10 abr 2010

Causa ex aceitera: nombran a un fiscal

El Puntal de Río Cuarto (10/04/2010)
Causa ex aceitera: después de 40 días, nombran a un fiscal

El Municipio presentó ayer un reclamo formal porque pasaron 37 días sin que nadie investigara la denuncia contra Passarini. Pocas horas después, la Fiscalía General designó a un funcionario local
Después de 40 días de espera, la Fiscalía General designó finalmente ayer a un funcionario judicial para que comience a investigarse la denuncia que el gobierno municipal presentó en contra de Leonardo Passarini, propietario de la ex oleaginosa Río Cuarto, por la supuesta presencia de residuos peligrosos en el ex complejo fabril.
Por la tarde, un funcionario de la Fiscalía General que conduce Darío Vezzaro se comunicó telefónicamente con Jorge González Schiavi, asesor letrado del intendente Juan Jure, para avisarle que la causa ya había sido asignada y que el lunes recibirá la notificación oficial. Si bien todavía no trascendió el nombre del nuevo fiscal, en el gobierno hay tranquilidad porque desde Córdoba garantizaron que la denuncia no será derivada ni a La Carlota ni a Huinca Renancó, como se analizó en algún momento, sino que quedará en Río Cuarto.
El gobierno había entrado en una pelea con la Justicia riocuartense porque desde el 2 de marzo, cuando el Juzgado Federal le remitió la causa a los tribunales ordinarios, ningún fiscal se había hecho cargo de investigar si Passarini debe ser condenado penalmente por la presencia de residuos peligrosos en la ex oleaginosa. Según la denuncia del intendente Jure, en la antigua aceitera Río Cuarto se detectó la presencia de amianto, un mineral altamente cancerígeno. A partir de esa comprobación que el Municipio hizo a través de estudios propios, fue a la Justicia para que Passarini sea investigado en el marco de la ley 24.051 de residuos peligrosos.
Sin embargo, el Estado local se encontró con la insólita traba de que ningún fiscal aceptara la causa. Ayer, unas horas antes de que la Fiscalía General anunciara que ya había alguien asignado para determinar la contaminación en la aceitera y la responsabilidad del propietario, el asesor letrado del intendente había presentado un pronto despacho, un paso previo a denunciar formalmente la privación de justicia. Es decir, el Municipio estaba decidido a denunciar penalmente a los funcionarios judiciales riocuartenses por no aceptar una investigación delicada porque, según González Schiavi, está en riesgo la salud de la población del sur de la ciudad.
“Si bien el artículo 319 del Código Procesal Penal dispone que ‘el fiscal que reciba la denuncia actuará de inmediato’, han transcurrido 37 días desde que la denuncia fuera remitida a la jurisdicción provincial por el juez federal, quien se declaró incompetente para intervenir en el mismo. De tal suerte, se encuentran vencidos en exceso todos los términos procesales, sin que se vislumbre una mínima conjetura tendiente a dar respuesta a un hecho de gravedad institucional que afecta la salud de toda la población de la ciudad de Río Cuarto”, se lee en la presentación que ayer hizo el abogado del intendente.
González Schiavi planteó incluso que se podría estar en un supuesto de denegación de justicia “al negarse a emitir un pronunciamiento judicial”.
“Quiero destacar, por otra parte, que no se trata en el caso de revisar el acierto o error de una decisión judicial que, eventualmente, debe ser atacada por las vías procesales pertinentes sino de garantizar que exista una cuando deba haberla, y no que la decisión judicial se aplace en forma irrazonable”, planteó González Schiavi.
Sin embargo, poco después del reclamo formal de pronto despacho, apareció el fiscal que investigará si a Passarini le corresponde pena de prisión.

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