3 dic 2010
Aplicadores, muy expuestos a pesticidas
7:35 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (03/12/2010)
Aplicadores, muy expuestos a pesticidas
El 30% sufre una "alta" exposición, según un estudio epidemiológico de la UNC. Viven cerca de los campos y no usan protección.
Un tercio de los trabajadores que aplican plaguicidas está altamente expuesto a estos productos tóxicos, según un estudio epidemiológico de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
El grupo de Epidemiología Ambiental de la UNC encuestó a 629 trabajadores rurales que están en contacto con pesticidas. La muestra luego se extendió a 923 personas, todas participantes de cursos para aplicadores de plaguicidas del Ministerio de Agricultura de Córdoba. No incluye a aplicadores aéreos ni banderilleros.
Se tomaron diferentes variables a las que se les asignó un puntaje para determinar la exposición acumulada y la intensidad de la exposición, explica el sitio en Internet de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. Las dos mediciones muestran que el 30 por ciento de los trabajadores rurales sufre una exposición alta a los plaguicidas, tanto si se mide la exposición acumulada como la intensidad de exposición.
Una de las variables medidas fue cuán cerca vivían de la zona de cultivo donde se aplican los productos. El 30 por ciento vive a menos de 100 metros. “Esto puede indicar que la exposición, una vez terminada la jornada laboral, tiene probabilidades de prolongarse”, dice el trabajo publicado en la revista Agriscientia. Y agrega que esto incorpora al grupo familiar altamente vulnerable, en especial niños y mujeres embarazadas.
En promedio, el estudio determinó que los trabajadores están expuestos a 13 productos diferentes. Los principales son: glifosato, 2,4D y astrazina, entre los herbicidas, y cipermetrina, clorpirifos y endosulfán, entre los insecticidas.
Piel y nariz. Las vías de contacto son la piel y por inhalación. La primera es por donde más producto se puede absorber, de allí que sea importante estar protegidos. La protección fue una de las variables que también se evaluó.
El 59,3 por ciento trabaja sin protección. Esto significa que a la hora de manipular estos productos no utilizan ropa impermeable, careta antigás ni guantes químicamente resistentes.
El tiempo que llevan realizando estas tareas es un dato importante para medir exposiciones prolongadas con menor intensidad, que se caracterizan por promover mayores dosis acumulativas asociadas a problemas como cáncer, malformaciones, trastornos inmunológicos y afecciones neurotóxicas.
Casi un tercio de los encuestados trabaja con estos productos desde hace más de 10 años. A pesar de la antigüedad, llama la atención que el grupo encuestado sean personas jóvenes, lo que demuestra que están en el oficio desde adolescentes.
Por el contrario, hay sólo un seis por ciento de mayores de 55 años, lo cual puede indicar un alejamiento progresivo de la profesión como consecuencia de los posibles efectos de los productos sobre la salud, especula el trabajo.
Entre los encuestados, todos varones, un 9,3 por ciento no terminó la escuela primaria. Este grupo es especialmente vulnerable, pues no contaría con herramientas suficientes para evaluar los riesgos de su trabajo, según el estudio. Además, requeriría estrategias diferentes de concientización.
Un dato positivo es que la mayoría de la población es no migrante, con lo cual sería más fácil aplicar campañas de concientización. Los trabajadores que están en pareja son los que más se protegen, quizá por mayor responsabilidad familiar.
El incremento de la actividad agrícola se refleja en datos como que en la campaña 1994/95 se sembraron 3,4 millones de hectáreas, mientras que en la campaña 2007/08 fueron 7,4 millones. El consumo de plaguicidas pasó de 73 millones de kilos en 1995 a 236 millones en 2005.
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Los plaguicidas también preocupan en zonas urbanas
Además de los trabajadores rurales, otra población en riesgo es la que habita en viviendas linderas con campos.
También preocupan los pueblos enteros enclavados en el medio de grandes extensiones rurales. En la Legislatura de Córdoba hay varios proyectos para establecer zonas de exclusión para la fumigación e impulsar prácticas más seguras.
La ley provincial 9.164, sancionada hace seis años, no permite fumigaciones terrestres con productos clase Ia, Ib y II (los de mayor riesgo toxicológico, como el endosulfán) en los 500 metros lindantes con zonas urbanas. Pero sí permite el uso de los productos clasificados como III y IV (entre ellos el glifosato, el más usado), según la lista del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La exigencia para todos los casos es una receta sanitaria a cargo de un agrónomo, con personal y maquinaria habilitados. El estudio realizado por la UNC determinó que apenas el 40 por ciento de los trabajadores aplica productos con receta sanitaria. Es decir que un 60 por ciento estaría incumpliendo la ley.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia había creado un equipo de inspectores para controlar que fue reducido y luego se transfirió esta responsabilidad a municipios y comunas, que a veces no tienen capacidad, voluntad ni conocimientos.
Algunos proyectos legislativos quieren ampliar las zonas de exclusión y los productos prohibidos. Roberto Birri, del Frente Cívico, quiere crear una zona de 800 metros alrededor de las áreas pobladas y cursos de agua en la que esté prohibida toda fumigación.
Más de 10 municipios cordobeses aprobaron ordenanzas propias, con mayores restricciones para fumigar que las establecidas en la ley provincial. En barrio Ituzaingó, de Córdoba, un fallo judicial ordenó fijar limitaciones.
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Aplicadores, muy expuestos a pesticidas
El 30% sufre una "alta" exposición, según un estudio epidemiológico de la UNC. Viven cerca de los campos y no usan protección.
Un tercio de los trabajadores que aplican plaguicidas está altamente expuesto a estos productos tóxicos, según un estudio epidemiológico de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
El grupo de Epidemiología Ambiental de la UNC encuestó a 629 trabajadores rurales que están en contacto con pesticidas. La muestra luego se extendió a 923 personas, todas participantes de cursos para aplicadores de plaguicidas del Ministerio de Agricultura de Córdoba. No incluye a aplicadores aéreos ni banderilleros.
Se tomaron diferentes variables a las que se les asignó un puntaje para determinar la exposición acumulada y la intensidad de la exposición, explica el sitio en Internet de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. Las dos mediciones muestran que el 30 por ciento de los trabajadores rurales sufre una exposición alta a los plaguicidas, tanto si se mide la exposición acumulada como la intensidad de exposición.
Una de las variables medidas fue cuán cerca vivían de la zona de cultivo donde se aplican los productos. El 30 por ciento vive a menos de 100 metros. “Esto puede indicar que la exposición, una vez terminada la jornada laboral, tiene probabilidades de prolongarse”, dice el trabajo publicado en la revista Agriscientia. Y agrega que esto incorpora al grupo familiar altamente vulnerable, en especial niños y mujeres embarazadas.
En promedio, el estudio determinó que los trabajadores están expuestos a 13 productos diferentes. Los principales son: glifosato, 2,4D y astrazina, entre los herbicidas, y cipermetrina, clorpirifos y endosulfán, entre los insecticidas.
Piel y nariz. Las vías de contacto son la piel y por inhalación. La primera es por donde más producto se puede absorber, de allí que sea importante estar protegidos. La protección fue una de las variables que también se evaluó.
El 59,3 por ciento trabaja sin protección. Esto significa que a la hora de manipular estos productos no utilizan ropa impermeable, careta antigás ni guantes químicamente resistentes.
El tiempo que llevan realizando estas tareas es un dato importante para medir exposiciones prolongadas con menor intensidad, que se caracterizan por promover mayores dosis acumulativas asociadas a problemas como cáncer, malformaciones, trastornos inmunológicos y afecciones neurotóxicas.
Casi un tercio de los encuestados trabaja con estos productos desde hace más de 10 años. A pesar de la antigüedad, llama la atención que el grupo encuestado sean personas jóvenes, lo que demuestra que están en el oficio desde adolescentes.
Por el contrario, hay sólo un seis por ciento de mayores de 55 años, lo cual puede indicar un alejamiento progresivo de la profesión como consecuencia de los posibles efectos de los productos sobre la salud, especula el trabajo.
Entre los encuestados, todos varones, un 9,3 por ciento no terminó la escuela primaria. Este grupo es especialmente vulnerable, pues no contaría con herramientas suficientes para evaluar los riesgos de su trabajo, según el estudio. Además, requeriría estrategias diferentes de concientización.
Un dato positivo es que la mayoría de la población es no migrante, con lo cual sería más fácil aplicar campañas de concientización. Los trabajadores que están en pareja son los que más se protegen, quizá por mayor responsabilidad familiar.
El incremento de la actividad agrícola se refleja en datos como que en la campaña 1994/95 se sembraron 3,4 millones de hectáreas, mientras que en la campaña 2007/08 fueron 7,4 millones. El consumo de plaguicidas pasó de 73 millones de kilos en 1995 a 236 millones en 2005.
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Los plaguicidas también preocupan en zonas urbanas
Además de los trabajadores rurales, otra población en riesgo es la que habita en viviendas linderas con campos.
También preocupan los pueblos enteros enclavados en el medio de grandes extensiones rurales. En la Legislatura de Córdoba hay varios proyectos para establecer zonas de exclusión para la fumigación e impulsar prácticas más seguras.
La ley provincial 9.164, sancionada hace seis años, no permite fumigaciones terrestres con productos clase Ia, Ib y II (los de mayor riesgo toxicológico, como el endosulfán) en los 500 metros lindantes con zonas urbanas. Pero sí permite el uso de los productos clasificados como III y IV (entre ellos el glifosato, el más usado), según la lista del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La exigencia para todos los casos es una receta sanitaria a cargo de un agrónomo, con personal y maquinaria habilitados. El estudio realizado por la UNC determinó que apenas el 40 por ciento de los trabajadores aplica productos con receta sanitaria. Es decir que un 60 por ciento estaría incumpliendo la ley.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia había creado un equipo de inspectores para controlar que fue reducido y luego se transfirió esta responsabilidad a municipios y comunas, que a veces no tienen capacidad, voluntad ni conocimientos.
Algunos proyectos legislativos quieren ampliar las zonas de exclusión y los productos prohibidos. Roberto Birri, del Frente Cívico, quiere crear una zona de 800 metros alrededor de las áreas pobladas y cursos de agua en la que esté prohibida toda fumigación.
Más de 10 municipios cordobeses aprobaron ordenanzas propias, con mayores restricciones para fumigar que las establecidas en la ley provincial. En barrio Ituzaingó, de Córdoba, un fallo judicial ordenó fijar limitaciones.
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