5 mar 2009
Ituzaingó Anexo, cerca de su primer juicio
5:57 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (05/03/2009)
Ituzaingó Anexo, cerca de su primer juicio
Un fiscal acusó a tres personas por contaminar el barrio con plaguicidas por las fumigaciones de los campos vecinos.
Si prospera la acusación de un fiscal de la ciudad de Córdoba, dos productores agropecuarios y un comerciante podrían ser juzgados por el delito de contaminación ambiental, un caso pionero en la provincia. Las tres personas están acusadas por la fumigación clandestina con plaguicidas peligrosos de campos próximos al barrio Ituzaingó Anexo.
En 2002, un grupo de madres denunció que había numerosos casos de cáncer en el barrio. Luego se constató que la zona estaba contaminada un cóctel tóxico compuesto por PCB de los transformadores de Epec, agua contaminada con plomo, cromo y arsénico y plaguicidas en los tanques domiciliarios.
La reciente acusación judicial la efectuó el fiscal de Instrucción del Distrito Judicial 3, turno 6 de la Capital, Carlos Matheu, en la causa abierta contra los productores Jorge Alberto Gabrielli (48) y Francisco Rafael Parra (53), y el comerciante Edgardo Jorge Pancello (51).
El pedido del fiscal no se encuentra firme y podría ser objeto de oposición por la defensa de los imputados, en cuyo caso la situación será analizada y resuelta por un juez de control.
Gabrielli y Parra están imputados como supuestos instigadores del delito de contaminación ambiental, mientras que a Pancello se le atribuye la autoría del mismo ilícito, por ser quien concretó con un avión la fumigación de los campos.
Se trata de un delito previsto por el artículo 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, que prevé pena de reclusión o prisión de tres a 10 años, para quien "utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
Agrega el artículo que si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, "la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión".
De acuerdo con la investigación, las fumigaciones cuestionadas ocurrieron entre fines de enero y comienzos de febrero de 2008, en campos sembrados con sojas de propiedad de los agricultores Parra y Gabrielli, colindante con el barrio Ituzaingó Anexo.
La Municipalidad de Córdoba realizó una denuncia que impulsó la investigación judicial. Luego, a los acusados se les impidió seguir fumigando hasta que se resuelva su situación judicial.
El municipio también presentó un recurso de amparo para que la Justicia bloquee por dos años las fumigaciones en la zona. Durante ese tiempo se realizarán estudios para determinar la gravedad de los casos. Sin embargo, la medida aún no tiene una resolución.
Según la causa, los acusados utilizaron endosulfán y glifosato, con lo cual violaron el artículo 58 de la ley 9.164, de Agroquímicos de la Provincia de Córdoba. La norma prohíbe la aplicación aérea de dichos productos en un radio menor a 1.500 metros de distancia de una población urbana para el endosulfán y de 500 metros para el glifosato, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
Además, la ordenanza municipal 10.589 prohíbe la aplicación aérea de plaguicidas o biocidas químicos en todo el ejido de la ciudad de Córdoba.
Dolo indirecto. Según Matheu, si bien ninguno de los imputados tuvo la intención directa de contaminar el ambiente, obraron con dolo indirecto, ya que debieron representarse que necesariamente la fumigación en la zona y con ese tipo de productos tendría como consecuencia la contaminación del ambiente, en forma peligrosa para la salud.
También destacó el fiscal que ninguno de los tres imputados tiene documentación que registre la contratación de las fumigaciones, ni su realización, mientras que Pancello no registró esos vuelos en la Fuerza Aérea Argentina, como corresponde.
"Todo ello nos indica que éstos las realizaban en forma clandestina, ya que conocían del carácter delictivo de su accionar", agregó el fiscal.
Cabe recordar que en enero de este año, una comisión del Gobierno nacional visitó Ituzaingó Anexo y prometió apoyar estrategias para paliar la situación. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, había solicitado al Ministerio de Salud nacional que se encargara del problema.
Antecedentes
Análisis. Tras la denuncia de las madres del barrio en 2002, análisis determinaron la existencia de un cóctel de contaminantes en la zona, incluidos los plaguicidas. Se tomaron algunas medidas paliativas.
Epidemiología. En 2004, estudios detectaron 138 casos de cáncer en un sector. En 2005, un censo sanitario recomendó evacuar el barrio. En 2006, otro estudio detectó plaguicidas prohibidos en 23 niños.
OPS. En enero de 2008, un estudio de la OPS determinó que Ituzaingó Anexo es un sitio contaminado.
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Alerta provincial
El colectivo "Paren de fumigar" –compuesto por asociaciones y personas comprometidas con la lucha contra las fumigaciones nocivas para la salud– se reúne periódicamente para alertar sobre el uso de agroquímicos y sus efectos en la población.
Hace un mes hubo un encuentro en Calamuchita, en el que se analizaron acciones posibles para frenar esta problemática. El caso testigo que se mencionó toda la jornada fue el de Ituzaingó Anexo, y la lucha de las madres del barrio.
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Ituzaingó Anexo, cerca de su primer juicio
Un fiscal acusó a tres personas por contaminar el barrio con plaguicidas por las fumigaciones de los campos vecinos.
Si prospera la acusación de un fiscal de la ciudad de Córdoba, dos productores agropecuarios y un comerciante podrían ser juzgados por el delito de contaminación ambiental, un caso pionero en la provincia. Las tres personas están acusadas por la fumigación clandestina con plaguicidas peligrosos de campos próximos al barrio Ituzaingó Anexo.
En 2002, un grupo de madres denunció que había numerosos casos de cáncer en el barrio. Luego se constató que la zona estaba contaminada un cóctel tóxico compuesto por PCB de los transformadores de Epec, agua contaminada con plomo, cromo y arsénico y plaguicidas en los tanques domiciliarios.
La reciente acusación judicial la efectuó el fiscal de Instrucción del Distrito Judicial 3, turno 6 de la Capital, Carlos Matheu, en la causa abierta contra los productores Jorge Alberto Gabrielli (48) y Francisco Rafael Parra (53), y el comerciante Edgardo Jorge Pancello (51).
El pedido del fiscal no se encuentra firme y podría ser objeto de oposición por la defensa de los imputados, en cuyo caso la situación será analizada y resuelta por un juez de control.
Gabrielli y Parra están imputados como supuestos instigadores del delito de contaminación ambiental, mientras que a Pancello se le atribuye la autoría del mismo ilícito, por ser quien concretó con un avión la fumigación de los campos.
Se trata de un delito previsto por el artículo 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, que prevé pena de reclusión o prisión de tres a 10 años, para quien "utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
Agrega el artículo que si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, "la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión".
De acuerdo con la investigación, las fumigaciones cuestionadas ocurrieron entre fines de enero y comienzos de febrero de 2008, en campos sembrados con sojas de propiedad de los agricultores Parra y Gabrielli, colindante con el barrio Ituzaingó Anexo.
La Municipalidad de Córdoba realizó una denuncia que impulsó la investigación judicial. Luego, a los acusados se les impidió seguir fumigando hasta que se resuelva su situación judicial.
El municipio también presentó un recurso de amparo para que la Justicia bloquee por dos años las fumigaciones en la zona. Durante ese tiempo se realizarán estudios para determinar la gravedad de los casos. Sin embargo, la medida aún no tiene una resolución.
Según la causa, los acusados utilizaron endosulfán y glifosato, con lo cual violaron el artículo 58 de la ley 9.164, de Agroquímicos de la Provincia de Córdoba. La norma prohíbe la aplicación aérea de dichos productos en un radio menor a 1.500 metros de distancia de una población urbana para el endosulfán y de 500 metros para el glifosato, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
Además, la ordenanza municipal 10.589 prohíbe la aplicación aérea de plaguicidas o biocidas químicos en todo el ejido de la ciudad de Córdoba.
Dolo indirecto. Según Matheu, si bien ninguno de los imputados tuvo la intención directa de contaminar el ambiente, obraron con dolo indirecto, ya que debieron representarse que necesariamente la fumigación en la zona y con ese tipo de productos tendría como consecuencia la contaminación del ambiente, en forma peligrosa para la salud.
También destacó el fiscal que ninguno de los tres imputados tiene documentación que registre la contratación de las fumigaciones, ni su realización, mientras que Pancello no registró esos vuelos en la Fuerza Aérea Argentina, como corresponde.
"Todo ello nos indica que éstos las realizaban en forma clandestina, ya que conocían del carácter delictivo de su accionar", agregó el fiscal.
Cabe recordar que en enero de este año, una comisión del Gobierno nacional visitó Ituzaingó Anexo y prometió apoyar estrategias para paliar la situación. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, había solicitado al Ministerio de Salud nacional que se encargara del problema.
Antecedentes
Análisis. Tras la denuncia de las madres del barrio en 2002, análisis determinaron la existencia de un cóctel de contaminantes en la zona, incluidos los plaguicidas. Se tomaron algunas medidas paliativas.
Epidemiología. En 2004, estudios detectaron 138 casos de cáncer en un sector. En 2005, un censo sanitario recomendó evacuar el barrio. En 2006, otro estudio detectó plaguicidas prohibidos en 23 niños.
OPS. En enero de 2008, un estudio de la OPS determinó que Ituzaingó Anexo es un sitio contaminado.
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Alerta provincial
El colectivo "Paren de fumigar" –compuesto por asociaciones y personas comprometidas con la lucha contra las fumigaciones nocivas para la salud– se reúne periódicamente para alertar sobre el uso de agroquímicos y sus efectos en la población.
Hace un mes hubo un encuentro en Calamuchita, en el que se analizaron acciones posibles para frenar esta problemática. El caso testigo que se mencionó toda la jornada fue el de Ituzaingó Anexo, y la lucha de las madres del barrio.
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