3 ene 2011
Agrotóxicos: De esta fruta no has de comer
11:36 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
Día a Día (03/01/2011)
De esta fruta no has de comer
El 14 por ciento de los vegetales que se consume en Córdoba contiene plaguicidas no permitidos o más cantidad que lo establecido por ley. Por esta causa, el intendente Giacomino ya fue imputado dos veces.
Su presencia pasa casi inadvertida para el paladar, pero no para el organismo. Los restos de plaguicidas en frutas y verduras no tardan mucho tiempo en dejar su huella. Cuando uno come durante mucho tiempo alimentos con grades concentraciones de agroquímicos, es posible que aparezcan enfermedades degenerativas, como cáncer, malformaciones o retardo en el crecimiento.
Por causa de ello es que distintas organizaciones han advertido sobre los riesgos del consumo de alimentos con altos niveles de insecticidas. Y de tanto machacar, consiguieron que por primera vez en muchos años, la Municipalidad de Córdoba controlara por su cuenta el nivel de residuos de plaguicidas en verduras. Los resultados de estos estudios, a los cuales tuvo acceso Día a Día, no son alentadores: el 14 por ciento de las verduras que se consumen en la ciudad tiene insecticidas no permitidos o a niveles que son seriamente tóxicos para la salud.
Los análisis realizados por la comuna, en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), forman parte de la llamada “causa Mercado de Abasto III”, ordenada de oficio por el fiscal Carlos Matheu (ver Las tres…). Desde el 13 de enero al 16 de septiembre de este año, se analizaron 121 frutas y verduras que los productores del cinturón verde de Córdoba comercializaban en el Mercado de Abasto. De ese total, un 14 por ciento (17) estaba en falta. Cabe destacar que el 78 por ciento de las muestras (94) dio resultados libres de plaguicidas, mientras que el 8 por ciento (10) estuvo por debajo de los niveles permitidos, o sea, en regla.
“Los resultados fueron preocupantes –explicó el fiscal Matheu–. Encontramos plaguicidas prohibidos en acelgas y lechugas. Es por eso que imputé a 10 productores por presunto envenenamiento de sustancias alimenticias”.
Las 17 muestras que dieron positivo para el análisis tenían plaguicidas no permitidos para esa fruta o verdura. El caso más alarmante fue hallado el 28 de abril en una muestra de acelga que tenía metamidofos, un insecticida fosforado calificado como uno de los más peligrosos para el organismo, según el Servicio de Toxicología del Hospital Infantil que dirige Ricardo Fernández. El nivel de referencia encontrado fue del 9,6, cuando la tolerancia es de cero para acelga y de 0,5 para pimiento.
El resto de las muestras que dieron positivo tenía cipermetrina, deltametrina (insecticidas de la familia de los piretroides) y endosulfán en niveles de entre 1,5 y 0,6. Los picos de irregularidades se dieron en marzo.
Matheu imputó a 10 productores por supuesto envenenamiento doloso de sustancias alimenticias. El delito contemplado en el artículo 200 de Código Penal prevé una pena de 3 a 10 años de prisión.
En Córdoba hay 250 productores frutihortícolas en el llamado “Cinturón Verde”. La mayoría cosecha verduras de hoja y, en menor medida, frutas, como durazno. Son quienes llevan la mercadería al Mercado de Abasto y de allí se distribuye a casi toda la ciudad de Córdoba y alrededores, incluido Río Primero y San Francisco.
Además de los 10 productores involucrados, el fiscal también imputó al intendente Daniel Giacomino. Y lo hizo dos veces.
¿Giaco al banquillo? Por presunto delito de abuso de autoridad y omisión de funcionario público, Matheu imputó dos veces al intendente. La primera, fue en abril del año pasado, a raíz de una denuncia realizada por el Foro Ambiental Córdoba. En la llamada “Causa Mercado de Abasto I”, el fiscal ordenó de oficio el allanamiento de algunos puestos del Mercado de Abasto y encargó pruebas a la Universidad Nacional de El Litoral.
De las 19 muestras, 11 (más de la mitad) dieron positivo. Se encontró endosulfán en grandes concentraciones y el insecticida clorpirifos.
Giacomino fue imputado por no realizar los controles establecidos por el Senasa, al igual que el titular de Ferias y Mercados, José García, dos autoridades del Senasa Córdoba y tres productores.
La segunda imputación a Giacomino fue en la “causa Mercado de Abasto II”. El fiscal actuó de oficio después de una denuncia del diario La Voz del Interior fechada el 12 de febrero de 2010 que establecía que la Municipalidad seguía sin hacer los controles. El 23 de ese mes, Calidad Alimentaria arrancó con las inspecciones en el Mercado de Abasto.
Las dos causas están hoy en suspenso. El abogado de García Arias Cabral pidió la recusación de Matheu. En la primera causa, el juez de control Espina Gómez le dio lugar a la recusación y pasó el expediente a Liliana Copello. En la segunda, todavía no se expidió. Copello sostuvo las imputaciones y ahora el juez debe decidir si las eleva a juicio o no, y si sentará a Giacomino en el banquillo de los acusados.
Las tres causas
Causa Mercado de Abasto I. Abril de 2009. El fiscal Carlos Matheu imputó al intendente Daniel Giacomino por abuso de autoridad y omisión de sus deberes de funcionario público. La causa quedó en manos de la fiscal Liliana Copello, tras una recusación, y ahora el juez de control Espina Gómez debe decidir si eleva o no la causa a juicio.
Causa Mercado de Abasto II. Febrero de 2010. El fiscal Matheu comprobó que la Municipalidad de Córdoba no hacía los controles de pesticidas en el Mercado de Abasto. Imputó por segunda vez al intendente Giacomino. Abogados de la comuna recusaron al fiscal. El juez debe decidir sobre el particular.
Causa Mercado de Abasto III. Septiembre de 2010. De 121 muestras analizadas, 17 dieron positivo. Los análisis fueron realizados por primera vez por la Municipalidad de Córdoba, además del Senasa. Matheu imputó a otros 10 productores hortícolas.
“El problema está en el registro”
Para el presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba, Juan Perlo, el problema de los residuos de pesticidas en frutas y verduras es “de registro y no de envenenamiento”. “Hay ciertos productos, como el endosulfán, que están permitidos para lechuga y no para acelga. Es lo que se llama desvío de uso. Los laboratorios tienen que pagar un millón de pesos para registrar un artículo, por eso no lo hacen. Un productor no puede tener una mochila de distintos insecticidas. Coloca endosulfán para la lechuga, que está registrada, y también para la acelga, que no está registrada. No es que está envenenado. Sino que los registros no están actualizados”.
– ¿Qué se está haciendo para actualizar los registros?
– Desde la Asociación estamos trabajando en un proyecto para analizar la degradación de los productos. Las pruebas se harían en las quintas, por los productores. Senasa nos lo tiene que aprobar. Un ejemplo de la falta de adecuación de los registros es la rúcula, tan de moda hoy. No hay un solo insecticida aprobado para ese artículo. Y nosotros qué hacemos. ¿No le ponemos nada?
– ¿Cómo llegaron a esta situación, donde un 50 por ciento de las verduras está fuera de regla?
– Fue por desconocimiento. Los laboratorios hicieron las pruebas en la década del ‘80. El Senasa armó la legislación en 1998 y luego la modificó en 2003. Los productores no estábamos al tanto de los cambios. No nos capacitaban.
– ¿El productor que metió metamidofos a la acelga, lo hizo por desconocimiento o por negligencia?
– Ese productor fue sancionado provisoriamente y fue capacitado después. Se le destruyó el lote de la quinta.
– ¿Sigue vendiendo en el mercado?
– Sí, pero con mayor conocimiento. Acá la gente tiene que quedarse tranquila. Si las pruebas dan positivo, en una semana o dos se destruyen esos lotes. Eso quiere decir que los controles se hacen.
– ¿Y qué pasa con toda la gente que en esa semana o dos consumió esa verdura?
– Es el tiempo que demoran las pruebas de laboratorio. Habrá que ajustar los tiempos para que lleguen más rápido. El tema de los pesticidas pasa en todo el país; el problema es que en Córdoba se lo ha judicializado.
“No es tan fácil controlar”
El titular de Calidad Alimentaria de la Municipalidad de Córdoba, José Manuel Casado, aseguró que los controles se venían haciendo, aunque no por la comuna. Y que una nueva aparatología permitirá controlar más y más rápido.
– ¿Por qué la Muni comenzó a controlar recién en febrero?
– Los controles siempre se hicieron. Antes estaban en manos del Senasa. Lo que nos demoró fue el tiempo en que Senasa y la Municipalidad se pusieron de acuerdo en qué tipo de muestras íbamos a tomar nosotros. A partir de febrero, nos comenzamos a hacer cargo de las verduras de hoja. Tomamos 150 muestras en un año, cuando nos exigían 60.
– ¿Por qué no controló antes la comuna, teniendo un cromatógrafo en Ambiente?
– El aparato estaba, pero quedó obsoleto. El grado de avance en los productos para mitigar las plagas hace que las concentraciones que se usen sean menores y las moléculas sean más difíciles de detectar. El equipo tenía 15 años y quedó viejo. La Municipalidad compró un nuevo equipo. Gastó 412 mil pesos. Es probable que en febrero lo recibamos y esté operativo en marzo.
– ¿Qué cambiaría?
– Los controles se harían más rápido y con más flexibilidad. Hoy los análisis llegan en una semana. Cuando tengamos el equipo llegarán antes y podremos analizar otras especies.
– ¿Qué sucede con el productor cuando su muestra da positivo?
– Vamos a la quinta. Y hasta que no demuestra que su próximo lote está libre de plaguicidas, no puede vender. No podemos quitarles su empleo. La gente vive de esto y no es tan fácil controlar. Nosotros apuntamos a capacitarlos.
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De esta fruta no has de comer
El 14 por ciento de los vegetales que se consume en Córdoba contiene plaguicidas no permitidos o más cantidad que lo establecido por ley. Por esta causa, el intendente Giacomino ya fue imputado dos veces.
Su presencia pasa casi inadvertida para el paladar, pero no para el organismo. Los restos de plaguicidas en frutas y verduras no tardan mucho tiempo en dejar su huella. Cuando uno come durante mucho tiempo alimentos con grades concentraciones de agroquímicos, es posible que aparezcan enfermedades degenerativas, como cáncer, malformaciones o retardo en el crecimiento.
Por causa de ello es que distintas organizaciones han advertido sobre los riesgos del consumo de alimentos con altos niveles de insecticidas. Y de tanto machacar, consiguieron que por primera vez en muchos años, la Municipalidad de Córdoba controlara por su cuenta el nivel de residuos de plaguicidas en verduras. Los resultados de estos estudios, a los cuales tuvo acceso Día a Día, no son alentadores: el 14 por ciento de las verduras que se consumen en la ciudad tiene insecticidas no permitidos o a niveles que son seriamente tóxicos para la salud.
Los análisis realizados por la comuna, en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), forman parte de la llamada “causa Mercado de Abasto III”, ordenada de oficio por el fiscal Carlos Matheu (ver Las tres…). Desde el 13 de enero al 16 de septiembre de este año, se analizaron 121 frutas y verduras que los productores del cinturón verde de Córdoba comercializaban en el Mercado de Abasto. De ese total, un 14 por ciento (17) estaba en falta. Cabe destacar que el 78 por ciento de las muestras (94) dio resultados libres de plaguicidas, mientras que el 8 por ciento (10) estuvo por debajo de los niveles permitidos, o sea, en regla.
“Los resultados fueron preocupantes –explicó el fiscal Matheu–. Encontramos plaguicidas prohibidos en acelgas y lechugas. Es por eso que imputé a 10 productores por presunto envenenamiento de sustancias alimenticias”.
Las 17 muestras que dieron positivo para el análisis tenían plaguicidas no permitidos para esa fruta o verdura. El caso más alarmante fue hallado el 28 de abril en una muestra de acelga que tenía metamidofos, un insecticida fosforado calificado como uno de los más peligrosos para el organismo, según el Servicio de Toxicología del Hospital Infantil que dirige Ricardo Fernández. El nivel de referencia encontrado fue del 9,6, cuando la tolerancia es de cero para acelga y de 0,5 para pimiento.
El resto de las muestras que dieron positivo tenía cipermetrina, deltametrina (insecticidas de la familia de los piretroides) y endosulfán en niveles de entre 1,5 y 0,6. Los picos de irregularidades se dieron en marzo.
Matheu imputó a 10 productores por supuesto envenenamiento doloso de sustancias alimenticias. El delito contemplado en el artículo 200 de Código Penal prevé una pena de 3 a 10 años de prisión.
En Córdoba hay 250 productores frutihortícolas en el llamado “Cinturón Verde”. La mayoría cosecha verduras de hoja y, en menor medida, frutas, como durazno. Son quienes llevan la mercadería al Mercado de Abasto y de allí se distribuye a casi toda la ciudad de Córdoba y alrededores, incluido Río Primero y San Francisco.
Además de los 10 productores involucrados, el fiscal también imputó al intendente Daniel Giacomino. Y lo hizo dos veces.
¿Giaco al banquillo? Por presunto delito de abuso de autoridad y omisión de funcionario público, Matheu imputó dos veces al intendente. La primera, fue en abril del año pasado, a raíz de una denuncia realizada por el Foro Ambiental Córdoba. En la llamada “Causa Mercado de Abasto I”, el fiscal ordenó de oficio el allanamiento de algunos puestos del Mercado de Abasto y encargó pruebas a la Universidad Nacional de El Litoral.
De las 19 muestras, 11 (más de la mitad) dieron positivo. Se encontró endosulfán en grandes concentraciones y el insecticida clorpirifos.
Giacomino fue imputado por no realizar los controles establecidos por el Senasa, al igual que el titular de Ferias y Mercados, José García, dos autoridades del Senasa Córdoba y tres productores.
La segunda imputación a Giacomino fue en la “causa Mercado de Abasto II”. El fiscal actuó de oficio después de una denuncia del diario La Voz del Interior fechada el 12 de febrero de 2010 que establecía que la Municipalidad seguía sin hacer los controles. El 23 de ese mes, Calidad Alimentaria arrancó con las inspecciones en el Mercado de Abasto.
Las dos causas están hoy en suspenso. El abogado de García Arias Cabral pidió la recusación de Matheu. En la primera causa, el juez de control Espina Gómez le dio lugar a la recusación y pasó el expediente a Liliana Copello. En la segunda, todavía no se expidió. Copello sostuvo las imputaciones y ahora el juez debe decidir si las eleva a juicio o no, y si sentará a Giacomino en el banquillo de los acusados.
Las tres causas
Causa Mercado de Abasto I. Abril de 2009. El fiscal Carlos Matheu imputó al intendente Daniel Giacomino por abuso de autoridad y omisión de sus deberes de funcionario público. La causa quedó en manos de la fiscal Liliana Copello, tras una recusación, y ahora el juez de control Espina Gómez debe decidir si eleva o no la causa a juicio.
Causa Mercado de Abasto II. Febrero de 2010. El fiscal Matheu comprobó que la Municipalidad de Córdoba no hacía los controles de pesticidas en el Mercado de Abasto. Imputó por segunda vez al intendente Giacomino. Abogados de la comuna recusaron al fiscal. El juez debe decidir sobre el particular.
Causa Mercado de Abasto III. Septiembre de 2010. De 121 muestras analizadas, 17 dieron positivo. Los análisis fueron realizados por primera vez por la Municipalidad de Córdoba, además del Senasa. Matheu imputó a otros 10 productores hortícolas.
“El problema está en el registro”
Para el presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba, Juan Perlo, el problema de los residuos de pesticidas en frutas y verduras es “de registro y no de envenenamiento”. “Hay ciertos productos, como el endosulfán, que están permitidos para lechuga y no para acelga. Es lo que se llama desvío de uso. Los laboratorios tienen que pagar un millón de pesos para registrar un artículo, por eso no lo hacen. Un productor no puede tener una mochila de distintos insecticidas. Coloca endosulfán para la lechuga, que está registrada, y también para la acelga, que no está registrada. No es que está envenenado. Sino que los registros no están actualizados”.
– ¿Qué se está haciendo para actualizar los registros?
– Desde la Asociación estamos trabajando en un proyecto para analizar la degradación de los productos. Las pruebas se harían en las quintas, por los productores. Senasa nos lo tiene que aprobar. Un ejemplo de la falta de adecuación de los registros es la rúcula, tan de moda hoy. No hay un solo insecticida aprobado para ese artículo. Y nosotros qué hacemos. ¿No le ponemos nada?
– ¿Cómo llegaron a esta situación, donde un 50 por ciento de las verduras está fuera de regla?
– Fue por desconocimiento. Los laboratorios hicieron las pruebas en la década del ‘80. El Senasa armó la legislación en 1998 y luego la modificó en 2003. Los productores no estábamos al tanto de los cambios. No nos capacitaban.
– ¿El productor que metió metamidofos a la acelga, lo hizo por desconocimiento o por negligencia?
– Ese productor fue sancionado provisoriamente y fue capacitado después. Se le destruyó el lote de la quinta.
– ¿Sigue vendiendo en el mercado?
– Sí, pero con mayor conocimiento. Acá la gente tiene que quedarse tranquila. Si las pruebas dan positivo, en una semana o dos se destruyen esos lotes. Eso quiere decir que los controles se hacen.
– ¿Y qué pasa con toda la gente que en esa semana o dos consumió esa verdura?
– Es el tiempo que demoran las pruebas de laboratorio. Habrá que ajustar los tiempos para que lleguen más rápido. El tema de los pesticidas pasa en todo el país; el problema es que en Córdoba se lo ha judicializado.
“No es tan fácil controlar”
El titular de Calidad Alimentaria de la Municipalidad de Córdoba, José Manuel Casado, aseguró que los controles se venían haciendo, aunque no por la comuna. Y que una nueva aparatología permitirá controlar más y más rápido.
– ¿Por qué la Muni comenzó a controlar recién en febrero?
– Los controles siempre se hicieron. Antes estaban en manos del Senasa. Lo que nos demoró fue el tiempo en que Senasa y la Municipalidad se pusieron de acuerdo en qué tipo de muestras íbamos a tomar nosotros. A partir de febrero, nos comenzamos a hacer cargo de las verduras de hoja. Tomamos 150 muestras en un año, cuando nos exigían 60.
– ¿Por qué no controló antes la comuna, teniendo un cromatógrafo en Ambiente?
– El aparato estaba, pero quedó obsoleto. El grado de avance en los productos para mitigar las plagas hace que las concentraciones que se usen sean menores y las moléculas sean más difíciles de detectar. El equipo tenía 15 años y quedó viejo. La Municipalidad compró un nuevo equipo. Gastó 412 mil pesos. Es probable que en febrero lo recibamos y esté operativo en marzo.
– ¿Qué cambiaría?
– Los controles se harían más rápido y con más flexibilidad. Hoy los análisis llegan en una semana. Cuando tengamos el equipo llegarán antes y podremos analizar otras especies.
– ¿Qué sucede con el productor cuando su muestra da positivo?
– Vamos a la quinta. Y hasta que no demuestra que su próximo lote está libre de plaguicidas, no puede vender. No podemos quitarles su empleo. La gente vive de esto y no es tan fácil controlar. Nosotros apuntamos a capacitarlos.
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