21 jul 2012

Relleno de ruta 36 tiene fecha de expropiación

La Voz del Interior (21/07/2012)
Aprobarán el 2 de agosto la expropiación del actual basural

 
Los concejales de la UCR quieren avalar la operatoria para luego avanzar en la tasación del predio de ruta 36. Calculan que esas 60 hectáreas cuestan unos $ 5 millones. Críticas de la edila Riutort.
El mestrismo ya programó para el próximo 2 de agosto la aprobación en el Concejo Deliberante de la expropiación del predio de Piedras Blancas, ubicado junto a la ruta 36, donde se realiza el enterramiento de residuos de la Capital y otras 18 localidades del Gran Córdoba.
La iniciativa, enviada por el Ejecutivo, tendrá despacho favorable en Comisión de Desarrollo Urbano el miércoles y allí el jefe de la bancada oficialista, Javier Bee Sellares pedirá una preferencia de una semana para llevar la votación al recinto.
La Municipalidad prevé el cierre de ese predio de 60 hectáreas, que pertenece a un privado que nunca llegó a un acuerdo por su uso con la gestión de Daniel Giacomino y entabló una demanda judicial que incluye el pedido de restitución del bien.
El oficialismo espera contar con el apoyo del PJ y el Frente Cívico, pero también prevé el rechazo del bloque Eva Duarte, de Olga Riutort, quien viene cuestionando la operatoria.
La edila opina que el inmueble de ruta 36 es el más apto para el enterramiento y si bien considera correcto que se expropie (presentó un proyecto en ese sentido), pretende que se siga enterrando residuos allí.
También apuntó que ese sitio tiene la ventaja comparativa de achicar el costo de flete que genera la movilización de 1.500 toneladas diarias de basura fuera del ejido urbano.
Desde la UCR rechazan de plano esa posibilidad recordando la promesa que hace dos años formuló Giacomino a los vecinos de la zona, respecto de que el funcionamiento de ese basural iba a ser sólo temporario. “Cierre del predio y posterior remediación”, dicta la receta municipal, que prevé una capacidad de uso del actual enterramiento por un período máximo de 13 meses.
De hecho, el pasado miércoles, la comisión de Desarrollo Urbano del Concejo avanzó en un aval el acuerdo que la Municipalidad selló con la Provincia para definir la compra de un nuevo lote donde ubicar el enterramiento definitivo de residuos de la ciudad.
El otro punto que aparece como generador de discordias es el referido al costo que tendrá la expropiación, sobre el cual Riutort deslizó algunas sospechas. Reclamó que el radicalismo “actúe con seriedad al momento de despachar la expropiación” y remarcó que el predio en cuestión “nunca valdrá 30 mil dolares la hectárea, como dice el expediente”.
Desde el oficialismo, su par Javier Bee Sellares calificó como “una locura” hablar de esos montos, ya que “todavía no hay ninguna tasación formal realizada”. Indicó que el monto de 30 mil dólares al que alude Riutort figura en el expediente sólo como un referencia informal que dio y a título personal un corredor, respecto de lo que podría costar una hectárea teniendo en cuenta que hay que remediar el predio.
Bee Sellares recordó que hay una estimación respecto de que dejar el predio en condiciones correctas para su devolución –según comprometió Giacomino en su momento a los propietarios– costaría unos 100 millones de pesos y que un calculo preliminar el Palacio 6 de Julio sobre la expropiación arroja que se podrían abonar unos cinco millones de pesos. “Es la mejor salida, porque nos costaría apenas un cinco por ciento del monto que nos exigirán los dueños del terreno en un juicio. No queremos generar otro juicio millonario como el de Tecsa”, analizó Bee Sellares.
Si se toma como referencia los 5 millones de pesos que menciona el municipio, se estaría hablando de un costo aproxi­mado a los 18 mil dólares por cada una de las 60 hectáreas que tiene el inmueble de Piedras Blancas.
De todos modos, el Concejo sólo autorizará al Ejecutivo a expropiar. La posterior valuación del terreno por parte del Consejo Provincial de Tasaciones demandaría unos 120 días, para estar completando la operación al cabo de unos siete u ocho meses en total.

Dos años complicados
Reemplazo. El predio de ruta 36 debutó como relleno sanitario en abril de 2010, luego de que el entonces intendente capitalino Daniel Giacomino cerrará el enterramiento de Bouwer y abriera este nuevo destino, con un horizonte de funcionamiento de un año, según prometió a los vecinos del sector.
Demanda. A poco de que el municipio empezara a utilizarlo, el dueño del predio inició una demanda, aduciendo que no había sido acordado el precio de alquiler. Y más recientemente, al cumplirse dos años de ocupación municipal del inmueble, directamente pidió a la Justicia la restitución del bien, con la velada amenaza de reclamar montos millonarios si es que el terreno no era devuelto en las mismas condiciones en que fue cedido en su momento.
Ente. Como la Municipalidad ya acordó con la Provincia la constitución de un ente metropolitano y la compra de un nuevo predio donde entierren sus residuos unas 20 localidades, resolvió expropiar el inmueble de la ruta 36. La decisión se tomó considerando que a la ciudad le saldrá mucho más barato expropiar el terreno tal como está y remediarlo por su cuenta, que ponerlo en condiciones para restituirlo a su propietario y afrontar eventuales reclamos judiciales. El Concejo Deliberante aprobará en breve la expropiación en sí, cuya instrumentación realizará luego el Ejecutivo.

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Los 12 meses de la basura

Nuevamente, Córdoba capital se halla urgida de encontrar un nuevo predio para la disposición final de sus residuos. Es la tercera vez en tres años que ocurre lo mismo.
La disposición final de las 1.900 toneladas diarias de basura que producen los habitantes de la ciudad de Córdoba y de otras 18 localidades vuelve a requerir una solución en un plazo perentorio, ya que al vertedero de Piedras Blancas, donde se entierran esos residuos, le quedan apenas 12 meses de vida útil.
Es la tercera vez en los últimos tres años que se repite el mismo plazo para encontrar el lugar para el destino de los desechos. Las dos experiencias anteriores, durante la gestión de Daniel Giacomino, fueron una repetición de errores y decisiones poco claras que terminaron en la caída de dos licitaciones y en improvisaciones.
En abril de 2009, la Municipalidad prometió cerrar en un año el enterramiento sanitario de Potrero del Estado, a tres kilómetros de Bouwer y a 18 kilómetros de la Capital. Allí se disponían los residuos desde 1982 y el lugar permitía seguir recibiendo basura al menos hasta 2016. La protesta de un grupo de vecinos de Bouwer, acompañada por denuncias de contaminación fue la causa de esa medida.
En febrero de 2010, se anunció que los residuos iban a ser enterrados en un campo dentro del ejido municipal de Córdoba. Giacomino prometió que el lugar, denominado Piedras Blancas, sería utilizado solamente durante un año.
La Municipalidad quería que los residuos se trataran con un proceso denominado “gasificación”, propuesto por una firma estadounidense que supuestamente tenía una vasta experiencia en el tema: Innviron. Pero ni Innviron tenía plantas de gasificación, ni el proceso era confiable.
En abril de 2011, no sólo no se cumplió la promesa de Giacomino, sino que se intentó expropiar el predio para seguir tratando allí la basura. La licitación era por 300 millones de pesos y el tratamiento era la compactación y enfardado de residuos, pero Giacomino no logró los votos necesarios en el Concejo Deliberante para comprar Piedras Blancas.
Hoy, nuevamente, quedan 12 meses para resolver cómo y dónde dispondrán los residuos.
Hay algunas señales positivas: la creación de un ente municipal integrado por Córdoba y 15 localidades que hoy entierran en Piedras Blancas, que será el encargado de gestionar la disposición final. También está en marcha un estudio del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea), de la Universidad Nacional de Córdoba, que permitirá elegir cuál es el mejor lugar para ubicar el nuevo predio con posibilidad de 30 años de operatividad, en un radio de 50 kilómetros con centro en la plaza San Martín de la capital provincial. Y se están observando tecnologías de tratamiento más probadas para reemplazar el enterramiento sanitario.
Pero el desafío debe ser mayor. Desde la Municipalidad se debe transmitir que el problema de la basura no se acaba con la bolsita puesta en el canasto. Temas como espaciar la frecuencia de recolección, la obligatoriedad de la separación domiciliaria y la responsabilidad de las empresas productoras, entre otros, deben comenzar a discutirse.

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