18 jul 2010
Inspectores de la Ley de Agroquímicos ignorados
El Puntal de Río Cuarto (18/07/2010)
Inspectores de la Ley de Agroquímicos dicen que la Provincia nunca les pagó
Son 10 ingenieros agrónomos contratados para aplicar el Plan de Fiscalización de la ley 9164. Aseguran que trabajaron durante 6 meses, pagando viáticos de sus bolsillos, y que ahora el Gobierno desconoce su tarea
Un grupo de ingenieros agrónomos denunciaron que fueron contratados por el Ministerio de Agricultura de la Provincia para desempeñarse como inspectores en el Plan de Fiscalización de la Ley de Agroquímicos y tras seis meses de trabajo ahora se les desconoce su labor y les niegan los pagos.
Gastón Giacomelli y Cristian Bogino son los voceros del grupo de 10 ingenieros agrónomos que en abril del año pasado comenzaron a formar parte de un equipo de trabajo organizado por el Ministerio para trabajar en la adecuada aplicación de la mencionada ley en todo el territorio cordobés, tarea que aseguran haber cumplido, pero que la Provincia desconoce.
Los profesionales dicen sentirse “estafados” por dicha repartición provincial, a la cual le vienen solicitando que les reconozca viáticos así como también el cumplimiento del contrato pactado en mayo del año pasado.
Señalan como responsable de esta situación y de la caída del plan de Fsicalización al ministro Carlos Gutiérrez.
“Muchos de nosotros cuando fuimos elegidos para integrar el equipo de trabajo dejamos otras tareas que hacíamos y hasta rechazamos ofertas de trabajo. Nos afectamos a este plan por entender de su importancia para la regulación en un tema como son los agroquímicos. Ahora nos encontramos con que el plan se cayó y que nadie reconoce nuestro trabajo”, puntualizó Giacomelli.
Mientras estos profesionales aseguran haber desempeñado la tarea de inspectores por seis meses -desde agosto de 2009 a febrero de 2010- desde la Provincia se dice que el plan quedó abortado a los 15 días de presentado por falta de fondos. (Ver aparte).
Acompañan sus dichos con un escrito en el cual exponen cómo se sucedieron los hechos hasta la actualidad, y mencionan una presentación que Giacomelli interpuso ante la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto a principios del corriente mes.
“Se nos contrató para realizar el trabajo de inspectores de la Ley Provincial 9164 y, habiendo confeccionado más del 70% de las actas con el fin de que los constatados adecuen su situación a lo establecido y se inscProxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 ban en el registro correspondiente, es decir, como asesores fitosanitarios, como expendedores, como aplicadores terrestres o aéreos, o acopiadores de bidones”.
Para ello realizaron distintos cursos dictados por la Provincia a partir de abril del año pasado, y en agosto comenzaron con los trabajos de fiscalización en todo el territorio cordobés.
Sostienen los agrónomos que sin previo aviso, y a pesar de todas las actas que confirman el trabajo ejecutado en febrero último, les avisan sobre la suspensión del plan, sin mayores explicaciones que las dadas por el ingeniero Darío Fuentes, de la agencia zonal Río Cuarto de la Secretaría, quien les habría dicho que el gobernador no había avalado el proyecto.
“Nos ignoran”
“Lamentablemente, después de trabajar seis meses (febrero 2010), en algunos casos algo menos por no haber contado con los recursos para continuar, y esperando para que devuelvan los contratos firmados y abonen los honorarios y los gastos de movilidad a los inspectores, supuestamente por los tiempos de la burocracia provincial, se nos informó extraoficialmente que el Ministerio de Agricultura lo suspendió”.
Tras conocer esta situación los 10 ingenieros que aseguran haber sido damnificados ingresaron un expediente administrativo reclamando por sus pagos, recibiendo como respuesta una planilla con una contrapropuesta que reduce los honorarios del conjunto al 40%.
“Pero antes de presentar el expediente fueron casi tres meses de llamar a diario a Agricultura pidiendo una respuesta, o pedido de pago, y nunca nadie nos contestó”, señaló Bogino, quien además dijo que en su caso particular hasta envió tiempo antes facturas por gastos de combustibles utizado en viajes que ahora le desconocen. “Nos sentimos desvalorizados y ninguneados por toda esta situación”, sostuvo Giacomelli.
Por tal razón, este ingeniero hizo una presentación ante la Defensoría del Pueblo y sólo se acusa recibo de una nota de pedido de informes y facturas por el monto reducido. “A la fecha nos encontramos evaluando los caminos a seguir para recuperar los honorarios.
Los reclamantes cuestionan y apuntan directamente al ministro Carlos Gutiérrez como responsable de responder por esta situación, a la vez que señalan que esta experiencia les resultó denigratoria, donde quedó expuesta la “falta de capacidad para aplicar políticas de Estado” por parte de los funcionarios.
A pesar de la mala experiencia vivida, tanto Giacomelli como Bogino destacaron la importancia de la Ley de Agroquímicos así como la necesidad de que se siga aplicando el Plan de Fiscalización, entendiendo que evitará los conflictos a la hora del uso de los productos químicos, además de proteger la salud humana y los recursos naturales.
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“Estos ingenieros sólo trabajaron 15 días”
El ministro Gutiérrez dijo que el plan quedó sin efecto por la crisis financiera de 2009 de la Provincia. Por su parte, la subsecretaria de Fiscalización, Samantha David, desestimó el reclamo
Ante el reclamo del grupo de ingenieros, el ministro de Agricultura, Carlos Gutiérrez, admitió que el Plan de Fiscalización fue interrumpido a poco de iniciar como consecuencia de la grave crisis económica que sufría la Provincia a mediados de 2009, y que en el caso de los reclamantes el período de trabajo no superó los 15 días.
Según el funcionario, estos profesionales fueron seleccionados para ejecutar una tarea que luego quedó trunca ante otras urgencias económicas que tenía la Provincia y que obligaron a desistir de algunos proyectos.
“Este fue el único motivo por el cual el plan se clausuró; no se llegó al nombramiento de estos profesionales que se iban a encargar de las tareas de fiscalización, por lo que las acciones no se concretaron”, señaló el funcionario cordobés.
Por su parte, Samantha David, subsecretaria de Fiscalización y Control del Ministerio, ratificó los dichos del titular de la cartera, pero además desmintió a los ingenieros reclamantes diciendo que “no trabajaron seis meses sino sólo 15 días, puesto que apenas se tomó conocimiento de que la Provincia no disponía de recursos para este plan se lo dejó sin efecto”.
La funcionaria reconoció que el año pasado se capacitó a estos ingenieros que se iban a encargar del relevamiento de todos aquellos sectores relacionados al manejo de productos agroquímicos. “Llegado el momento de iniciar la tarea, en agosto del 2009 ingresó el trámite administrativo para los contratos, lo que finalmente no se concreta justamente por la crisis financiera de la provincia. Ahi tuvimos que hacer un stop en la tarea, lo que les fue comunicado a los inspectores inmediatamente y no en febrero como ellos sostienen”, recalcó David.
Ante la consulta entonces de por qué los profesionales aseguran tener las actas realizadas -más de 300 en total- que corroboran la labor desempeñada, sostiene que “nada de eso es cierto, si llegaron a hacer unas 12 o 13 actas es mucho”.
Menos dinero
“Lo que yo les he explicado es que nunca les podremos pagar por un tiempo en el que no trabajaron. Ellos sólo estuvieron en el plan durante 15 días y no seis meses. Nadie les niega el pago, pero la realidad es que lo que se les adeuda es mucho menos de lo que reclaman”, insistió la funcionaria.
En los últimos días, desde el área de Fiscalización se envió una nota al Colegio de Ingenieros donde se les pide a los reclamantes que presenten las facturas correspondientes a las prestaciones efectuadas, así como también un informe escrito y firmado de las tareas que realizaron en el período correspondiente a lo que cada uno reclama.
“Hay gente que trabajó más tiempo, pero la mayoría de estos reclamantes sólo lo hicieron 15 días”. David reiteró que personalmente asumió el compromiso de llevar adelante el plan, el cual, dijo, sigue estando, pero se ejecuta con personal propio del área de Agricultura.
Finalmente, dijo estar sorprendida y molesta por la actitud de los profesionales, e insistió diciendo que “no trabajaron ni cerca de los seis meses”.
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Inspectores de la Ley de Agroquímicos dicen que la Provincia nunca les pagó
Son 10 ingenieros agrónomos contratados para aplicar el Plan de Fiscalización de la ley 9164. Aseguran que trabajaron durante 6 meses, pagando viáticos de sus bolsillos, y que ahora el Gobierno desconoce su tarea
Un grupo de ingenieros agrónomos denunciaron que fueron contratados por el Ministerio de Agricultura de la Provincia para desempeñarse como inspectores en el Plan de Fiscalización de la Ley de Agroquímicos y tras seis meses de trabajo ahora se les desconoce su labor y les niegan los pagos.
Gastón Giacomelli y Cristian Bogino son los voceros del grupo de 10 ingenieros agrónomos que en abril del año pasado comenzaron a formar parte de un equipo de trabajo organizado por el Ministerio para trabajar en la adecuada aplicación de la mencionada ley en todo el territorio cordobés, tarea que aseguran haber cumplido, pero que la Provincia desconoce.
Los profesionales dicen sentirse “estafados” por dicha repartición provincial, a la cual le vienen solicitando que les reconozca viáticos así como también el cumplimiento del contrato pactado en mayo del año pasado.
Señalan como responsable de esta situación y de la caída del plan de Fsicalización al ministro Carlos Gutiérrez.
“Muchos de nosotros cuando fuimos elegidos para integrar el equipo de trabajo dejamos otras tareas que hacíamos y hasta rechazamos ofertas de trabajo. Nos afectamos a este plan por entender de su importancia para la regulación en un tema como son los agroquímicos. Ahora nos encontramos con que el plan se cayó y que nadie reconoce nuestro trabajo”, puntualizó Giacomelli.
Mientras estos profesionales aseguran haber desempeñado la tarea de inspectores por seis meses -desde agosto de 2009 a febrero de 2010- desde la Provincia se dice que el plan quedó abortado a los 15 días de presentado por falta de fondos. (Ver aparte).
Acompañan sus dichos con un escrito en el cual exponen cómo se sucedieron los hechos hasta la actualidad, y mencionan una presentación que Giacomelli interpuso ante la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto a principios del corriente mes.
“Se nos contrató para realizar el trabajo de inspectores de la Ley Provincial 9164 y, habiendo confeccionado más del 70% de las actas con el fin de que los constatados adecuen su situación a lo establecido y se inscProxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 ban en el registro correspondiente, es decir, como asesores fitosanitarios, como expendedores, como aplicadores terrestres o aéreos, o acopiadores de bidones”.
Para ello realizaron distintos cursos dictados por la Provincia a partir de abril del año pasado, y en agosto comenzaron con los trabajos de fiscalización en todo el territorio cordobés.
Sostienen los agrónomos que sin previo aviso, y a pesar de todas las actas que confirman el trabajo ejecutado en febrero último, les avisan sobre la suspensión del plan, sin mayores explicaciones que las dadas por el ingeniero Darío Fuentes, de la agencia zonal Río Cuarto de la Secretaría, quien les habría dicho que el gobernador no había avalado el proyecto.
“Nos ignoran”
“Lamentablemente, después de trabajar seis meses (febrero 2010), en algunos casos algo menos por no haber contado con los recursos para continuar, y esperando para que devuelvan los contratos firmados y abonen los honorarios y los gastos de movilidad a los inspectores, supuestamente por los tiempos de la burocracia provincial, se nos informó extraoficialmente que el Ministerio de Agricultura lo suspendió”.
Tras conocer esta situación los 10 ingenieros que aseguran haber sido damnificados ingresaron un expediente administrativo reclamando por sus pagos, recibiendo como respuesta una planilla con una contrapropuesta que reduce los honorarios del conjunto al 40%.
“Pero antes de presentar el expediente fueron casi tres meses de llamar a diario a Agricultura pidiendo una respuesta, o pedido de pago, y nunca nadie nos contestó”, señaló Bogino, quien además dijo que en su caso particular hasta envió tiempo antes facturas por gastos de combustibles utizado en viajes que ahora le desconocen. “Nos sentimos desvalorizados y ninguneados por toda esta situación”, sostuvo Giacomelli.
Por tal razón, este ingeniero hizo una presentación ante la Defensoría del Pueblo y sólo se acusa recibo de una nota de pedido de informes y facturas por el monto reducido. “A la fecha nos encontramos evaluando los caminos a seguir para recuperar los honorarios.
Los reclamantes cuestionan y apuntan directamente al ministro Carlos Gutiérrez como responsable de responder por esta situación, a la vez que señalan que esta experiencia les resultó denigratoria, donde quedó expuesta la “falta de capacidad para aplicar políticas de Estado” por parte de los funcionarios.
A pesar de la mala experiencia vivida, tanto Giacomelli como Bogino destacaron la importancia de la Ley de Agroquímicos así como la necesidad de que se siga aplicando el Plan de Fiscalización, entendiendo que evitará los conflictos a la hora del uso de los productos químicos, además de proteger la salud humana y los recursos naturales.
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“Estos ingenieros sólo trabajaron 15 días”
El ministro Gutiérrez dijo que el plan quedó sin efecto por la crisis financiera de 2009 de la Provincia. Por su parte, la subsecretaria de Fiscalización, Samantha David, desestimó el reclamo
Ante el reclamo del grupo de ingenieros, el ministro de Agricultura, Carlos Gutiérrez, admitió que el Plan de Fiscalización fue interrumpido a poco de iniciar como consecuencia de la grave crisis económica que sufría la Provincia a mediados de 2009, y que en el caso de los reclamantes el período de trabajo no superó los 15 días.
Según el funcionario, estos profesionales fueron seleccionados para ejecutar una tarea que luego quedó trunca ante otras urgencias económicas que tenía la Provincia y que obligaron a desistir de algunos proyectos.
“Este fue el único motivo por el cual el plan se clausuró; no se llegó al nombramiento de estos profesionales que se iban a encargar de las tareas de fiscalización, por lo que las acciones no se concretaron”, señaló el funcionario cordobés.
Por su parte, Samantha David, subsecretaria de Fiscalización y Control del Ministerio, ratificó los dichos del titular de la cartera, pero además desmintió a los ingenieros reclamantes diciendo que “no trabajaron seis meses sino sólo 15 días, puesto que apenas se tomó conocimiento de que la Provincia no disponía de recursos para este plan se lo dejó sin efecto”.
La funcionaria reconoció que el año pasado se capacitó a estos ingenieros que se iban a encargar del relevamiento de todos aquellos sectores relacionados al manejo de productos agroquímicos. “Llegado el momento de iniciar la tarea, en agosto del 2009 ingresó el trámite administrativo para los contratos, lo que finalmente no se concreta justamente por la crisis financiera de la provincia. Ahi tuvimos que hacer un stop en la tarea, lo que les fue comunicado a los inspectores inmediatamente y no en febrero como ellos sostienen”, recalcó David.
Ante la consulta entonces de por qué los profesionales aseguran tener las actas realizadas -más de 300 en total- que corroboran la labor desempeñada, sostiene que “nada de eso es cierto, si llegaron a hacer unas 12 o 13 actas es mucho”.
Menos dinero
“Lo que yo les he explicado es que nunca les podremos pagar por un tiempo en el que no trabajaron. Ellos sólo estuvieron en el plan durante 15 días y no seis meses. Nadie les niega el pago, pero la realidad es que lo que se les adeuda es mucho menos de lo que reclaman”, insistió la funcionaria.
En los últimos días, desde el área de Fiscalización se envió una nota al Colegio de Ingenieros donde se les pide a los reclamantes que presenten las facturas correspondientes a las prestaciones efectuadas, así como también un informe escrito y firmado de las tareas que realizaron en el período correspondiente a lo que cada uno reclama.
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