12 jun 2012
Recorado de la UNRC no quiere fondos mineros
El Puntal de Río Cuarto (12/06/2012)
El Rectorado quiere rechazar los fondos de la minera La Alumbrera
Elevó una resolución al Consejo Superior donde detalló los motivos por los que cree que es indebido aceptar esos recursos. Hoy ese plenario tomará la decisión en la sesión que comenzará a las 14.30
El rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Ruiz, elevó una resolución al Consejo Superior planteando la necesidad de rechazar los fondos provenientes de las utilidades de la explotación minera La Alumbrera. Hoy ese plenario resolverá si finalmente apoya la iniciativa de la conducción universitaria o en cambio admite el ingreso de esos recursos al presupuesto de la casa de altos estudios. La comisión ad hoc conformada para analizar el tema llevará a la sala dos dictámenes para someterlos a votación.
En la propuesta del oficialismo se destaca que la iniciativa no está fundada en una oposición a la minería ni a Geología, sino que hace hincapié en los efectos ambientales surgidos de este tipo de explotación a cielo abierto. También se destaca el consumo de recursos naturales, las causas judiciales abiertas a directivos de la firma, las sospechas de la extracción no declarada y exportada de minerales que se investiga en la Justicia Federal de San Lorenzo, el reclamo de las comunidades en las que se desarrollan estas actividades, entre otros.
La distribución de los recursos provenientes de ese yacimiento se realiza de manera automática a partir de lo dispuesto en la Ley 14.771. Según se establece en su artículo 18, el 20% de las utilidades se destinarán a la Universidad Nacional de Tucumán y un porcentaje igual a un fondo para distribuir entre el resto de las casas de altos estudios nacionales.
“La iniciativa del Rectorado es rechazar estos fondos al menos hasta que se modifique la ley en el Congreso, que viene de la última dictadura, y en la que se permitió el ingreso de capitales internacionales a la explotación de La Alumbrera, algo que no respetó el espíritu de la ley original de la época de Frondizi”, explicó el vicerrector Javier Salminis.
En línea, el secretario de Planificación, Nelso Doffo, remarcó que “se pedirá al mismo tiempo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que conforman los rectores de las universidades nacionales, que tramiten ante los legisladores audiencias para activar la modificación de la ley 14.771”, señaló.
Al consultarlo por los puntos que sería necesario modificar de la normativa, Doffo destacó que “estamos en contra de las modificaciones que introdujo la dictadura de Onganía primero y Martínez de Hoz después. Allí se abrieron las puertas a las empresas transnacionales y se desvirtuó lo que se planteó originalmente con la ley”, indicó. Esto, según Doffo, “demuestra toda una lógica donde el Estado pierde el control de la explotación”.
Lo cierto es que ésta será la tercera vez que el Consejo Superior abordará el tema y las dos primeras -2009 y 2010- los recursos fueron rechazados y enviados a una cuenta en el Banco de la Nación donde aún permanecen.
“Alguna vez hay que terminar con la lógica de que el fin justifica los medios y más en una Universidad. Por eso no podemos avalar el uso de esos recursos que se originan en una actividad que se realiza de manera sumamente cuestionada”, concluyó Doffo.
El Departamento de Geología cuestionó los argumentos del Rectorado
En medio del debate sobre los fondos que la Universidad Nacional recibe anualmente como parte de las utilidades de la explotacion minera La Alumbrera, el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas cuestionó los argumentos centrales vertidos por el Rectorado para proponer el rechazo de ese dinero.
“Para llevar adelante un debate serio que permita construir en lugar de destruir debemos reivindicar la actividad minera en general, como tantas otras actividades que el hombre debe llevar adelante para proveerse de recursos, utilizarlos y llevarlos a sumideros, admitiendo siempre que estas actividades generan impactos positivos y negativos que deben evaluarse a la hora de gestionar los recursos. No se registra en ningún momento de nuestra historia campañas que digan NO a la agricultura, a la ganadería o a cualquier otra actividad del hombre. Algunos insisten que sólo se refiere a la ‘megaminería’ del oro, pero insistimos que, de acuerdo a la realidad percibida cotidianamente, el ataque es a toda actividad minera en general, en todas sus etapas, desde la prospección, exploración hasta la explotación, e inclusive afecta a las actividades de docencia e investigación”, señalaron desde el Departamento mediante un comunicado.
“Nuestro nivel de consumo y el desarrollo tecnológico tan venerado en esta época dice SÍ a la minería permanentemente, y particularmente a la minería metalífera, entre ella, la del oro, que es concretamente la fuente principal del conflicto. Nuestro gobierno nacional, elegido categóricamente en la última elección, avala explícitamente el desarrollo tecnológico como sustento de muchas de las industrias que permiten la creación de riquezas socialmente distribuibles y que permiten llevar adelante el proyecto político de Nación. Esto se percibe en las Universidades Nacionales e Institutos de Investigación que reciben cada vez mayores subsidios para investigaciones que produzcan desarrollo tecnológico e innovación productiva. Indudablemente esto dice SÍ a la minería metalífera”, remarcaron.
Luego de una extensa argumentación, el Departamento remarcó que está a favor de aceptar los fondos por: 1- Es una Ley Nacional que deriva de la voluntad del naturista Abel Antonio Peirano, (Dr Honoris Causa de la UNT), en los años 50, quien concibió su tesis sobre la existencia de importantes yacimientos mineros en la zona de Agua de Dionisio, decidiendo a la vez que la UNT fuera la beneficiaria de su descubrimiento. No es una coima que nos da la empresa. Recibirlo no sería motivo de condicionar a los profesionales de las universidades nacionales que eventualmente participen en tareas de control de impactos ambientales. Pensar esto es desconfiar de la integridad ética de los profesionales universitarios.
2- No aceptarlo significa profundizar el daño injusto que afecta a la minería en su conjunto, y evitar el debate de los grandes problemas ambientales.
3- El presupuesto de las universidades, incluidos los sueldos de los trabajadores, provienen de fondos del estado nacional. Parte del presupuesto es aportado por impuestos de la minería, incluyendo los de Bajo La Alumbrera, así como también de las otras actividades cuyo daño ambiental no se ponen en tela de juicio. En este contexto, un análisis de cómo se componen los fondos que utilizan las universidades nacionales nos llevaría inexorablemente a una contradicción.
4- No recibirlo no garantiza ningún mejoramiento en la calidad ambiental de los pobladores cercanos al yacimiento; lo que sí garantiza es la imposibilidad de invertirlo en aportes positivos al problema.
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El Rectorado quiere rechazar los fondos de la minera La Alumbrera
Elevó una resolución al Consejo Superior donde detalló los motivos por los que cree que es indebido aceptar esos recursos. Hoy ese plenario tomará la decisión en la sesión que comenzará a las 14.30
El rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Ruiz, elevó una resolución al Consejo Superior planteando la necesidad de rechazar los fondos provenientes de las utilidades de la explotación minera La Alumbrera. Hoy ese plenario resolverá si finalmente apoya la iniciativa de la conducción universitaria o en cambio admite el ingreso de esos recursos al presupuesto de la casa de altos estudios. La comisión ad hoc conformada para analizar el tema llevará a la sala dos dictámenes para someterlos a votación.
En la propuesta del oficialismo se destaca que la iniciativa no está fundada en una oposición a la minería ni a Geología, sino que hace hincapié en los efectos ambientales surgidos de este tipo de explotación a cielo abierto. También se destaca el consumo de recursos naturales, las causas judiciales abiertas a directivos de la firma, las sospechas de la extracción no declarada y exportada de minerales que se investiga en la Justicia Federal de San Lorenzo, el reclamo de las comunidades en las que se desarrollan estas actividades, entre otros.
La distribución de los recursos provenientes de ese yacimiento se realiza de manera automática a partir de lo dispuesto en la Ley 14.771. Según se establece en su artículo 18, el 20% de las utilidades se destinarán a la Universidad Nacional de Tucumán y un porcentaje igual a un fondo para distribuir entre el resto de las casas de altos estudios nacionales.
“La iniciativa del Rectorado es rechazar estos fondos al menos hasta que se modifique la ley en el Congreso, que viene de la última dictadura, y en la que se permitió el ingreso de capitales internacionales a la explotación de La Alumbrera, algo que no respetó el espíritu de la ley original de la época de Frondizi”, explicó el vicerrector Javier Salminis.
En línea, el secretario de Planificación, Nelso Doffo, remarcó que “se pedirá al mismo tiempo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que conforman los rectores de las universidades nacionales, que tramiten ante los legisladores audiencias para activar la modificación de la ley 14.771”, señaló.
Al consultarlo por los puntos que sería necesario modificar de la normativa, Doffo destacó que “estamos en contra de las modificaciones que introdujo la dictadura de Onganía primero y Martínez de Hoz después. Allí se abrieron las puertas a las empresas transnacionales y se desvirtuó lo que se planteó originalmente con la ley”, indicó. Esto, según Doffo, “demuestra toda una lógica donde el Estado pierde el control de la explotación”.
Lo cierto es que ésta será la tercera vez que el Consejo Superior abordará el tema y las dos primeras -2009 y 2010- los recursos fueron rechazados y enviados a una cuenta en el Banco de la Nación donde aún permanecen.
“Alguna vez hay que terminar con la lógica de que el fin justifica los medios y más en una Universidad. Por eso no podemos avalar el uso de esos recursos que se originan en una actividad que se realiza de manera sumamente cuestionada”, concluyó Doffo.
El Departamento de Geología cuestionó los argumentos del Rectorado
En medio del debate sobre los fondos que la Universidad Nacional recibe anualmente como parte de las utilidades de la explotacion minera La Alumbrera, el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas cuestionó los argumentos centrales vertidos por el Rectorado para proponer el rechazo de ese dinero.
“Para llevar adelante un debate serio que permita construir en lugar de destruir debemos reivindicar la actividad minera en general, como tantas otras actividades que el hombre debe llevar adelante para proveerse de recursos, utilizarlos y llevarlos a sumideros, admitiendo siempre que estas actividades generan impactos positivos y negativos que deben evaluarse a la hora de gestionar los recursos. No se registra en ningún momento de nuestra historia campañas que digan NO a la agricultura, a la ganadería o a cualquier otra actividad del hombre. Algunos insisten que sólo se refiere a la ‘megaminería’ del oro, pero insistimos que, de acuerdo a la realidad percibida cotidianamente, el ataque es a toda actividad minera en general, en todas sus etapas, desde la prospección, exploración hasta la explotación, e inclusive afecta a las actividades de docencia e investigación”, señalaron desde el Departamento mediante un comunicado.
“Nuestro nivel de consumo y el desarrollo tecnológico tan venerado en esta época dice SÍ a la minería permanentemente, y particularmente a la minería metalífera, entre ella, la del oro, que es concretamente la fuente principal del conflicto. Nuestro gobierno nacional, elegido categóricamente en la última elección, avala explícitamente el desarrollo tecnológico como sustento de muchas de las industrias que permiten la creación de riquezas socialmente distribuibles y que permiten llevar adelante el proyecto político de Nación. Esto se percibe en las Universidades Nacionales e Institutos de Investigación que reciben cada vez mayores subsidios para investigaciones que produzcan desarrollo tecnológico e innovación productiva. Indudablemente esto dice SÍ a la minería metalífera”, remarcaron.
Luego de una extensa argumentación, el Departamento remarcó que está a favor de aceptar los fondos por: 1- Es una Ley Nacional que deriva de la voluntad del naturista Abel Antonio Peirano, (Dr Honoris Causa de la UNT), en los años 50, quien concibió su tesis sobre la existencia de importantes yacimientos mineros en la zona de Agua de Dionisio, decidiendo a la vez que la UNT fuera la beneficiaria de su descubrimiento. No es una coima que nos da la empresa. Recibirlo no sería motivo de condicionar a los profesionales de las universidades nacionales que eventualmente participen en tareas de control de impactos ambientales. Pensar esto es desconfiar de la integridad ética de los profesionales universitarios.
2- No aceptarlo significa profundizar el daño injusto que afecta a la minería en su conjunto, y evitar el debate de los grandes problemas ambientales.
3- El presupuesto de las universidades, incluidos los sueldos de los trabajadores, provienen de fondos del estado nacional. Parte del presupuesto es aportado por impuestos de la minería, incluyendo los de Bajo La Alumbrera, así como también de las otras actividades cuyo daño ambiental no se ponen en tela de juicio. En este contexto, un análisis de cómo se componen los fondos que utilizan las universidades nacionales nos llevaría inexorablemente a una contradicción.
4- No recibirlo no garantiza ningún mejoramiento en la calidad ambiental de los pobladores cercanos al yacimiento; lo que sí garantiza es la imposibilidad de invertirlo en aportes positivos al problema.
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