11 feb 2010
Denuncia penal contra Schiaretti y funcionarios
6:15 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica (11/02/2010)
Denuncia penal contra Schiaretti y funcionarios provinciales
Integrantes de "Vecinos Autoconvocados de Calamuchita" que se oponen a la construcción de un vertedero de basura en la zona, denunciaron que la policía les impidió que usaran rutas públicas para llegar hasta Las Caleras, donde se encontraba el gobernador de Córdoba. La policía también los obligó a dejar sus pancartas. El hecho ocurrió el 3 de febrero pasado cuando los vecinos intentaron llegar hasta un acto público donde estaba Schiaretti.
La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) presentó una denuncia penal contra el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, contra su Ministro de Seguridad, Carlos Caserio, y contra autoridades policiales "por haber criminalizado, ilegalmente, un intento de protesta social contra el vertedero regional de basura de Calamuchita".
Los "Vecinos Autoconvocados de Calamuchita" soportaron actitudes persecutorias por parte de la policía de la provincia, discriminación y el cercenamiento de sus derechos constitucionales.
Los hechos ocurrieron el pasado 3 de febrero cuando vecinos que viven en distintas localidades del valle de Calamuchita se dirigieron en sus vehículos particulares al pueblo de Las Caleras, donde el gobernador de Córdoba y su gabinete asistían a un acto público. La intención de los vecinos era entregarle una nota al gobernador y acompañar la solicitud con sus pancartas.
Uno de los grupos fue interceptado tres veces y en Embalse la policía no les permitió que siguieran su camino hacia Las Caleras. Al regresar decidieron dividirse, pero en Berrotarán –cuando intentaban llegar al pueblo donde estaba el gobernador- un puesto policial les impidió continuar. Otra vecina autoconvocada, Norma Susana Pascual, fue interceptada por la policía en el puente de Arroyo Corto cuando salía de la localidad de Amancay y obligada a tomar otro camino.
Además de repetidas solicitudes de documentación, la policía los obligó a dejar sus pancartas en los puestos, y les advirtió que no podían repartir volantes.
"Apenas comenzó todo, sentí mucha bronca pero no dije nada, sólo pregunté: ¿Por qué? ¿Y el derecho a transitar libremente? Mis compañeros también preguntaron lo mismo con mucho respeto. Mientras revisaban las pancartas y cuando me pidieron que abriera el baúl del auto, donde no recordaba que había otro cartel, me dio vergüenza, sentí que nos trataban como delincuentes", relató Gloria Liliana Badía, una de las vecinas autoconvocadas.
"Cuando nos pararon por segunda vez en Embalse me pregunté porqué debíamos dar tantas explicaciones ¿a qué época volvimos?", se interrogó Raquel Diviú, otra de las vecinas.
FUNAM indicó que los testimonios de los vecinos incluidos en la presentación judicial "muestran claramente cómo los distintos puestos de la policía tenían las mismas consignas: que los vecinos no podían seguir transitando la ruta y debían volverse, que tenían que dejar las pancartas en esos puestos, y que eran órdenes impartidas por el jefe de la Departamental de Policía de Calamuchita".
El Dr. Raúl Montenegro le pidió al Fiscal del Turno que investigue "si hubo un trabajo de inteligencia previo por parte de la policía" porque algunos de puestos de control "estaban localizados en sitios de poco tránsito, pero en lugares cuyos pobladores se oponen al vertedero regional". También indicó que los vehículos de los autoconvocados "habrían sido previamente identificados por la Policía".
Algunos vecinos, usando caminos alternativos, lograron llegar al acto organizado por el gobierno en Las Caleras y le entregaron al Secretario de Ambiente de la provincia, Raúl Costa, una nota dirigida al gobernador.
El Dr. Raúl Montenegro, que hizo la presentación penal, calificó de "extremadamente grave" lo sucedido porque la Policía y el gobierno "cercenaron los derechos constitucionales de vecinos pacíficos y habilitaron una nueva figura represiva, la criminalización del intento de protesta social". Agregó que lo ocurrido "muestra no solamente actos de dudosa legalidad sino también miedo, miedo al control social pacífico, al debate y a la verdad".
Montenegro sostuvo que en Argentina "crece la práctica de la criminalización de la protesta, sobre todo en pueblos afectados por la megaminería e industrias contaminantes" y que ahora "también se agrega esta variante practicada por el gobierno de Córdoba, la criminalización del intento de protesta. ¿Cuál será el próximo paso? ¿Evitar que los autoconvocados salgan de sus hogares para protestar?".
Los "Vecinos Autoconvocados de Calamuchita", FUNAM y otras organizaciones sociales tratan de impedir que el gobierno de Córdoba instale un mega vertedero en el valle de Calamuchita. El sitio que la provincia designó arbitrariamente para recibir la basura se ubica en cercanías de San Ignacio, un pintoresco pueblo serrano donde su Jefe Comunal, Jorge Ordoñez, se opone al proyecto. Los vertederos e incluso los rellenos sanitarios descargan gases tóxicos y cancerígenos.
Montenegro advirtió que muchos proyectos de vertedero regional "incluyen estaciones de transferencia y reciclado previo para mejorar su imagen, pero no son ni remotamente rellenos sanitarios. La compactación en fardos para reducir la demanda de espacio aumenta además la concentración de contaminantes".
"Las municipalidades y comunas deben hacerse cargo de sus propios residuos, no enviarlos a una sola localidad alejada. Este colonialismo interno libera del problema de la basura a varias ciudades, y transforma el lugar elegido para enterrarla en un infierno ambiental. Es lo que ocurre en Bouwer, que durante 28 años recibió la basura de la ciudad de Córdoba y otras localidades", sostuvo Nayla Azzinnari, asesora de los vecinos de esa localidad.
"La lucha encarada por los vecinos y la comuna de Bouwer –agregó Nayla Azzinnari- logró el cierre de una planta de incineración, que se desarmaran 20.000 vehículos de un depósito judicial y que el enterramiento sanitario se cierre finalmente en el mes de abril de este año".
"La exitosa lucha de Bouwer, que incluyó cortes de ruta selectivos, ha despertado la preocupación del gobierno provincial, acostumbrado a tomar decisiones inconsultas. Es previsible que la criminalización de la protesta aumente. Pero la valiente actitud de los autoconvocados de Calamuchita, cuyos testimonios forman parte de la denuncia penal que presentamos en la justicia provincial, dejan en claro que no se permitirá la ilegalidad ni el autoritarismo", expresó Raúl Montenegro.
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Denuncia penal contra Schiaretti y funcionarios provinciales
Integrantes de "Vecinos Autoconvocados de Calamuchita" que se oponen a la construcción de un vertedero de basura en la zona, denunciaron que la policía les impidió que usaran rutas públicas para llegar hasta Las Caleras, donde se encontraba el gobernador de Córdoba. La policía también los obligó a dejar sus pancartas. El hecho ocurrió el 3 de febrero pasado cuando los vecinos intentaron llegar hasta un acto público donde estaba Schiaretti.
La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) presentó una denuncia penal contra el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, contra su Ministro de Seguridad, Carlos Caserio, y contra autoridades policiales "por haber criminalizado, ilegalmente, un intento de protesta social contra el vertedero regional de basura de Calamuchita".
Los "Vecinos Autoconvocados de Calamuchita" soportaron actitudes persecutorias por parte de la policía de la provincia, discriminación y el cercenamiento de sus derechos constitucionales.
Los hechos ocurrieron el pasado 3 de febrero cuando vecinos que viven en distintas localidades del valle de Calamuchita se dirigieron en sus vehículos particulares al pueblo de Las Caleras, donde el gobernador de Córdoba y su gabinete asistían a un acto público. La intención de los vecinos era entregarle una nota al gobernador y acompañar la solicitud con sus pancartas.
Uno de los grupos fue interceptado tres veces y en Embalse la policía no les permitió que siguieran su camino hacia Las Caleras. Al regresar decidieron dividirse, pero en Berrotarán –cuando intentaban llegar al pueblo donde estaba el gobernador- un puesto policial les impidió continuar. Otra vecina autoconvocada, Norma Susana Pascual, fue interceptada por la policía en el puente de Arroyo Corto cuando salía de la localidad de Amancay y obligada a tomar otro camino.
Además de repetidas solicitudes de documentación, la policía los obligó a dejar sus pancartas en los puestos, y les advirtió que no podían repartir volantes.
"Apenas comenzó todo, sentí mucha bronca pero no dije nada, sólo pregunté: ¿Por qué? ¿Y el derecho a transitar libremente? Mis compañeros también preguntaron lo mismo con mucho respeto. Mientras revisaban las pancartas y cuando me pidieron que abriera el baúl del auto, donde no recordaba que había otro cartel, me dio vergüenza, sentí que nos trataban como delincuentes", relató Gloria Liliana Badía, una de las vecinas autoconvocadas.
"Cuando nos pararon por segunda vez en Embalse me pregunté porqué debíamos dar tantas explicaciones ¿a qué época volvimos?", se interrogó Raquel Diviú, otra de las vecinas.
FUNAM indicó que los testimonios de los vecinos incluidos en la presentación judicial "muestran claramente cómo los distintos puestos de la policía tenían las mismas consignas: que los vecinos no podían seguir transitando la ruta y debían volverse, que tenían que dejar las pancartas en esos puestos, y que eran órdenes impartidas por el jefe de la Departamental de Policía de Calamuchita".
El Dr. Raúl Montenegro le pidió al Fiscal del Turno que investigue "si hubo un trabajo de inteligencia previo por parte de la policía" porque algunos de puestos de control "estaban localizados en sitios de poco tránsito, pero en lugares cuyos pobladores se oponen al vertedero regional". También indicó que los vehículos de los autoconvocados "habrían sido previamente identificados por la Policía".
Algunos vecinos, usando caminos alternativos, lograron llegar al acto organizado por el gobierno en Las Caleras y le entregaron al Secretario de Ambiente de la provincia, Raúl Costa, una nota dirigida al gobernador.
El Dr. Raúl Montenegro, que hizo la presentación penal, calificó de "extremadamente grave" lo sucedido porque la Policía y el gobierno "cercenaron los derechos constitucionales de vecinos pacíficos y habilitaron una nueva figura represiva, la criminalización del intento de protesta social". Agregó que lo ocurrido "muestra no solamente actos de dudosa legalidad sino también miedo, miedo al control social pacífico, al debate y a la verdad".
Montenegro sostuvo que en Argentina "crece la práctica de la criminalización de la protesta, sobre todo en pueblos afectados por la megaminería e industrias contaminantes" y que ahora "también se agrega esta variante practicada por el gobierno de Córdoba, la criminalización del intento de protesta. ¿Cuál será el próximo paso? ¿Evitar que los autoconvocados salgan de sus hogares para protestar?".
Los "Vecinos Autoconvocados de Calamuchita", FUNAM y otras organizaciones sociales tratan de impedir que el gobierno de Córdoba instale un mega vertedero en el valle de Calamuchita. El sitio que la provincia designó arbitrariamente para recibir la basura se ubica en cercanías de San Ignacio, un pintoresco pueblo serrano donde su Jefe Comunal, Jorge Ordoñez, se opone al proyecto. Los vertederos e incluso los rellenos sanitarios descargan gases tóxicos y cancerígenos.
Montenegro advirtió que muchos proyectos de vertedero regional "incluyen estaciones de transferencia y reciclado previo para mejorar su imagen, pero no son ni remotamente rellenos sanitarios. La compactación en fardos para reducir la demanda de espacio aumenta además la concentración de contaminantes".
"Las municipalidades y comunas deben hacerse cargo de sus propios residuos, no enviarlos a una sola localidad alejada. Este colonialismo interno libera del problema de la basura a varias ciudades, y transforma el lugar elegido para enterrarla en un infierno ambiental. Es lo que ocurre en Bouwer, que durante 28 años recibió la basura de la ciudad de Córdoba y otras localidades", sostuvo Nayla Azzinnari, asesora de los vecinos de esa localidad.
"La lucha encarada por los vecinos y la comuna de Bouwer –agregó Nayla Azzinnari- logró el cierre de una planta de incineración, que se desarmaran 20.000 vehículos de un depósito judicial y que el enterramiento sanitario se cierre finalmente en el mes de abril de este año".
"La exitosa lucha de Bouwer, que incluyó cortes de ruta selectivos, ha despertado la preocupación del gobierno provincial, acostumbrado a tomar decisiones inconsultas. Es previsible que la criminalización de la protesta aumente. Pero la valiente actitud de los autoconvocados de Calamuchita, cuyos testimonios forman parte de la denuncia penal que presentamos en la justicia provincial, dejan en claro que no se permitirá la ilegalidad ni el autoritarismo", expresó Raúl Montenegro.
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