13 abr 2010
Contaminante y sin frenos: la basura electrónica
8:24 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
Comercio y Justicia (13/04/2010)
Una bola de nieve contaminante y sin frenos: la basura electrónica
En 2009 Argentina produjo 100.000 toneladas de desechos tecnológicos. En Córdoba, cada habitante genera medio kilo por año. Iniciativas sectoriales y ausencia de un marco regulatorio conviven con una problemática en constante crecimiento
Los teléfonos móviles, las computadoras de escritorio, televisores, pilas y baterías constituyen la porción de residuos sólidos urbanos que crece con mayor rapidez.“El riesgo de esta basura radica en sus componentes tóxicos. Además, enterrarlos o incinerarlos representa un despilfarro de materiales como oro, plata, cobre y plásticos que pueden ser recuperados y reintroducidos en el circuito productivo”, señala Yanina Rullo, integrante de la Campaña de Basura Electrónica de Greenpeace.
Según la organización ambientalista, unos diez millones de celulares serán descartados este año y se estima que al menos 30% de estos aparatos serán depositados junto con los residuos domiciliarios en rellenos sanitarios o basurales.
El incremento en el consumo, la escasa vida útil de los productos -estimada en menos de tres años- y las altas cifras de descarte conviven con un reducido circuito de reciclado. Hoy se recicla menos de 6% del total de los residuos provenientes del sector tecnológico.
Horizonte lejano
La problemática es mundialmente alarmante. Este año se generarán 40 millones de toneladas de basura electrónica en todo el mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Por su parte, la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca) estimó que el año pasado en el país se produjeron 100.000 toneladas de desechos electrónicos. Pero más grave que esa suma es que hasta el momento no existe una normativa específica respecto del tratamiento de la basura electrónica. Muchos de los residuos que en los países desarrollados son considerados y tratados como altamente contaminantes y peligrosos para el medio ambiente, en Argentina son, simple y llanamente, residuos domiciliarios. Si bien la Ley de residuos peligrosos 24051 contempla, en parte, la basura electrónica como desechos contaminantes y peligrosos para el medio ambiente, no existe un sistema reglamentado y específico para su tratamiento.
En ese sentido, Greenpeace insiste en la necesidad de una norma que promueva la creación de una infraestructura especial de reciclaje y recuperación de materiales; que establezca la responsabilidad legal y financiera del productor; que prohíba la presencia de sustancias peligrosas en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos y que asegure una mayor durabilidad de los productos.
En Córdoba
Según cálculos del Laboratorio de Investigación Aplicada y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Liade), de la Universidad Nacional de Córdoba, la generación anual de residuos electrónicos informáticos es de medio kilogramo por habitante.
Bajo este panorama, la legisladora María Amelia Chiófalo (Unión por Córdoba) presentó un proyecto de ley que establece procedimientos dirigidos a tratar este tipo de desechos.
La ley categoriza como generadores a quienes produzcan este tipo de residuos y, a su vez, se los divide en “individuales” y “especiales”. Los “individuales” son los generadores ocasionales, como los usuarios de estos equipos. Los “especiales” son los que producen en gran cantidad. Éstos deberán inscribirse en un registro y disponer de centros de acopio para receptar los desechos y clasificarlos.
La norma también crea un registro para transportistas de este tipo de residuos; y un lugar para su tratamiento y disposición final. Cada persona que quiera deshacerse de aparatos en desuso sólo deberá dirigirse a un centro de acopio. Estos funcionarán, por ejemplo, en los locales de venta de electrodomésticos.
En cuanto a la reutilización y reciclado, la norma sugiere que una vez llegados los equipos a la planta de tratamiento sean procesados para ser reutilizados, reciclados, valorizados o eliminados. La reutilización implica la prolongación de la vida útil de los aparatos o de alguno de sus componentes. El reciclado apunta a la extracción y transformación de los materiales y componentes de los desechos para su uso como insumos productivos. La valorización apunta al aprovechamiento de los residuos, como por ejemplo en la generación de energía. Finalmente, la eliminación deberá realizarse después de extraer los componentes más peligrosos.
Mientras tanto
A falta de marco regulatorio, las empresas generadoras de estos equipos informáticos deciden unilateralmente cómo operar con estos desechos, en función del nivel de conciencia de cada una y de la disponibilidad de recursos. “Algunas los despositan en espacios destinados para guardar archivos o documentos, otras los conservan en depósitos, y desde luego, muchas los tiran como basura domiciliaria”, explica a Comercio y Justicia Claudio Conci, titular de PC Max e integrante de la Cámara de Informática del Interior (CIDI).
Otra opción es el envío de los materiales que no se utilizan a plantas de reciclado que existen en el país, puntualmente dos en Gran Buenos Aires y una en Rosario. “El costo es muy alto, hay que pensar en $250 por tonelada de despercidio, a lo que hay que sumar otro monto similar por su traslado”, precisa Conci.
Aunque a pequeña escala, universidades y fundaciones hacen su aporte, reciben equipamientos viejos y los ponen a punto para luego donarlos a instituciones.
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Una bola de nieve contaminante y sin frenos: la basura electrónica
En 2009 Argentina produjo 100.000 toneladas de desechos tecnológicos. En Córdoba, cada habitante genera medio kilo por año. Iniciativas sectoriales y ausencia de un marco regulatorio conviven con una problemática en constante crecimiento
Los teléfonos móviles, las computadoras de escritorio, televisores, pilas y baterías constituyen la porción de residuos sólidos urbanos que crece con mayor rapidez.“El riesgo de esta basura radica en sus componentes tóxicos. Además, enterrarlos o incinerarlos representa un despilfarro de materiales como oro, plata, cobre y plásticos que pueden ser recuperados y reintroducidos en el circuito productivo”, señala Yanina Rullo, integrante de la Campaña de Basura Electrónica de Greenpeace.
Según la organización ambientalista, unos diez millones de celulares serán descartados este año y se estima que al menos 30% de estos aparatos serán depositados junto con los residuos domiciliarios en rellenos sanitarios o basurales.
El incremento en el consumo, la escasa vida útil de los productos -estimada en menos de tres años- y las altas cifras de descarte conviven con un reducido circuito de reciclado. Hoy se recicla menos de 6% del total de los residuos provenientes del sector tecnológico.
Horizonte lejano
La problemática es mundialmente alarmante. Este año se generarán 40 millones de toneladas de basura electrónica en todo el mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Por su parte, la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca) estimó que el año pasado en el país se produjeron 100.000 toneladas de desechos electrónicos. Pero más grave que esa suma es que hasta el momento no existe una normativa específica respecto del tratamiento de la basura electrónica. Muchos de los residuos que en los países desarrollados son considerados y tratados como altamente contaminantes y peligrosos para el medio ambiente, en Argentina son, simple y llanamente, residuos domiciliarios. Si bien la Ley de residuos peligrosos 24051 contempla, en parte, la basura electrónica como desechos contaminantes y peligrosos para el medio ambiente, no existe un sistema reglamentado y específico para su tratamiento.
En ese sentido, Greenpeace insiste en la necesidad de una norma que promueva la creación de una infraestructura especial de reciclaje y recuperación de materiales; que establezca la responsabilidad legal y financiera del productor; que prohíba la presencia de sustancias peligrosas en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos y que asegure una mayor durabilidad de los productos.
En Córdoba
Según cálculos del Laboratorio de Investigación Aplicada y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Liade), de la Universidad Nacional de Córdoba, la generación anual de residuos electrónicos informáticos es de medio kilogramo por habitante.
Bajo este panorama, la legisladora María Amelia Chiófalo (Unión por Córdoba) presentó un proyecto de ley que establece procedimientos dirigidos a tratar este tipo de desechos.
La ley categoriza como generadores a quienes produzcan este tipo de residuos y, a su vez, se los divide en “individuales” y “especiales”. Los “individuales” son los generadores ocasionales, como los usuarios de estos equipos. Los “especiales” son los que producen en gran cantidad. Éstos deberán inscribirse en un registro y disponer de centros de acopio para receptar los desechos y clasificarlos.
La norma también crea un registro para transportistas de este tipo de residuos; y un lugar para su tratamiento y disposición final. Cada persona que quiera deshacerse de aparatos en desuso sólo deberá dirigirse a un centro de acopio. Estos funcionarán, por ejemplo, en los locales de venta de electrodomésticos.
En cuanto a la reutilización y reciclado, la norma sugiere que una vez llegados los equipos a la planta de tratamiento sean procesados para ser reutilizados, reciclados, valorizados o eliminados. La reutilización implica la prolongación de la vida útil de los aparatos o de alguno de sus componentes. El reciclado apunta a la extracción y transformación de los materiales y componentes de los desechos para su uso como insumos productivos. La valorización apunta al aprovechamiento de los residuos, como por ejemplo en la generación de energía. Finalmente, la eliminación deberá realizarse después de extraer los componentes más peligrosos.
Mientras tanto
A falta de marco regulatorio, las empresas generadoras de estos equipos informáticos deciden unilateralmente cómo operar con estos desechos, en función del nivel de conciencia de cada una y de la disponibilidad de recursos. “Algunas los despositan en espacios destinados para guardar archivos o documentos, otras los conservan en depósitos, y desde luego, muchas los tiran como basura domiciliaria”, explica a Comercio y Justicia Claudio Conci, titular de PC Max e integrante de la Cámara de Informática del Interior (CIDI).
Otra opción es el envío de los materiales que no se utilizan a plantas de reciclado que existen en el país, puntualmente dos en Gran Buenos Aires y una en Rosario. “El costo es muy alto, hay que pensar en $250 por tonelada de despercidio, a lo que hay que sumar otro monto similar por su traslado”, precisa Conci.
Aunque a pequeña escala, universidades y fundaciones hacen su aporte, reciben equipamientos viejos y los ponen a punto para luego donarlos a instituciones.
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