2 jul 2011
Increible: violan la norma a cambio de obras
8:43 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (02/07/2011)
Excepciones a la norma para 47 privados
A cambio de flexibilizar las normativas de construcción, el municipio recibe fondos para infraestructura. Los recursos obtenidos por este mecanismo superan los $ 30 millones.
La Municipalidad de Córdoba firmó 47 acuerdos con desarrollistas privados que le permitieron obtener fondos que superan los 30 millones de pesos. Se trata de un mecanismo que prosperó desde 2008, cuando no se pudo aprobar la ordenanza que regulaba las concertaciones público-privadas.
En mayo de ese año, el intendente Daniel Giacomino envió al Concejo Deliberante el marco normativo en el que se debían encuadrar los acuerdos entre el municipio y los desarrollistas inmobiliarios, mediante los cuales el Estado flexibilizaba las normas de edificación a cambio de obras que la ciudad necesita y que debían ser financiadas por los privados. Cada uno de esos acuerdos necesitaba la aprobación del Concejo.
Los montos que los privados debían erogar se determinaba mediante un cálculo llamado plusvalía: es decir que un porcentaje del plusvalor que obtenían las empresas por las excepciones de normativa (para construir más altura, por ejemplo) se debía transformar en obras para la ciudad.
La iniciativa no prosperó por desacuerdos en la conformación original del entonces bloque oficialista del Frente Cívico y Social. Algunos ediles pedían que primero se terminara el Plan Director. Ante las negativas, Giacomino retiró el proyecto que había sido una de sus promesas de campaña.
Sin embargo, el intendente siguió adelante con los acuerdos, dando participación al Concejo en casos muy puntuales, como por ejemplo la concertación con Edisur que se aprobó en octubre de 2008, que determinó obras viales en el sur de la ciudad y la construcción de dos dispensarios con un aporte de 11 millones de pesos por parte de la desarrollista, a cambio de la autorización municipal de loteos de 300 metros cuadrados en tierras que tenían aprobadas bajo el régimen de urbanizaciones especiales ( countries ).
Según información del municipio, hay otros 46 acuerdos con empresas privadas que se llevaron a cabo, que suponen aportes de los desarrollistas por 17,6 millones de pesos. Esos fondos, sumados a la actualización por inflación de la concertación con Edisur, suponen más de 30 millones de pesos. Cuando se trata de obras, son ejecutadas por las propias empresas.
Entre las más importantes, está la que se suscribió por la construcción de las Torres de la Papelera en barrio Juniors que, a cambio de construir tres torres de 120 metros de altura, deberá aportar 3,6 millones de pesos para la reparación de escuelas municipales y la restauración del patrimonio arquitectónico de la papelera.
Y están pendientes los aportes por la construcción de Capitalinas (1,3 millón de pesos), de un edificio de Tarjeta Naranja (2,3 millones) y una concertación que debe aprobar el Concejo por 8,3 millones de pesos.
Hay otros que sólo suponen la adquisición de computadoras u obras menores, como la colocación de pisos en el CPC Rancagua por 55 mil pesos.
Según el secretario de Desarrollo Urbano, Eduardo Bianqui, las concertaciones que se acordaron se realizaron dentro del marco de normativas vigentes. En ese sentido, explicó que el mecanismo para calcular el plusvalor es el que establece la ordenanza 11.272, y lo realiza la Dirección de Catastro.
En el proyecto de concertación que había presentado Giacomino, ese cálculo lo realizaba la Universidad Nacional de Córdoba para darle más transparencia y cada acuerdo debía ser refrendado por el Concejo Deliberante. En cambio, el mecanismo utilizado ahora está determinado, según el texto de la 11.272, por reglamentación del Ejecutivo.
Las más importantes
Edisur. Obras viales en el sur y dos dispensarios con un aporte de 11 millones de pesos por la autorización de loteos de 300 metros cuadrados en tierras tipificadas como URE.
La Papelera. Reparación de escuelas y del edificio histórico a cambio de tres torres de 120 metros. 3,6 millones de pesos.
Tarjeta Naranja. Obras a designar por $ 2,27 millones por edificio en calle Humberto Primero.
Euromayor. $ 2 millones para la recuperación de la Casona Municipal y de parte de la Cervecería Córdoba, por el permiso para construir seis torres en altura.
Gama. Por los complejos Villasol y Altovillasol, 977 mil pesos para el Teatro Comedia e igual monto para una plaza.
Dinosaurio. $ 927 mil, torres de 16 pisos en Villa Siburu para desagüe en calle Oñate y pavimentación de Humberto Primero. $ 437 mil para reparación de veredas en el área central por complejo Milénica.
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Día a Día (02/07/2011)
30 excepciones rindieron $17 millones
Muni. Son permisos para ‘saltar’ normativa dados a desarrollistas. A cambio, pagaron ese monto en obras.
Se trata de acuerdos entre el municipio y empresas constructoras por el que el primero les autoriza “excepciones” normativas en los proyectos y, en compensación, las desarrollistas “devuelven” parte de la rentabilidad extra que ganan con ese permiso pagando obra pública.
La gestión Giacomino lleva cerradas 30 negociaciones de ese tipo –haciendo uso de mecanismos previstos en diversas ordenanzas– y, en el marco de las mismas, los privados suman un aporte de 17,2 millones de pesos en trabajos de obra de diferente magnitud.
A la vez, existen otros 15 acuerdos en marcha con diverso grado de avance, en los que no se calculó aún cuál debería ser el aporte de los desarrollistas.
Aunque cada caso tiene características propias, diversa escala y matices legales, los privados que solicitan entrar en este mecanismo de excepción en general levantan obras de envergadura: desde un edificio o la ampliación de un shopping a grandes complejos de torres. Y lo que más solicitan es poder utilizar en forma diferente a la prevista en ordenanza la superficie que pueden construir. En muchos casos, esto equivale a dejar más terreno libre en el lote donde construyen para crecer en altura por sobre el límite permitido.
Eduardo Bianqui, titular de Desarrollo Urbano municipal, defendió los acuerdos e insitió en que se cierran “siguiendo mecanismos previstos en las ordenanzas, que son herramientas del Ejecutivo municipal”. Esto significa que para autorizar estas vías de excepción el intendente no necesita la intervención del Concejo Deliberante.
“Por eso no se trata de concertaciones público-privadas, porque esas sí requieren sanción del cuerpo”, dijo. El caso emblema de este tipo es la cerrada con Edisur, la firma que construye varios barrios en el nacimiento de la Cañada.
Muy diferente es la postura que se viene sosteniendo desde el Concejo. Varios bloques opositores (el Frente Cívico, la UCR) han cuestionados diversos acuerdos de esta clase rubricados por el municipio, como el celebrado con Euromayor en relación al complejo de seis torres de departamento que se le permitió levantar en la ex Cervecería Córdoba. En ese caso, por ejemplo, las críticas apuntaron a la “falta de claridad” e información sobre el acuerdo, y la doble interpretación que permitía parte de la normativa en función a la cual se autorizó la megaobra.
El juecismo, en tanto, denunció por “exigua” la “plusvalía” que se le cobró a la empresa por la excepción: en el proyecto Euromayor invertirá 360 millones de pesos y al Estado aportó 2 millones en reparar la Casona Municipal de calle Rioja.
Esa clase de obras que se exigen a las desarrollistas por gozar del beneficio de poder aprovechar “más” el suelo (respecto de lo que establece la normativa general en esa zona de la ciudad) se denominan “complementarias”, y están previstas en la ordenanza 11.272.
Cada vez que la comuna da un permiso de ese tipo, los proyectos ganan rentabilidad: suman superficie a vender (más departamentos, etc.), o mejoran su ecuación de costo-beneficio de otra manera.
Última polémica. El caso llegó al Concejo esta semana, en boca de un grupo de vecinos que se oponen al proyecto que afecta el edificio de la ex papelera Kraft, en Juniors. En torno a ese inmueble (protegido por su valor patrimonial) la comuna autorizó tres torres de 120 metros y otros edificios a Edilicia Suez, usando este mecanismo.
La empresa hará cuatro jardines maternales por 3,6 millones de pesos. “La ordenanza de patrimonio cultural dice que para proteger el patrimonio y liberar suelo alrededor, se permite redistribuir construcción. Por eso se readecuó lo edificado a tres torres de 120 metros”, señaló Bianqui. El funcionario está citado por los concejales a dar explicaciones sobre el tema.
En función a la información brindada por la Municipalidad, los mayores aportes realizados dentro de estos convenios son los dos ya citados más un edificio de 72 metros propiedad de Tarjeta Naranja, construido por el estudio AFT en Humberto Primo. Esa localización cae dentro de la zona especial “Portal del Abasto”, una área en torno al río donde se buscó promover altura. El privado en ese caso aporta 2,2 millones de pesos.
Cervecería. En la ex fábrica de Alberdi la comuna autorizó a Euromayor un seis torres de 900 departamentos, área comercial, oficinas y cocheras. La zona una compleja serie de ordenanzas. La firma puso $2 millones en la Casona.
Milénica. Esa mayor altura autorizó la comuna como excepción a torres de vivienda de la firma de Euclides Bugliotti, en Rodríguez del Busto. El marco legal es el art. 13 de la ordenanza 10.740. La firma pagó $ 437 mil en veredas.
Gama SA. Cerró 2 acuerdos de excepción para usar menos suelo del autorizado y ganar en altura: de 12 m se le autorizó 50 m en Sagrada Familia, y de 36 m a 55,5 m en Cárcano y Colón. Aporta $2 millones para el Comedia.
Nuevocentro. El shopping y la comuna avanzan en un acuerdo de esta clase, en el que se enmarca la ampliación de cocheras que realiza el centro comercial. Se analiza la proporción lugares/superficie construida. En proceso.
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Excepciones a la norma para 47 privados
A cambio de flexibilizar las normativas de construcción, el municipio recibe fondos para infraestructura. Los recursos obtenidos por este mecanismo superan los $ 30 millones.
La Municipalidad de Córdoba firmó 47 acuerdos con desarrollistas privados que le permitieron obtener fondos que superan los 30 millones de pesos. Se trata de un mecanismo que prosperó desde 2008, cuando no se pudo aprobar la ordenanza que regulaba las concertaciones público-privadas.
En mayo de ese año, el intendente Daniel Giacomino envió al Concejo Deliberante el marco normativo en el que se debían encuadrar los acuerdos entre el municipio y los desarrollistas inmobiliarios, mediante los cuales el Estado flexibilizaba las normas de edificación a cambio de obras que la ciudad necesita y que debían ser financiadas por los privados. Cada uno de esos acuerdos necesitaba la aprobación del Concejo.
Los montos que los privados debían erogar se determinaba mediante un cálculo llamado plusvalía: es decir que un porcentaje del plusvalor que obtenían las empresas por las excepciones de normativa (para construir más altura, por ejemplo) se debía transformar en obras para la ciudad.
La iniciativa no prosperó por desacuerdos en la conformación original del entonces bloque oficialista del Frente Cívico y Social. Algunos ediles pedían que primero se terminara el Plan Director. Ante las negativas, Giacomino retiró el proyecto que había sido una de sus promesas de campaña.
Sin embargo, el intendente siguió adelante con los acuerdos, dando participación al Concejo en casos muy puntuales, como por ejemplo la concertación con Edisur que se aprobó en octubre de 2008, que determinó obras viales en el sur de la ciudad y la construcción de dos dispensarios con un aporte de 11 millones de pesos por parte de la desarrollista, a cambio de la autorización municipal de loteos de 300 metros cuadrados en tierras que tenían aprobadas bajo el régimen de urbanizaciones especiales ( countries ).
Según información del municipio, hay otros 46 acuerdos con empresas privadas que se llevaron a cabo, que suponen aportes de los desarrollistas por 17,6 millones de pesos. Esos fondos, sumados a la actualización por inflación de la concertación con Edisur, suponen más de 30 millones de pesos. Cuando se trata de obras, son ejecutadas por las propias empresas.
Entre las más importantes, está la que se suscribió por la construcción de las Torres de la Papelera en barrio Juniors que, a cambio de construir tres torres de 120 metros de altura, deberá aportar 3,6 millones de pesos para la reparación de escuelas municipales y la restauración del patrimonio arquitectónico de la papelera.
Y están pendientes los aportes por la construcción de Capitalinas (1,3 millón de pesos), de un edificio de Tarjeta Naranja (2,3 millones) y una concertación que debe aprobar el Concejo por 8,3 millones de pesos.
Hay otros que sólo suponen la adquisición de computadoras u obras menores, como la colocación de pisos en el CPC Rancagua por 55 mil pesos.
Según el secretario de Desarrollo Urbano, Eduardo Bianqui, las concertaciones que se acordaron se realizaron dentro del marco de normativas vigentes. En ese sentido, explicó que el mecanismo para calcular el plusvalor es el que establece la ordenanza 11.272, y lo realiza la Dirección de Catastro.
En el proyecto de concertación que había presentado Giacomino, ese cálculo lo realizaba la Universidad Nacional de Córdoba para darle más transparencia y cada acuerdo debía ser refrendado por el Concejo Deliberante. En cambio, el mecanismo utilizado ahora está determinado, según el texto de la 11.272, por reglamentación del Ejecutivo.
Las más importantes
Edisur. Obras viales en el sur y dos dispensarios con un aporte de 11 millones de pesos por la autorización de loteos de 300 metros cuadrados en tierras tipificadas como URE.
La Papelera. Reparación de escuelas y del edificio histórico a cambio de tres torres de 120 metros. 3,6 millones de pesos.
Tarjeta Naranja. Obras a designar por $ 2,27 millones por edificio en calle Humberto Primero.
Euromayor. $ 2 millones para la recuperación de la Casona Municipal y de parte de la Cervecería Córdoba, por el permiso para construir seis torres en altura.
Gama. Por los complejos Villasol y Altovillasol, 977 mil pesos para el Teatro Comedia e igual monto para una plaza.
Dinosaurio. $ 927 mil, torres de 16 pisos en Villa Siburu para desagüe en calle Oñate y pavimentación de Humberto Primero. $ 437 mil para reparación de veredas en el área central por complejo Milénica.
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Día a Día (02/07/2011)
30 excepciones rindieron $17 millones
Muni. Son permisos para ‘saltar’ normativa dados a desarrollistas. A cambio, pagaron ese monto en obras.
Se trata de acuerdos entre el municipio y empresas constructoras por el que el primero les autoriza “excepciones” normativas en los proyectos y, en compensación, las desarrollistas “devuelven” parte de la rentabilidad extra que ganan con ese permiso pagando obra pública.
La gestión Giacomino lleva cerradas 30 negociaciones de ese tipo –haciendo uso de mecanismos previstos en diversas ordenanzas– y, en el marco de las mismas, los privados suman un aporte de 17,2 millones de pesos en trabajos de obra de diferente magnitud.
A la vez, existen otros 15 acuerdos en marcha con diverso grado de avance, en los que no se calculó aún cuál debería ser el aporte de los desarrollistas.
Aunque cada caso tiene características propias, diversa escala y matices legales, los privados que solicitan entrar en este mecanismo de excepción en general levantan obras de envergadura: desde un edificio o la ampliación de un shopping a grandes complejos de torres. Y lo que más solicitan es poder utilizar en forma diferente a la prevista en ordenanza la superficie que pueden construir. En muchos casos, esto equivale a dejar más terreno libre en el lote donde construyen para crecer en altura por sobre el límite permitido.
Eduardo Bianqui, titular de Desarrollo Urbano municipal, defendió los acuerdos e insitió en que se cierran “siguiendo mecanismos previstos en las ordenanzas, que son herramientas del Ejecutivo municipal”. Esto significa que para autorizar estas vías de excepción el intendente no necesita la intervención del Concejo Deliberante.
“Por eso no se trata de concertaciones público-privadas, porque esas sí requieren sanción del cuerpo”, dijo. El caso emblema de este tipo es la cerrada con Edisur, la firma que construye varios barrios en el nacimiento de la Cañada.
Muy diferente es la postura que se viene sosteniendo desde el Concejo. Varios bloques opositores (el Frente Cívico, la UCR) han cuestionados diversos acuerdos de esta clase rubricados por el municipio, como el celebrado con Euromayor en relación al complejo de seis torres de departamento que se le permitió levantar en la ex Cervecería Córdoba. En ese caso, por ejemplo, las críticas apuntaron a la “falta de claridad” e información sobre el acuerdo, y la doble interpretación que permitía parte de la normativa en función a la cual se autorizó la megaobra.
El juecismo, en tanto, denunció por “exigua” la “plusvalía” que se le cobró a la empresa por la excepción: en el proyecto Euromayor invertirá 360 millones de pesos y al Estado aportó 2 millones en reparar la Casona Municipal de calle Rioja.
Esa clase de obras que se exigen a las desarrollistas por gozar del beneficio de poder aprovechar “más” el suelo (respecto de lo que establece la normativa general en esa zona de la ciudad) se denominan “complementarias”, y están previstas en la ordenanza 11.272.
Cada vez que la comuna da un permiso de ese tipo, los proyectos ganan rentabilidad: suman superficie a vender (más departamentos, etc.), o mejoran su ecuación de costo-beneficio de otra manera.
Última polémica. El caso llegó al Concejo esta semana, en boca de un grupo de vecinos que se oponen al proyecto que afecta el edificio de la ex papelera Kraft, en Juniors. En torno a ese inmueble (protegido por su valor patrimonial) la comuna autorizó tres torres de 120 metros y otros edificios a Edilicia Suez, usando este mecanismo.
La empresa hará cuatro jardines maternales por 3,6 millones de pesos. “La ordenanza de patrimonio cultural dice que para proteger el patrimonio y liberar suelo alrededor, se permite redistribuir construcción. Por eso se readecuó lo edificado a tres torres de 120 metros”, señaló Bianqui. El funcionario está citado por los concejales a dar explicaciones sobre el tema.
En función a la información brindada por la Municipalidad, los mayores aportes realizados dentro de estos convenios son los dos ya citados más un edificio de 72 metros propiedad de Tarjeta Naranja, construido por el estudio AFT en Humberto Primo. Esa localización cae dentro de la zona especial “Portal del Abasto”, una área en torno al río donde se buscó promover altura. El privado en ese caso aporta 2,2 millones de pesos.
Cervecería. En la ex fábrica de Alberdi la comuna autorizó a Euromayor un seis torres de 900 departamentos, área comercial, oficinas y cocheras. La zona una compleja serie de ordenanzas. La firma puso $2 millones en la Casona.
Milénica. Esa mayor altura autorizó la comuna como excepción a torres de vivienda de la firma de Euclides Bugliotti, en Rodríguez del Busto. El marco legal es el art. 13 de la ordenanza 10.740. La firma pagó $ 437 mil en veredas.
Gama SA. Cerró 2 acuerdos de excepción para usar menos suelo del autorizado y ganar en altura: de 12 m se le autorizó 50 m en Sagrada Familia, y de 36 m a 55,5 m en Cárcano y Colón. Aporta $2 millones para el Comedia.
Nuevocentro. El shopping y la comuna avanzan en un acuerdo de esta clase, en el que se enmarca la ampliación de cocheras que realiza el centro comercial. Se analiza la proporción lugares/superficie construida. En proceso.
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