9 oct 2006
Cuestionan a Cedha
6:41 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Mañana de Córdoba (09/10/2006)
Vecinos cuestionan a ONG ambientalista que presidía Picolotti
Habitantes de la “Manzana Cero” buscan otra representación legal contra Senasa porque aseguran que la fundación Cedha pasó a ser “una delegación en Córdoba de la Secretaría de Ambiente de la Nación”. Integrantes de la asamblea de vecinos de Alta Córdoba buscan por estos días otros representantes legales para accionar por daños y perjuicios contra el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Desde julio de 2005, cuando descubrieron la presencia de DDT y otros insecticidas prohibidos en sangre producto de los tóxicos almacenados por 30 años en el galpón del Senasa en el corazón el barrio, los acompañan con el patrocinio legal la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambientales (Cedha), cuyos principales representantes eran hasta hace poco Romina y Juan Picolotti.
Sin embargo, desde que ambos integran la cartera de Ambiente de la Nación -la primera como su titular y el segundo como asesor-, los vecinos dudan de la imparcialidad de la fundación que los patrocina. En principio, porque el director ejecutivo de Cedha continúa siendo Daniel Taillant, esposo de Romina Picolotti. Pero también porque en los últimos tiempos fueron perdiendo contacto con quien hasta hace algunos días llevaba adelante el caso, el abogado Pablo Ibañez.
“No tienen completamente abandonados”, expresaron los vecinos Orlando Godoy y Juan Scaraffía a LA MAÑANA de Córdoba. “La última vez que dialogamos con representantes de Cedha fue a fines de agosto. Nos propusieron modificar el convenio que nos vincula, porque aseguraron que ellos no iban a representarnos en las demandas de daños y perjuicios contra el Senasa. Le dijimos que no queríamos cambiar el acuerdo y desde entonces no supimos más de ellos”.
La desazón de los vecinos se convirtió en bronca cuando este diario les informó quien los representaba, no lo seguiría haciendo. Pablo Ibañez asumió junto a Victor Ricco (también de Cedha) la responsabilidad de la flamante Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba la semana pasada.
Su paso de la ONG ambientalista a la función pública fue tan rápido y sorpresivo, que no alcanzó a informar a los vecinos que dejaba de representarlos, y que el caso quedaba en manos de Romina Tabarelli, otra de las letradas de Cedha.
¿Juez y parte?
“Cuando firmamos el acuerdo el 29 de julio por la representación legal con esta fundación, lo hicimos porque sabíamos que era una institución que defendía los derechos humanos y el medio ambiente. Y estábamos convencidos que su presidenta, Romina Picolotti, era una persona con una gran sensibilidad para nuestro caso de contaminación, que es grave”, explicó Orlando Godoy.
“Hoy en día nos encontramos que nuestro caso quedó estacionado en una dependencia que no es más ni menos que una delegación en Córdoba de la Secretaría de Ambiente y Recursos Renovables de la Nación”, subrayó el vecino.
Los habitantes de Alta Córdoba afectados por el DDT -integrantes de lo que el municipio llamó “Manzana Cero”- aseguraron que con Romina Piccolotti mantenían una comunicación fluida, incluso cuando el Cedha aceptó el patrocinio de la asamblea de vecinos de Gualeguaychú por el conflicto generado con la instalación de las papeleras Ence y Botnia en Fray Bentos,Uruguay.
Poco después de asumir Picolotti como funcionaria del gobierno kirchnerista, los vecinos infectados con DDT leyeron en los diarios que la funcionaria había mantenido reuniones con el presidente del Senasa, Jorge Amaya, exigiéndole un plan de remediación para Alta Córdoba.Esto los ilusionó. Hasta que les llegó una copia del borrador del proyecto presentado por Senasa, y vieron que era el mismo que habían rechazado en agosto de 2005. Una vez más, los vecinos afectados plantearon a través de Cedha su objeción.
Por entonces, comenzaron los problemas. “A partir de entonces, nunca más tuvimos noticias de ningún otro plan de trabajo”, aseguró Juan Scaraffía.La premura de este vecino por que se remedie el predio del Senasa y la “Manzana Cero” tiene su fundamento. Paulina, su esposa, tiene graves problemas de salud. Su análisis de sangre mostró un alto grado de contaminación con los insecticidas prohibidos. “Tenemos un certificado médico que demuestra que está afectada neurológicamente. Se le duermen las extremidades. Sufre dolores. Está bastante contaminada. Vinculamos este tema con el DDT a partir de los estudios que la Provincia y otras entidades realizaron”, explicó Scaraffía. “Los análisis fueron realizados a sugerencia de la fundación Cedha”, agregó Godoy.
Desde que las 12 toneladas de insecticida fueron enviados a Bouwer, los vecinos saben que no están tan expuestos como antes, pero que la contaminación en sus predios continúa presente. “Será menor, pero está. Mi casa está a 45 metros de se galpón, y creemos que el terreno está contaminado y me preocupa porque mi señora está siempre arreglando el jardín. Esa es su pasión. El municipio prometió en su momento hacer estudios en los terrenos, pero nunca hicieron nada”, señaló Scaraffía.
Asimismo, especialistas advierten que los niveles de insecticidas detectados en sangre, son menores a los que posiblemente los infectados tengan acumulados en sus órganos vitales (ver “Debemos tomar decisiones con urgencia”).La distancia que fueron tomando los vecinos con sus representantes legales profundizaron sus resquemores. En especial cuando Cedha planteó no representarlos en la acción legal por daños y perjuicios contra una dependencia del gobierno nacional. Esta postura los llevó a pensar que Cedha ya no es “imparcial” y es por esto que los decidió a buscar nuevos patrocinadores legales. “Pero no es fácil. Necesitamos mucho aporte técnico para exigir la remediación”, dijo Godoy.
En este marco, los vecinos iniciaron conversaciones con Raúl Montenegro, titular de la Fundación en Defensa del Ambiente (Funam) y ya tuvieron un acercamiento con la Defensoría del Pueblo de la Nación, para solicitar una entrevista con su titular Eduardo Mondino. “Queremos que nos oriente en qué situación quedamos los habitantes de Alta Córdoba ante la falta de remediación de ese galpón del Senasa”, indicó Godoy.
Un canal de comunicación
Romina Tabarelli, actual representante de la asamblea de Alta Córdoba por el Cedha, lamentó los vecinos estén considerando dar por terminado el convenio con la fundación. “Ellos están en su derecho de realizar cuestionamientos y de buscar asesoramiento. De todas formas, desde el punto de vista colectivo ambiental, nosotros vamos a seguir trabajando por un plan de recomposición del predio del Senasa. Además, tenemos una causa abierta en el juzgado federal Nº1 del doctor Bustos Fierro”, dijo.
Daniel Taillant, director ejecutivo de Cedha, recordó por su parte que la fundación continúa ligada a los vecinos por el convenio firmado en julio de 2005. Consultado por este diario, explicó porqué que Cedha planteó a los vecinos modificar el acuerdo para no representarlos en la demanda de daños y perjuicios, y descartó que se trate de “compromisos” con el Estado nacional.
“Cedha es una fundación sin fines de lucro. Cuando se plantearon los juicios por daños y perjuicios se hizo para hacer presión y lograr que las autoridades del Senasa nos escucharan y ejecutaran un plan de remediación. Pero esta situación cambió. Ahora los interlocutores en Nación no son los mismos, y creemos que la estrategia debe adecuarse”, sentenció.
“Hoy los vecinos tienen personas en Ambiente que están dispuestos a intervenir y sentarse a dialogar con el Senasa para busca de soluciones”, subrayó considerando que Cedha hoy puede encontrar un canal de comunicación más fluida con las autoridades nacionales, y también municipales. “Por más que ellos hayan renunciado a Cedha, creemos que el pensamiento de esta institución hoy se convirtió en la política ambiental de la Nación y tenemos la posibilidad de llevar la agenda de ambiente al Municipio de Córdoba”.
Aún así, Taillant sostuvo que la ong va a seguir trabajando en distintos casos que está representando en este momento. Y consideró que en el caso de los vecinos de Alta Córdoba, “hoy están vinculados forzadamente con Cedha mediante un convenio. Más allá de sus dudas, esta es una oportunidad. Las condiciones están dadas para solucionar el tema”, indicó optimista refiriéndose al nuevo plan de remediación que anunció Ambiente de Nación para el barrio de Alta Córdoba (ver “Plan de remediación en tres etapas”).
Cabe recordar por último, la existencia de la causa que se tramita en juzgados federales en las actuaciones caratuladas “Montenegro, Raúl s/denuncia (Expte. Nº 40/11/05)”, donde la defensora del Pueblo de Córdoba, Jéssica Valentini es querellante particular.En esa condición, Valentini presentó el viernes un pedido de emplazamiento a la fiscal federal Graciela López de Filoñuk. Mediante el mismo, le recuerda que obra un acta de fecha 25 de Julio de 2005 de la que surge que el Senasa se comprometía a presentar un plan de trabajo sobre gestión integral y remediación del deposito que dicho organismo posee en el Barrio Alta Córdoba.
“Por ello y atento el tiempo transcurrido (más de un año), sin que el Senasa haya cumplido con su obligación, pese a los requerimientos realizados, se solicita se emplace al mencionado organismo, a que un término que V.S. estime pertinente, presente un plan de trabajo sobre gestión integral y remediación del depósito relacionado”, reza la presentación de la defensoría del Pueblo.
Plan de remediación en tres etapas
Consultada sobre la vinculación entre su gestión en el gobierno kirchnerista y su pasado en la fundación Cedha, Romina Picolotti aseguró a LA MAÑANA que “la fundación sigue existiendo y presentando sus servicios a la comunidad, más allá de las personas que la integran o dejan de hacerlo”. Dijo además: “Creo que participar en lugares de decisión es una oportunidad de ir solucionando los problemas uno a uno. Por ejemplo, estoy feliz de poner adelante la ampliación de la Planta de Bajo Grande. La misma agenda de reclamos que tenía desde Cedha, la estoy aplicando del otro lado. Se están avanzando en las soluciones”, aseguró.
Asimismo, adelantó que esta semana mantendrá una nueva reunión con autoridades del Senasa para presentarles un plan de remediación creado por su cartera. “Creemos que mediante esta propuesta podremos buscar una solución definitiva para el tema. El plan consta de tres etapas. La primera es de diagnóstico, y consiste en una auditoría en distintos puntos geográficos, más allá del predio de Senasa, para una remediación integral. La segunda fase, es de ejecución y la tercera, la de deposición final del DDT. En este sentido, desguasaremos el predio contaminado y se llevarán esos elementos a un depósito final, donde se los microencapsularán. Creemos que no hay que trasladar esos materiales muy lejos, y evaluamos como la alternativa más óptima el predio de Taym, en la localidad de Bouwer”.
Picolloti indicó que para, la primera fase, se ha contratado a ingenieros de la Universidad Nacional de Córdoba para que realicen un estudio de diagnóstico científico y objetivo. A partir de ese análisis, se determinará cuál será la inversión para la remediación total de la zona afectada por las 12 toneladas de DDT en Alta Córdoba.En cuanto a la planta de Dioxitek y su posible traslado, dijo que ha mantenido reuniones con las autoridades de la CNEA. “No va a ser fácil porque hay que ver si la comunidad donde se traslade la planta está dispuesta a recibirla. Además, hay que tener en cuenta que no se puede desactivar Dioxitek porque nos quedamos sin recursos para alimentar la generación de energía del país”, recordó.
Debemos tomar decisiones con urgencia
Por JOSE E. ORTEGA Y DARIO SBARATO
Directores del Centro de Investigación y Formación en Salud Ambiental FCM - UNC
Hace once meses, consultados sobre este mismo tema por LA MAÑANA de Córdoba, exponíamos nuestra inquietud acerca de las consecuencias graves e impredecibles de un problema ambiental urbano que exhibe constancias objetivas -aunque lamentablemente fragmentadas- en cuanto a su magnitud, exigiendo una acción directa, rápida y efectiva del Estado.Ha pasado casi un año y no parece que el avance haya sido significativo. En aquel momento planteábamos la posibilidad de requerir y hacer públicas, completas precisiones sobre los análisis efectuados (en sangre) a vecinos. Tampoco tenemos certeza sobre el avance de los posibles efectos nocivos de la contaminación liberada en la población potencialmente afectada, dado que aquellos estudios deberían completarse con exámenes actuales en órganos, entre otras medidas de investigación responsable que permitan cuantificar el daño.Asimismo, traíamos a colación una mirada sobre la “recomposición” exigida por el artículo 41 de la Constitución Nacional al verificarse un daño ambiental, el cual como sabemos engendra responsabilidad objetiva para él o los generadores -por acción o inacción- del mismo. Nos inclinamos por un concepto necesariamente amplio, en el cual la vuelta al estado anterior del entorno se complemente con una recomposición de ánimo, del espíritu, de la paz colectiva, de la dignidad de vecinos atemorizados y de algún modo librados a su suerte. No conocemos que ni siquiera se haya declarado en la zona involucrada la emergencia ambiental y mucho menos que se hayan direccionado políticas y acciones específicas tendientes para contener a ese colectivo humano, a esta altura víctima ya de muchas desidias.Tampoco sabemos a ciencia cierta si la judicialización del problema ha colaborado con su esclarecimento, y si ha permitido avanzar en el deslinde y asunción de responsabilidades. ¿O es que el Estado, en cualquiera de sus niveles, y en un caso tan claro, tiene que esperar a que finalice un desgastante proceso para aceptar la negligencia y definir los términos de la urgente recomposición? Los ambientalistas se rasgan las vestiduras debatiendo entre la “prevención” que siempre afirma la certeza, y la “precaución” que permita no avanzar ante la incerteza. Frente a estas posturas de salón, los vecinos de Alta Córdoba demandan “pre-ocupación”, es decir, que los funcionarios públicos competentes se hagan cargo, con sentido común y vocación de servicio, de constatar los daños a su entorno, a su salud física y síquica, trabajando en forma urgente por el restablecimiento de condiciones sustentables de sanidad y convivencia.
Ver Nota On Line (el link pudo haber cambiado)
Vecinos cuestionan a ONG ambientalista que presidía Picolotti
Habitantes de la “Manzana Cero” buscan otra representación legal contra Senasa porque aseguran que la fundación Cedha pasó a ser “una delegación en Córdoba de la Secretaría de Ambiente de la Nación”. Integrantes de la asamblea de vecinos de Alta Córdoba buscan por estos días otros representantes legales para accionar por daños y perjuicios contra el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Desde julio de 2005, cuando descubrieron la presencia de DDT y otros insecticidas prohibidos en sangre producto de los tóxicos almacenados por 30 años en el galpón del Senasa en el corazón el barrio, los acompañan con el patrocinio legal la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambientales (Cedha), cuyos principales representantes eran hasta hace poco Romina y Juan Picolotti.
Sin embargo, desde que ambos integran la cartera de Ambiente de la Nación -la primera como su titular y el segundo como asesor-, los vecinos dudan de la imparcialidad de la fundación que los patrocina. En principio, porque el director ejecutivo de Cedha continúa siendo Daniel Taillant, esposo de Romina Picolotti. Pero también porque en los últimos tiempos fueron perdiendo contacto con quien hasta hace algunos días llevaba adelante el caso, el abogado Pablo Ibañez.
“No tienen completamente abandonados”, expresaron los vecinos Orlando Godoy y Juan Scaraffía a LA MAÑANA de Córdoba. “La última vez que dialogamos con representantes de Cedha fue a fines de agosto. Nos propusieron modificar el convenio que nos vincula, porque aseguraron que ellos no iban a representarnos en las demandas de daños y perjuicios contra el Senasa. Le dijimos que no queríamos cambiar el acuerdo y desde entonces no supimos más de ellos”.
La desazón de los vecinos se convirtió en bronca cuando este diario les informó quien los representaba, no lo seguiría haciendo. Pablo Ibañez asumió junto a Victor Ricco (también de Cedha) la responsabilidad de la flamante Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba la semana pasada.
Su paso de la ONG ambientalista a la función pública fue tan rápido y sorpresivo, que no alcanzó a informar a los vecinos que dejaba de representarlos, y que el caso quedaba en manos de Romina Tabarelli, otra de las letradas de Cedha.
¿Juez y parte?
“Cuando firmamos el acuerdo el 29 de julio por la representación legal con esta fundación, lo hicimos porque sabíamos que era una institución que defendía los derechos humanos y el medio ambiente. Y estábamos convencidos que su presidenta, Romina Picolotti, era una persona con una gran sensibilidad para nuestro caso de contaminación, que es grave”, explicó Orlando Godoy.
“Hoy en día nos encontramos que nuestro caso quedó estacionado en una dependencia que no es más ni menos que una delegación en Córdoba de la Secretaría de Ambiente y Recursos Renovables de la Nación”, subrayó el vecino.
Los habitantes de Alta Córdoba afectados por el DDT -integrantes de lo que el municipio llamó “Manzana Cero”- aseguraron que con Romina Piccolotti mantenían una comunicación fluida, incluso cuando el Cedha aceptó el patrocinio de la asamblea de vecinos de Gualeguaychú por el conflicto generado con la instalación de las papeleras Ence y Botnia en Fray Bentos,Uruguay.
Poco después de asumir Picolotti como funcionaria del gobierno kirchnerista, los vecinos infectados con DDT leyeron en los diarios que la funcionaria había mantenido reuniones con el presidente del Senasa, Jorge Amaya, exigiéndole un plan de remediación para Alta Córdoba.Esto los ilusionó. Hasta que les llegó una copia del borrador del proyecto presentado por Senasa, y vieron que era el mismo que habían rechazado en agosto de 2005. Una vez más, los vecinos afectados plantearon a través de Cedha su objeción.
Por entonces, comenzaron los problemas. “A partir de entonces, nunca más tuvimos noticias de ningún otro plan de trabajo”, aseguró Juan Scaraffía.La premura de este vecino por que se remedie el predio del Senasa y la “Manzana Cero” tiene su fundamento. Paulina, su esposa, tiene graves problemas de salud. Su análisis de sangre mostró un alto grado de contaminación con los insecticidas prohibidos. “Tenemos un certificado médico que demuestra que está afectada neurológicamente. Se le duermen las extremidades. Sufre dolores. Está bastante contaminada. Vinculamos este tema con el DDT a partir de los estudios que la Provincia y otras entidades realizaron”, explicó Scaraffía. “Los análisis fueron realizados a sugerencia de la fundación Cedha”, agregó Godoy.
Desde que las 12 toneladas de insecticida fueron enviados a Bouwer, los vecinos saben que no están tan expuestos como antes, pero que la contaminación en sus predios continúa presente. “Será menor, pero está. Mi casa está a 45 metros de se galpón, y creemos que el terreno está contaminado y me preocupa porque mi señora está siempre arreglando el jardín. Esa es su pasión. El municipio prometió en su momento hacer estudios en los terrenos, pero nunca hicieron nada”, señaló Scaraffía.
Asimismo, especialistas advierten que los niveles de insecticidas detectados en sangre, son menores a los que posiblemente los infectados tengan acumulados en sus órganos vitales (ver “Debemos tomar decisiones con urgencia”).La distancia que fueron tomando los vecinos con sus representantes legales profundizaron sus resquemores. En especial cuando Cedha planteó no representarlos en la acción legal por daños y perjuicios contra una dependencia del gobierno nacional. Esta postura los llevó a pensar que Cedha ya no es “imparcial” y es por esto que los decidió a buscar nuevos patrocinadores legales. “Pero no es fácil. Necesitamos mucho aporte técnico para exigir la remediación”, dijo Godoy.
En este marco, los vecinos iniciaron conversaciones con Raúl Montenegro, titular de la Fundación en Defensa del Ambiente (Funam) y ya tuvieron un acercamiento con la Defensoría del Pueblo de la Nación, para solicitar una entrevista con su titular Eduardo Mondino. “Queremos que nos oriente en qué situación quedamos los habitantes de Alta Córdoba ante la falta de remediación de ese galpón del Senasa”, indicó Godoy.
Un canal de comunicación
Romina Tabarelli, actual representante de la asamblea de Alta Córdoba por el Cedha, lamentó los vecinos estén considerando dar por terminado el convenio con la fundación. “Ellos están en su derecho de realizar cuestionamientos y de buscar asesoramiento. De todas formas, desde el punto de vista colectivo ambiental, nosotros vamos a seguir trabajando por un plan de recomposición del predio del Senasa. Además, tenemos una causa abierta en el juzgado federal Nº1 del doctor Bustos Fierro”, dijo.
Daniel Taillant, director ejecutivo de Cedha, recordó por su parte que la fundación continúa ligada a los vecinos por el convenio firmado en julio de 2005. Consultado por este diario, explicó porqué que Cedha planteó a los vecinos modificar el acuerdo para no representarlos en la demanda de daños y perjuicios, y descartó que se trate de “compromisos” con el Estado nacional.
“Cedha es una fundación sin fines de lucro. Cuando se plantearon los juicios por daños y perjuicios se hizo para hacer presión y lograr que las autoridades del Senasa nos escucharan y ejecutaran un plan de remediación. Pero esta situación cambió. Ahora los interlocutores en Nación no son los mismos, y creemos que la estrategia debe adecuarse”, sentenció.
“Hoy los vecinos tienen personas en Ambiente que están dispuestos a intervenir y sentarse a dialogar con el Senasa para busca de soluciones”, subrayó considerando que Cedha hoy puede encontrar un canal de comunicación más fluida con las autoridades nacionales, y también municipales. “Por más que ellos hayan renunciado a Cedha, creemos que el pensamiento de esta institución hoy se convirtió en la política ambiental de la Nación y tenemos la posibilidad de llevar la agenda de ambiente al Municipio de Córdoba”.
Aún así, Taillant sostuvo que la ong va a seguir trabajando en distintos casos que está representando en este momento. Y consideró que en el caso de los vecinos de Alta Córdoba, “hoy están vinculados forzadamente con Cedha mediante un convenio. Más allá de sus dudas, esta es una oportunidad. Las condiciones están dadas para solucionar el tema”, indicó optimista refiriéndose al nuevo plan de remediación que anunció Ambiente de Nación para el barrio de Alta Córdoba (ver “Plan de remediación en tres etapas”).
Cabe recordar por último, la existencia de la causa que se tramita en juzgados federales en las actuaciones caratuladas “Montenegro, Raúl s/denuncia (Expte. Nº 40/11/05)”, donde la defensora del Pueblo de Córdoba, Jéssica Valentini es querellante particular.En esa condición, Valentini presentó el viernes un pedido de emplazamiento a la fiscal federal Graciela López de Filoñuk. Mediante el mismo, le recuerda que obra un acta de fecha 25 de Julio de 2005 de la que surge que el Senasa se comprometía a presentar un plan de trabajo sobre gestión integral y remediación del deposito que dicho organismo posee en el Barrio Alta Córdoba.
“Por ello y atento el tiempo transcurrido (más de un año), sin que el Senasa haya cumplido con su obligación, pese a los requerimientos realizados, se solicita se emplace al mencionado organismo, a que un término que V.S. estime pertinente, presente un plan de trabajo sobre gestión integral y remediación del depósito relacionado”, reza la presentación de la defensoría del Pueblo.
Plan de remediación en tres etapas
Consultada sobre la vinculación entre su gestión en el gobierno kirchnerista y su pasado en la fundación Cedha, Romina Picolotti aseguró a LA MAÑANA que “la fundación sigue existiendo y presentando sus servicios a la comunidad, más allá de las personas que la integran o dejan de hacerlo”. Dijo además: “Creo que participar en lugares de decisión es una oportunidad de ir solucionando los problemas uno a uno. Por ejemplo, estoy feliz de poner adelante la ampliación de la Planta de Bajo Grande. La misma agenda de reclamos que tenía desde Cedha, la estoy aplicando del otro lado. Se están avanzando en las soluciones”, aseguró.
Asimismo, adelantó que esta semana mantendrá una nueva reunión con autoridades del Senasa para presentarles un plan de remediación creado por su cartera. “Creemos que mediante esta propuesta podremos buscar una solución definitiva para el tema. El plan consta de tres etapas. La primera es de diagnóstico, y consiste en una auditoría en distintos puntos geográficos, más allá del predio de Senasa, para una remediación integral. La segunda fase, es de ejecución y la tercera, la de deposición final del DDT. En este sentido, desguasaremos el predio contaminado y se llevarán esos elementos a un depósito final, donde se los microencapsularán. Creemos que no hay que trasladar esos materiales muy lejos, y evaluamos como la alternativa más óptima el predio de Taym, en la localidad de Bouwer”.
Picolloti indicó que para, la primera fase, se ha contratado a ingenieros de la Universidad Nacional de Córdoba para que realicen un estudio de diagnóstico científico y objetivo. A partir de ese análisis, se determinará cuál será la inversión para la remediación total de la zona afectada por las 12 toneladas de DDT en Alta Córdoba.En cuanto a la planta de Dioxitek y su posible traslado, dijo que ha mantenido reuniones con las autoridades de la CNEA. “No va a ser fácil porque hay que ver si la comunidad donde se traslade la planta está dispuesta a recibirla. Además, hay que tener en cuenta que no se puede desactivar Dioxitek porque nos quedamos sin recursos para alimentar la generación de energía del país”, recordó.
Debemos tomar decisiones con urgencia
Por JOSE E. ORTEGA Y DARIO SBARATO
Directores del Centro de Investigación y Formación en Salud Ambiental FCM - UNC
Hace once meses, consultados sobre este mismo tema por LA MAÑANA de Córdoba, exponíamos nuestra inquietud acerca de las consecuencias graves e impredecibles de un problema ambiental urbano que exhibe constancias objetivas -aunque lamentablemente fragmentadas- en cuanto a su magnitud, exigiendo una acción directa, rápida y efectiva del Estado.Ha pasado casi un año y no parece que el avance haya sido significativo. En aquel momento planteábamos la posibilidad de requerir y hacer públicas, completas precisiones sobre los análisis efectuados (en sangre) a vecinos. Tampoco tenemos certeza sobre el avance de los posibles efectos nocivos de la contaminación liberada en la población potencialmente afectada, dado que aquellos estudios deberían completarse con exámenes actuales en órganos, entre otras medidas de investigación responsable que permitan cuantificar el daño.Asimismo, traíamos a colación una mirada sobre la “recomposición” exigida por el artículo 41 de la Constitución Nacional al verificarse un daño ambiental, el cual como sabemos engendra responsabilidad objetiva para él o los generadores -por acción o inacción- del mismo. Nos inclinamos por un concepto necesariamente amplio, en el cual la vuelta al estado anterior del entorno se complemente con una recomposición de ánimo, del espíritu, de la paz colectiva, de la dignidad de vecinos atemorizados y de algún modo librados a su suerte. No conocemos que ni siquiera se haya declarado en la zona involucrada la emergencia ambiental y mucho menos que se hayan direccionado políticas y acciones específicas tendientes para contener a ese colectivo humano, a esta altura víctima ya de muchas desidias.Tampoco sabemos a ciencia cierta si la judicialización del problema ha colaborado con su esclarecimento, y si ha permitido avanzar en el deslinde y asunción de responsabilidades. ¿O es que el Estado, en cualquiera de sus niveles, y en un caso tan claro, tiene que esperar a que finalice un desgastante proceso para aceptar la negligencia y definir los términos de la urgente recomposición? Los ambientalistas se rasgan las vestiduras debatiendo entre la “prevención” que siempre afirma la certeza, y la “precaución” que permita no avanzar ante la incerteza. Frente a estas posturas de salón, los vecinos de Alta Córdoba demandan “pre-ocupación”, es decir, que los funcionarios públicos competentes se hagan cargo, con sentido común y vocación de servicio, de constatar los daños a su entorno, a su salud física y síquica, trabajando en forma urgente por el restablecimiento de condiciones sustentables de sanidad y convivencia.
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