La Voz del Interior (23/02/2023)
Bajo Grande: Municipalidad y Provincia aceptaron responsabilidad por la contaminación de la planta

Ninguna de las dos continuará con la apelación en la causa que llevaba más de 12 años en la Justicia provincial. Aseguran que con la nueva estaciòn depuradora ya se cumplió la sentencia.
En una decisión inédita para la costumbre judicial e histórica por tratarse de una demanda ambiental, la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia desistieron sobre el recurso de apelación en la causa judicial que les atribuye responsabilidad por la contaminación de la planta de Bajo Grande al Río Suquía.
En noviembre de 2021 el juez Civil y Comercial de 14ª Nominación de la ciudad de Córdoba Julio Fontaine (h) falló en contra de ambas jurisdicciones.
Determinó la responsabilidad ambiental de cada una de ellas por diferentes motivos. Al municipio por la acción de contaminar y al Estado provincial por no velar de forma “efectiva y eficaz” en la aplicación de las normas ambientales.
La Municipalidad y la Provincia reaccionaron ante el fallo y apelaron la decisión que recayó en la Cámara 8ª en lo civil y comercial a fines de 2021.

Demanda
Un año después, entre noviembre y diciembre de 2022, desistieron de continuar con la acción civil por lo que la sentencia en primera instancia quedaría firme.
El argumento central -que sostienen en ambas jurisdicciones- es que tras la inauguración de la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales el abril del año pasado el daño que producía la antigua planta ya estaría subsanado.
No obstante, el fallo 193 del 2 de noviembre de 2021 incluye la necesidad de remediar el pasivo que causaron los años en los que se volcó líquido cloacal crudo al río, solamente tratado con cloración. Además prevé la realización de estudio para determinar.
La causa había sido iniciada en junio de 2010 por la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) y vecinos de la zona que señalaban el impacto de la contaminación ambiental que producía la planta aguas abajo.
Durante varios años los diferentes organismos del Estado aplicaron diferentes recursos que dilataron la resolución de la causa y que llevaron a que estuviera más de una década sin resolución.

Desistimiento
La primera en dar de baja la acción fue la Municipalidad. Lo hizo el 29 de noviembre a través de un escrito presentado por el asesor letrado y apoderado de la Municipalidad, Andrés Federico Varizat. No hubo un decreto específico del intendente Martín Llaryora.
La Provincia hizo la presentación un mes después. El 29 de diciembre de 2022, el gobernador Juan Schiaretti firmó un decreto autorizando al Fiscal de Estado para desistir de la apelación.
El decreto no se publicó en el Boletín Oficial. Tampoco la resolución de la Municipalidad.
“Resulta un hecho público y notorio que se han adoptado las medidas de manera conjunta entre los Estados Nacionales, Provincial y Municipal (...), lo cual derivó en la construcción de una nueva planta de depuración de aguas residuales con el objetivo de lograr una operación progresiva y conjunta de ambas plantas”, dice el decreto firmado por Schiaretti.
Y continúa: “Así arguye que se ha dado cumplimiento a los puntos sustanciales de la sentencia no existiendo materia de agravios”.
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