El Diario de Villa María (12/04/2023)
Inició el juicio con jurados populares a Raúl Costa, exsecretario de Ambiente

Se realizó ayer la primera audiencia en Córdoba capital, donde se juzga al exsecretario de Ambiente por autorizar un loteo en cercanías a San Antonio de Arredondo sin audiencia pública previa ni estudio de impacto ambiental
Raúl “Rally” Costa está siendo juzgado en una Cámara de Córdoba capital, donde los jueces técnicos y jurados populares determinarán si el villamariense que ocupó la Secretaría de Ambiente de la provincia, entre 2007 y 2010, es inocente o culpable del delito de “abuso de autoridad”.
La investigación se inició hace más de una década a raíz de una denuncia que hizo Juan Carlos Ferrero, integrante de la ONG protectora del ambiente Adarsa (Asociación de Amigos del Río San Antonio).
Concretamente, lo acusó ante la Justicia por autorizar un loteo a la constructora GAMA en una zona ubicada en cercanías de San Antonio de?Arredondo y que, según la denuncia, estaba en un área protegida por la Ley de Bosques. Y también, derivado de esta primera autorización, cuestiona ante la Justicia a Costa porque le dio el visto bueno a EPEC, para que en un terreno donado a la empresa de energía por GAMA construya una estación transformadora. Es decir, para que lleve luz al barrio que iban a construir.
Agregan que esas autorizaciones se hicieron sin realizar previamente los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas para escuchar la opinión de los vecinos.
Cómo todas las causas que se inician en el fuero anticorrupción, el juicio se lleva adelante con jurados populares.

La primera audiencia
Ayer fue la primera audiencia en la Cámara 10ª de Córdoba capital, integrada por los jueces Mario Centeno, Carlos Palacio Laje y Juan José Rojas Moresi.
Tras la presentación del caso por parte del fiscal, la querella y la defensa, Costa dio sus datos personales ante el tribunal y se abstuvo de declarar.
Dado que es un debate de carácter técnico y legislativo -se discute la interpretación que tiene la acusación y la defensa de las leyes ambientales-, se dispuso que toda la prueba documental se incorpore por escrito, por lo que se pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 17 de abril, oportunidad en que se escucharán los alegatos. Ese es el tiempo que tienen los jurados populares para analizar la documentación.

Leyes en pugna
La acusación tiene que ver con el marco legal vigente.
Por un lado, el artículo 41 de la Constitución Nacional que expresa: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Además, la Ley Nacional de Protección del Ambiente (25.675) establece los presupuestos mínimos para preservar el medio, entre los que está la obligatoriedad de la participación ciudadana en audiencias públicas. Esta ley es del año 2002 y la Provincia de Córdoba adhirió recién en 2014, es decir, después de que se aprobaran los loteos en cuestión. Se discute en la audiencia si la gestión de Costa debía atender a la legislación nacional antes de que la provincia adhiriera o no.
La otra norma en disputa es la Ley Provincial de Bosques (Nº 9.814), que determina las zonas de máxima protección del bosque nativo calificándolas como áreas “rojas” y las que pueden convivir con otras actividades, las que definen como “amarilla” o “verde”.
En definitiva, el juicio contra Costa trata sobre la interpretación jurídica y técnica de esas normas.

Marcela Fernández, abogada querellante: “En defensa del escasísimo bosque nativo que queda”
Marcela Fernández es la abogada querellante en la causa contra Raúl Costa. En diálogo con El Diario hizo una apretada síntesis de la denuncia presentada en el año 2012 y que tras cuatro años de instrucción fue elevada a juicio. Dijo que por los recursos interpuestos por los imputados (además de Costa estuvo acusado otro exsecretario de Ambiente, Federico Bocco, quien falleció) recién después de una década llegaron a la audiencia con jurados populares.
“Esta querella se presentó para defender el escasísimo bosque nativo que le queda a la provincia, con una fragilidad de cuenca de suelo que se refleja en los estudios agregados en la causa”, dijo la letrada.  El espacio donde se autorizó el loteo está dentro de un bosque “que funciona como un ecosistema y que no se repara con reforestación en otro lado, porque afecta el equilibrio biológico, desertifican las tierras y se pierde biodiversidad”, agregó.
“Estos emprendimientos inmobiliarios nos hace perder turismo también, porque la gente que viene a las sierras viene a disfrutar precisamente de las sierras. Si las tapamos con cemento, no queda nada”, señaló la letrada.
“No es una oposición a las obras en general, sino que estamos tratando de que respeten las leyes, las áreas definidas como zonas rojas y, también, la escucha a los vecinos”, explicitó.
Finalmente, recordó que hay otra causa abierta contra Costa que todavía no llegó a juicio. Se trata de la autorización firmada en 2010 a favor de la empresa Ticupil SA para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario en Candonga, cuenca media alta del río Chavascate, calificada también como zona roja.

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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (12/04/2023)
Arrancó el juicio por el country de GAMA y la estación de Punilla Sur

A 11 años de la denuncia realizada por las organizaciones ambientalistas, comenzó el juicio contra el ex secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Raúl Costa, por la construcción de la planta transformadora de EPEC y un emprendimiento inmobiliario en el sur de Punilla.
Se lo acusa de haber otorgado una licencia ambiental de forma irregular que permitió el desarrollo del barrio cerrado El Dorado II (perteneciente a la empresa GAMA) y una instalación de la Empresa Provincial de Energía en San Antonio de Arredondo.
El proceso se realiza en la Cámara Décima del Crimen de la ciudad de Córdoba y Costa (quien estuvo en la función pública del 2007 al 2011) está imputado por el delito de abuso de autoridad, luego de haber sido sindicado como el responsable de haber permitido el desmonte y cambio de uso de suelo en un área natural protegida.
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