3 jul 2014
Los encapuchados de traje de Monsanto
8:57 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (03/07/2014)
Los encapuchados de traje de Monsanto
Por Eduardo Salas - Dirigente del Partido Obrero, secretario del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores
González y el gobernador quieren hacer olvidar que el Estado ha reprimido las protestas contra Monsanto con la misma saña que lo han hecho con otras movilizaciones populares.
Cuando denuncias televisivas (e incluso algunos testimonios en la Justicia) lo vincularon con actos de corrupción (la mesa de dinero ilegal –CBI–, entre otros), Oscar González (exjefe de Gabinete y actual presidente provisorio de la Unicameral) declaró sentirse agraviado por haber sido “acusado sin pruebas”.
Ahora es él quien recurre al agravio y la mentira, esta vez bien reales, para difamar a nuestra fuerza política y a nuestra legisladora. En una columna de opinión publicada en esta sección el pasado 26 de junio, González escribe que “es posible y hasta necesario conectar esta salvaje avanzada... con la única voz dentro del recinto que despreció la oportunidad de sumarse al intento de lograr un despacho único para este cuerpo legal”.
González añade al infundio la defensa del delito de opinión, pues incluso denuncia la disidencia parlamentaria con un negocio de contaminación ambiental y de alto rendimiento económico para un pulpo internacional. Los firmantes del “despacho único” que reivindica González son los partidos que han llevado a la Argentina y a la provincia a un nivel de decadencia sin paralelo.
Es el mismo establishment que, por acción u omisión, fue cómplice de la sustracción de una banca nacional al Frente de Izquierda en las elecciones últimas.
El representante de un régimen político denunciado por su responsabilidad en los saqueos que asolaron a la ciudad de Córdoba, a fines del año pasado, tiene la osadía de imputar a quienes manifestaron contra el proyecto de ley Monsanto de “sectarios encapuchados, recalcitrantes (que) ejecutaban un oscuro mandato... mediante amenazas, insultos y destrozos”.
González finge ignorar que hace mucho tiempo que los manifestantes se vienen oponiendo al proyecto Monsanto y que han obtenido satisfacción judicial de ver bloqueado el intento contaminador.
La ley votada con la oposición del Frente de Izquierda es un intento, precisamente, de saltear ese escollo de la Justicia de Córdoba.
Nuestra oposición a la ley fue pública y establecida con mucho tiempo de anticipación; lo hicimos en las reuniones de las comisiones, donde el 99,99 por ciento de las asambleas ambientales también rechazó el proyecto. Lo hicimos saber a través de declaraciones y presentamos proyectos alternativos (que tienen estado parlamentario y la Legislatura no incorpora al temario).
Sin trabas
En la sesión del 11 de junio, hubo un único y gran encapuchado, que nunca dio la cara, pero que contó con ejecutores de su voluntad dentro del recinto. Ese encapuchado es Monsanto. Lo que se hizo en la Legislatura el pasado 11 de junio es votar una ley que quita las trabas que hoy impiden a esa multinacional instalarse en la localidad de Malvinas Argentinas.
La ley establece un nuevo ordenamiento territorial (Monsanto se instaló en un predio que el actual ordenamiento no autoriza) y puede volver a presentar un estudio de impacto ambiental, cuando el anterior fue rechazado, entre otras cosas.
La difamación contra nuestra diputada pretende relegar la denuncia del Frente de Izquierda y de las asambleas ambientales de que la ley está hecha a medida de esa corporación. El rechazo a la instalación de Monsanto no es caprichoso; su mecanismo de producción es contaminante y su producto (semillas transgénicas) también. Alemania y Francia prohibieron las semillas transgénicas en sus territorios.
Esta es la razón de las mentiras e infamias de los legisladores radicales que acusaron a Cintia Frencia, repetimos, sin ninguna prueba. Lo mismo ha hecho el gobernador José Manuel de la Sota en un programa de televisión, lo cual demuestra que el establishment político se ha concertado en una acción contra el Frente de Izquierda.
En respuesta a nuestra carta documento para que ratifique esa denuncia, el gobernador alegó que no pronunció el nombre de Cintia Frencia. ¿No es esto una demostración contundente de que los acusadores difaman sin pruebas?
Mientras tanto, en una comisión de la Legislatura se está juzgando a Cintia Frencia en un proceso lleno de irregularidades: reuniones cerradas a las cuales no se le permite el ingreso, como tampoco a la prensa ni a las autoridades del bloque del FIT. Donde se impide a Frencia interpelar a los acusadores en el ejercicio de su derecho a defensa, en un escandaloso intento de condicionar a la acusada.
Este atropello se explica por la certeza de que las precisiones que daría nuestra diputada harían caer los testimonios fabricados e insostenibles. Exigimos que las audiencias sean públicas y se permita a la legisladora preguntar.
González y el gobernador quieren hacer olvidar que el Estado ha reprimido las protestas contra Monsanto con la misma saña que lo han hecho con otras movilizaciones populares, como las de los empleados públicos y los jubilados. Estamos ante un perfil de Estado policial, que se pretende disimular con agravios contra una representante del pueblo que lo denuncia, así como a sus cómplices.
Es el mismo Estado que priva a los jubilados de los aumentos salariales, o que destruye el bosque nativo, o que viabiliza negociados con las obras públicas, o que gobierna con códigos contravencionales que derivan en gatillo fácil, sin tener que enfrentar un real desafío en el Parlamento.
González desliza temerariamente que propiciaríamos una suerte de grupos “paramilitantes”, ocultando la responsabilidad de la existencia de grupos parapoliciales en las fuerzas de seguridad y su vínculo con las bandas narcos.
Los grupos paramilitares (Triple A, Comando Libertadores de América) nacieron bajo el gobierno constitucional de la corriente política de González: Perón, Isabelita y López Rega. Los luchadores obreros y populares que González difama, para protegerse a sí mismo y a su gobierno, fuimos las víctimas.
El Gobierno de Córdoba está imitando al Gobierno nacional y a la burocracia del Smata, que también han lanzado una campaña macartista contra el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, en un vano intento de obstaculizar nuestro creciente ascenso político.
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Los encapuchados de traje de Monsanto
Por Eduardo Salas - Dirigente del Partido Obrero, secretario del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores
González y el gobernador quieren hacer olvidar que el Estado ha reprimido las protestas contra Monsanto con la misma saña que lo han hecho con otras movilizaciones populares.
Cuando denuncias televisivas (e incluso algunos testimonios en la Justicia) lo vincularon con actos de corrupción (la mesa de dinero ilegal –CBI–, entre otros), Oscar González (exjefe de Gabinete y actual presidente provisorio de la Unicameral) declaró sentirse agraviado por haber sido “acusado sin pruebas”.
Ahora es él quien recurre al agravio y la mentira, esta vez bien reales, para difamar a nuestra fuerza política y a nuestra legisladora. En una columna de opinión publicada en esta sección el pasado 26 de junio, González escribe que “es posible y hasta necesario conectar esta salvaje avanzada... con la única voz dentro del recinto que despreció la oportunidad de sumarse al intento de lograr un despacho único para este cuerpo legal”.
González añade al infundio la defensa del delito de opinión, pues incluso denuncia la disidencia parlamentaria con un negocio de contaminación ambiental y de alto rendimiento económico para un pulpo internacional. Los firmantes del “despacho único” que reivindica González son los partidos que han llevado a la Argentina y a la provincia a un nivel de decadencia sin paralelo.
Es el mismo establishment que, por acción u omisión, fue cómplice de la sustracción de una banca nacional al Frente de Izquierda en las elecciones últimas.
El representante de un régimen político denunciado por su responsabilidad en los saqueos que asolaron a la ciudad de Córdoba, a fines del año pasado, tiene la osadía de imputar a quienes manifestaron contra el proyecto de ley Monsanto de “sectarios encapuchados, recalcitrantes (que) ejecutaban un oscuro mandato... mediante amenazas, insultos y destrozos”.
González finge ignorar que hace mucho tiempo que los manifestantes se vienen oponiendo al proyecto Monsanto y que han obtenido satisfacción judicial de ver bloqueado el intento contaminador.
La ley votada con la oposición del Frente de Izquierda es un intento, precisamente, de saltear ese escollo de la Justicia de Córdoba.
Nuestra oposición a la ley fue pública y establecida con mucho tiempo de anticipación; lo hicimos en las reuniones de las comisiones, donde el 99,99 por ciento de las asambleas ambientales también rechazó el proyecto. Lo hicimos saber a través de declaraciones y presentamos proyectos alternativos (que tienen estado parlamentario y la Legislatura no incorpora al temario).
Sin trabas
En la sesión del 11 de junio, hubo un único y gran encapuchado, que nunca dio la cara, pero que contó con ejecutores de su voluntad dentro del recinto. Ese encapuchado es Monsanto. Lo que se hizo en la Legislatura el pasado 11 de junio es votar una ley que quita las trabas que hoy impiden a esa multinacional instalarse en la localidad de Malvinas Argentinas.
La ley establece un nuevo ordenamiento territorial (Monsanto se instaló en un predio que el actual ordenamiento no autoriza) y puede volver a presentar un estudio de impacto ambiental, cuando el anterior fue rechazado, entre otras cosas.
La difamación contra nuestra diputada pretende relegar la denuncia del Frente de Izquierda y de las asambleas ambientales de que la ley está hecha a medida de esa corporación. El rechazo a la instalación de Monsanto no es caprichoso; su mecanismo de producción es contaminante y su producto (semillas transgénicas) también. Alemania y Francia prohibieron las semillas transgénicas en sus territorios.
Esta es la razón de las mentiras e infamias de los legisladores radicales que acusaron a Cintia Frencia, repetimos, sin ninguna prueba. Lo mismo ha hecho el gobernador José Manuel de la Sota en un programa de televisión, lo cual demuestra que el establishment político se ha concertado en una acción contra el Frente de Izquierda.
En respuesta a nuestra carta documento para que ratifique esa denuncia, el gobernador alegó que no pronunció el nombre de Cintia Frencia. ¿No es esto una demostración contundente de que los acusadores difaman sin pruebas?
Mientras tanto, en una comisión de la Legislatura se está juzgando a Cintia Frencia en un proceso lleno de irregularidades: reuniones cerradas a las cuales no se le permite el ingreso, como tampoco a la prensa ni a las autoridades del bloque del FIT. Donde se impide a Frencia interpelar a los acusadores en el ejercicio de su derecho a defensa, en un escandaloso intento de condicionar a la acusada.
Este atropello se explica por la certeza de que las precisiones que daría nuestra diputada harían caer los testimonios fabricados e insostenibles. Exigimos que las audiencias sean públicas y se permita a la legisladora preguntar.
González y el gobernador quieren hacer olvidar que el Estado ha reprimido las protestas contra Monsanto con la misma saña que lo han hecho con otras movilizaciones populares, como las de los empleados públicos y los jubilados. Estamos ante un perfil de Estado policial, que se pretende disimular con agravios contra una representante del pueblo que lo denuncia, así como a sus cómplices.
Es el mismo Estado que priva a los jubilados de los aumentos salariales, o que destruye el bosque nativo, o que viabiliza negociados con las obras públicas, o que gobierna con códigos contravencionales que derivan en gatillo fácil, sin tener que enfrentar un real desafío en el Parlamento.
González desliza temerariamente que propiciaríamos una suerte de grupos “paramilitantes”, ocultando la responsabilidad de la existencia de grupos parapoliciales en las fuerzas de seguridad y su vínculo con las bandas narcos.
Los grupos paramilitares (Triple A, Comando Libertadores de América) nacieron bajo el gobierno constitucional de la corriente política de González: Perón, Isabelita y López Rega. Los luchadores obreros y populares que González difama, para protegerse a sí mismo y a su gobierno, fuimos las víctimas.
El Gobierno de Córdoba está imitando al Gobierno nacional y a la burocracia del Smata, que también han lanzado una campaña macartista contra el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, en un vano intento de obstaculizar nuestro creciente ascenso político.
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