona terminaría en el Tribunal Superior
4:32 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (13/11/2009)
El caso Ramona terminaría en el Tribunal Superior
Apelarán el fallo de la Cámara de Deán Funes por esa disputa de tierras.
En 15 días, cuando la Cámara del Crimen de Deán Funes exponga los fundamentos del fallo por el cual el miércoles absolvió a los dos imputados de intento de estafa contra Ramona Bustamante, se comenzará a delinear el futuro de una causa judicial por la tenencia de tierras rurales en el norte cordobés, que ha tenido una fuerte repercusión.
Se da como casi seguro que tanto el abogado de la mujer como el fiscal de Cámara, Hernán Funes, apelarán la sentencia recurriendo en casación ante el Tribunal Superior de Justicia.
Funes había pedido una pena de tres años y medio para los hermanos Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, a los que acusaba de una supuesta estafa procesal contra Ramona Bustamante. “Estoy convencido de que la han estafado, que la sacaron de su campo”, insistió ayer el fiscal.
Mientras, Ramona, de 83 años, regresó al campo en disputa y en el que habita, en el paraje Las Maravillas, a 20 kilómetros de Sebastián Elcano (departamento Río Seco), aunque la Justicia acaba de ratificar que no le pertenece. “Yo no me voy a ir de acá; me voy a ir cuando me muera”, dijo a Radio Mitre desde ese lugar.
“Mi abogado me dijo que tenga fe”, apuntó la mujer, de 83 años, para dar por sentado que la disputa judicial no terminó. Ramona insiste en que sus hermanastras vendieron “lo de ellas, pero no lo mío”. Ramona volvió a contar ayer que sus dos medio hermanos se fueron a vivir a Oncativo, ciudad donde conocieron a la familia Scaramuzza, que terminó comprando ese campo de 236 hectáreas.
Como explicó ayer este diario, en el centro de la causa está una ley, vigente al momento de la compra del campo, que no daba derechos sucesorios a los hijos naturales. Y Ramona lo era. Ese asunto aparece en el centro del debate jurídico del caso.
De herencias. “Doña Ramona manifiesta ser hija y en realidad no lo ha probado ante el juez de la declaratoria, y no ha sido reconocida al día de hoy. En el expediente consta una partida de nacimiento que puede ser objetada porque está sin firma del que supuestamente es el padre y no tiene madre”, dijo a su vez el abogado Gustavo Montoya, patrocinante de los absueltos.
El mismo abogado había anticipado, apenas terminada la audiencia del miércoles, que ahora pedirían nuevamente el desalojo de la mujer que, con un hijo, sigue viviendo en el campo que la Justicia confirmó que pertenece a los Scaramuzza.
Los dos hermanos de Oncativo afirman que compraron las 236 hectáreas del campo hace 24 años a una persona de apellido Piatti, que se las había adquirido antes a los hermanastros de Ramona.
Otra campana
“Ella vino a Oncativo a pedirnos que la dejáramos vivir en el campo. Aceptamos, firmamos un acuerdo y la dejamos, siempre y cuando no ocasionara problemas. Le cedimos una parte, en préstamo, en un acuerdo homologado por un juez. Pero en 2003 la Provincia nos otorgó el plan de desmonte, tras muchos trámites, y ahí empezaron los altercados, nos cortaron alambradas, tuvimos muchos problemas. Entonces pedimos el desalojo, en 2003, aunque hacía muchos años que lo habríamos podido pedir. Después de ese desalojo, que fue por orden judicial, en 2004, se politizó eso y nos transformaron en los malos de la película”, señaló el mayor de los hermanos, cuando horas antes de conocer el fallo contó a este diario su versión de la historia.
También negó la acusación de haberle hecho firmar bajo engaño algún documento a la mujer. Scaramuzza dijo sentir que en este caso son “los perejiles que debimos pagar el pato por otros casos que pudo haber habido”, de maniobras de apoderamientos de inmuebles rurales en el norte cordobés.
En 15 días, los camaristas Horacio Ruiz, Juan Carlos Serafini y Elías Juan darán los fundamentos de su fallo. Allí se abrirá otra etapa que culminaría en el máximo órgano judicial de la provincia.
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La Mañana de Córdoba (13/11/2009)
La ley, la demagogia y otras escaramuzas
El problema planteado alrededor del desalojo de la anciana Ramona Bustamante, de 83 años, ha convocado la opinión de diversos referentes de los más disímiles ámbitos. Cantantes, periodistas, ministros, políticos, se han sentido obligados a expresar sus puntos de vista en cuestión tan difícil e intrincada aunque lo es más desde lo ético y moral que desde el derecho.
Recordemos la cuestión: un hombre de campo, propietario de algunas hectáreas, repartía sus pasiones entre la labranza y algunas damas de la zona. Así, cosechó hijos de su propio matrimonio pero también de huertas ajenas. Al fallecer, la ley vigente establecía que sólo podían heredar los hijos matrimoniales (legítimos), algo que pocos años después cambió y se extendió a todos los hijos, en igualdad de condiciones.
La señora Bustamante, infortunadamente, no había sido concebida dentro del matrimonio sino fuera de él, por lo cual la ley la dejó afuera de la herencia. La viuda y los hijos matrimoniales del prolífico chacarero vendieron el campo en 1984 al señor Piatti y éste luego lo transfirió a los Scaramuzza quienes hicieron valer sus derechos frente a la anciana y su hijo. La Cámara de Deán Funes acaba de fallar a favor de los propietarios y en contra de la Sra. Bustamante.
La ominosa imagen de una humilde anciana semi analfabeta desalojada por los propietarios legítimos del campo, movilizó inmediatamente a diversas organizaciones campesinas que, careciendo razones legales, tomaron a la anciana como un símbolo de presunto despojo. Y la cuestión alcanzó una dimensión que excedía el ámbito jurídico.
Aparecieron categorías ajenas al derecho tales como “la avaricia de los terratenientes”, “el despojo de los poseedores originarios”, “la maldita soja” y cosas por el estilo. Cierta prensa agregó su granito de arena con la consabida demagogia de proponer soluciones “justas y equitativas” pero totalmente ajenas al derecho.
Pero lo que supera todo cálculo y medida es la posición adoptada por el señor Luis Angulo, quien se manifestó en contra de los legítimos propietarios de los campos, que respaldan sus argumentos con las escrituras y con las leyes. Esta opinión del señor Angulo no tendría nada de particular si no fuera que es… ¡el ministro de Justicia de la Provincia de Córdoba!
Angulo no sólo dejó en claro cuál era su posición en este diferendo jurídico, sino que se apersonó en el tribunal al momento de los alegatos. La presencia del ministro de Justicia, que previamente asumió una posición pública sobre el tema, seguramente no podrá catalogarse como un acto de excesiva ética en el cumplimiento de funciones tan delicadas. Ignoramos qué valor le otorga el ministro de Justicia a las escrituras públicas, qué valor le concede al derecho de propiedad y en qué lugar de su escala de valores coloca a las leyes vigentes.
El cantante Raly Barrionuevo, en cierto modo, está eximido de excesivos pruritos jurídicos en sus adhesiones emocionales. La protesta es lo suyo. Las canciones, la guitarra, la melena al viento, la sensibilidad propia del trovador, son condimentos de un escenario que necesariamente lo empujan hacia la identificación con los pobres y desposeídos. Sin duda, una loable tarea. De eso vive y no somos nadie para objetar ningún trabajo legítimo. Ni ningún sentimiento genuino.
Pero un ministro de Justicia no es un guitarrero. O no debería serlo. Debe tener a la ley en un primer plano, debe ser esclavo de ella y no debe dejar que sus emociones y simpatías circunstanciales, ni su interés político inmediato, lo desvíen del camino de la ley. Para eso el gobernador le ha confiado ese lugar tan importante. Salvo, claro está, que haya sido el propio gobernador el que haya indicado a su ministro que se pronunciara como lo hizo.
Si esto ocurrió, sería un caso muy curioso. El propio Schiaretti debe a la Justicia su gobernación. Fue la ley la que puso las cosas en su lugar tras las impugnaciones, demandas, movilizaciones, guerra mediática y otras presiones que procuraban quitarle el triunfo que él había conseguido legítimamente.
De todos modos, estamos muy lejos de regocijarnos porque una anciana mujer y su hijo deban abandonar un predio que pretendían suyo, sin derecho alguno. Como a cualquier humano sensible, el padecimiento ajeno nos golpea el corazón. También comprendemos que mucha gente, genuinamente, se sienta solidaria con la señora Ramona Bustamante, a quien la Justicia no le ha dado la razón.
Seguramente existen múltiples formas de apoyar en lo económico a esta mujer y cada uno de nosotros, podremos hacerlo. Pero habrá de ser con nuestro propio dinero, no con billetera ajena.
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El caso Ramona terminaría en el Tribunal Superior
Apelarán el fallo de la Cámara de Deán Funes por esa disputa de tierras.
En 15 días, cuando la Cámara del Crimen de Deán Funes exponga los fundamentos del fallo por el cual el miércoles absolvió a los dos imputados de intento de estafa contra Ramona Bustamante, se comenzará a delinear el futuro de una causa judicial por la tenencia de tierras rurales en el norte cordobés, que ha tenido una fuerte repercusión.
Se da como casi seguro que tanto el abogado de la mujer como el fiscal de Cámara, Hernán Funes, apelarán la sentencia recurriendo en casación ante el Tribunal Superior de Justicia.
Funes había pedido una pena de tres años y medio para los hermanos Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, a los que acusaba de una supuesta estafa procesal contra Ramona Bustamante. “Estoy convencido de que la han estafado, que la sacaron de su campo”, insistió ayer el fiscal.
Mientras, Ramona, de 83 años, regresó al campo en disputa y en el que habita, en el paraje Las Maravillas, a 20 kilómetros de Sebastián Elcano (departamento Río Seco), aunque la Justicia acaba de ratificar que no le pertenece. “Yo no me voy a ir de acá; me voy a ir cuando me muera”, dijo a Radio Mitre desde ese lugar.
“Mi abogado me dijo que tenga fe”, apuntó la mujer, de 83 años, para dar por sentado que la disputa judicial no terminó. Ramona insiste en que sus hermanastras vendieron “lo de ellas, pero no lo mío”. Ramona volvió a contar ayer que sus dos medio hermanos se fueron a vivir a Oncativo, ciudad donde conocieron a la familia Scaramuzza, que terminó comprando ese campo de 236 hectáreas.
Como explicó ayer este diario, en el centro de la causa está una ley, vigente al momento de la compra del campo, que no daba derechos sucesorios a los hijos naturales. Y Ramona lo era. Ese asunto aparece en el centro del debate jurídico del caso.
De herencias. “Doña Ramona manifiesta ser hija y en realidad no lo ha probado ante el juez de la declaratoria, y no ha sido reconocida al día de hoy. En el expediente consta una partida de nacimiento que puede ser objetada porque está sin firma del que supuestamente es el padre y no tiene madre”, dijo a su vez el abogado Gustavo Montoya, patrocinante de los absueltos.
El mismo abogado había anticipado, apenas terminada la audiencia del miércoles, que ahora pedirían nuevamente el desalojo de la mujer que, con un hijo, sigue viviendo en el campo que la Justicia confirmó que pertenece a los Scaramuzza.
Los dos hermanos de Oncativo afirman que compraron las 236 hectáreas del campo hace 24 años a una persona de apellido Piatti, que se las había adquirido antes a los hermanastros de Ramona.
Otra campana
“Ella vino a Oncativo a pedirnos que la dejáramos vivir en el campo. Aceptamos, firmamos un acuerdo y la dejamos, siempre y cuando no ocasionara problemas. Le cedimos una parte, en préstamo, en un acuerdo homologado por un juez. Pero en 2003 la Provincia nos otorgó el plan de desmonte, tras muchos trámites, y ahí empezaron los altercados, nos cortaron alambradas, tuvimos muchos problemas. Entonces pedimos el desalojo, en 2003, aunque hacía muchos años que lo habríamos podido pedir. Después de ese desalojo, que fue por orden judicial, en 2004, se politizó eso y nos transformaron en los malos de la película”, señaló el mayor de los hermanos, cuando horas antes de conocer el fallo contó a este diario su versión de la historia.
También negó la acusación de haberle hecho firmar bajo engaño algún documento a la mujer. Scaramuzza dijo sentir que en este caso son “los perejiles que debimos pagar el pato por otros casos que pudo haber habido”, de maniobras de apoderamientos de inmuebles rurales en el norte cordobés.
En 15 días, los camaristas Horacio Ruiz, Juan Carlos Serafini y Elías Juan darán los fundamentos de su fallo. Allí se abrirá otra etapa que culminaría en el máximo órgano judicial de la provincia.
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La Mañana de Córdoba (13/11/2009)
La ley, la demagogia y otras escaramuzas
El problema planteado alrededor del desalojo de la anciana Ramona Bustamante, de 83 años, ha convocado la opinión de diversos referentes de los más disímiles ámbitos. Cantantes, periodistas, ministros, políticos, se han sentido obligados a expresar sus puntos de vista en cuestión tan difícil e intrincada aunque lo es más desde lo ético y moral que desde el derecho.
Recordemos la cuestión: un hombre de campo, propietario de algunas hectáreas, repartía sus pasiones entre la labranza y algunas damas de la zona. Así, cosechó hijos de su propio matrimonio pero también de huertas ajenas. Al fallecer, la ley vigente establecía que sólo podían heredar los hijos matrimoniales (legítimos), algo que pocos años después cambió y se extendió a todos los hijos, en igualdad de condiciones.
La señora Bustamante, infortunadamente, no había sido concebida dentro del matrimonio sino fuera de él, por lo cual la ley la dejó afuera de la herencia. La viuda y los hijos matrimoniales del prolífico chacarero vendieron el campo en 1984 al señor Piatti y éste luego lo transfirió a los Scaramuzza quienes hicieron valer sus derechos frente a la anciana y su hijo. La Cámara de Deán Funes acaba de fallar a favor de los propietarios y en contra de la Sra. Bustamante.
La ominosa imagen de una humilde anciana semi analfabeta desalojada por los propietarios legítimos del campo, movilizó inmediatamente a diversas organizaciones campesinas que, careciendo razones legales, tomaron a la anciana como un símbolo de presunto despojo. Y la cuestión alcanzó una dimensión que excedía el ámbito jurídico.
Aparecieron categorías ajenas al derecho tales como “la avaricia de los terratenientes”, “el despojo de los poseedores originarios”, “la maldita soja” y cosas por el estilo. Cierta prensa agregó su granito de arena con la consabida demagogia de proponer soluciones “justas y equitativas” pero totalmente ajenas al derecho.
Pero lo que supera todo cálculo y medida es la posición adoptada por el señor Luis Angulo, quien se manifestó en contra de los legítimos propietarios de los campos, que respaldan sus argumentos con las escrituras y con las leyes. Esta opinión del señor Angulo no tendría nada de particular si no fuera que es… ¡el ministro de Justicia de la Provincia de Córdoba!
Angulo no sólo dejó en claro cuál era su posición en este diferendo jurídico, sino que se apersonó en el tribunal al momento de los alegatos. La presencia del ministro de Justicia, que previamente asumió una posición pública sobre el tema, seguramente no podrá catalogarse como un acto de excesiva ética en el cumplimiento de funciones tan delicadas. Ignoramos qué valor le otorga el ministro de Justicia a las escrituras públicas, qué valor le concede al derecho de propiedad y en qué lugar de su escala de valores coloca a las leyes vigentes.
El cantante Raly Barrionuevo, en cierto modo, está eximido de excesivos pruritos jurídicos en sus adhesiones emocionales. La protesta es lo suyo. Las canciones, la guitarra, la melena al viento, la sensibilidad propia del trovador, son condimentos de un escenario que necesariamente lo empujan hacia la identificación con los pobres y desposeídos. Sin duda, una loable tarea. De eso vive y no somos nadie para objetar ningún trabajo legítimo. Ni ningún sentimiento genuino.
Pero un ministro de Justicia no es un guitarrero. O no debería serlo. Debe tener a la ley en un primer plano, debe ser esclavo de ella y no debe dejar que sus emociones y simpatías circunstanciales, ni su interés político inmediato, lo desvíen del camino de la ley. Para eso el gobernador le ha confiado ese lugar tan importante. Salvo, claro está, que haya sido el propio gobernador el que haya indicado a su ministro que se pronunciara como lo hizo.
Si esto ocurrió, sería un caso muy curioso. El propio Schiaretti debe a la Justicia su gobernación. Fue la ley la que puso las cosas en su lugar tras las impugnaciones, demandas, movilizaciones, guerra mediática y otras presiones que procuraban quitarle el triunfo que él había conseguido legítimamente.
De todos modos, estamos muy lejos de regocijarnos porque una anciana mujer y su hijo deban abandonar un predio que pretendían suyo, sin derecho alguno. Como a cualquier humano sensible, el padecimiento ajeno nos golpea el corazón. También comprendemos que mucha gente, genuinamente, se sienta solidaria con la señora Ramona Bustamante, a quien la Justicia no le ha dado la razón.
Seguramente existen múltiples formas de apoyar en lo económico a esta mujer y cada uno de nosotros, podremos hacerlo. Pero habrá de ser con nuestro propio dinero, no con billetera ajena.
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