5 dic 2007

Derechos ancestrales

Diario Democracia de Villa Dolores (04/12/2007)
Derechos ancestrales vulnerados

En los últimos años, en el noroeste provincial, se han producido una gran cantidad de usurpaciones de campos que han sido propiedad de poseedores ancestrales.
Debido a que los campesinos no cuentan con la documentación correspondiente que acredite la titularidad de los terrenos, varios se han aprovechado y apropiado legalmente de lugares ajenos.
Los propietarios ancestrales de los campos habitan desde siempre la tierra en la que viven y de la cual subsisten únicamente de lo que producen en ella. A pesar de ello, muchos han sido perjudicados por múltiples desalojos que se han producido en la Provincia, especialmente en los sectores menos desarrollados, como consecuencias del avance de la frontera agropecuaria.
Los campesinos y organizaciones que los apoyan se han movilizado en varias oportunidades para resistir a los desalojos, intentando ser escuchados y dejar un precedente de reclamo a las instituciones del Estado y a la misma sociedad.
Sin embargo, a decenas de fa-milias rurales no se les reconoce el derecho ancestral que poseen sobre la tierra, al ser víctimas de un mecanismo perverso que no logran entender y que a veces irremediablemente provoca tristes desalojos.
Como consecuencia, algunas familias emigran a las ciudades y pueblos cercanos, aglomerándose en las villas como desocupados y necesitados de ayudas sociales y de salud, cuando son poseedores del valioso conocimiento de trabajar la tierra respetando su esencia.
Los productores empresarios intentan apoderarse de la tierra y el monte que siempre preservaron los campesinos. De este modo, están despoblando el campo, erradicando a familias enteras, y convirtiendo los antiguos hogares en inmensas plantaciones, en el mejor de los casos.
El avance de la frontera agropecuaria y las usurpaciones de tierras en el noroeste de Córdoba son un fenómeno que está afectando peligrosamente el presente y el futuro de los campesinos, que precisan la implementación de políticas de protección y apoyo, que valoren sus trabajos y sus tierras.
Ante esto, el Estado debe encargarse de la regularización de las propiedades considerando el derecho que poseen los habitantes ancestrales y, a la vez, fortalecer la posesión y desarrollar la producción, ya que la vida en el campo requiere de servicios fundamentales, como el suministro de agua, energía, salud y la escolaridad.

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