8 oct 2014
Ni los estudios técnicos quieren en Bouwer
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Mañana de Córdoba (08/10/2014)
Vecinos buscan frenar estudios técnicos para la instalación del basural
A través de un recurso de amparo, habitantes de Altos del Durazno, Bouwer y Santa Ana, obtuvieron una medida cautelar que obliga a especialistas de la UNC a abstenerse de ingresar a sus predios rurales sin orden judicial, para acceder a un terreno en la mira para instalar la planta de tratamiento de residuos para la ciudad de Córdoba y otras localidades.
A través de una medida cautelar, la jueza Graciela Vigilanti de Alta Gracia dictó una medida cautelar dirigida a la cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, para que sus técnicos se abstengan de ingresar a los predios rurales de vecinos de Bouwer, Alto del Durazno y Santa Ana, sin contar con orden judicial.
La medida se dictó días atrás en el marco de la reciente presentación de una acción de amparo ante ese Juzgado de Alta Gracia, por los estudios que técnicos universitarios comenzaron a realizar en un predio (distante a 2 kilómetros de donde originalmente se estudió instalar el basural de Comecor), que afecta a las propiedades lindantes a él, pertenecientes a los amparistas.
Como informó LA MAÑANA ayer, el amparo se presentó contra el propietario y poseedor rural del predio (J.C.), la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, y la Universidad Nacional de Córdoba (cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales).
El abogado patrocinante de los vecinos de Altos del Durazno, Bouwer y Santa Ana, Fabián Moscovich, señaló a este medio que además del amparo se tramitó en forma simultanea las medidas cautelares.
“Recientemente la jueza dictó la medida por la que la cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC se debe abstener de ingresar a los predios rurales de los amparistas sin orden judicial. En el expediente del amparo además se adjuntan datos para acreditar que los estudios que iniciaron los técnicos universitarios de la UNC estarían revelando la voluntad de instalar una planta de Tratamiento Mecánicos y un Enterramiento Sanitario con residuos provenientes de la ciudad de Córdoba en ese predio de 300 hectáreas.”, dijo Moscovich También que el mismo estaría distante a escasos dos kilómetros del predio original donde Cormecor estudiaba como alternativa para instalar su basural el año pasado, el cual había sido declarado sujeto a expropiación por la Legislatura.
Según precisó el abogado, el predio de J.C, “resulta no apto” para el funcionamiento de la planta, porque afectaría “intereses individuales homogéneos” de los amparistas que residen en campos lindantes, “con incidencia colectiva” en relación a los habitantes en su conjunto de las localidades de Bouwer (incluido Alto del Durazno), Villa Parque Santa Ana y también la zona sur de Córdoba.
El letrado precisó al respecto que los terrenos en cuestión no sólo está ubicado en un sector habitado por varias familias, sino que también lo está en suelo permeable, con una importante pendiente. “Las lluvias del sábado provocaron correntías que llegaban hasta el canal Los Molinos-Córdoba. Imagínese si la planta estuviera instalada en ese predio, las lluvias arrastrarían el material de los residuos hasta el canal”, explicó Moscovich, recordando que el mismo nutre de agua a la zona “Sur” de la ciudad de Córdoba.
“Pero además, lo más grave aún, es que el Gobierno de la Provincia es propietario de un inmueble rural de similares dimensiones (273 hectáreas), situado a unos 15 kilómetros aproximadamente del lugar y que resultaría apto para la instalación de esa planta de tratamiento de basura sin provocar daño a ningún habitante del sector ni de la zona sur de Córdoba” (ver aparte).
Cabe destacar que con fecha 25 de septiembre, la jueza Vigilanti dio curso al amparo y además ordenó el traslado del mismo para que contesten cada uno de los demandados. Asimismo se está a la espera de la decisión de la magistrada, sobre la medida solicitada de no innovar, para evitar así “cualquier acto tendiente a la instalación de la Planta de Tratamiento y de Enterramiento de basura tanto en ese inmueble rural como en cualquier otro que se ubique en un radio de 8 kilómetros de allí”, explicó el letrado argumentando la precautoria constitucional “del derecho ambiental y la salud”.
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Vecinos buscan frenar estudios técnicos para la instalación del basural
A través de un recurso de amparo, habitantes de Altos del Durazno, Bouwer y Santa Ana, obtuvieron una medida cautelar que obliga a especialistas de la UNC a abstenerse de ingresar a sus predios rurales sin orden judicial, para acceder a un terreno en la mira para instalar la planta de tratamiento de residuos para la ciudad de Córdoba y otras localidades.
A través de una medida cautelar, la jueza Graciela Vigilanti de Alta Gracia dictó una medida cautelar dirigida a la cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, para que sus técnicos se abstengan de ingresar a los predios rurales de vecinos de Bouwer, Alto del Durazno y Santa Ana, sin contar con orden judicial.
La medida se dictó días atrás en el marco de la reciente presentación de una acción de amparo ante ese Juzgado de Alta Gracia, por los estudios que técnicos universitarios comenzaron a realizar en un predio (distante a 2 kilómetros de donde originalmente se estudió instalar el basural de Comecor), que afecta a las propiedades lindantes a él, pertenecientes a los amparistas.
Como informó LA MAÑANA ayer, el amparo se presentó contra el propietario y poseedor rural del predio (J.C.), la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, y la Universidad Nacional de Córdoba (cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales).
El abogado patrocinante de los vecinos de Altos del Durazno, Bouwer y Santa Ana, Fabián Moscovich, señaló a este medio que además del amparo se tramitó en forma simultanea las medidas cautelares.
“Recientemente la jueza dictó la medida por la que la cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC se debe abstener de ingresar a los predios rurales de los amparistas sin orden judicial. En el expediente del amparo además se adjuntan datos para acreditar que los estudios que iniciaron los técnicos universitarios de la UNC estarían revelando la voluntad de instalar una planta de Tratamiento Mecánicos y un Enterramiento Sanitario con residuos provenientes de la ciudad de Córdoba en ese predio de 300 hectáreas.”, dijo Moscovich También que el mismo estaría distante a escasos dos kilómetros del predio original donde Cormecor estudiaba como alternativa para instalar su basural el año pasado, el cual había sido declarado sujeto a expropiación por la Legislatura.
Según precisó el abogado, el predio de J.C, “resulta no apto” para el funcionamiento de la planta, porque afectaría “intereses individuales homogéneos” de los amparistas que residen en campos lindantes, “con incidencia colectiva” en relación a los habitantes en su conjunto de las localidades de Bouwer (incluido Alto del Durazno), Villa Parque Santa Ana y también la zona sur de Córdoba.
El letrado precisó al respecto que los terrenos en cuestión no sólo está ubicado en un sector habitado por varias familias, sino que también lo está en suelo permeable, con una importante pendiente. “Las lluvias del sábado provocaron correntías que llegaban hasta el canal Los Molinos-Córdoba. Imagínese si la planta estuviera instalada en ese predio, las lluvias arrastrarían el material de los residuos hasta el canal”, explicó Moscovich, recordando que el mismo nutre de agua a la zona “Sur” de la ciudad de Córdoba.
“Pero además, lo más grave aún, es que el Gobierno de la Provincia es propietario de un inmueble rural de similares dimensiones (273 hectáreas), situado a unos 15 kilómetros aproximadamente del lugar y que resultaría apto para la instalación de esa planta de tratamiento de basura sin provocar daño a ningún habitante del sector ni de la zona sur de Córdoba” (ver aparte).
Cabe destacar que con fecha 25 de septiembre, la jueza Vigilanti dio curso al amparo y además ordenó el traslado del mismo para que contesten cada uno de los demandados. Asimismo se está a la espera de la decisión de la magistrada, sobre la medida solicitada de no innovar, para evitar así “cualquier acto tendiente a la instalación de la Planta de Tratamiento y de Enterramiento de basura tanto en ese inmueble rural como en cualquier otro que se ubique en un radio de 8 kilómetros de allí”, explicó el letrado argumentando la precautoria constitucional “del derecho ambiental y la salud”.
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