La Voz del Interior (07/07/2021)
Conflictos por la tierra en Córdoba: en pandemia, las disputas y las órdenes de desalojo siguen

La propiedad de campos, sobre todo en el norte provincial, no deja de sumar tensiones que terminan en la Justicia. Dos fallos en ejecución generan polémicas por estos días.
De repente, aparece por la precaria vivienda un oficial de Justicia y explica que trae una orden para el dueño de casa. El hombre responde que no sabe leer ni escribir y el empleado judicial se encarga de leerle el texto e intentar que comprenda el contenido de lo que está entregando. Lo entiende a medias pero sabe que lo están intimando para irse del campo en el que vivió toda su vida.
El texto anterior podría aplicarse a numerosos casos de disputas por la posesión de la tierra en el norte cordobés, pero en este caso aplica al matrimonio de Jesús Antonio Pérez y Argelia Sánchez, que apenas pasan los 60 años de edad y viven en el paraje Juan García desde que heredaron –aseguran– un campito de seis hectáreas y media, allá por 1983.
En ese lugar, a cuatro kilómetros de la ruta nacional 60, entre las localidades de Avellaneda y Villa Gutiérrez, la pareja crió a ocho hijos. El mayor tiene 36 años y el más chico 22. Tres de esos hijos todavía viven con ellos y también un nieto de 10 años. En ese “campito” todo se cuenta con los dedos de una mano: tienen cinco cerdos, cinco ovejas, 10 cabras y dos caballos. A esa precaria forma de subsistencia le añaden una pequeña huerta familiar y un par de pensiones que apenas superan los 20 mil pesos de ingresos.
Esta semana, el juez Eduardo Altamirano, del Juzgado en lo Civil y Comercial de 18ª Nominación de Córdoba, ordenó el desalojo de la familia completa. Lo que el oficial de Justicia fue a decirles era que tenían tres días para conseguir una abogada ya que la que tenían decidió renunciar como defensora.
La disputa jurídica parte de un boleto de compraventa que Pérez -que no sabe leer ni escribir- firmó en 1988, en la época previa a la hiperinflación y al fracaso del plan Austral. “Cuando fui a cobrar la segunda cuota, con la inflación que había no me alcanzó ni para caramelos”, ejemplifica el hombre ahora.
“Somos personas grandes, no andamos muy bien de salud, más los fríos estos, más la pandemia, no sé si la Justicia nos puede tirar a la calle como nos quieren tirar. Toda la vecindad sabe que nosotros nos hemos criado aquí. No es un invento mío, nos hemos manejado criando animalitos para poder comer”, completa Pérez.
Para la Justicia aquella firma es ley. Hay un documento de venta, asevera el fallo. Y el campito es de otro, que hace años lo reclama.

Preocupación creciente
El Movimiento Campesino de Córdoba, con presencia en el norte provincial, se interiorizó en el caso, puso a disposición de la familia Pérez un asesoramiento legal, y comenzó a accionar para impedir la orden del juez. La abogada Victoria Gauna confirmó que ya fue solicitada la suspensión del desalojo y que pidieron al Juzgado una audiencia de mediación con los demandantes.
“No tuvieron en cuenta que estamos en pandemia, ni que el invierno comenzó muy crudo. Ni siquiera que vive allí un niño y que la Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia) debió relevar su situación antes de tomar cualquier determinación”, explicó Gauna.
El Movimiento Campesino solicitó que tomen cartas en el asunto el área de Agricultura Familiar del Gobierno de la Nación, además de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba.

Otros casos
También hay casos en áreas urbanizadas.
“No pienso irme. Ahora menos que menos porque tengo mucha gente apoyándome”, exclama Agustina Tolosa, de 70 años, desde la casa que habita en barrio El Talita, de Salsipuedes. Ella resiste una orden judicial de desalojo.
En mayo pasado, le dejaron la notificación en el portón. Cuando la vio no supo qué hacer. En el escrito, la intimaban a abandonar el lugar este 6 de julio.
La sentencia fue librada por el Juzgado de 11° Nominación de la ciudad de Córdoba tras un juicio iniciado por otros vecinos de la localidad, que reclaman la propiedad como bien hereditario.
Agustina asegura que esas tierras –alrededor de cuatro hectáreas– las recibió hace 18 años de parte del exintendente de Salsipuedes, Facundo Torres.
“Tengo la posesión. Pago impuestos y Rentas. Hice poner la luz, el agua, y levanté mi casa. No hay ninguna escritura a nombre de nadie porque todavía estoy pagando todo a nombre de Estanislao Torres”, expresa la mujer.
Para la Justicia, esa explicación no alcanza. La documentación –según el fallo– acredita que los dueños son otros y quita validez a aquel argumento de cesión desde un municipio.
Allí, ella cría animales y trabaja la tierra, para consumo propio. Desde hace 7 años comparte terreno con su hija, Silvia, quien perdió su casa de Unquillo con la inundación de 2015, y construyó una nueva en ese sitio.
El lunes 5 de julio, Sofía Poggione, abogada de Agustina e integrante de la organización La Ollera, de Salsipuedes, logró frenar el desalojo al menos hasta el 6 de agosto. “El juez decretó que se suspenda. Logramos un acuerdo entre las partes. Es una suspensión hasta la instancia de mediación”, afirma Poggione.
Este medio se comunicó con la parte demandante pero prefirió no hablar sobre el caso.

Unos 15 casos
Gauna, desde el Movimiento Campesino de Córdoba, señaló que, en estos momentos hay unos 15 procesos judiciales abiertos en Córdoba sobre conflictos por la propiedad de la tierra, de los cuales cinco tienen orden de desalojo. De ellos –dijo– el más urgente es el caso de Jesús Pérez.

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