23 dic 2014
La Muni contra los carreros
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (23/12/2014)
Prometen duras sanciones a quienes contraten carreros
La falta contribuye con una cadena de conductas prohibidas que ponen en riesgo el ambiente. Lo prevé el proyecto de Código enviado al Concejo Deliberante.
Si se aprueba el proyecto de Código de Convivencia que el intendente de Córdoba Ramón Mestre envió al Concejo Deliberante, los vecinos que contraten los servicios de carreros o de “particulares no autorizados” para el traslado de residuos podrían recibir graves sanciones.
Lo establece el artículo 228 de la propuesta que reemplazará al Código de Faltas vigente en la ciudad Capital, cuyo texto comenzará a debatirse en los próximos días en el legislativo municipal. Fuentes del mestrismo adelantaron que la intención es aprobar la iniciativa en febrero próximo.
El artículo que seguramente desatará una polémica con los carreros, no los menciona de manera taxativa, pero incluye claramente su actividad.
Se lee en el proyecto: “El que contratare servicios particulares no autorizados por la Autoridad de Aplicación para la disposición final de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, patógenos, industriales, peligrosos, restos de obras y demoliciones (...), será sancionado con una multa de entre 100 y 10 mil unidades económicas municipales (UEM)”.
Multas costosas
Al valor actualizado de la unidad económica, la sanciones equivalen a cifras que van desde 15 mil al 1,5 millón de pesos.
Consultado al respecto, el titular de los Tribunales Administrativos de Faltas de la Municipalidad, Ramón Ortega, confirmó que la normativa propuesta involucra la contratación tanto de “particulares no autorizados”. Y aclaró: “Tanto empresas como carreros, aunque estos últimos no estén nombrados con esa denominación”.
Para Ortega y para el resto de los miembros de la comisión que redactó la propuesta a pedido de Mestre, se sanciona esa actitud (la del vecino que requiere un servicio no autorizado) “porque contribuye con una cadena de conductas prohibidas que ponen en riesgo el ambiente tutelado”.
El funcionario destacó que la norma “no es sólo para carreros”, ya que hay particulares y empresas “que utilizan camiones y toda una gran infraestructura al margen de la legalidad para depositar los residuos en basurales clandestinos que afectan la calidad de vida de los vecinos”. Y confirmó que el objetivo es eliminar las conductas de los vecinos que generan los basurales.
Los controles, la clave
Claro está que para que un vecino pueda recibir esa multa, su falta o contravención deberá ser constatada “en flagrancia” o a través de una denuncia, por un inspector.
Por ese motivo los redactores de la propuesta normativa subrayan que para poder poner en acción el nuevo Código, el Ejecutivo Municipal deberá trabajar mucho con controles.
La legislación prevista establece que el juez que intervenga podrá disponer “la remoción de la vía pública del vehículo o motovehículo y la disposición final de los residuos a costo del infractor”. Y que para retirar el vehículo, los elementos, cosas o herramientas utilizadas para perpetrar la falta, “se deberá acreditar el pago de la multa y el cumplimiento de todas las obligaciones municipales establecidas por la Autoridad de Aplicación”.
No sólo carreros y empresas deberán tener cuidado. El artículo 231 dice que quien arrojare residuos en la vía pública será sancionado con una multa de tres a 15 UEM.
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Una actividad informal complicada para ordenar
No hay un censo de carreros, pero se estima que rondarían los tres mil. De estos, el 80 por ciento se dedica a changas, como retiro de podas y escombros, contratados por vecinos de manera informal.
Ordenar la actividad de los carreros nunca fue sencillo para ninguna gestión municipal en la ciudad de Córdoba. Por sobre todo, se trata de un problema de inclusión social trascendente que, cada tanto, resurge y se manifiesta en protestas públicas, con carros tracción a sangre atravesados en las calles, que alteran el tránsito y la tranquilidad ciudadana. Cuando hay políticas de Estado que no los favorecen, los carreros siempre se hacen escuchar.
No hay un censo de carreros, pero se estima que rondarían los tres mil. De estos, el 80 por ciento se dedica a changas, como retiro de podas y escombros, contratados por vecinos de manera informal. Reciben dinero por la tarea y terminan arrojando esos elementos en cualquier lugar. Esto ocurre desde siempre, por más que haya habido intentos por regularizar la situación.
Los carreros están acostumbrados a usar caballos para su actividad de cirujeo. Buscando evitar la tracción a sangre –y el caos de tránsito–, en 2009 hubo un intento de reemplazo de caballos por zoótropos (motocargas) en el centro, para la recolección de cartón y material reciclable. El sistema duró poco y terminó fracasando. La reticencia de los carreros obedeció a que no sabían manejarlos ni tenían carné de conducir, además de que los zoótropos no soportaban demasiado peso. Ahora, la actual gestión también pretende utilizarlos, con destino incierto.
Otro intento fue crear predios controlados por “becarios” en los que los carreros podían descargar desechos. A cambio de un salario del municipio de 1.800 pesos y cuatro horas de trabajo, un centenar de “becarios” debían mantener ordenados estos vertederos. Había 20 al principio, pero hoy el sistema sólo se cumpliría en 10. El convenio se dio entre la Municipalidad, Crese y la Cooperativa La Esperanza.
El nuevo Código de Convivencia que quiere aprobar el oficialismo sancionará a vecinos que contraten servicios de carreros. Cómo asumirán estos una merma de trabajo, es de imaginar.
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Prometen duras sanciones a quienes contraten carreros
La falta contribuye con una cadena de conductas prohibidas que ponen en riesgo el ambiente. Lo prevé el proyecto de Código enviado al Concejo Deliberante.
Si se aprueba el proyecto de Código de Convivencia que el intendente de Córdoba Ramón Mestre envió al Concejo Deliberante, los vecinos que contraten los servicios de carreros o de “particulares no autorizados” para el traslado de residuos podrían recibir graves sanciones.
Lo establece el artículo 228 de la propuesta que reemplazará al Código de Faltas vigente en la ciudad Capital, cuyo texto comenzará a debatirse en los próximos días en el legislativo municipal. Fuentes del mestrismo adelantaron que la intención es aprobar la iniciativa en febrero próximo.
El artículo que seguramente desatará una polémica con los carreros, no los menciona de manera taxativa, pero incluye claramente su actividad.
Se lee en el proyecto: “El que contratare servicios particulares no autorizados por la Autoridad de Aplicación para la disposición final de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, patógenos, industriales, peligrosos, restos de obras y demoliciones (...), será sancionado con una multa de entre 100 y 10 mil unidades económicas municipales (UEM)”.
Multas costosas
Al valor actualizado de la unidad económica, la sanciones equivalen a cifras que van desde 15 mil al 1,5 millón de pesos.
Consultado al respecto, el titular de los Tribunales Administrativos de Faltas de la Municipalidad, Ramón Ortega, confirmó que la normativa propuesta involucra la contratación tanto de “particulares no autorizados”. Y aclaró: “Tanto empresas como carreros, aunque estos últimos no estén nombrados con esa denominación”.
Para Ortega y para el resto de los miembros de la comisión que redactó la propuesta a pedido de Mestre, se sanciona esa actitud (la del vecino que requiere un servicio no autorizado) “porque contribuye con una cadena de conductas prohibidas que ponen en riesgo el ambiente tutelado”.
El funcionario destacó que la norma “no es sólo para carreros”, ya que hay particulares y empresas “que utilizan camiones y toda una gran infraestructura al margen de la legalidad para depositar los residuos en basurales clandestinos que afectan la calidad de vida de los vecinos”. Y confirmó que el objetivo es eliminar las conductas de los vecinos que generan los basurales.
Los controles, la clave
Claro está que para que un vecino pueda recibir esa multa, su falta o contravención deberá ser constatada “en flagrancia” o a través de una denuncia, por un inspector.
Por ese motivo los redactores de la propuesta normativa subrayan que para poder poner en acción el nuevo Código, el Ejecutivo Municipal deberá trabajar mucho con controles.
La legislación prevista establece que el juez que intervenga podrá disponer “la remoción de la vía pública del vehículo o motovehículo y la disposición final de los residuos a costo del infractor”. Y que para retirar el vehículo, los elementos, cosas o herramientas utilizadas para perpetrar la falta, “se deberá acreditar el pago de la multa y el cumplimiento de todas las obligaciones municipales establecidas por la Autoridad de Aplicación”.
No sólo carreros y empresas deberán tener cuidado. El artículo 231 dice que quien arrojare residuos en la vía pública será sancionado con una multa de tres a 15 UEM.
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Una actividad informal complicada para ordenar
No hay un censo de carreros, pero se estima que rondarían los tres mil. De estos, el 80 por ciento se dedica a changas, como retiro de podas y escombros, contratados por vecinos de manera informal.
Ordenar la actividad de los carreros nunca fue sencillo para ninguna gestión municipal en la ciudad de Córdoba. Por sobre todo, se trata de un problema de inclusión social trascendente que, cada tanto, resurge y se manifiesta en protestas públicas, con carros tracción a sangre atravesados en las calles, que alteran el tránsito y la tranquilidad ciudadana. Cuando hay políticas de Estado que no los favorecen, los carreros siempre se hacen escuchar.
No hay un censo de carreros, pero se estima que rondarían los tres mil. De estos, el 80 por ciento se dedica a changas, como retiro de podas y escombros, contratados por vecinos de manera informal. Reciben dinero por la tarea y terminan arrojando esos elementos en cualquier lugar. Esto ocurre desde siempre, por más que haya habido intentos por regularizar la situación.
Los carreros están acostumbrados a usar caballos para su actividad de cirujeo. Buscando evitar la tracción a sangre –y el caos de tránsito–, en 2009 hubo un intento de reemplazo de caballos por zoótropos (motocargas) en el centro, para la recolección de cartón y material reciclable. El sistema duró poco y terminó fracasando. La reticencia de los carreros obedeció a que no sabían manejarlos ni tenían carné de conducir, además de que los zoótropos no soportaban demasiado peso. Ahora, la actual gestión también pretende utilizarlos, con destino incierto.
Otro intento fue crear predios controlados por “becarios” en los que los carreros podían descargar desechos. A cambio de un salario del municipio de 1.800 pesos y cuatro horas de trabajo, un centenar de “becarios” debían mantener ordenados estos vertederos. Había 20 al principio, pero hoy el sistema sólo se cumpliría en 10. El convenio se dio entre la Municipalidad, Crese y la Cooperativa La Esperanza.
El nuevo Código de Convivencia que quiere aprobar el oficialismo sancionará a vecinos que contraten servicios de carreros. Cómo asumirán estos una merma de trabajo, es de imaginar.
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