12 jun 2007
Radioterapia conflictiva
8:19 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Mañana de Córdoba (12/06/2007)
Vecinos se unen para exigir información a Juez
Conformaron una asamblea barrial en la que instarán a la Municipalidad que informe sobre la instalación de un instituto para prácticas de radioterapia y oncología, hoy en construcción. Sostienen no se les comunica oficialmente los riesgos que esta institución podría tener para la salud del vecindario, y denuncian que se tratará de un caso de “contaminación silenciosa”.
A principios del corriente mes, vecinos del barrio Teodoro Felds se reunieron en asamblea en el CPC Colón y una vez más esperaron en vano que el intendente Luis Juez se hiciera presente.
La junta promotora barrial ya había invitado el 10 de abril para una reunión que se llevó a cabo el 13, a Luis Juez y a sus funcionarios de las áreas Salud, Ambiente, Obras Privadas, Urbanismo y Redes y Tránsito, a participar de un encuentro similar en el CPC Colón junto a vecinos, investigadores, científicos, y ambientalistas.
La convocatoria a esos encuentros era solicitar a los funcionarios que rindieran cuentas sobre supuestas “irregularidades” que presentaría el expediente municipal que ha permitido el avance de la construcción de un instituto para prácticas de radioterapia y oncología, en dicho vecindario.
“El silencio y la inacción administrativa demostrada por los funcionarios de las áreas mencionadas muestran la falta de respeto que tiene el municipio por el derecho de los vecinos y nos hace dudar de cierta complicidad con la empresarial de la salud, que pretende ejercer su derecho de trabajo desde el abuso a los derechos subjetivos (salud y ambiente) de los vecinos”, expresaba una esquela firmada por Jorge Pablo Cortez, en representación de la Junta Promotora de barrio Teodoro Felds el 28 de mayo pasado.
La ausencia de los funcionarios no hizo claudicar a los vecinos, quienes acordaron que cada 15 días, llevarán adelante reuniones para informarse sobre lo que ellos llaman “una contaminación silenciosa”.
Es que desde principios de 2006, cuando una empresa comenzó a construir sobre calle Duarte Quirós al 5200, los vecinos iniciaron un reclamo a las autoridades municipales solicitando información sobre las consecuencias que podría tener ese instituto dedicado a las prácticas de radioterapia y oncología en la zona.
Cortez, vecino colindante de la obra en construcción, señaló a LA MAÑANA que “hasta hace un año y medio que esto se comenzó a construir al lado de mi casa, lo que se realizaba en este tipo de institutos era para mí solamente una práctica médica para casos de cáncer. Pero cuando empecé a investigar me di cuenta que las estructuras que se estaban levantando pegado a mi propiedad, eran de un bunker para soportar radiación, y entonces empecé a preocuparme”, relató.
Cortez accedió a legislación internacional para interiorizarse de las normativas sobre este tipo de construcciones, y aprendió entre otras cosas las diferencias entre lo que es la bomba de cobalto y los aceleradores lineales para uso médico que se instalarán en el depósito cercano a su vivienda. Tomó conocimiento además de un accidente ocurrido en Zaragoza (España) en un instituto similar, que le costó la vida a 30 personas y contaminó a cerca de 200.
Fue entonces, junto a otros vecinos se contactaron con la Defensoría del Pueblo de la Nación e iniciaron actuación, logrando acceder a parte del expediente municipal de habilitación del instituto oncológico. “Queremos saber qué se está construyendo al lado de nuestras casas, y qué tipo de recaudos se están tomando para evitar que la radiación se filtre”, indicaron.
Preocupación
Para abril de este año, la Municipalidad indicó a través de un comunicado de prensa que la Dirección de Ambiente no había encontrado objeciones a la construcción de este instituto oncológico privado, teniendo en cuenta que, “previo a la habilitación municipal, el mismo deberá con la aprobación de la Autoridad Reguladora Nuclear (ARN), tanto para la aparatología, como para las instalaciones y la construcción”. El comunicado señalaba que la ARN de la Nación había afirmado que el blindaje y las condiciones de operación satisfacían las condiciones establecidas para las operaciones con “aceleradores lineales de electrones para uso médico”.
En tanto que la Agencia Córdoba Ambiente sostuvo que el proyecto de la empresa no requería estudio de impacto ambiental ni aviso de proyecto ante esa dependencia provincial.
“Nos enteramos que en vez de una bomba de cobalto, se instalarán dos aceleradores lineales de 10 megawatios cada uno. Hicimos una presentación para que nos informasen si iban a utilizar cócteles de drogas activas, que es la otra práctica ambulatoria que se realiza sobre el cáncer; porque observamos (por el avance de la obra) que no se está construyendo una planta de tratamiento de líquidos. Creemos que todo esto tiene que estar incluido en un estudio de impacto ambiental, que es previo a la habilitación que pueda hacerse de la construcción. Desde que se inició la obra, nadie vino a controlar el búnker para ver si tiene sus descargas a tierra, si la estructura está bien soldada o es la que se corresponde con la utilización de radiación...”, justificó Cortez.
Insistió que la obra lindante a su propiedad, necesita que la Autoridad Reguladora Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica o las autoridades municipales, “nos digan cuál es la distancia mínima habitable del búnker, o que esa radiación constante no va a afectar a ninguna persona. Si se va a afectar al suelo o a las napas freáticas, si habrá descargas a la red cloacal”.
Entre las “irregularidades” que menciona el vecino detalla: “la obra no respeta el retiro de 1.50 m por ser terreno esquina; ni los porcentajes de edificación y espacios verdes y aún así la Municipalidad ni siquiera clausuró ni inspeccionó, como así también permite que se transgreda la ley de medianería entre vecinos.
De hecho, Cortez y su esposa, que está embarazada, frenaron su proyecto de construir las habitaciones para sus hijos en el espacio libre que tienen en su jardín, por temor a que en el futuro los chicos se expongan a radiación.
Es por eso que, hasta tanto no reciban información oficial, los vecinos seguirán reuniéndose cada 15 días en asamblea. El próximo encuentro está previsto esta semana, y se espera la presencia de Raúl Montenegro de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM).
Los vecinos aclararon que no se oponen a que existan estos institutos, pero señalaron que “queremos que se ubiquen en los polos sanitarios del ejido urbano como el de la Bajada Pucará, para que no causen ningún tipo de impacto ambiental”.
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Vecinos se unen para exigir información a Juez
Conformaron una asamblea barrial en la que instarán a la Municipalidad que informe sobre la instalación de un instituto para prácticas de radioterapia y oncología, hoy en construcción. Sostienen no se les comunica oficialmente los riesgos que esta institución podría tener para la salud del vecindario, y denuncian que se tratará de un caso de “contaminación silenciosa”.
A principios del corriente mes, vecinos del barrio Teodoro Felds se reunieron en asamblea en el CPC Colón y una vez más esperaron en vano que el intendente Luis Juez se hiciera presente.
La junta promotora barrial ya había invitado el 10 de abril para una reunión que se llevó a cabo el 13, a Luis Juez y a sus funcionarios de las áreas Salud, Ambiente, Obras Privadas, Urbanismo y Redes y Tránsito, a participar de un encuentro similar en el CPC Colón junto a vecinos, investigadores, científicos, y ambientalistas.
La convocatoria a esos encuentros era solicitar a los funcionarios que rindieran cuentas sobre supuestas “irregularidades” que presentaría el expediente municipal que ha permitido el avance de la construcción de un instituto para prácticas de radioterapia y oncología, en dicho vecindario.
“El silencio y la inacción administrativa demostrada por los funcionarios de las áreas mencionadas muestran la falta de respeto que tiene el municipio por el derecho de los vecinos y nos hace dudar de cierta complicidad con la empresarial de la salud, que pretende ejercer su derecho de trabajo desde el abuso a los derechos subjetivos (salud y ambiente) de los vecinos”, expresaba una esquela firmada por Jorge Pablo Cortez, en representación de la Junta Promotora de barrio Teodoro Felds el 28 de mayo pasado.
La ausencia de los funcionarios no hizo claudicar a los vecinos, quienes acordaron que cada 15 días, llevarán adelante reuniones para informarse sobre lo que ellos llaman “una contaminación silenciosa”.
Es que desde principios de 2006, cuando una empresa comenzó a construir sobre calle Duarte Quirós al 5200, los vecinos iniciaron un reclamo a las autoridades municipales solicitando información sobre las consecuencias que podría tener ese instituto dedicado a las prácticas de radioterapia y oncología en la zona.
Cortez, vecino colindante de la obra en construcción, señaló a LA MAÑANA que “hasta hace un año y medio que esto se comenzó a construir al lado de mi casa, lo que se realizaba en este tipo de institutos era para mí solamente una práctica médica para casos de cáncer. Pero cuando empecé a investigar me di cuenta que las estructuras que se estaban levantando pegado a mi propiedad, eran de un bunker para soportar radiación, y entonces empecé a preocuparme”, relató.
Cortez accedió a legislación internacional para interiorizarse de las normativas sobre este tipo de construcciones, y aprendió entre otras cosas las diferencias entre lo que es la bomba de cobalto y los aceleradores lineales para uso médico que se instalarán en el depósito cercano a su vivienda. Tomó conocimiento además de un accidente ocurrido en Zaragoza (España) en un instituto similar, que le costó la vida a 30 personas y contaminó a cerca de 200.
Fue entonces, junto a otros vecinos se contactaron con la Defensoría del Pueblo de la Nación e iniciaron actuación, logrando acceder a parte del expediente municipal de habilitación del instituto oncológico. “Queremos saber qué se está construyendo al lado de nuestras casas, y qué tipo de recaudos se están tomando para evitar que la radiación se filtre”, indicaron.
Preocupación
Para abril de este año, la Municipalidad indicó a través de un comunicado de prensa que la Dirección de Ambiente no había encontrado objeciones a la construcción de este instituto oncológico privado, teniendo en cuenta que, “previo a la habilitación municipal, el mismo deberá con la aprobación de la Autoridad Reguladora Nuclear (ARN), tanto para la aparatología, como para las instalaciones y la construcción”. El comunicado señalaba que la ARN de la Nación había afirmado que el blindaje y las condiciones de operación satisfacían las condiciones establecidas para las operaciones con “aceleradores lineales de electrones para uso médico”.
En tanto que la Agencia Córdoba Ambiente sostuvo que el proyecto de la empresa no requería estudio de impacto ambiental ni aviso de proyecto ante esa dependencia provincial.
“Nos enteramos que en vez de una bomba de cobalto, se instalarán dos aceleradores lineales de 10 megawatios cada uno. Hicimos una presentación para que nos informasen si iban a utilizar cócteles de drogas activas, que es la otra práctica ambulatoria que se realiza sobre el cáncer; porque observamos (por el avance de la obra) que no se está construyendo una planta de tratamiento de líquidos. Creemos que todo esto tiene que estar incluido en un estudio de impacto ambiental, que es previo a la habilitación que pueda hacerse de la construcción. Desde que se inició la obra, nadie vino a controlar el búnker para ver si tiene sus descargas a tierra, si la estructura está bien soldada o es la que se corresponde con la utilización de radiación...”, justificó Cortez.
Insistió que la obra lindante a su propiedad, necesita que la Autoridad Reguladora Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica o las autoridades municipales, “nos digan cuál es la distancia mínima habitable del búnker, o que esa radiación constante no va a afectar a ninguna persona. Si se va a afectar al suelo o a las napas freáticas, si habrá descargas a la red cloacal”.
Entre las “irregularidades” que menciona el vecino detalla: “la obra no respeta el retiro de 1.50 m por ser terreno esquina; ni los porcentajes de edificación y espacios verdes y aún así la Municipalidad ni siquiera clausuró ni inspeccionó, como así también permite que se transgreda la ley de medianería entre vecinos.
De hecho, Cortez y su esposa, que está embarazada, frenaron su proyecto de construir las habitaciones para sus hijos en el espacio libre que tienen en su jardín, por temor a que en el futuro los chicos se expongan a radiación.
Es por eso que, hasta tanto no reciban información oficial, los vecinos seguirán reuniéndose cada 15 días en asamblea. El próximo encuentro está previsto esta semana, y se espera la presencia de Raúl Montenegro de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM).
Los vecinos aclararon que no se oponen a que existan estos institutos, pero señalaron que “queremos que se ubiquen en los polos sanitarios del ejido urbano como el de la Bajada Pucará, para que no causen ningún tipo de impacto ambiental”.
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