24 ago 2014
Depósito judicial de Bouwer con 12 mil vehículos
10:12 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
Día a Día (24/08/2014)
La 'ciudad' de autos sextuplica a la de personas en Bouwer
Depósito judicial. En el predio ubicado en el ejido de esa localidad de 2 mil habitantes se acumulan al menos 12 mil vehículos. Crece a ritmo “impresionante”. La Justicia trabaja en bajar esa población a unos 3 mil.
Técnicamente, con sus algo más de 2 mil habitantes la localidad de Bouwer no alcanza el estatus de ciudad, fijado por sobre los 10 mil. Sin embargo su ejido urbano sí alberga una ciudad de vehículos, sobrepoblada y con crecimiento imparable. Se trata del depósito judicial ubicado sobre la ruta 36, contiguo a la cárcel, un predio de unas 13 hectáreas donde se estima que permanecen al menos 12 mil vehículos secuestrados.
El número crece en forma constante, debido a los nuevos ingresos dispuesto en el marco de causas penales y civiles que se tramitan todo el tiempo. A ese caudal se suman unidades secuestradas por la Justicia Federal –en su mayoría en procedimientos por drogas– que también terminan en el lote. El tráfico de ingreso al predio al menos duplica al de salida, constituido por las unidades que son recuperadas por propietarios sumadas a aquellas que la Justicia otorga para su uso a instituciones públicas y privadas que figuran como “depositarios judiciales”. Las fotos aéreas que acompañan esta nota dan idea de la magnitud que tiene el lugar, que luce como una verdadera ciudad desde el cielo.
El destino de estos vehículos, su uso y almacenamiento constituyen un problema ambiental y económico de larga data, que la Justicia provincial ahora está decidida a encausar. Es una tarea de gran alcance, que incluye como primer paso inventariar lo que guarda este depósito (denominado 1), pero también muchos distribuidos por el interior. A falta de datos certeros sólo existen estimaciones que hablan de unos 30 mil vehículos acumulados en toda la provincia.
El proceso avanza enmarcado en la ley 10.207, aprobada este año, un marco legal que acorta los tiempos para que la Justicia pueda disponer de los vehículos, habilita su venta como chatarra, su remate y obliga a generar un registro de ellos, entre otras buenas medidas. “Empezamos a inventariar la situación actual y la prioridad es el predio 1 de Bouwer. También mantuvimos contacto con empresas para diseñar la licitación por la chatarra, y por lo que averiguamos en este momento se podría armar un proceso importante que genere algún ingreso al Estado”, explicó Luis Sosa, al frente de la Sala Penal y designado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia como autoridad de aplicación de la 10.207.
“El colapso de los depósitos es un problema antiquísimo que nunca se encaró hasta ahora, se trata de una tarea titánica porque el ritmo al que ingresan autos es impresionante”, señaló.
El triple en 5 años
La única medida de magnitud aplicada hasta ahora también tuvo a Sosa como gestor, y fue en 2009, cuando el TSJ habilitó la venta como chatarra de unos 12 mil vehículos que se encontraban en Bouwer.
“Se pudo hacer sin esta ley porque eran autos que llevaban años acá, destruidos, imposibles de identificar. Con ese antecedente se avanzó en diseñar el marco legal”, apuntó. En esa oportunidad, además de desactivar la enorme bomba ambiental que constituían los autos, la venta de chatarra significó ingresos que fueron invertidos en dejar en condiciones un predio de 28 hectáreas (el depósito 2), un lote muy cercano al depósito 1 donde hoy se acumulan motos secuestradas en operativos policiales.
El plan oficial es utilizar ese en reemplazo del 1, que no debería usarse porque está junto a un colegio y ocupa el área pensada como laguna de contención de la cárcel. Sosa calculó que luego del procesamiento de 2009 quedaron alrededor de 4 mil o 5 mil autos en depósito. Eso significa que en cinco años volvieron a acumularse al menos otros 7 mil u 8 mil, elevando hoy la población del predio por encima de 12 mil unidades.
A esa cifra final habría que sumar otra a contramano: desde 2009 la Justicia logró distribuir para su uso más de 3 mil autos, camionetas y camiones a la Policía, al Ministerio de Seguridad, los consorcios camineros, Cáritas, dependencias judiciales y bomberos voluntarios; entre otros “depositarios judiciales” de los vehículos.
La meta con la que trabaja la Sala Penal es conseguir, al fin de todo el proceso, “estabilizar” la población del depósito en unos 2 mil a 3 mil autos, al menos una cuarta parte del tamaño actual.
Reúso
Las diferentes partes de los autos deteriorados pueden ser vendidos para su reinserción productiva. El metal se compacta y vende como chatarra, los neumáticos también (para reciclado de caucho) y con mayor procesamiento pueden separarse plásticos y obtener metales de partes más pequeñas, como cobre.
Desperdicio económico y daño ambiental
Todos coinciden: apilar autos, bicis, camionetas, motos y hasta casillas rodantes durante años y hasta que se convierten en chatarra constituye un derroche económico fenomenal y entraña un gran daño ambiental.
“En materia de contaminación, los materiales que se desprenden de los autos son hidrocarburos y metales pesados como plomo y cromo. Si se queman, como ya sucedió, pueden liberar sustancias muy peligrosas como ácido cianhídrico, dioxinas y furanos. Además pueden acumular agua de lluvia que se convierten en criaderos de mosquitos”, enumeró Federico Kopta, integrante del Foro Ambiental Córdoba.
Por otra parte, desde el punto de vista económico, la mejor opción es poder seguir usando los vehículos como tales; sea bajo depósito judicial (lo que hoy realiza la Justicia) o vía venta o remate. Vale aclarar que la flota que ingresa a los depósitos incluye unidades en buenas condiciones, incluso de alta gama. Cuando los vehículos están deteriorados, se procede a su desguace y venta como chatarra.
“En el país existe un circuito económico que aprovecha esa clase de materiales. Aquí en Ferreyra la mayor empresa operadora de chatarra del país tiene un depósito”, explicó Hugo Pesci, asesor técnico de Cormecor (la SA creada en el Gran Córdoba para tratar los residuos). La firma es Scrap Service, creada por el Grupo Techint –la mayor acerera argentina– con la misión de comprar y procesar chatarra ferrosa para transformarla en materia prima del acero. Desde 2009, procesó más de 400 mil autos. Según estimaciones de mercado, de cada auto pueden obtenerse unos 400 kilos de chatarra ferrosa, un material cuyo valor por tonelada pueden estar hoy en torno a los 500 pesos. Además del metal, Pesci remarcó que del auto pueden aprovecharse las cubiertas y, con una separación más sofisticada, cobre.
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La 'ciudad' de autos sextuplica a la de personas en Bouwer
Depósito judicial. En el predio ubicado en el ejido de esa localidad de 2 mil habitantes se acumulan al menos 12 mil vehículos. Crece a ritmo “impresionante”. La Justicia trabaja en bajar esa población a unos 3 mil.
Técnicamente, con sus algo más de 2 mil habitantes la localidad de Bouwer no alcanza el estatus de ciudad, fijado por sobre los 10 mil. Sin embargo su ejido urbano sí alberga una ciudad de vehículos, sobrepoblada y con crecimiento imparable. Se trata del depósito judicial ubicado sobre la ruta 36, contiguo a la cárcel, un predio de unas 13 hectáreas donde se estima que permanecen al menos 12 mil vehículos secuestrados.
El número crece en forma constante, debido a los nuevos ingresos dispuesto en el marco de causas penales y civiles que se tramitan todo el tiempo. A ese caudal se suman unidades secuestradas por la Justicia Federal –en su mayoría en procedimientos por drogas– que también terminan en el lote. El tráfico de ingreso al predio al menos duplica al de salida, constituido por las unidades que son recuperadas por propietarios sumadas a aquellas que la Justicia otorga para su uso a instituciones públicas y privadas que figuran como “depositarios judiciales”. Las fotos aéreas que acompañan esta nota dan idea de la magnitud que tiene el lugar, que luce como una verdadera ciudad desde el cielo.
El destino de estos vehículos, su uso y almacenamiento constituyen un problema ambiental y económico de larga data, que la Justicia provincial ahora está decidida a encausar. Es una tarea de gran alcance, que incluye como primer paso inventariar lo que guarda este depósito (denominado 1), pero también muchos distribuidos por el interior. A falta de datos certeros sólo existen estimaciones que hablan de unos 30 mil vehículos acumulados en toda la provincia.
El proceso avanza enmarcado en la ley 10.207, aprobada este año, un marco legal que acorta los tiempos para que la Justicia pueda disponer de los vehículos, habilita su venta como chatarra, su remate y obliga a generar un registro de ellos, entre otras buenas medidas. “Empezamos a inventariar la situación actual y la prioridad es el predio 1 de Bouwer. También mantuvimos contacto con empresas para diseñar la licitación por la chatarra, y por lo que averiguamos en este momento se podría armar un proceso importante que genere algún ingreso al Estado”, explicó Luis Sosa, al frente de la Sala Penal y designado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia como autoridad de aplicación de la 10.207.
“El colapso de los depósitos es un problema antiquísimo que nunca se encaró hasta ahora, se trata de una tarea titánica porque el ritmo al que ingresan autos es impresionante”, señaló.
El triple en 5 años
La única medida de magnitud aplicada hasta ahora también tuvo a Sosa como gestor, y fue en 2009, cuando el TSJ habilitó la venta como chatarra de unos 12 mil vehículos que se encontraban en Bouwer.
“Se pudo hacer sin esta ley porque eran autos que llevaban años acá, destruidos, imposibles de identificar. Con ese antecedente se avanzó en diseñar el marco legal”, apuntó. En esa oportunidad, además de desactivar la enorme bomba ambiental que constituían los autos, la venta de chatarra significó ingresos que fueron invertidos en dejar en condiciones un predio de 28 hectáreas (el depósito 2), un lote muy cercano al depósito 1 donde hoy se acumulan motos secuestradas en operativos policiales.
El plan oficial es utilizar ese en reemplazo del 1, que no debería usarse porque está junto a un colegio y ocupa el área pensada como laguna de contención de la cárcel. Sosa calculó que luego del procesamiento de 2009 quedaron alrededor de 4 mil o 5 mil autos en depósito. Eso significa que en cinco años volvieron a acumularse al menos otros 7 mil u 8 mil, elevando hoy la población del predio por encima de 12 mil unidades.
A esa cifra final habría que sumar otra a contramano: desde 2009 la Justicia logró distribuir para su uso más de 3 mil autos, camionetas y camiones a la Policía, al Ministerio de Seguridad, los consorcios camineros, Cáritas, dependencias judiciales y bomberos voluntarios; entre otros “depositarios judiciales” de los vehículos.
La meta con la que trabaja la Sala Penal es conseguir, al fin de todo el proceso, “estabilizar” la población del depósito en unos 2 mil a 3 mil autos, al menos una cuarta parte del tamaño actual.
Reúso
Las diferentes partes de los autos deteriorados pueden ser vendidos para su reinserción productiva. El metal se compacta y vende como chatarra, los neumáticos también (para reciclado de caucho) y con mayor procesamiento pueden separarse plásticos y obtener metales de partes más pequeñas, como cobre.
Desperdicio económico y daño ambiental
Todos coinciden: apilar autos, bicis, camionetas, motos y hasta casillas rodantes durante años y hasta que se convierten en chatarra constituye un derroche económico fenomenal y entraña un gran daño ambiental.
“En materia de contaminación, los materiales que se desprenden de los autos son hidrocarburos y metales pesados como plomo y cromo. Si se queman, como ya sucedió, pueden liberar sustancias muy peligrosas como ácido cianhídrico, dioxinas y furanos. Además pueden acumular agua de lluvia que se convierten en criaderos de mosquitos”, enumeró Federico Kopta, integrante del Foro Ambiental Córdoba.
Por otra parte, desde el punto de vista económico, la mejor opción es poder seguir usando los vehículos como tales; sea bajo depósito judicial (lo que hoy realiza la Justicia) o vía venta o remate. Vale aclarar que la flota que ingresa a los depósitos incluye unidades en buenas condiciones, incluso de alta gama. Cuando los vehículos están deteriorados, se procede a su desguace y venta como chatarra.
“En el país existe un circuito económico que aprovecha esa clase de materiales. Aquí en Ferreyra la mayor empresa operadora de chatarra del país tiene un depósito”, explicó Hugo Pesci, asesor técnico de Cormecor (la SA creada en el Gran Córdoba para tratar los residuos). La firma es Scrap Service, creada por el Grupo Techint –la mayor acerera argentina– con la misión de comprar y procesar chatarra ferrosa para transformarla en materia prima del acero. Desde 2009, procesó más de 400 mil autos. Según estimaciones de mercado, de cada auto pueden obtenerse unos 400 kilos de chatarra ferrosa, un material cuyo valor por tonelada pueden estar hoy en torno a los 500 pesos. Además del metal, Pesci remarcó que del auto pueden aprovecharse las cubiertas y, con una separación más sofisticada, cobre.
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