21 dic 2019
El fallo por Cormecor será el 30 de diciembre
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (21/12/2019)
El último día hábil del año saldrá el fallo por Cormecor
Lunes 30 de diciembre es la fecha en que la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación fijó para leer el fallo que resolverá si el predio en cercanías de Villa Parque Santa Ana es apto para la instalación del complejo ambiental que propuso la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor) para el tratamiento de residuos sólidos urbanos de Córdoba capital y de una veintena de municipios del área metropolitana.
Se trata de un paso clave para el futuro de la basura que producen los cordobeses. Piedra Blanca recibe más de 2.100 toneladas diarias de basura y su vida útil tiene pronta fecha de vencimiento.
Este enterramiento fue abierto de manera provisoria en abril de 2010 por un año y, luego de varias extensiones, aumentó su capacidad de tratamiento hasta mediados de 2021.
La sentencia del tribunal integrado por los jueces Leonardo Massimino y María Marta Angeloz –está ultima integra la Cámara en comisión– no será la definitiva, aunque supone un avance.
Sea cual fuere la decisión de la Justicia sobre la medida cautelar –si prohibir la instalación del complejo, habilitarlo o buscar una solución intermedia exhortativa–, las partes aún pueden recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) como última instancia.
En caso de que haya una apelación, se podría mantener la suspensión de utilizar el predio ubicado a 18 kilómetros al sur de la Capital entre la autovía a Alta Gracia y la autovía a Río Cuarto. Cualquier instancia judicial siguiente se activará recién en febrero, después de la feria judicial.
Vale recordar que este tribunal fue el que resolvió la situación de los vecinos de Villa El Libertador por el hundimiento de sus viviendas producto de la acción de la napas freáticas. En 2018, luego de varias audiencias, la Justicia logró un acuerdo entre la Provincia y la Municipalidad para que dispusieran un plan de obras de cloacas sobre 36 manzanas afectadas.
Peritaje
El punto central que debe establecer la Justicia es si el complejo ambiental de 502 hectáreas con dos fosas de enterramiento y una planta de separación de residuos puede instalarse en ese lugar. Debe determinar si el proyecto cumple con las recomendaciones técnicas que estableció el estudio del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Durante más de un año, un cuerpo de cinco peritos –integrado por Gimena Vocos Brouwer de Koning, Andrea Argüello, José Gamboni, Arturo Llupia y Rubén Darío González– se dedicó a estudiar el proyecto y a cotejarlo con el estudio. A fines de agosto presentó un informe de 377 páginas que observó que el predio no cumplía con los cuatro kilómetros de separación (dos kilómetros de zona de exclusión exclusiva y otros dos de buffer) entre el enterramiento y la zona urbana que establecieron los técnicos de la universidad.
La distancia mínima que separa al predio de los primeros asentamientos es de un kilómetro. Con este margen, para los especialistas es imposible garantizar que las emisiones de gases y los olores que produciría el complejo no tengan un impacto en la zona. No obstante, desde el comienzo del enterramiento hasta el límite del predio, hay cerca de 700 metros más de diferencia.
Otros puntos clave para la instalación del enterramiento son la factibilidad hídrica y la contaminación de las napas. El estudio es favorable en estos dos aspectos. Una cuestión central por determinar era si el escurrimiento del agua de lluvia podría afectar al canal Los Molinos-Córdoba, como ocurrió tras la inundación del predio de Taym, a principios de 2017.
De acuerdo con el peritaje, los trabajos de desagüe previstos en el proyecto garantizan que no se repita una tragedia, que terminó con la contaminación del suministro de agua potable de la Capital. El informe señala que las napas están a 75 metros de profundidad.
Demanda
En 2017, luego de que el TSJ dio lugar a la medida cautelar interpuesta por los vecinos de Villa Parque Santa Ana, las cinco causas que apuntaban contra la instalación del predio fueron unificadas por la Cámara. La instalación del complejo había sido frenada unos meses antes, en octubre de 2016.
Los principales impulsores de la acción legal son la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, los vecinos y miembros de familia Gremo, dueños de lotes cercanos al predio.
En la causa están demandadas, además de Cormecor, la Municipalidad de Córdoba y la Provincia de Córdoba, que en su momento no había otorgado la licencia ambiental para la instalación del predio, que ahora ya la tiene.
Interrogantes
Además de los efectos del fallo, con el fin de año puede abrirse una nueva etapa para Cormecor. El 31 de diciembre vence el plazo de la extensión de la licitación de las tres empresas que aún están en competencia para la explotación.
Hasta el momento, oficialmente, no hubo una nueva prórroga. Este punto deben decidirlo los principales socios del ente municipal, el más importante, la ciudad de Córdoba. En 2017, la Justicia había puesto un paréntesis en el proceso de adjudicación.
La otra fecha clave para Cormecor es el 30 de diciembre. Ese día, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, está prevista la asamblea general extraordinaria de accionistas para la renovación de los miembros del directorio.
La empresa está compuesta por un presidente, por dos vicepresidentes, por cuatro síndicos y por cuatro directores, entre ellos el gremialista del Surrbac Pascual Catrambone, licenciado por sus pares desde el 29 de agosto tras ser detenido por la Justicia federal.
Complejo ambiental: Proyecto e inversión
Hay tres empresas interesadas en la licitación.
Costo. El presupuesto inicial para la instalación del enterramiento y las secciones operativas se había cotizado en $ 446.927.000. Ahora su costo se triplicó.
Expropiación. La Legislatura en 2015 sancionó la ley. Sólo tomó posesión de 160 hectáreas.
Vida útil. Está previsto que el complejo ambiental reciba durante 30 años los residuos de 23 municipios, además de la Capital. Su capacidad puede aumentar si se aplican políticas de reciclado.
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El último día hábil del año saldrá el fallo por Cormecor
Lunes 30 de diciembre es la fecha en que la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación fijó para leer el fallo que resolverá si el predio en cercanías de Villa Parque Santa Ana es apto para la instalación del complejo ambiental que propuso la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor) para el tratamiento de residuos sólidos urbanos de Córdoba capital y de una veintena de municipios del área metropolitana.
Se trata de un paso clave para el futuro de la basura que producen los cordobeses. Piedra Blanca recibe más de 2.100 toneladas diarias de basura y su vida útil tiene pronta fecha de vencimiento.
Este enterramiento fue abierto de manera provisoria en abril de 2010 por un año y, luego de varias extensiones, aumentó su capacidad de tratamiento hasta mediados de 2021.
La sentencia del tribunal integrado por los jueces Leonardo Massimino y María Marta Angeloz –está ultima integra la Cámara en comisión– no será la definitiva, aunque supone un avance.
Sea cual fuere la decisión de la Justicia sobre la medida cautelar –si prohibir la instalación del complejo, habilitarlo o buscar una solución intermedia exhortativa–, las partes aún pueden recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) como última instancia.
En caso de que haya una apelación, se podría mantener la suspensión de utilizar el predio ubicado a 18 kilómetros al sur de la Capital entre la autovía a Alta Gracia y la autovía a Río Cuarto. Cualquier instancia judicial siguiente se activará recién en febrero, después de la feria judicial.
Vale recordar que este tribunal fue el que resolvió la situación de los vecinos de Villa El Libertador por el hundimiento de sus viviendas producto de la acción de la napas freáticas. En 2018, luego de varias audiencias, la Justicia logró un acuerdo entre la Provincia y la Municipalidad para que dispusieran un plan de obras de cloacas sobre 36 manzanas afectadas.
Peritaje
El punto central que debe establecer la Justicia es si el complejo ambiental de 502 hectáreas con dos fosas de enterramiento y una planta de separación de residuos puede instalarse en ese lugar. Debe determinar si el proyecto cumple con las recomendaciones técnicas que estableció el estudio del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Durante más de un año, un cuerpo de cinco peritos –integrado por Gimena Vocos Brouwer de Koning, Andrea Argüello, José Gamboni, Arturo Llupia y Rubén Darío González– se dedicó a estudiar el proyecto y a cotejarlo con el estudio. A fines de agosto presentó un informe de 377 páginas que observó que el predio no cumplía con los cuatro kilómetros de separación (dos kilómetros de zona de exclusión exclusiva y otros dos de buffer) entre el enterramiento y la zona urbana que establecieron los técnicos de la universidad.
La distancia mínima que separa al predio de los primeros asentamientos es de un kilómetro. Con este margen, para los especialistas es imposible garantizar que las emisiones de gases y los olores que produciría el complejo no tengan un impacto en la zona. No obstante, desde el comienzo del enterramiento hasta el límite del predio, hay cerca de 700 metros más de diferencia.
Otros puntos clave para la instalación del enterramiento son la factibilidad hídrica y la contaminación de las napas. El estudio es favorable en estos dos aspectos. Una cuestión central por determinar era si el escurrimiento del agua de lluvia podría afectar al canal Los Molinos-Córdoba, como ocurrió tras la inundación del predio de Taym, a principios de 2017.
De acuerdo con el peritaje, los trabajos de desagüe previstos en el proyecto garantizan que no se repita una tragedia, que terminó con la contaminación del suministro de agua potable de la Capital. El informe señala que las napas están a 75 metros de profundidad.
Demanda
En 2017, luego de que el TSJ dio lugar a la medida cautelar interpuesta por los vecinos de Villa Parque Santa Ana, las cinco causas que apuntaban contra la instalación del predio fueron unificadas por la Cámara. La instalación del complejo había sido frenada unos meses antes, en octubre de 2016.
Los principales impulsores de la acción legal son la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, los vecinos y miembros de familia Gremo, dueños de lotes cercanos al predio.
En la causa están demandadas, además de Cormecor, la Municipalidad de Córdoba y la Provincia de Córdoba, que en su momento no había otorgado la licencia ambiental para la instalación del predio, que ahora ya la tiene.
Interrogantes
Además de los efectos del fallo, con el fin de año puede abrirse una nueva etapa para Cormecor. El 31 de diciembre vence el plazo de la extensión de la licitación de las tres empresas que aún están en competencia para la explotación.
Hasta el momento, oficialmente, no hubo una nueva prórroga. Este punto deben decidirlo los principales socios del ente municipal, el más importante, la ciudad de Córdoba. En 2017, la Justicia había puesto un paréntesis en el proceso de adjudicación.
La otra fecha clave para Cormecor es el 30 de diciembre. Ese día, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, está prevista la asamblea general extraordinaria de accionistas para la renovación de los miembros del directorio.
La empresa está compuesta por un presidente, por dos vicepresidentes, por cuatro síndicos y por cuatro directores, entre ellos el gremialista del Surrbac Pascual Catrambone, licenciado por sus pares desde el 29 de agosto tras ser detenido por la Justicia federal.
Complejo ambiental: Proyecto e inversión
Hay tres empresas interesadas en la licitación.
Costo. El presupuesto inicial para la instalación del enterramiento y las secciones operativas se había cotizado en $ 446.927.000. Ahora su costo se triplicó.
Expropiación. La Legislatura en 2015 sancionó la ley. Sólo tomó posesión de 160 hectáreas.
Vida útil. Está previsto que el complejo ambiental reciba durante 30 años los residuos de 23 municipios, además de la Capital. Su capacidad puede aumentar si se aplican políticas de reciclado.
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