1 sept 2014

Conrero se defiende del convenio con Monsanto

Diario El Alfil (01/09/2014)
El conflicto de Monsanto en la interna de la UNC

En este año –no electoral- la Facultad que conduce Conrero incursionó en Malvinas Argentinas, haciendo un uso propio de sus actividades y obligaciones de extensión, para llevar ciencia a un debate viciado de política. Si se quiere, para poner en valor un debate degradado por mucho entusiasmo y poca información de “jóvenes idealistas” arriados por “ambientalistas profesionales”.
Algunas veces en sordina, otras en la cara, el ala radicalizada de la administración kirchnerista de la UNC le reprocha a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de haber involucrado a la casa de estudios en el conflicto aún irresuelto por la radicación de una planta procesadora de semillas de maíz en el “barrio” más pobre de la ciudad de Córdoba. No es un reproche homogéneo. De hecho, los planteos más encendidos provienen del kirchnerismo dentro de la propia unidad académica, inducido, eso sí, por uno de sus docentes VIP: Alberto León, secretario general de la Universidad, el cargo más importante en el gabinete del rector Francisco Tamarit.
Son los reproches más sorprendentes que le puede hacer la “izquierda” K a la unidad académica de la casa de estudios más aludida en proyectos de esta naturaleza. Fue durante el gobierno de Carolina Scotto que el kirchnerismo universitario militó este conflicto con un claro objetivo de rédito político-electoral, que en las vísperas de la campaña por las legislativas de octubre retumbó en el Consejo Superior, cuando el organismo de gobierno se expidió con un pronunciamiento para nada neutral a favor de los piquetes ambientalistas que bloquearon el acceso a las instalaciones en construcción.
En este año –no electoral- la Facultad que conduce Conrero incursionó en Malvinas Argentinas, haciendo un uso propio de sus actividades y obligaciones de extensión, para llevar ciencia a un debate viciado de política. Si se quiere, para poner en valor un debate degradado por mucho entusiasmo y poca información de “jóvenes idealistas” arriados por “ambientalistas profesionales”.
Como se decía, la opinión sobre este tema no es uniforme, como tampoco lo es en torno a otra cuestión medio ambiental: la explotación a cielo abierto de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca. Un porcentaje de las regalías de este yacimiento es, por ley, para el sistema universitario –por los trabajos en el hallazgo de un investigador de la Universidad Nacional de Tucumán-, pero la UNC lo rechaza año a año, aunque podría usar esos recursos para financiar campañas contra la misma explotación o cualquier otra causa en defensa del medio ambiente.
UNC es, merecido o no, un sello de calidad, uno de los principales activos que tiene la casa de estudios que no debería ser malversado. Los dos momentos de la construcción política del proyecto “Tamarit rector” probablemente apuntan en esta dirección: hizo lo necesario para ganar en la Asamblea Universitaria de marzo de 2013, se raspó en la disputa política y, después de asumir, armó un relacionamiento institucional en un contexto poco favorable para un kirchnerista, definido por un gobernador peronista anti K y un intendente radical de similar posicionamiento con el gobierno nacional.
Más que bastante como para dejarse arrastrar después por los “jóvenes idealistas” de La Bisagra. Máxime teniendo en cuenta que la agrupación enfrenta en estos momentos un pasivo político ilevantable: la fuga de la principal figura inspiradora de su principismo, la ex diputada nacional Carolina Scotto.

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Intolerancia a la pluralidad

Por Marcelo Conrero • Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.

A raíz de las versiones arrojadas en diversos medios universitarios y algunos relacionados a ellos con respecto al convenio específico suscripto con la empresa Monsanto, es que quisiera con todo respeto llegar a la sociedad en su conjunto para expresarles mi postura sobre la temática, aclarando primero que lo actuado por este Decanato en todo momento cumplimentó con todas y cada una de las disposiciones vigentes y por las cuales me confieren las atribuciones para suscribir convenios específicos.
A raíz de las versiones arrojadas en diversos medios universitarios y algunos relacionados a ellos con respecto al convenio específico suscripto con la empresa Monsanto, es que quisiera con todo respeto llegar a la sociedad en su conjunto para expresarles mi postura sobre la temática, aclarando primero que lo actuado por este Decanato en todo momento cumplimentó con todas y cada una de las disposiciones vigentes y por las cuales me confieren las atribuciones para suscribir convenios específicos. Además, como nunca antes sucedió en esta Unidad Académica, los convenios (13 en total) fueron suscriptos en el evento público más concurrente (400/500 personas) de nuestra Facultad, como lo es el “Día del Ingeniero Agrónomo y Médico Veterinario” que anualmente se realiza en las instalaciones de nuestro campo-escuela, cuestión que motivara el agradecimiento y felicitaciones por parte de la comunidad. Por ese motivo es que nos sorprendió profundamente la inexplicable reacción de la oposición (en Ciencias Agropecuarias), haciéndose los sorprendidos por la resolución decanal 680/14, que en la sesión del viernes 22 de agosto se daba cuenta tal lo establecen las reglamentaciones vigentes, con el objeto de convocar supuestos ambientalistas a dicho debate.
Las formas en que actuaron estas personas demuestra la falta de respeto y la intolerancia a la pluralidad de pensamientos que se está viviendo en la Universidad, hecho que no comparto ni podría compartir por la formación democrática y reformista de la cual provengo, ya que durante años he venido luchando por una universidad pública donde se favorezcan todas las líneas de pensamiento y no se “proscriba” a ninguna de ellas, donde podamos interactuar con respeto y tolerancia sin sufrir agravios para imponer uno u otro pensamiento, ya que eso fue de las épocas más oscuras en la que se vio envuelta nuestra nación.
Sinceramente nosotros, como institución, y yo particularmente como productor, hijo de productor, que me he criado y vivido en el campo, que tengo mi familia en el campo, que vivimos en un pueblo pequeño inmerso en el interior profundo del campo argentino, vemos con mucha preocupación cómo se desvirtúa totalmente las cuestiones, sobre todo por algunos medios que no se cercioran de que se trata realmente.
En esto hay una gran mezcla “ideológica” sobre el nombre de una empresa, cuando en realidad lo que realmente debería discutirse es sobre una planta procesadora de semillas de maíz.
Con la comunidad de Malvinas Argentinas, yo siento un gran compromiso, una responsabilidad… más que un compromiso como decano de esta Facultad de tratar de llevar técnicamente el real conocimiento de que se trata la planta en verdad. Nosotros tenemos la obligación de hablar de lo técnico no de lo político. Lo político va por otro carril, va en otro sentido y en otros ámbitos. Nuestra responsabilidad tiene que ser comunicar de que se trata una planta de este estilo (planta procesadora de semillas de maíz) y en ello, basta con observar las 43 plantas que hay instaladas en todo el país. Circundantes a poblaciones similares a la de Malvinas y que en algunos casos tienen más de 20 años de instaladas y nunca hubo ni siquiera un mínimo inconveniente.
La discusión que se hace sobre la empresa, llega al punto de echarle la culpa del modelo productivo actual, cuando en realidad como viene observándose (en estos últimos días sobre todo) el modelo productivo actual es consecuencia de las malas políticas agropecuarias a nivel nacional, que no generan condiciones para que se desarrollen otros sistemas productivo. En esto seguro debemos coincidir y pongámonos de acuerdo que esto nunca puede ser culpa de una empresa.
Nosotros lo que hemos firmado con esta empresa, al igual que muchas otras empresas, son convenios de trabajo conjunto porque venimos teniendo relación, porque es ciencias agropecuarias y formamos profesionales ingenieros agrónomos… no podemos desconocer ninguna empresa, entidad o institución vinculada con nuestro sector que se desenvuelva en el marco de la ley. No obstante, tampoco no quedamos solo con eso, ya que estamos trabajando con municipios, con escuelas y colegios, con grupos de productores del norte de Córdoba. Particularmente, en este caso, para nosotros es una empresa más al que se le agrega el compromiso asumido con la comunidad de Malvinas y donde entonces les solicitamos poder revisar “previo” a que se presente el EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) a la autoridad de aplicación, para hacer una revisión del mismo mediante la conformación de una comisión interdisciplinaria de especialistas que nunca hayan estado vinculados con ninguna empresa similar y que hayan estado siempre abocados a la actividad universitaria de investigación y docencia para poder, por un lado, darle un marco de tranquilidad a los ciudadanos, y por otro, elevarle por escrito a la empresa las recomendaciones que correspondieren sobre el EsIA y que pueda llevar tranquilidad a la comunidad de Malvinas Argentinas, en el caso que se autorice la puesta en funcionamiento de la planta, y que en tal caso su funcionamiento no afecte el entorno. Este es nuestro compromiso. Después será la autoridad de aplicación quien lo evalúe y le dé el curso que considere pertinente.
Para concluir, quisiera expresar que la decisión asumida por esta gestión es la de involucrarnos en todos y cada uno de los temas en los cuales corresponda nuestra participación como Facultad de Ciencias Agropecuarias.

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