17 ene 2011
Cloacas: Algo huele mal en la capital
8:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
Día a Día (17/01/2011)
Algo huele mal en Córdoba
Empleados de Redes Sanitarias denuncian el volcamiento de desechos industriales a la red cloacal, que está preparada sólo para recibir líquidos domiciliarios. Además, exigen la puesta en funcionamiento de una planta en Bajo Yapeyú inaugurada en 2007, pero que nunca funcionó.
Apenas la bajada Pucará se introduce serpenteante por la periferia de Bajo Yapeyú, al este de la ciudad de Córdoba, el olor a cloaca es un trompazo que sacude a cualquiera que no sea vecino del lugar o empleado del Pozo de San Vicente, la repartición municipal que recibe todos los días a decenas de camiones atmosféricos que, al aire libre y sin el debido control, vuelcan sus desechos a la red que luego terminará en la planta de Bajo Grande, donde se efectúa el último procesamiento previo a su volcamiento en el río Suquía.
Y aunque la imagen de los camiones tirando líquidos inmundos contrasta con la impactante arboleda que rodea al predio, mucho más incomprensible resulta entender por qué la planta que la Municipalidad inauguró hace tres años y medio para optimizar una situación hoy descontrolada, sigue en el mismo estado vegetativo desde que se cortaron sus cintas, en agosto de 2007, ya que jamás se puso en funcionamiento. “Acá se gastaron tres millones de pesos y nunca pudimos utilizar la planta, porque todo está mal hecho. Los camiones no entran en los galpones donde deben descargar, los tanques de oxígeno no funcionan y el laboratorio para tomar las muestras de lo que se vuelca nunca se hizo”, se quejó ante Día a Día Angel Argüello, uno de los delegados de la repartición, quien asegura que a la red cloacal se tiran desechos industriales y demás elementos que no se consiguen en pozos negros y cámaras sépticas. “La red no es apta para otra cosa que no sea el líquido domiciliario, pero acá vemos, y las paredes de la planta lo confirman, aceites, combustibles, pinturas, jeringas, remedios y lo que se te ocurra”, completa Roberto Gaitán, el otro delegado de Bajo Grande. Es más, según Roberto Ibarra, uno de los químicos que trabajan en Redes Sanitarias y que fue consultado para esta nota, “los baños químicos también depositan en esta planta, lo que es muy grave, porque la mayoría de las empresas usa formol, que es un producto cancerígeno. Nosotros descubrimos esto porque una empresa consultó y le dijimos que el formol está prohibido, pero no sabemos qué utilizan otras firmas del rubro”.
Por falta de infraestructura, tecnología e insumos, los trabajadores no pueden fiscalizar lo que depositan los camiones en el pozo, ni lo que las industrias y comercios vuelcan a la red. El problema no es sólo lo que descargan los camiones atmosféricos en el Pozo de San Vicente, sino la falta de control por parte de la Municipalidad de todos los desechos y basura que las industrias y comercios tiran a la red, y que inevitablemente terminan en Bajo Grande afectando gravemente el proceso biológico y orgánico que allí se realiza, aseguraron Gaitán, Argüello, Ibarra y Jorge Esteve, director de Redes Sanitarias de la Municipalidad, que reconoció la gravedad del tema.
Como los desechos industriales deben ser tratados en establecimientos específicos por parte de las empresas y comercios, y eso significa dinero que las empresas casi nunca quieren pagar, menos cuando no son controladas por quien debe hacerlo, todo termina en la red, y, por ende, en el Suquía. “Desde el año ‘91 que el municipio no tiene un registro actualizado para controlar qué hacen las industrias y los comercios con sus desechos. Deberíamos poder hacer seguimiento de camiones con una hoja de ruta y que además paguen el canon de volcamiento”, señaló Ibarra.
Según este profesional, “a Bajo Grande llega de todo, ya sea porque lo vuelcan a la red de manera ilegal, o a través de los camiones, a los que no podemos controlar porque en Pozo San Vicente deberíamos poder tomar una muestra antes de autorizar los volcamientos. Ahora, para realizar ese trabajo, deberíamos contar con el laboratorio que está proyectado, pero que nunca superó la etapa de los planos en la gestión Giacomino”. Con 23 años de servicio en la repartición, Ibarra denunció la falta de una política de saneamiento seria por parte del Ejecutivo, y puso como ejemplo números alarmantes: “La aparatología con la que hacemos los estudios es de 1983, y muchas veces he tenido que comprar yo mismo los reactivos para hacer las muestras que Bajo Grande vuelca al río”.
En un recorrido realizado el miércoles pasado en el Pozo de San Vicente y en Bajo Grande, Día a Día confirmó que los camiones van y vienen durante todo el día, y que el olor en la zona es insoportable ya que todo se hace al aire libre: “En San Vicente son 38 las empresas que tiran sus líquidos, con un volcamiento diario en planchada de 25 a 30 camiones, totalizando 300 mil litros diarios que luego se suman a la red. Pero el problema no es tanto la cantidad de líquido que se vuelca, sino su calidad, porque el que viene por la red llega con agua, diluido, pero el de los camiones es material concentrado. Y al no funcionar los agitadores (tanques gigantes) porque nunca fueron puestos en marcha, el barro no puede ser oxigenado, aumentando la toxicidad que llega a la red”.
Palabra de funcionario. En diálogo telefónico con este diario por estar de vacaciones, Esteve reconoció que los volcamientos industriales son un tema grave no sólo en Yapeyú, sino en toda la red. Pero se ataja con argumentos cuestionables: “Es muy difícil controlarlos porque se hacen de manera ilegal, a cualquier hora del día”. Sin embargo, sostiene que en el Pozo de San Vicente los empleados deben controlar lo que tiran los camiones. Argüello negó tajantemente esa posibilidad apelando a la cruda realidad: “Nosotros no podemos controlar a los camiones, porque para eso tendríamos que poder sacar una muestra en un laboratorio, y eso hoy no es posible, aunque está proyectado. Con esa muestra podríamos autorizar o no lo que tiran los camiones. Nosotros no podemos guiarnos por el olor, porque las empresas autorizadas para tirar podrían labrarnos un acta o denunciarnos ante las autoridades si nos negamos a que lo hagan”.
Ante la consulta de por qué la planta inaugurada hace tres años y medio nunca se puso en marcha, Esteve respondió: “el expediente está en curso y esperamos en marzo o abril poder terminar esas obras”. Según el funcionario, el presupuesto para poner en funcionamiento una obra vital para la salud de los cordobeses, no solo para los vecinos de Yapeyú, es de 3,5 millones de pesos. “Los fondos serán para terminar la instalación eléctrica, porque hace falta un grupo electrógeno y un laboratorio”.
Llama la atención lo del grupo electrógeno que menciona el funcionario, porque en el lugar hay un generador guardado en una habitación que según los trabajadores costó un millón de pesos y nunca se puso en marcha. “Como empleados no queremos enfrentarnos con nadie, y por eso no hacemos asambleas ni dejamos de trabajar. Es más, sostenemos a Esteve, porque él conoce la situación por haber trabajado en la repartición. Pero denunciamos el problema para que el Poder Ejecutivo despierte y haga algo, porque donde terminan las cloacas empiezan a las enfermedades”, dijo uno de los delegados.
De todo a la red
Según los empleados de Redes Sanitarias, empresas, estaciones de servicio, automotrices, metalúrgicas, curtiembres, lavaderos de colectivos y de ropa arrojan sus residuos a la red cloacal causando un grave daño a la planta de Bajo Grande. “A veces llegan piedras pómez que atoran las cañerías y las bombas”, denuncian.
Inversión
Debido al desordenado crecimiento de la ciudad, la Municipalidad tiene proyectado construir otro módulo en Bajo Grande que sumaría 5.000 metros cúbicos por hora al sistema, que hoy procesa 10 mil cuando no llueve. “Esto se haría en tres etapas con un crédito del BID gestionado por Nación”, adelantó Esteve a Día a Día.
El río llega contaminado a Bajo Grande
La ausencia de controles de lo que se vuelca al Suquía, como ya denunciaron a este diario delegados e inspectores de la Dirección de Ambiente Municipal, fue confirmado por los empleados de Redes Sanitarias: “Nosotros monitoreamos el río desde el lago San Roque hasta Corazón de María, que está pasando la planta de Bajo Grande, y las pruebas confirman que el río ya viene contaminado porque hay volcamientos clandestinos e ilegales en distintos lugares de su recorrido. Te puedo confirmar tres: en Villa Warcalde, en el nacimiento de La Cañada y cuando el Suquía y La Cañada se unen, en pleno centro de Córdoba”, disparó Roberto Ibarra, responsable del laboratorio de Bajo Grande, que tiene la responsabilidad de controlar esta planta y las de Boedo, Inaudi, Avellaneda, el Pozo San Vicente, además de monitorear el río Suquía con un “equipo” de sólo dos químicos más.
“En un momento el laboratorio estaba compuesto por ocho profesionales, y hoy somos tres para toda la ciudad. Magia tampoco podemos hacer. Por eso decimos que falta inversión en personal y en tecnología, porque a nosotros nos fiscaliza la Provincia con el decreto 415, la UNC, la Universidad Católica y la Justicia, porque hay una causa penal por la contaminación de Bajo Grande al río”.
Jorge Esteve, director de Redes Sanitarias de la Muni, reconoció que el río está contaminado con desechos industriales, pero apuntó los cañones a la Provincia. “Eso es jurisdicción de la Subsecretaría de Recursos Hídricos”, dijo.
Una planta al límite
Aunque hoy la planta de Bajo Grande procesa casi 10 mil metros cúbicos por hora, y las nuevas obras construidas por la Nación –que costaron 100 millones de pesos– están en período de prueba, los delegados de esta repartición advierten que “el presupuesto para su funcionamiento es bajísimo, además de que algunas máquinas tienen fallas porque todo se hace de manera inconsulta”. Por ejemplo: hay 6 calderas que tiran gran cantidad de monóxido de carbono, válvulas que no funcionan bien, y 4 digestores sin terminar desde hace 15 años. “Por eso nosotros –dicen– proponemos que se desdoble el impuesto que se cobra a los vecinos por cloacas, y que de ese monto, que hoy supera los 20 millones anuales, un porcentaje se destine al mantenimiento de las plantas de tratamiento”.
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Algo huele mal en Córdoba
Empleados de Redes Sanitarias denuncian el volcamiento de desechos industriales a la red cloacal, que está preparada sólo para recibir líquidos domiciliarios. Además, exigen la puesta en funcionamiento de una planta en Bajo Yapeyú inaugurada en 2007, pero que nunca funcionó.
Apenas la bajada Pucará se introduce serpenteante por la periferia de Bajo Yapeyú, al este de la ciudad de Córdoba, el olor a cloaca es un trompazo que sacude a cualquiera que no sea vecino del lugar o empleado del Pozo de San Vicente, la repartición municipal que recibe todos los días a decenas de camiones atmosféricos que, al aire libre y sin el debido control, vuelcan sus desechos a la red que luego terminará en la planta de Bajo Grande, donde se efectúa el último procesamiento previo a su volcamiento en el río Suquía.
Y aunque la imagen de los camiones tirando líquidos inmundos contrasta con la impactante arboleda que rodea al predio, mucho más incomprensible resulta entender por qué la planta que la Municipalidad inauguró hace tres años y medio para optimizar una situación hoy descontrolada, sigue en el mismo estado vegetativo desde que se cortaron sus cintas, en agosto de 2007, ya que jamás se puso en funcionamiento. “Acá se gastaron tres millones de pesos y nunca pudimos utilizar la planta, porque todo está mal hecho. Los camiones no entran en los galpones donde deben descargar, los tanques de oxígeno no funcionan y el laboratorio para tomar las muestras de lo que se vuelca nunca se hizo”, se quejó ante Día a Día Angel Argüello, uno de los delegados de la repartición, quien asegura que a la red cloacal se tiran desechos industriales y demás elementos que no se consiguen en pozos negros y cámaras sépticas. “La red no es apta para otra cosa que no sea el líquido domiciliario, pero acá vemos, y las paredes de la planta lo confirman, aceites, combustibles, pinturas, jeringas, remedios y lo que se te ocurra”, completa Roberto Gaitán, el otro delegado de Bajo Grande. Es más, según Roberto Ibarra, uno de los químicos que trabajan en Redes Sanitarias y que fue consultado para esta nota, “los baños químicos también depositan en esta planta, lo que es muy grave, porque la mayoría de las empresas usa formol, que es un producto cancerígeno. Nosotros descubrimos esto porque una empresa consultó y le dijimos que el formol está prohibido, pero no sabemos qué utilizan otras firmas del rubro”.
Por falta de infraestructura, tecnología e insumos, los trabajadores no pueden fiscalizar lo que depositan los camiones en el pozo, ni lo que las industrias y comercios vuelcan a la red. El problema no es sólo lo que descargan los camiones atmosféricos en el Pozo de San Vicente, sino la falta de control por parte de la Municipalidad de todos los desechos y basura que las industrias y comercios tiran a la red, y que inevitablemente terminan en Bajo Grande afectando gravemente el proceso biológico y orgánico que allí se realiza, aseguraron Gaitán, Argüello, Ibarra y Jorge Esteve, director de Redes Sanitarias de la Municipalidad, que reconoció la gravedad del tema.
Como los desechos industriales deben ser tratados en establecimientos específicos por parte de las empresas y comercios, y eso significa dinero que las empresas casi nunca quieren pagar, menos cuando no son controladas por quien debe hacerlo, todo termina en la red, y, por ende, en el Suquía. “Desde el año ‘91 que el municipio no tiene un registro actualizado para controlar qué hacen las industrias y los comercios con sus desechos. Deberíamos poder hacer seguimiento de camiones con una hoja de ruta y que además paguen el canon de volcamiento”, señaló Ibarra.
Según este profesional, “a Bajo Grande llega de todo, ya sea porque lo vuelcan a la red de manera ilegal, o a través de los camiones, a los que no podemos controlar porque en Pozo San Vicente deberíamos poder tomar una muestra antes de autorizar los volcamientos. Ahora, para realizar ese trabajo, deberíamos contar con el laboratorio que está proyectado, pero que nunca superó la etapa de los planos en la gestión Giacomino”. Con 23 años de servicio en la repartición, Ibarra denunció la falta de una política de saneamiento seria por parte del Ejecutivo, y puso como ejemplo números alarmantes: “La aparatología con la que hacemos los estudios es de 1983, y muchas veces he tenido que comprar yo mismo los reactivos para hacer las muestras que Bajo Grande vuelca al río”.
En un recorrido realizado el miércoles pasado en el Pozo de San Vicente y en Bajo Grande, Día a Día confirmó que los camiones van y vienen durante todo el día, y que el olor en la zona es insoportable ya que todo se hace al aire libre: “En San Vicente son 38 las empresas que tiran sus líquidos, con un volcamiento diario en planchada de 25 a 30 camiones, totalizando 300 mil litros diarios que luego se suman a la red. Pero el problema no es tanto la cantidad de líquido que se vuelca, sino su calidad, porque el que viene por la red llega con agua, diluido, pero el de los camiones es material concentrado. Y al no funcionar los agitadores (tanques gigantes) porque nunca fueron puestos en marcha, el barro no puede ser oxigenado, aumentando la toxicidad que llega a la red”.
Palabra de funcionario. En diálogo telefónico con este diario por estar de vacaciones, Esteve reconoció que los volcamientos industriales son un tema grave no sólo en Yapeyú, sino en toda la red. Pero se ataja con argumentos cuestionables: “Es muy difícil controlarlos porque se hacen de manera ilegal, a cualquier hora del día”. Sin embargo, sostiene que en el Pozo de San Vicente los empleados deben controlar lo que tiran los camiones. Argüello negó tajantemente esa posibilidad apelando a la cruda realidad: “Nosotros no podemos controlar a los camiones, porque para eso tendríamos que poder sacar una muestra en un laboratorio, y eso hoy no es posible, aunque está proyectado. Con esa muestra podríamos autorizar o no lo que tiran los camiones. Nosotros no podemos guiarnos por el olor, porque las empresas autorizadas para tirar podrían labrarnos un acta o denunciarnos ante las autoridades si nos negamos a que lo hagan”.
Ante la consulta de por qué la planta inaugurada hace tres años y medio nunca se puso en marcha, Esteve respondió: “el expediente está en curso y esperamos en marzo o abril poder terminar esas obras”. Según el funcionario, el presupuesto para poner en funcionamiento una obra vital para la salud de los cordobeses, no solo para los vecinos de Yapeyú, es de 3,5 millones de pesos. “Los fondos serán para terminar la instalación eléctrica, porque hace falta un grupo electrógeno y un laboratorio”.
Llama la atención lo del grupo electrógeno que menciona el funcionario, porque en el lugar hay un generador guardado en una habitación que según los trabajadores costó un millón de pesos y nunca se puso en marcha. “Como empleados no queremos enfrentarnos con nadie, y por eso no hacemos asambleas ni dejamos de trabajar. Es más, sostenemos a Esteve, porque él conoce la situación por haber trabajado en la repartición. Pero denunciamos el problema para que el Poder Ejecutivo despierte y haga algo, porque donde terminan las cloacas empiezan a las enfermedades”, dijo uno de los delegados.
De todo a la red
Según los empleados de Redes Sanitarias, empresas, estaciones de servicio, automotrices, metalúrgicas, curtiembres, lavaderos de colectivos y de ropa arrojan sus residuos a la red cloacal causando un grave daño a la planta de Bajo Grande. “A veces llegan piedras pómez que atoran las cañerías y las bombas”, denuncian.
Inversión
Debido al desordenado crecimiento de la ciudad, la Municipalidad tiene proyectado construir otro módulo en Bajo Grande que sumaría 5.000 metros cúbicos por hora al sistema, que hoy procesa 10 mil cuando no llueve. “Esto se haría en tres etapas con un crédito del BID gestionado por Nación”, adelantó Esteve a Día a Día.
El río llega contaminado a Bajo Grande
La ausencia de controles de lo que se vuelca al Suquía, como ya denunciaron a este diario delegados e inspectores de la Dirección de Ambiente Municipal, fue confirmado por los empleados de Redes Sanitarias: “Nosotros monitoreamos el río desde el lago San Roque hasta Corazón de María, que está pasando la planta de Bajo Grande, y las pruebas confirman que el río ya viene contaminado porque hay volcamientos clandestinos e ilegales en distintos lugares de su recorrido. Te puedo confirmar tres: en Villa Warcalde, en el nacimiento de La Cañada y cuando el Suquía y La Cañada se unen, en pleno centro de Córdoba”, disparó Roberto Ibarra, responsable del laboratorio de Bajo Grande, que tiene la responsabilidad de controlar esta planta y las de Boedo, Inaudi, Avellaneda, el Pozo San Vicente, además de monitorear el río Suquía con un “equipo” de sólo dos químicos más.
“En un momento el laboratorio estaba compuesto por ocho profesionales, y hoy somos tres para toda la ciudad. Magia tampoco podemos hacer. Por eso decimos que falta inversión en personal y en tecnología, porque a nosotros nos fiscaliza la Provincia con el decreto 415, la UNC, la Universidad Católica y la Justicia, porque hay una causa penal por la contaminación de Bajo Grande al río”.
Jorge Esteve, director de Redes Sanitarias de la Muni, reconoció que el río está contaminado con desechos industriales, pero apuntó los cañones a la Provincia. “Eso es jurisdicción de la Subsecretaría de Recursos Hídricos”, dijo.
Una planta al límite
Aunque hoy la planta de Bajo Grande procesa casi 10 mil metros cúbicos por hora, y las nuevas obras construidas por la Nación –que costaron 100 millones de pesos– están en período de prueba, los delegados de esta repartición advierten que “el presupuesto para su funcionamiento es bajísimo, además de que algunas máquinas tienen fallas porque todo se hace de manera inconsulta”. Por ejemplo: hay 6 calderas que tiran gran cantidad de monóxido de carbono, válvulas que no funcionan bien, y 4 digestores sin terminar desde hace 15 años. “Por eso nosotros –dicen– proponemos que se desdoble el impuesto que se cobra a los vecinos por cloacas, y que de ese monto, que hoy supera los 20 millones anuales, un porcentaje se destine al mantenimiento de las plantas de tratamiento”.
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