24 jul 2010
Minería: La vida rinde examen
9:20 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (24/07/2010)
La vida rinde examen
Por Omar Ruiz
Cuando hablamos de legitimación científica y social, hablamos del proceso de generalización del conocimiento tecno-científico sobre cuestiones de alto impacto ambiental.
La ley 9.526 que prohíbe en el territorio cordobés "la actividad minera metalífera a cielo abierto con tecnologías a base de cianuro y toda otra sustancia química contaminante, tóxica y/o peligrosa", fue impulsada por las asambleas de vecinos autoconvocados y otras organizaciones de la sociedad civil, preocupadas en proteger el ambiente y la salud de los cordobeses. La iniciativa fue luego presentada a la Legislatura por el Poder Ejecutivo.
Fue aprobada en un proceso participativo, en el que Gobierno y comunidad mostraron una contundente voluntad de resguardo del bien común.
Recientemente, desde sectores empresariales vinculados con la minería se solicitó al Tribunal Superior de Justicia la declaración de la inconstitucionalidad de esa norma.
Como lo expone en su presentación ante el Tribunal Superior el biólogo Raúl Montenegro, en su calidad de "tercero interesado", la ley 9.526 obedece al mandato constitucional: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales".
La preocupación ambiental que diera origen a la mencionada ley y a otras muchas normas provinciales de igual sentido vigentes en el territorio nacional es compartida y fortalecida en su legitimación científica y social por la resolución B7-0240/2010 del Parlamento Europeo, que estableció -en mayo de este año- la prohibición del uso de tecnologías mineras a base de cianuro.
Cuando hablamos de legitimación científica y social, hablamos del proceso de generalización del conocimiento tecno-científico sobre cuestiones de alto impacto ambiental y de procesos de toma de conciencia social que día a día se extienden a nivel planetario.
Nivel de conciencia que niega que esta coincidencia en decisiones normativas -por parte de estados independientes en la defensa de la vida- suponga una "vulneración de autonomías locales", como tramposamente expresa la medida de rechazo por parte del Mercosur a la resolución del Parlamento Europeo.
Aportes. Rescatamos algunos considerandos de la resolución de la UE B7-0240/2010: "Considerando que el cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y que, en el Anexo VIII de la directiva marco sobre política de aguas está clasificado como uno de los principales contaminantes y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y en el medio ambiente y, por ende, en la diversidad biológica (...) considerando que el uso de cianuro en minería crea poco empleo y sólo por un período de entre 8 y 16 años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes", señala.
La resolución puntualiza que es necesario extraer una tonelada de material para producir dos gramos de oro, lo que genera una enorme cantidad de residuos mineros en las zonas de extracción, mientras que entre 25 y 50 por ciento del oro se queda finalmente en la pila de residuos. Señala, además, que los proyectos mineros de gran escala que emplean cianuro utilizan varios millones de kilogramos de cianuro de sodio al año, y que un fallo en su transporte y almacenamiento puede tener consecuencias catastróficas.
Recuerda también las enérgicas protestas públicas contra los proyectos mineros en curso en Europa (...).
Y en lo resolutivo, marcamos el párrafo central: "Pedir a la Comisión que proponga la prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de fines de 2011".
Las Naciones Unidas han declarado 2010 como el "Año Internacional de la Biodiversidad", y han invitado a todo el mundo a participar en la salvaguardia de la diversidad de la vida en la Tierra.
Argentina, como miembro de las Naciones Unidas y adherente al Convenio sobre la Diversidad Biológica y a la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, debería -desde todos los niveles de Gobierno- comprometerse activamente en el logro de esos fines.
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La vida rinde examen
Por Omar Ruiz
Cuando hablamos de legitimación científica y social, hablamos del proceso de generalización del conocimiento tecno-científico sobre cuestiones de alto impacto ambiental.
La ley 9.526 que prohíbe en el territorio cordobés "la actividad minera metalífera a cielo abierto con tecnologías a base de cianuro y toda otra sustancia química contaminante, tóxica y/o peligrosa", fue impulsada por las asambleas de vecinos autoconvocados y otras organizaciones de la sociedad civil, preocupadas en proteger el ambiente y la salud de los cordobeses. La iniciativa fue luego presentada a la Legislatura por el Poder Ejecutivo.
Fue aprobada en un proceso participativo, en el que Gobierno y comunidad mostraron una contundente voluntad de resguardo del bien común.
Recientemente, desde sectores empresariales vinculados con la minería se solicitó al Tribunal Superior de Justicia la declaración de la inconstitucionalidad de esa norma.
Como lo expone en su presentación ante el Tribunal Superior el biólogo Raúl Montenegro, en su calidad de "tercero interesado", la ley 9.526 obedece al mandato constitucional: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales".
La preocupación ambiental que diera origen a la mencionada ley y a otras muchas normas provinciales de igual sentido vigentes en el territorio nacional es compartida y fortalecida en su legitimación científica y social por la resolución B7-0240/2010 del Parlamento Europeo, que estableció -en mayo de este año- la prohibición del uso de tecnologías mineras a base de cianuro.
Cuando hablamos de legitimación científica y social, hablamos del proceso de generalización del conocimiento tecno-científico sobre cuestiones de alto impacto ambiental y de procesos de toma de conciencia social que día a día se extienden a nivel planetario.
Nivel de conciencia que niega que esta coincidencia en decisiones normativas -por parte de estados independientes en la defensa de la vida- suponga una "vulneración de autonomías locales", como tramposamente expresa la medida de rechazo por parte del Mercosur a la resolución del Parlamento Europeo.
Aportes. Rescatamos algunos considerandos de la resolución de la UE B7-0240/2010: "Considerando que el cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y que, en el Anexo VIII de la directiva marco sobre política de aguas está clasificado como uno de los principales contaminantes y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y en el medio ambiente y, por ende, en la diversidad biológica (...) considerando que el uso de cianuro en minería crea poco empleo y sólo por un período de entre 8 y 16 años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes", señala.
La resolución puntualiza que es necesario extraer una tonelada de material para producir dos gramos de oro, lo que genera una enorme cantidad de residuos mineros en las zonas de extracción, mientras que entre 25 y 50 por ciento del oro se queda finalmente en la pila de residuos. Señala, además, que los proyectos mineros de gran escala que emplean cianuro utilizan varios millones de kilogramos de cianuro de sodio al año, y que un fallo en su transporte y almacenamiento puede tener consecuencias catastróficas.
Recuerda también las enérgicas protestas públicas contra los proyectos mineros en curso en Europa (...).
Y en lo resolutivo, marcamos el párrafo central: "Pedir a la Comisión que proponga la prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de fines de 2011".
Las Naciones Unidas han declarado 2010 como el "Año Internacional de la Biodiversidad", y han invitado a todo el mundo a participar en la salvaguardia de la diversidad de la vida en la Tierra.
Argentina, como miembro de las Naciones Unidas y adherente al Convenio sobre la Diversidad Biológica y a la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, debería -desde todos los niveles de Gobierno- comprometerse activamente en el logro de esos fines.
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