La Voz del Interior (22/09/2020)
Van a juicio los dueños de un campo con frecuentes incendios cerca de la Quebrada del Condorito

El último ocurrió en mayo pasado y afectó, además, 60 hectáreas del Parque Nacional Quebrada del Condorito. En esa reserva marcan que los focos se repiten todos los años.
Las quemas intencionales de pastizales son parte de una antigua “tradición” arraigada en dueños y en peones de campos, que en algunos casos buscan ganarle terreno al monte y, en otros, apurar la “renovación” del pasto para el ganado.
En mayo pasado, habría sido esa práctica tradicional pero ilegal la que causó un incendio que devastó unas 60 hectáreas del parque nacional Quebrada del Condorito, más unas 40 de la estancia San Alejo, donde se inició el fuego.
La fiscal de Villa Cura Brochero, Analía Gallarato, imputó al dueño de ese campo y a dos empleados del delito de incendio y elevó la causa a juicio.
El juez de Control debe resolver si confirma ese paso, ante la oposición planteada por los abogados de Alejandro Becerra, uno de los dueños de los campos que colindan con la reserva nacional y que está imputado.  
Según los registros del parque nacional, en los últimos cuatro años se produjeron 208 incendios intencionales en el lugar, que afectaron al área de la provincia con mejor preservación por ser parque nacional y centro de una región, en las Sierras Grandes, que es fuente clave del agua para Córdoba.

Días de fuego
El 17 de mayo pasado se inició en la estancia el primer incendio de grandes dimensiones de 2020. Fue el que marcó el “inicio de la temporada” anual en Córdoba.
Las llamas podrían haber hecho mucho más daño de no ser por el trabajo intenso de bomberos y de guardaparques.
Germán Jaacks, actual intendente del parque nacional Quebrada del Condorito, calculó que se gastó para apagar esas llamas, durante dos días de trabajo, más de dos millones de pesos, según consignó al portal Sala de Prensa Ambiental.
La hora de vuelo de un avión hidrante cuesta unos 1.300 dólares. “En esas dos jornadas de trabajo, en las que una aeronave tuvo que trabajar siete horas, se fueron más de dos millones de pesos, que pagamos todos los cordobeses. Esa cifra representa más del 30 por ciento de lo que desembolsa Parques Nacionales en sus gastos operativos anualmente”, comparó Jaacks.
No es la primera causa judicial que involucra al campo propiedad de la familia Becerra.
Pero, en este caso, la fiscal Gallarato confirmó a La Voz la elevación a juicio.
El abogado Daniel Mazzoccone, que defiende a los dos peones de la estancia que junto con Alejandro Becerra fueron detenidos y luego liberados tras el pago de fianzas, señaló que sus defendidos no tuvieron participación en el hecho del que se los acusa. “Tampoco se pusieron de acuerdo en ningún momento para llevar a cabo lo que se les endilga. No hubo complicidad ni instigación”, sostuvo.
“Estamos confiados en que la fiscalía va a encontrar falta de mérito y dictará el sobreseimiento de mis defendidos”, apuntó. “No tienen antecedentes penales, son gente de trabajo y, por la situación en que se encuentran, en muchos casos se ven intimidados por parte de sus patrones. Eso hace que tengan que responder por algo que les trajo muchos problemas, como estar privados de la libertad injustamente durante 10 días”.
Desde la defensa del dueño del campo imputado, no hubo respuesta ante la consulta realizada.
En la zona marcan que desde hace años esa área es foco frecuente de incendios que se descontrolan.

Pocas condenas en Córdoba
Según publicó La Voz hace un mes, en los últimos cinco años (de enero de 2015 a diciembre de 2019), se iniciaron en la provincia 25 causas judiciales por incendios rurales o forestales. En promedio, cinco por año, según datos informados por el Tribunal Superior de Justicia.
De esas 25 causas, sólo en una hay una condena firme. Otras nueve están en investigación, nueve fueron elevadas a juicio y esperan esa instancia y una tiene condena (pero fue apelada).
En la única causa de este lustro en que se probó la responsabilidad del imputado, se trató de un incendio ocurrido en la localidad de La Paz (Valle de Traslasierra), que afectó 173 hectáreas. El imputado, un empleado rural de 23 años, fue condenado en un juicio abreviado, en el que reconoció su culpa, a tres años de prisión (de ejecución condicional).
En esos cinco años, además, se dictó otra condena, pero por un siniestro ocurrido antes de 2015.

Ayer, una imputada
Una mujer fue imputada por el incendio en pastizales que se iba expandiendo hacia la montaña. El hecho se registró este domingo en la comuna de San Roque, al sur de Puinilla, y el foco logró ser controlado a tiempo por los bomberos.
Alrededor de las 17.30, personal policial observó que se estaban quemando pastizales y que el fuego se expandía. Luego de entrevistar a los vecinos del lugar, estableció que el foco se inició por unas cenizas encendidas que una vecina había arrojado en la zona. La mujer, de 23 años, fue identificada y la fiscalía de turno ordenó su imputación por el descuido.

La compliejidad de probar los inicios
Todos los especialistas coinciden: más del 90 por ciento de los incendios rurales y forestales son producto del hombre, sea por negligencia o de manera voluntaria.
Ante las escasas resoluciones judiciales de esos casos, la pregunta es por qué es tan difícil identificar a los autores materiales.
Existe un universo de hipótesis de inicios intencionales, que van desde las más simples, como una quema de basura o de pastizales que escaparon de control, pasando por la pretensión de erradicar monte para luego cambiar el uso de ese suelo o la de quienes insisten enn quemar pastos para apurar los rebrotes para el ganado, hasta las de supuestos piromaníacos que encienden focos por “por diversión”. Todas son ilegales.
“Lo primero siempre es identificar dónde se originó el fuego; eso se puede determinar por las condiciones climatológicas y por la topografía del terreno. Sin embargo, en incendios grandes y devastadores, es muy complicado determinar ese origen”, explica Gustavo Nicola, jefe del cuartel de bomberos de Villa María y perito judicial.  
La quema de pastizales para rebrote, la incineración de basura o los focos que se producen en basurales municipales son para Nicola las principales causas de incendios.
Sobre las de “otro tipo”, como las caídas de rayos o roturas de cables de energía, el perito señaló que son una escasa minoría, al igual que las más extrañas del “efecto lupa”, que puede producir una botella sobre pastos secos.
Individualizar a los responsables materiales es otra tarea compleja.  
Para el abogado y asesor legal para la creación y gestión de áreas protegidas Martín Cascone, hay dos razones que explican esta imposibilidad en incendios provocados, sea de manera intencional o por negligencia.
“Los incendios ocurren en zonas agrestes, y las investigaciones judiciales para poder prosperar tienen que contar con pruebas; entre otras, se podría mencionar la testimonial, si existiera, que pudiera afirmar que una persona prendió fuego. Y esas cosas en la lejanía no se advierten”, señala.
El segundo punto, según Cascone, apunta al Poder Judicial. “No veo un interés de la Justicia en resolver estos casos. Si se actuara con diligencia, más causas podrían prosperar. Lo que necesitamos es una verdadera vocación en tomar estas cuestiones con el carácter que tienen. Son delitos perseguibles de oficio y no necesitan de la instancia privada para que avancen. Hay daños significativos en el ambiente y en bienes”, agregó.

Ver Noticia On Line
.