19 jul 2012
Convenios urbanísticos polémicos
9:53 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (19/07/2012)
Polémica en torno al proyecto sobre convenios urbanísticos
Polémica en torno al proyecto sobre convenios urbanísticos
Esla norma para reglamentar la concertación público- privada que permite excepciones en los límites a la construcción. Consultas de profesionales y objeciones de opositores.El proyecto de ordenanza sobre convenios urbanísticos se discutió ayer en la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante capitalino, donde la iniciativa oficial recibió objeciones de los bloques opositores y varias consultas de colegios de profesionales.
El miércoles que viene, darán su opinión organizaciones sociales y ambientales –que ya adelantaron sus desacuerdos– y los desarrollistas urbanos, el sector empresario directamente involucrado.
El proyecto busca reglamentar los convenios entre el municipio y entes públicos o privados para habilitar excepciones en el uso o la ocupación del suelo urbano. Con esta herramienta se podrá permitir, por ejemplo, construir en altura en áreas las normas vigentes no lo autorizan, a cambio de que la Municipalidad participe en los beneficios económicos generados por la modificación normativa.
En los últimos años, este tipo de acuerdos se realizaban a través de la llamada concertación público-privada, implementada por el ex intendente Daniel Giacomino, que nunca logró plasmarse en una ordenanza.
Eduardo Ricci, del Colegio de Arquitectos, sostuvo que el proyecto es un punto de partida para comenzar a transparentar los acuerdos. “Nos preocupa lo que ocurrió en la ciudad en los últimos 15 años donde el 40 por ciento de lo que se hizo estuvo fuera de norma”, afirmó.
Por su parte, Teresa Pereyra, del Colegio de Ingenieros, pidió precisiones sobre el cálculo del monto que los desarrollistas deberán pagar al municipio.
El subsecretario de Desarrollo Económico y Estratégico municipal, Juan Giunta –representante del Ejecutivo en la reunión– remarcó que la ordenanza se aplicará sólo a casos excepcionales y que lo que se cobrará a los privados es un porcentaje sobre el beneficio obtenido por la modificación del uso del suelo.
Críticas de opositores. El artículo 14 del proyecto, uno de los que generó más consultas y críticas, explica los dos tipos de excepciones y cómo se calcula el beneficio que cobrará la Municipalidad.
Cuando se permita un cambio en el fraccionamiento o el uso del suelo, la participación del municipio representaría no menos 15 por ciento de la superficie neta urbanizada o del número de parcelas que resulten de las nuevas condiciones.
En el caso en que se permita un mayor aprovechamiento de la ocupación (más pisos en un edificio, por ejemplo), el municipio cobraría al menos un 10 por ciento del incremento de la superficie edificable. Lo que reciba iría a un fondo específico para obras urbanas.
La titular del bloque Eva Duarte, Olga Riutort, sostuvo que en el proyecto no queda claro si la Municipalidad recibirá dinero o inmuebles, y en el caso en que reciba inmuebles, quién los tasará y cómo se administrarán. Giunta contestó que, en función de cada convenio, podrá ser dinero, inmuebles u obras. El edil radical Javier Bee Sellares, presidente de la comisión, dijo que revisarán el texto para que quede claro ese punto.
Riutort también advirtió que antes de discutir esta ordenanza, se debería tener un plan director que establezca cuáles son las zonas urbanizables, las industriales, los espacios verdes y las agrícolas.
En ese sentido, el concejal por el Frente Cívico, Estaban Dómina, afirmó que el proyecto no establece límites a las áreas sobre las que puedan aplicarse los convenios, con lo que se podría avanzar sobre espacios verdes. “Estamos por debajo de los metros cuadrados de espacio verde por habitante que exige la Organización Mundial de la Salud”, recordó. Sostuvo, además, que la lógica con la que fue redactado el proyecto responde a los intereses privados y no al bien común.
Lo que dice el proyecto
Objetivo. Regular los convenios entre la Municipalidad de Córdoba y entes privados o públicos para modificar las condiciones de fraccionamiento, uso y/o ocupación del suelo, con el objetivo de viabilizar desarrollos inmobiliarios.
Beneficio. En los cambios en el fraccionamiento o uso del suelo, el municipio se quedaría con el 15% del incremento del valor del inmueble que resulte de la modificación de las normativas; en los casos de mayor aprovechamiento de la ocupación del suelo (más pisos en un edificio, por ejemplo), se quedaría con el 10% del incremento.
Fondo. El dinero o los inmuebles que el municipio reciba a cambio de esas licencias irán a un fondo específico para desarrollo urbano.
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