La Voz del Interior (24/02/2022)
Córdoba: ambiente, 20 años de “rosca”, críticas y denuncias

Los ambientalistas sostuvieron sistemáticamente que se favoreció el desmonte. La sombra de los negocios sobre varios exfuncionarios del área y los fallidos de Monsanto y la autovía de montaña.
A lo largo del siglo, los escándalos políticos y judiciales y las sospechas de negociados con las licencias ambientales fueron una constante en los organismos provinciales responsables del cuidado del medio ambiente.
En marzo de 2002, el ingeniero Néstor Bárbaro, el primer presidente de la Agencia Córdoba Ambiente, dio un portazo cuando se enfrentó con la por entonces secretaria General de la Gobernación, Olga Riutort. Bárbaro había firmado, meses atrás, la autorización para la instalación de la planta de Taym en las afueras de la ciudad de Córdoba.
Lo reemplazó Sergio Nirich, quien ya ocupaba una silla en el directorio de la Agencia. Formado en el exterior y con una vasta trayectoria, su gestión fue cuestionada por Raúl Montenegro y distintas ONG, que criticaron el manejo de los residuos peligrosos y los cambios en los criterios de desmonte, que favorecieron esta práctica.
Sin embargo, su reemplazo obedeció a una cuestión política: tras el divorcio político entre José Manuel de la Sota y Riutort, fue reemplazado por Horaldo Senn, que venía de una cuestionada gestión en la Secretaría de Seguridad.
Pese a la salida del organigrama provincial, Nirich continuó vinculado a los negocios derivados de la gestión ambiental.
En 2010, durante la intendencia de Daniel Giacomino, fue el representante de la fallida Inviron, una supuesta empresa estadounidense interesada en gestionar los residuos de la ciudad de Córdoba. El papelón de Inviron fue tal que la Municipalidad debió suspender la licitación por las graves falencias técnicas.
En 2014, mientras se desempeñaba como asesor del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, se conoció que su consultora –Moebius– tenía vínculos con Monsanto, justamente cuando la cartera que conducía Fabián López definía la licencia ambiental para la empresa biotecnológica.
La credibilidad de la Provincia quedó herida de muerte y finalmente Monsanto no se radicó en Malvinas Argentinas.

Ambiente, parte de la grieta
Junto al veterinario Senn fue designado el abogado y exintendente de Laborde Jorge Mosquera. Desde entonces, los abogados tendrían más peso que los biólogos o ingenieros en la cartera de Ambiente.
En 2007, Senn quedó bajo sospecha de haber financiado su campaña a legislador provincial con fondos de la Agencia. Tras una investigación periodística, el radicalismo lo denunció en la Justicia. Tras se electo, asumió su banca. Dos años después, en diciembre de 2009, un testigo en un juicio de delitos de lesa humanidad lo acusó de colaboracionista de la dictadura en sus días de estudiante en la Universidad del Litoral.
En 2008, quedaría demostrado que Ambiente no era un área prioritaria del Gobierno: a María Amelia Chióffalo, que se desempeñaba en la cartera tras la salida de Senn, le ordenaron que regresara a la Legislatura para garantizar la reforma previsional que Juan Schiaretti impulsó por aquellos días de máximo tensión con el Gobierno nacional.
En el marco de aquella primera disputa con el kirchnerismo, Schiaretti le dio a Raúl Costa, un opositor a Eduardo Accastello, la Secretaría de Ambiente, cargo que ocupó hasta 2011. Su gestión está atravesada por las denuncias respecto de las facilidades ambientales para que privados desarrollaran negocios inmobiliarios en las sierras de Córdoba.
Costa está imputado por su presunta responsabilidad como funcionario público en un loteo en Candonga –sobre una zona protegida del bosque nativo– y haber autorizado el desmonte para un country en San Antonio de Arredondo. Ambas causas esperan el juicio.
Entre diciembre de 2011 y mayo de 2012 la Secretaría de Ambiente quedó a cargo de Darío Sbarato, un técnico que fue reemplazado por el abogado Federico Bocco, ya fallecido, quien estuvo imputado en las mismas causas que Costa.
A Bocco le tocó despedazar a quien era su director de Fauna, Oscar “el Pájaro” de Allende, quien propuso que el Paicor utilice la carne de las palomas para los menús escolares.
Con el cambio de gabinete tras la crisis de diciembre de 2013, Manuel Calvo dejó el Ministerio de Agua y Ambiente, que pasó a manos de Fabián López. Ambiente recayó en otro político de carrera: German Pratto, intendente de Morteros y aliado de Martín Llaryora, por entonces emergente del peronismo provincial.
En octubre de 2015, Pratto renunció argumentando “razones personales”, aunque meses después la Coordinado de Defensa del Bosque Nativo lo denunció por –presuntamente– haber avalado el desmonte de 20 mil hectáreas en el noroeste provincial.
El último técnico que condujo Ambiente fue Javier Britch, un doctor en física que fue cuestionado por los ambientalistas: avaló la traza de montaña de la autovía de Punilla, el proyecto que chocó contra la resistencia vecinal y obligó al gobernador Schiaretti a recalcular.
Con el tercer período de Schiaretti llegó a la Secretaría de Ambiente el abogado Juan Carlos Scotto, secundado por la (también) abogada Victoria Muccillo, quienes dependen de la ministra de Coordinación, Silvina Rivero. A esta gestión le tocó otorgar la licencia ambiental para la nueva traza de la autovía Punilla, una obra que será clave en la estrategia electoral del peronismo en 2023. Hasta ahora, la cartera no le provocó dolores de cabeza a Schiaretti.
Para el biólogo Federico Kopta el hecho de que los responsables de la política ambiental en los tres niveles del Estado –Juan Cabandié en Nación, Scotto en la Provincia y Jorge Folloni en la ciudad– sean abogados “no es una casualidad, sino una acción deliberada que no contribuye a la preservación del ambiente”.
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