La Voz del Interior (17/09/2020)
El riesgo de perder lo poco que nos queda

Cada metro de bosque que perdamos condenará más a las presentes y futuras generaciones a sufrir las consecuencias de la degradación ambiental.
La sociedad cordobesa se encuentra por estos días muy angustiada por los incendios que sufrió gran parte de nuestras Sierras, un panorama tristemente reiterado en los últimos años. A ello se suma la preocupación de que muchas de esas áreas quemadas, donde otrora había bosques nativos, en poco tiempo se conviertan en nuevas urbanizaciones. ¿Qué hay de cierto en ello?
Uno de los principales problemas que posee la ley 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de nuestra provincia es la ausencia de un mapa georreferenciado, que sirva para que la autoridad de aplicación y los ciudadanos podamos hacer valer su protección efectiva.
Es decir, no se cuenta con una herramienta esencial que permita delimitar espacialmente los lugares físicos del territorio cordobés en los que se encuentran los bosques en categoría roja (mayor valor de conservación) y amarilla (valor de conservación intermedio), que deben ser protegidos a perpetuidad y que bajo ningún concepto –según lo establecen la ley madre de presupuestos mínimos 26.331 y nuestra propia ley 9.814– pueden cambiar de uso de suelo.
Ello significa que ningún organismo del Estado, en cualquiera de sus niveles o instancias, puede autorizar que se produzcan en esas áreas desmontes con los fines que fueran (por lo general, agrícolas, urbanísticos y mineros).
Esta falta de un mapa claramente delimitado de las zonas que deben ser protegidas lleva a que tanto municipios y comunas, así como organismos del Estado provincial, autoricen urbanizaciones y otros usos del suelo en sitios que están protegidos por una ley superior que no deberían desconocer.
Como ejemplo de ello, en 2018, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo del Departamento Punilla presentó una nota para solicitar a los 25 municipios y comunas que lo conforman información sobre las áreas rojas y amarillas ubicadas dentro de sus ejidos.
De ese total, menos de 10 de esas localidades respondieron el pedido de información pública ambiental (un derecho de todos los habitantes). Y, de esas respuestas, la mayoría desconocía los temas de esas preguntas o derivó la respuesta a la Secretaría de Ambiente. Esto evidencia el total desinterés, por decirlo de alguna manera, de los poderes ejecutivos y de sus respectivas dependencias para hacer valer la Ley de Bosques en sus jurisdicciones.
Son innumerables los casos de nuevos loteos o construcciones que se produjeron en nuestras Sierras en zonas de bosques protegidos, desde la sanción de la ley nacional (2007) y de la ley provincial (2010), y que provocaron la pérdida de miles de hectáreas de bosques serranos que ya no brindan a la sociedad los bienes y servicios ecosistémicos para los cuales habían sido protegidos (recordemos el caso de Sierras Chicas, donde el avance de la frontera urbana en las partes medias y alta de las cuencas ha generado falta de agua en la época de sequías e inundaciones catastróficas en la época de lluvias).
Si bien algunos de los grandes nuevos loteos están parcialmente frenados en la Justicia (no precisamente por la Ley de Bosques, sino por la ley 10.208 de Política Pública Ambiental), la gran mayoría de los pequeños loteos y construcciones en zonas de bosques que deberían ser protegidos siguen siendo autorizados por la Dirección de Catastro Provincial y por las respectivas dependencias de los municipios y comunas, que otorgan la factibilidad para que ingresen las topadoras a los terrenos y “limpien el monte para construir viviendas, calles y servicios”.
Inclusive la propia Secretaría de Ambiente, que debería priorizar la protección estricta de la Ley de Bosques, se encuentra elaborando un reglamento para que se puedan autorizar “pequeños loteos en los municipios y comunas” (https://bit.ly/2ZneiQY).
Esta sangría de los poquísimos bosques nativos que nos quedan en las áreas serranas no se detendrá hasta que se actualice y georreferencie espacialmente el mapa de OTBN de nuestra provincia (en mora desde hace cinco años) y, sobre todo, hasta que con esa herramienta legal el Poder Ejecutivo provincial genere las directrices y normativas específicas para que las distintas áreas de gobierno provinciales y municipales hagan valer la prohibición efectiva (con los distintos poderes de estados intervinientes) de cualquier cambio de uso del suelo en las áreas de bosque protegidas.
Mientras ello no ocurra, y las autoridades responsables de hacer cumplir la ley sigan jugando al “gran bonete” para eludir responsabilidades, cada metro de bosque que perdamos por autorizaciones indebidas condenará más a las presentes y futuras generaciones de nuestra sociedad a sufrir las consecuencias de la crítica degradación ambiental a la que la falta de políticas públicas nos ha llevado en la provincia.

Fernando Barri
Cátedra de Problemática Ambiental, FCEFyN-UNC

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