La Voz del Interior - Edición Electrónica (27/10/2023)
Conceden medida cautelar a favor del monte nativo y frenan loteo en Cañada del Sauce, al sur de Calamuchita

Mientras los dueños del loteo fueron imputados por tentativa de estafa, sigue el reclamo de los vecinos que compraron tierras.
La Justicia admitió el amparo ambiental presentado por la comuna de Villa Cañada del Sauce, ubicada al sur del valle de Calamuchita, en contra de una sociedad anónima que estaba realizando un desmonte de bosque nativo en zona roja y amarilla protegidas por la legislación provincial.
La abogada de la comuna, María Laura Carrizo, informó que el Juzgado interviniente, de Río Tercero, dio trámite a la acción y ordenó a la empresa Altos de Vélez Sarsfield “la inmediata detención de las acciones de tala, movimiento de suelo, apertura de calles, desmontes, limpieza de terrenos, remoción de cobertura vegetal y patrimonio cultural y/o cualquier otra intervención en la zona hasta que recaiga en autos resolución definitiva”.
Destacó que la resolución consigna, por otra parte, que el 26 de mayo de 2023, la Fiscalía de Instrucción 1 imputó a los dueños del loteo, Lucas Álvarez y Enrique Álvarez, “por el delito de estafa en grado de tentativa”. Señaló que les impuso, como condición de mantenimiento de libertad, abstenerse de practicar actos posesorios de cualquier tipo (desmonte, limpieza, corrido, retiro o tendido de alambres o postes, apertura de calles, colocación y/o retiro de cartelería, tala de árboles, venta de los lotes en conflicto) hasta no contar con la debida autorización y/o permiso del área correspondiente”.
“Desde hace varios años desde la Comuna venimos denunciando los continuos avances de la desarrollista en la zona, quienes a pesar de las diversas intervenciones de la Policía Ambiental de la Provincia continúa con su pretensión de llevar adelante la consolidación de un loteo de unas 360 hectáreas, con lotes desde 375 m2, es decir miles de lotes para viviendas en una zona serrana de bosque protegido”, detalló Carrizo.
Precisó que el loteo ocupa más del 60% del territorio total de la pequeña villa, ubicada sobre el río Quillinzo, y que no cuenta con servicios. “Además, denunciamos que no ha llevado adelante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para determinar el enorme impacto de un desmonte de miles de metros cuadrados, es decir en la más absoluta ilegalidad”, apuntó.
Destacó Carrizo que se trata de un bosque autóctono de muy alto valor de conservación, que debería conservarse a perpetuidad.
La acción de amparo ambiental fue presentada por la comuna en agosto pasado “ante el avance de la urbanización Villa Cañada del Sauce- Grandes Lotes de Montaña (Loteo Villa Cañada de propiedad de Altos de Vélez Sarsfield S.A)”. Este 17 de octubre les concedieron la medida cautelar.

Los fundamentos de la resolución judicial
El Poder Judicial de Río Tercero basó su resolución en actuaciones de la Policía Ambiental.
La dependencia dejó sentado que “desde el punto de vista de la ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos N° 9814 no es viable el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario en el sector, dado que toda el área está categorizada como un mosaico de zonas rojas (Categoría I de conservación) y amarillas (Categoría II de conservación)”.
Según explicó la representante legal del municipio, la Policía Ambiental corroboró que la demandada no cuenta con ninguna autorización para el avance del loteo, ni ha llevado adelante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Ante ello, el Juzgado consideró hacer lugar parcialmente a la Medida Cautelar solicitada, y ordenó la inmediata detención de las acciones de tala, movimiento de suelo, apertura de calles, desmontes, limpieza de terrenos, remoción de cobertura vegetal y patrimonio cultural y/o cualquier otra intervención en la zona hasta que recaiga en autos resolución definitiva.
“Desde la Comuna de Villa Cañada del Sauce celebramos esta medida cautelar que busca proteger nuestro monte nativo, el agua, el clima, la biodiversidad y la calidad de vida de nuestra comunidad de modo preventivo como así también para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Celebramos también el compromiso de la justicia para avanzar con firmeza y celeridad en el cuidado de nuestro territorio, y en la preservación del bosque que queda en la provincia de Córdoba”, destacó Carrizo

Vecinos reclaman y piden respuestas
A todo esto, vecinos que compraron lotes en la zona en litigio y quedaron en medio del conflicto, enviaron una nota de reclamo y advirtieron que podrían iniciar acciones contra las autoridades.
Aseguran que el loteo de Villa Cañada del Sauce nació hace 80 años y de allí surgieron numerosas escrituras que certificaron la venta de lotes. Cuestionan que, por decreto, en el 2020, los terrenos que ellos compraron fueron repentinamente dejados fuera del ejido de servicios, lo que, consideran, vulneró los derechos de quienes compraron inmuebles de buena fe.
Denuncian que, en agosto del 2022, la comuna colaboró con el acondicionamiento de la única calle del loteo, hasta donó arena y agua, mientras que Enrique Alvarez aportó cemento y mallas. Sostienen que la comuna también aportó materiales a quienes empezaron a edificar y formaron una asociación vecinal con la que luego “cortó el diálogo”.
Según estiman, serían más de 1000 las familias afectadas por haber quedado fuera del ejido municipal. Los vecinos damnificados argumentan que sus títulos son perfectos y que algunos hace más de 15 años pagan los impuestos sin poder acceder a sus propiedades.
“Lejos de querer afectar los valores naturales del sitio hemos participado de charlas organizadas por la ONG Monterita del Quillinzo donde se nos brindaron herramientas teóricas y prácticas para reconocer el lugar y cómo conservarlo. Queremos construir y vivir bajo las normas ambientales”, remarcan.
Argumentan que “las disputas personales entre autoridades comunales y el dueño del loteo no deberían afectar ni vulnerar los derechos de las personas que han adquirido lotes de buena fe, cumplen con el pago de impuestos y siguen la legislación vigente”.
“Lo que la Secretaría de Ambiente tenga que arreglar con el dueño del lote corre única y exclusivamente por cuenta de él. No somos cómplices”, proclaman. Y agregan que, según sus asesores, el problema se originó cuando “identificaron como zona roja o categoría 1 a un loteo aprobado y vendido antes de la ley de bosques del 2010″. Se preguntan además si el loteo originalmente era uno solo, por qué ciertas secciones fueron demarcadas con un color y otras con otro.
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