20 jun 2009
La UNC, ante una compleja decisión
10:09 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (20/06/2009)
La UNC, ante una compleja decisión
La Universidad Nacional de Córdoba debe decidir, sin prejuicios pero también con extrema prudencia, para preservar a la institución de cualquier sospecha, si acepta o rechaza tres millones de pesos que provienen de la mina La Alumbrera.
Tres millones de pesos no le vienen mal a nadie en estos tiempos. Y menos a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), cuyo presupuesto ha sido históricamente magro en relación con las necesidades y posibilidades de esa casa de altos estudios. Su realidad, por otra parte, no es muy distinta a la de otras universidades del país.
Pero tampoco es una cifra de esas que, cuando trascienden, provocan asombro y despiertan suspicacias acerca de segundas intenciones, sobre todo cuando se trata de una donación. Es decir, tres millones de pesos no parecen capaces de condicionar las políticas de una institución como la UNC.
La polémica surgió al trascender que la UNC analiza si aceptará o no algo más de tres millones de pesos aportados por la empresa Yacimiento Mineros Aguas de Dionisio (Ymad), que explota la mina a cielo abierto La Alumbrera.
El área de La Alumbrera se conoce desde el siglo pasado por sus vetas de mineral de oro y cobre, además del alumbre que le da nombre. Se ubica en el distrito Hualfín, departamento Belén, de la provincia de Catamarca.
En realidad, quien dio estado público a la discusión en torno de los tres millones de pesos fue el biólogo y ambientalista cordobés Raúl Montenegro, al enviar una carta a la rectora de la UNC, Carolina Scotto.
"Aceptar estos fondos –dice en su carta Montenegro– viola normas éticas de una universidad pública porque funcionarios de Alumbrera han sido procesados por contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce que llega a Córdoba"-
"Equivale –agrega– a ser cómplice de empresas con antecedentes oscuros".
Hay que decir, sin embargo, que si bien lo ideal sería no necesitar dinero que no provenga de aportes genuinos del Estado o de recursos que pueda generar la propia institución, los presupuestos universitarios siempre son escasos y rechazar aportes resulta difícil.
Para quienes conocen las penurias de la escasez, se convierte en un sacrificio que tendrá consecuencias en la calidad de la gestión institucional de la Universidad, sea en su quehacer específico de formar profesionales, sea en la profundización de los conocimientos a través de la investigación, sea en la extensión de actividades hacia la comunidad.
Por otra parte, tal como lo explicó la rectora, el aporte de Ymad no sería una donación sino un fondo que surge de la aplicación de las disposiciones de la ley 14.711, de creación de la empresa Ymad, que data de 1958 y que ahora concesionó la explotación de la mina.
El artículo 18° de esa norma establece que el 60 por ciento de las utilidades será para la provincia de Catamarca y el 40 por ciento restante para terminar la construcción de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán.
El inciso c) del citado artículo expresa: "Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior, de ese porcentaje del 40 por ciento se destinará el 50 por ciento a la Universidad Nacional de Tucumán y el 50 por ciento restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado".
Hasta el momento, esas regalías nunca se habían hecho efectivas, pero el año pasado, en una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional, se tomó conocimiento de la disponibilidad de una suma de dinero que se distribuyó sin debate alguno acerca de si se debían aceptar o no dichos fondos, y de los que a la UNC le tocan los cuestionados tres millones de pesos.
En ese sentido, resulta muy oportuna la carta de Montenegro, porque hace pública una cuestión compleja que la UNC, en ejercicio de su autonomía, tendrá que debatir, con la ponderación de todos los elementos en juego.
Sin prejuicios, pero también con extrema prudencia para preservar a la Universidad de cualquier sospecha de connivencia o corrupción que, manejando cifras mucho más altas por cierto, corroe como un cáncer a otras instituciones fundamentales del país.
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La UNC, ante una compleja decisión
La Universidad Nacional de Córdoba debe decidir, sin prejuicios pero también con extrema prudencia, para preservar a la institución de cualquier sospecha, si acepta o rechaza tres millones de pesos que provienen de la mina La Alumbrera.
Tres millones de pesos no le vienen mal a nadie en estos tiempos. Y menos a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), cuyo presupuesto ha sido históricamente magro en relación con las necesidades y posibilidades de esa casa de altos estudios. Su realidad, por otra parte, no es muy distinta a la de otras universidades del país.
Pero tampoco es una cifra de esas que, cuando trascienden, provocan asombro y despiertan suspicacias acerca de segundas intenciones, sobre todo cuando se trata de una donación. Es decir, tres millones de pesos no parecen capaces de condicionar las políticas de una institución como la UNC.
La polémica surgió al trascender que la UNC analiza si aceptará o no algo más de tres millones de pesos aportados por la empresa Yacimiento Mineros Aguas de Dionisio (Ymad), que explota la mina a cielo abierto La Alumbrera.
El área de La Alumbrera se conoce desde el siglo pasado por sus vetas de mineral de oro y cobre, además del alumbre que le da nombre. Se ubica en el distrito Hualfín, departamento Belén, de la provincia de Catamarca.
En realidad, quien dio estado público a la discusión en torno de los tres millones de pesos fue el biólogo y ambientalista cordobés Raúl Montenegro, al enviar una carta a la rectora de la UNC, Carolina Scotto.
"Aceptar estos fondos –dice en su carta Montenegro– viola normas éticas de una universidad pública porque funcionarios de Alumbrera han sido procesados por contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce que llega a Córdoba"-
"Equivale –agrega– a ser cómplice de empresas con antecedentes oscuros".
Hay que decir, sin embargo, que si bien lo ideal sería no necesitar dinero que no provenga de aportes genuinos del Estado o de recursos que pueda generar la propia institución, los presupuestos universitarios siempre son escasos y rechazar aportes resulta difícil.
Para quienes conocen las penurias de la escasez, se convierte en un sacrificio que tendrá consecuencias en la calidad de la gestión institucional de la Universidad, sea en su quehacer específico de formar profesionales, sea en la profundización de los conocimientos a través de la investigación, sea en la extensión de actividades hacia la comunidad.
Por otra parte, tal como lo explicó la rectora, el aporte de Ymad no sería una donación sino un fondo que surge de la aplicación de las disposiciones de la ley 14.711, de creación de la empresa Ymad, que data de 1958 y que ahora concesionó la explotación de la mina.
El artículo 18° de esa norma establece que el 60 por ciento de las utilidades será para la provincia de Catamarca y el 40 por ciento restante para terminar la construcción de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán.
El inciso c) del citado artículo expresa: "Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior, de ese porcentaje del 40 por ciento se destinará el 50 por ciento a la Universidad Nacional de Tucumán y el 50 por ciento restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado".
Hasta el momento, esas regalías nunca se habían hecho efectivas, pero el año pasado, en una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional, se tomó conocimiento de la disponibilidad de una suma de dinero que se distribuyó sin debate alguno acerca de si se debían aceptar o no dichos fondos, y de los que a la UNC le tocan los cuestionados tres millones de pesos.
En ese sentido, resulta muy oportuna la carta de Montenegro, porque hace pública una cuestión compleja que la UNC, en ejercicio de su autonomía, tendrá que debatir, con la ponderación de todos los elementos en juego.
Sin prejuicios, pero también con extrema prudencia para preservar a la Universidad de cualquier sospecha de connivencia o corrupción que, manejando cifras mucho más altas por cierto, corroe como un cáncer a otras instituciones fundamentales del país.
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