6 jul 2009
Aplicaciones de agroquímicos fuera de la ley
6:52 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Villa María (06/07/2009)
La mayoría de las aplicaciones de agroquímicos se hace fuera de la ley
El titular del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba dijo que falta formalizar el trabajo en torno a esa aplicación. Inspectores de la institución están haciendo tareas de fiscalización de esa actividad
La manipulación y aplicación de agroquímicos genera sensaciones encontradas en la sociedad. Se entiende que son necesarios pero se teme por las consecuencias que puedan tener en el medioambiente y la salud pública.
Justamente por esa situación la provincia cuenta con una ley sobre agroquímicos que prevé una serie de requisitos para su tratamiento, entre ellos la confección de una receta por parte de un ingeniero agrónomo y la registración tanto de los lugares de expendio como de las máquinas que intervienen en la aplicación.
Desde el año pasado el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba (CIAC) ha jerarquizado el cuerpo de inspectores propios de la institución para fiscalizar distintos aspectos inherentes a la realidad profesional, desde los aportes realizados a la caja de previsión y la matriculación hasta el cumplimiento de la Ley de Agroquímicos.
Sobre este último aspecto, que supera el quehacer propio de los profesionales por sus implicancias, PUNTAL VILLA MARÍA dialogó con el titular de la institución, Sergio Rang (foto). En primer lugar destacó que “nosotros tenemos obligaciones dentro de la Ley de Agroquímicos; el ingeniero agrónomo y quien quiera trabajar con agroquímicos debe estar inscripto en el Ministerio de Agricultura, tiene que haber hecho un curso de asesor fitosanitario y contar con un talonario de recetas, ya que cada aplicación debe estar recetada; nosotros hacemos mucho hincapié en eso. Los inspectores también van a los lugares de expendio, ya que al frente tiene que estar un ingeniero agrónomo”.
Dijo que éste es un tema que despierta mucha sensibilidad “y por eso nos preocupa bastante cómo se maneja. Entendemos que los agroquímicos son herramientas esenciales para el modelo agropecuario que tenemos hoy, pero son herramientas, siempre y cuando se usen bien. El que usa agroquímicos sin receta está corriendo grandes riesgos. Muchos por experiencia a lo mejor hacen aplicaciones que no afectan el ambiente y demás, pero pueden estar contaminando y poniendo en riesgo a terceros sin saberlo”.
Ley de Agroquímicos
El profesional valoró positivamente la Ley de Agroquímicos porque fue acordada por todas las partes involucradas y contó con un amplio consenso político, ya que la “firmaron como autores todos los bloques partidarios, de derecha a izquierda, y fue aprobada por unanimidad. Fue el punto de equilibrio logrado por todos los actores que estamos relacionados con los agroquímicos”.
“La ley -continuó- tiene 4 ó 5 componentes, algunos de los cuales se han podido cumplir y otros todavía no”.
En ese sentido, el ordenamiento jurídico preveía una fuerte campaña de difusión, que “se ha concretado; nosotros trabajamos mucho en ello, al igual que el Ministerio. La otra cuestión era la formación y la capacitación de cada uno de los actores intervinientes, operarios y demás; se hicieron cursos, pasaron unos 3.000 operarios de máquinas y capacitamos a más de 800 ingenieros agrónomos como asesores fitosanitarios. Está el tema de la registración, que está muy flojo, al igual que la fiscalización Y la otra pata de la ley tenía que ver con los municipios, que por diversos motivos no están muy comprometidos. No son muchos los que firmaron convenios y está lento el proceso para que se sumen a trabajar y controlar”.
Cumplimiento
Teniendo en cuenta las tareas de fiscalización que llevan a cabo desde la institución, se le consultó al titular del CIAC acerca del cumplimiento de la normativa a nivel provincial: “Si uno se fija en las cuestiones formales que plantea la ley, se podría decir que estamos bastante mal porque tenemos a casi todos los actores trabajando fuera de la ley. Con esto quiere decir que hay pocos registrados, tanto ingenieros agrónomos como aplicadores terrestres y expendedores. En la parte formal se avanzó poco. Está faltando poner en marcha la ley, lo que no quiere decir que en la práctica se haga todo mal. Pensemos que acá hay más de 4 millones de hectáreas de soja sembradas; se hacen muchas aplicaciones tanto en la soja como en cada uno de los cultivos y la incidencia de accidentes no es tan importante si uno ve las estadísticas. O sea, está mal hecho porque no tiene receta y no está inscripta la máquina; debemos ajustar eso, pero en la parte técnica no se puede decir que sea tan así”.
Añadió que “muchas aplicaciones están supervisadas por profesionales, lo que pasa es que a lo mejor esos ingenieros agrónomos no están inscriptos como asesores fitosanitarios de Agricultura; o por ahí la máquina no está inscripta pero la aplicación se hace correctamente. Hay que considerar también que están en juego criterios económicos, ya que si no se hace bien una aplicación el impacto en ese sentido en muy grande. Por eso el acto de aplicar herbicidas y demás se puede estar haciendo correctamente en la cuestión más técnica, pero falta lo formal, y por lo tanto están fuera de la ley”.
Más allá de las inspecciones, esa situación se verifica en la práctica, ya que la entidad es la que distribuye las recetas que provee el Ministerio de Agricultura, y hasta el momento son muy pocos los ingenieros agrónomos que las solicitaron.
A partir de esta realidad hace dos meses el Ministerio de Agricultura presentó a la Comisión Asesora de Agroquímicos un programa de fiscalización muy ambicioso: “La Comisión, en donde estamos todos los que tenemos relación con el tema, le dio todo el apoyo. Se hizo la selección de un cuerpo de 12 inspectores, pero todavía no están saliendo a la calle. Nosotros vemos con muy buenos ojos esto porque es sumamente necesario salir a fiscalizar la ley”.
Una de las cuestiones que despierta mayores susceptibilidades en la población es la aplicación de agroquímicos en lugares muy cercanos a las zonas urbanizadas. Si bien la ley determina qué tipo de productos están permitidos para utilizarlos en esos lugares, los temores abundan.
Rang coincidió en que es un tema muy sensible y rescató la experiencia que lleva a cabo Alta Gracia: “La municipalidad de esa ciudad logró una ordenanza que sostiene que toda aplicación periurbana se autoriza siempre y cuando esté presente un ingeniero agrónomo, además del resto de las condiciones previstas en la ley, o sea, que tenga receta, la máquina inscripta y demás. Pero a ese ingeniero lo elige el barrio, el vecindario que esté pegado al área a aplicar, de una lista de profesionales que ofrece la municipalidad; el productor paga por ese servicio, pero no lo pone al ingeniero sino que lo elige directamente la gente, según la confianza que le inspire. Es una buena forma de llevar tranquilidad a la sociedad”.
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La mayoría de las aplicaciones de agroquímicos se hace fuera de la ley
El titular del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba dijo que falta formalizar el trabajo en torno a esa aplicación. Inspectores de la institución están haciendo tareas de fiscalización de esa actividad
La manipulación y aplicación de agroquímicos genera sensaciones encontradas en la sociedad. Se entiende que son necesarios pero se teme por las consecuencias que puedan tener en el medioambiente y la salud pública.
Justamente por esa situación la provincia cuenta con una ley sobre agroquímicos que prevé una serie de requisitos para su tratamiento, entre ellos la confección de una receta por parte de un ingeniero agrónomo y la registración tanto de los lugares de expendio como de las máquinas que intervienen en la aplicación.
Desde el año pasado el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba (CIAC) ha jerarquizado el cuerpo de inspectores propios de la institución para fiscalizar distintos aspectos inherentes a la realidad profesional, desde los aportes realizados a la caja de previsión y la matriculación hasta el cumplimiento de la Ley de Agroquímicos.
Sobre este último aspecto, que supera el quehacer propio de los profesionales por sus implicancias, PUNTAL VILLA MARÍA dialogó con el titular de la institución, Sergio Rang (foto). En primer lugar destacó que “nosotros tenemos obligaciones dentro de la Ley de Agroquímicos; el ingeniero agrónomo y quien quiera trabajar con agroquímicos debe estar inscripto en el Ministerio de Agricultura, tiene que haber hecho un curso de asesor fitosanitario y contar con un talonario de recetas, ya que cada aplicación debe estar recetada; nosotros hacemos mucho hincapié en eso. Los inspectores también van a los lugares de expendio, ya que al frente tiene que estar un ingeniero agrónomo”.
Dijo que éste es un tema que despierta mucha sensibilidad “y por eso nos preocupa bastante cómo se maneja. Entendemos que los agroquímicos son herramientas esenciales para el modelo agropecuario que tenemos hoy, pero son herramientas, siempre y cuando se usen bien. El que usa agroquímicos sin receta está corriendo grandes riesgos. Muchos por experiencia a lo mejor hacen aplicaciones que no afectan el ambiente y demás, pero pueden estar contaminando y poniendo en riesgo a terceros sin saberlo”.
Ley de Agroquímicos
El profesional valoró positivamente la Ley de Agroquímicos porque fue acordada por todas las partes involucradas y contó con un amplio consenso político, ya que la “firmaron como autores todos los bloques partidarios, de derecha a izquierda, y fue aprobada por unanimidad. Fue el punto de equilibrio logrado por todos los actores que estamos relacionados con los agroquímicos”.
“La ley -continuó- tiene 4 ó 5 componentes, algunos de los cuales se han podido cumplir y otros todavía no”.
En ese sentido, el ordenamiento jurídico preveía una fuerte campaña de difusión, que “se ha concretado; nosotros trabajamos mucho en ello, al igual que el Ministerio. La otra cuestión era la formación y la capacitación de cada uno de los actores intervinientes, operarios y demás; se hicieron cursos, pasaron unos 3.000 operarios de máquinas y capacitamos a más de 800 ingenieros agrónomos como asesores fitosanitarios. Está el tema de la registración, que está muy flojo, al igual que la fiscalización Y la otra pata de la ley tenía que ver con los municipios, que por diversos motivos no están muy comprometidos. No son muchos los que firmaron convenios y está lento el proceso para que se sumen a trabajar y controlar”.
Cumplimiento
Teniendo en cuenta las tareas de fiscalización que llevan a cabo desde la institución, se le consultó al titular del CIAC acerca del cumplimiento de la normativa a nivel provincial: “Si uno se fija en las cuestiones formales que plantea la ley, se podría decir que estamos bastante mal porque tenemos a casi todos los actores trabajando fuera de la ley. Con esto quiere decir que hay pocos registrados, tanto ingenieros agrónomos como aplicadores terrestres y expendedores. En la parte formal se avanzó poco. Está faltando poner en marcha la ley, lo que no quiere decir que en la práctica se haga todo mal. Pensemos que acá hay más de 4 millones de hectáreas de soja sembradas; se hacen muchas aplicaciones tanto en la soja como en cada uno de los cultivos y la incidencia de accidentes no es tan importante si uno ve las estadísticas. O sea, está mal hecho porque no tiene receta y no está inscripta la máquina; debemos ajustar eso, pero en la parte técnica no se puede decir que sea tan así”.
Añadió que “muchas aplicaciones están supervisadas por profesionales, lo que pasa es que a lo mejor esos ingenieros agrónomos no están inscriptos como asesores fitosanitarios de Agricultura; o por ahí la máquina no está inscripta pero la aplicación se hace correctamente. Hay que considerar también que están en juego criterios económicos, ya que si no se hace bien una aplicación el impacto en ese sentido en muy grande. Por eso el acto de aplicar herbicidas y demás se puede estar haciendo correctamente en la cuestión más técnica, pero falta lo formal, y por lo tanto están fuera de la ley”.
Más allá de las inspecciones, esa situación se verifica en la práctica, ya que la entidad es la que distribuye las recetas que provee el Ministerio de Agricultura, y hasta el momento son muy pocos los ingenieros agrónomos que las solicitaron.
A partir de esta realidad hace dos meses el Ministerio de Agricultura presentó a la Comisión Asesora de Agroquímicos un programa de fiscalización muy ambicioso: “La Comisión, en donde estamos todos los que tenemos relación con el tema, le dio todo el apoyo. Se hizo la selección de un cuerpo de 12 inspectores, pero todavía no están saliendo a la calle. Nosotros vemos con muy buenos ojos esto porque es sumamente necesario salir a fiscalizar la ley”.
Una de las cuestiones que despierta mayores susceptibilidades en la población es la aplicación de agroquímicos en lugares muy cercanos a las zonas urbanizadas. Si bien la ley determina qué tipo de productos están permitidos para utilizarlos en esos lugares, los temores abundan.
Rang coincidió en que es un tema muy sensible y rescató la experiencia que lleva a cabo Alta Gracia: “La municipalidad de esa ciudad logró una ordenanza que sostiene que toda aplicación periurbana se autoriza siempre y cuando esté presente un ingeniero agrónomo, además del resto de las condiciones previstas en la ley, o sea, que tenga receta, la máquina inscripta y demás. Pero a ese ingeniero lo elige el barrio, el vecindario que esté pegado al área a aplicar, de una lista de profesionales que ofrece la municipalidad; el productor paga por ese servicio, pero no lo pone al ingeniero sino que lo elige directamente la gente, según la confianza que le inspire. Es una buena forma de llevar tranquilidad a la sociedad”.
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