15 oct 2012
Que dice la oposición sobre Monsanto
10:58 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (15/10/2012)
La oposición, dispersa sobre Monsanto
La UCR está a favor de la radicación de la empresa en Córdoba. El Frente Cívico y la izquierda, en contra. Hay posturas intermedias.
La radicación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas y de otras empresas, cuya actividad es cuestionada por grupos ambientalistas, en la provincia ha sido encarada por el Gobierno provincial como una política de Estado. Tanto es así que la gestión delasotista declara, abiertamente, que fue ella la que invitó a la multinacional a radicarse en Córdoba.
La decisión ha generado un consenso bipartidario (Unión por Córdoba y la UCR) a favor; y ha dividido a la oposición en tres posturas.
Mientras el radicalismo apoya la instalación de la planta de semillas de maíz por parte de Monsanto –sobre todo porque el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, es radical–, el juecista Frente Cívico y el bloque unipersonal del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) la rechazan.
En un plano intermedio se puede ubicar a las bancadas unipersonales de Encuentro Vecinal y de Consenso Córdoba, cuyos integrantes condicionan su apoyo a que estudios técnicos ofrezcan garantías de que el emprendimiento no afectará la salud de la población ni al ambiente.
La disparidad de criterios políticos es aún mayor entre las fuerzas con representación legislativa sobre la idea de realizar una consulta popular para definir si Monsanto debe o no radicarse en Malvinas Argentinas (ver aparte).
Opiniones. Este diario formuló la siguiente pregunta a los referentes de las fuerzas políticas opositoras con representación legislativa: ¿Está su partido, a favor o en contra de la radicación de Monsanto y de otras empresas relacionadas con la actividad agroquímica, que son cuestionadas por grupos ambientalistas y que ha sido afrontada como política de estado por el Gobierno provincial?
Frente Cívico. El senador nacional Luis Juez, líder del principal partido de oposición en la provincia, respondió: “Estamos decididamente en contra de estas radicaciones porque son un negocio horroroso y peligroso, un negocio que promete 400 puestos de trabajo para hoy pero larguísimos años de hambre para mañana; un negocio que demuestra que la presidenta Cristina Kirchner y el gobernador De la Sota se pelean por el poder, pero se juntan y son socios para hacer negocios”.
Asimismo, consideró: “El progresismo del proyecto nacional y popular de Cristina queda al margen cuando se trata de negocios. El negocio de Monsanto, una empresa que ha sido corrida de varios países del mundo, es como la megaminería: destruye, enferma, contamina. Estamos en contra de estas políticas porque creemos que no les convienen ni a la provincia ni al país. Por eso acompañamos el rechazo de las personas que se han movilizado para resistir, tal como lo hicimos en soledad, años atrás, cuando los vecinos de barrio Ituzaingó comenzaron a manifestarse”.
UCR. Por este sector, respondió el presidente del bloque radical, Luis Brouwer de Koning, quien consulta todo con el intendente de Córdoba, Ramón Mestre.
“La radicación de estos emprendimientos es parte de una política nacional y provincial”, apuntó. “Yo vengo de Río Tercero donde hay industria química, y puedo decir que no hay nada absolutamente inocuo, pero con controles se brindan garantías. Hoy, gran parte de la actividad productiva del país depende de la biotecnología, que mejora los niveles productivos. El denominado boom sojero tiene que ver con eso y ha servido para solventar el modelo económico del Gobierno nacional; por eso esto es una política de Estado, e ir en contra de eso es complicado de defender”.
Hacia el final, consideró: “Ante las dudas y temores de la gente hay que decir que si se cumplen las normas, no tiene que haber inconvenientes. El intendente de Malvinas, que es de nuestro partido, está haciendo todo para que se cumplan las leyes y los controles.
FIT. Liliana Olivero, legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores, respondió: “Estamos completamente en contra de estas radicaciones y acompañamos la resistencia de la asamblea de vecinos de Malvinas Argentinas que está movilizada. Esto no sólo es una política de estado provincial, sino también nacional; similar a la que trajo los call centers que son emprendimientos dadores de trabajo de bajísima calidad y de alto riesgo para la salud humana. Se aprovechan de la gente necesitada de trabajo y, como muestran los antecedentes internacionales, terminan transgrediendo las leyes laborales y ambientales. No es una casualidad que hayan elegido Malvinas donde hay un altísimo índice de desempleo o subempleo. Nosotros estamos por un modelo de desarrollo que no atente contra la salud de las personas, ni contra el medioambiente”.
Encuentro Vecinal. El legislador Aurelio García Elorrio señaló: “No se puede otorgar autorización para la instalación de Monsanto si antes no se obtienen todas las garantías nacionales e internacionales que acrediten que no se producirán perjuicios para la vida humana. Cuando hay riesgo de daño, hasta que ese riesgo no esté absolutamente descartado, no es éticamente lícito continuar. Estamos de acuerdo con que el Gobierno provincial busque radicación de empresas, pero queremos empresas que ofrezcan certezas de que respetan las normas, la salud humana y el ambiente. Yo tengo dudas sobre las actividades de Monsanto, por sus antecedentes.”.
Consenso Córdoba. El legislador Rubén Borello, quien se distanció del juecismo y formó un bloque propio que suele apoyar al oficialismo, señaló: “Estoy a favor de todo lo que implica agregar valor a las materias primas que se producen. Pero la radicación de estos emprendimientos no puede ser a cualquier precio. Estoy en contra de los fundamentalismos, pero el nombre de Monsanto de por sí implica tomar resguardos mayores. Hace falta mejor comunicación y un control que asegure que no habrá riesgos”.
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No creen que la consulta pública sea lo más relevante
La Ley Nacional de Ambiente establece que la evaluación de impacto ambiental debe incluir una consulta o audiencia pública.
Pese a ello, el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, sostiene que no tiene la obligación de hacerla.
Consultado sobre este punto, el senador Luis Juez respondió: “Es necesario preguntarle a la gente si quiere o no a Monsanto, pero más necesario aún es informarle acerca de qué es y qué hizo Monsanto en otros países; de dónde los han echado, su relación con la fabricación de armas de guerra prohibidas, y los perjuicios ambientales que ha provocado en distintos lugares del mundo”.
Por su parte, el radical Luis Brouwer de Koning, opinó: “Es la propia población de Malvinas Argentinas la que debe evaluar si se hace o no algún tipo de consulta”.
Liliana Olivero, legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores consideró: “Respeto la decisión de la asamblea de vecinos, pero creo que estos instrumentos (audiencias públicas), al no ser mecanismos vinculantes, no suelen ser del todo efectivos, porque los gobiernos terminan haciendo lo que quieren. El resultado dependerá del grado de movilización del pueblo”.
En tanto, Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal, sostuvo: “La consulta popular no resolverá todo el problema porque habrá afectados que no votarán, entre ellos, los niños”.
Para el exjuecista Rubén Borello, la radicación de Monsanto es un tema técnico que no debe ser politizado. “Hay organismos capaces de hacer informes técnicos serios e independientes, y con esos informes debería bastar para llevar tranquilidad a la gente”.
En la legislación provincial, la metodología de participación ciudadana está descripta en el artículo 15º del decreto N° 2.131 sobre “Impacto ambiental”, firmado por el gobernador José Manuel de la Sota el 3 de noviembre de 2000, durante su primera gestión como gobernador.
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La oposición, dispersa sobre Monsanto
La UCR está a favor de la radicación de la empresa en Córdoba. El Frente Cívico y la izquierda, en contra. Hay posturas intermedias.
La radicación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas y de otras empresas, cuya actividad es cuestionada por grupos ambientalistas, en la provincia ha sido encarada por el Gobierno provincial como una política de Estado. Tanto es así que la gestión delasotista declara, abiertamente, que fue ella la que invitó a la multinacional a radicarse en Córdoba.
La decisión ha generado un consenso bipartidario (Unión por Córdoba y la UCR) a favor; y ha dividido a la oposición en tres posturas.
Mientras el radicalismo apoya la instalación de la planta de semillas de maíz por parte de Monsanto –sobre todo porque el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, es radical–, el juecista Frente Cívico y el bloque unipersonal del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) la rechazan.
En un plano intermedio se puede ubicar a las bancadas unipersonales de Encuentro Vecinal y de Consenso Córdoba, cuyos integrantes condicionan su apoyo a que estudios técnicos ofrezcan garantías de que el emprendimiento no afectará la salud de la población ni al ambiente.
La disparidad de criterios políticos es aún mayor entre las fuerzas con representación legislativa sobre la idea de realizar una consulta popular para definir si Monsanto debe o no radicarse en Malvinas Argentinas (ver aparte).
Opiniones. Este diario formuló la siguiente pregunta a los referentes de las fuerzas políticas opositoras con representación legislativa: ¿Está su partido, a favor o en contra de la radicación de Monsanto y de otras empresas relacionadas con la actividad agroquímica, que son cuestionadas por grupos ambientalistas y que ha sido afrontada como política de estado por el Gobierno provincial?
Frente Cívico. El senador nacional Luis Juez, líder del principal partido de oposición en la provincia, respondió: “Estamos decididamente en contra de estas radicaciones porque son un negocio horroroso y peligroso, un negocio que promete 400 puestos de trabajo para hoy pero larguísimos años de hambre para mañana; un negocio que demuestra que la presidenta Cristina Kirchner y el gobernador De la Sota se pelean por el poder, pero se juntan y son socios para hacer negocios”.
Asimismo, consideró: “El progresismo del proyecto nacional y popular de Cristina queda al margen cuando se trata de negocios. El negocio de Monsanto, una empresa que ha sido corrida de varios países del mundo, es como la megaminería: destruye, enferma, contamina. Estamos en contra de estas políticas porque creemos que no les convienen ni a la provincia ni al país. Por eso acompañamos el rechazo de las personas que se han movilizado para resistir, tal como lo hicimos en soledad, años atrás, cuando los vecinos de barrio Ituzaingó comenzaron a manifestarse”.
UCR. Por este sector, respondió el presidente del bloque radical, Luis Brouwer de Koning, quien consulta todo con el intendente de Córdoba, Ramón Mestre.
“La radicación de estos emprendimientos es parte de una política nacional y provincial”, apuntó. “Yo vengo de Río Tercero donde hay industria química, y puedo decir que no hay nada absolutamente inocuo, pero con controles se brindan garantías. Hoy, gran parte de la actividad productiva del país depende de la biotecnología, que mejora los niveles productivos. El denominado boom sojero tiene que ver con eso y ha servido para solventar el modelo económico del Gobierno nacional; por eso esto es una política de Estado, e ir en contra de eso es complicado de defender”.
Hacia el final, consideró: “Ante las dudas y temores de la gente hay que decir que si se cumplen las normas, no tiene que haber inconvenientes. El intendente de Malvinas, que es de nuestro partido, está haciendo todo para que se cumplan las leyes y los controles.
FIT. Liliana Olivero, legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores, respondió: “Estamos completamente en contra de estas radicaciones y acompañamos la resistencia de la asamblea de vecinos de Malvinas Argentinas que está movilizada. Esto no sólo es una política de estado provincial, sino también nacional; similar a la que trajo los call centers que son emprendimientos dadores de trabajo de bajísima calidad y de alto riesgo para la salud humana. Se aprovechan de la gente necesitada de trabajo y, como muestran los antecedentes internacionales, terminan transgrediendo las leyes laborales y ambientales. No es una casualidad que hayan elegido Malvinas donde hay un altísimo índice de desempleo o subempleo. Nosotros estamos por un modelo de desarrollo que no atente contra la salud de las personas, ni contra el medioambiente”.
Encuentro Vecinal. El legislador Aurelio García Elorrio señaló: “No se puede otorgar autorización para la instalación de Monsanto si antes no se obtienen todas las garantías nacionales e internacionales que acrediten que no se producirán perjuicios para la vida humana. Cuando hay riesgo de daño, hasta que ese riesgo no esté absolutamente descartado, no es éticamente lícito continuar. Estamos de acuerdo con que el Gobierno provincial busque radicación de empresas, pero queremos empresas que ofrezcan certezas de que respetan las normas, la salud humana y el ambiente. Yo tengo dudas sobre las actividades de Monsanto, por sus antecedentes.”.
Consenso Córdoba. El legislador Rubén Borello, quien se distanció del juecismo y formó un bloque propio que suele apoyar al oficialismo, señaló: “Estoy a favor de todo lo que implica agregar valor a las materias primas que se producen. Pero la radicación de estos emprendimientos no puede ser a cualquier precio. Estoy en contra de los fundamentalismos, pero el nombre de Monsanto de por sí implica tomar resguardos mayores. Hace falta mejor comunicación y un control que asegure que no habrá riesgos”.
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No creen que la consulta pública sea lo más relevante
La Ley Nacional de Ambiente establece que la evaluación de impacto ambiental debe incluir una consulta o audiencia pública.
Pese a ello, el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, sostiene que no tiene la obligación de hacerla.
Consultado sobre este punto, el senador Luis Juez respondió: “Es necesario preguntarle a la gente si quiere o no a Monsanto, pero más necesario aún es informarle acerca de qué es y qué hizo Monsanto en otros países; de dónde los han echado, su relación con la fabricación de armas de guerra prohibidas, y los perjuicios ambientales que ha provocado en distintos lugares del mundo”.
Por su parte, el radical Luis Brouwer de Koning, opinó: “Es la propia población de Malvinas Argentinas la que debe evaluar si se hace o no algún tipo de consulta”.
Liliana Olivero, legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores consideró: “Respeto la decisión de la asamblea de vecinos, pero creo que estos instrumentos (audiencias públicas), al no ser mecanismos vinculantes, no suelen ser del todo efectivos, porque los gobiernos terminan haciendo lo que quieren. El resultado dependerá del grado de movilización del pueblo”.
En tanto, Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal, sostuvo: “La consulta popular no resolverá todo el problema porque habrá afectados que no votarán, entre ellos, los niños”.
Para el exjuecista Rubén Borello, la radicación de Monsanto es un tema técnico que no debe ser politizado. “Hay organismos capaces de hacer informes técnicos serios e independientes, y con esos informes debería bastar para llevar tranquilidad a la gente”.
En la legislación provincial, la metodología de participación ciudadana está descripta en el artículo 15º del decreto N° 2.131 sobre “Impacto ambiental”, firmado por el gobernador José Manuel de la Sota el 3 de noviembre de 2000, durante su primera gestión como gobernador.
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