2 oct 2011
Río IV: entierran RSU en campo privado
9:13 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (02/10/2011)
Descubren que el Municipio viene enterrando la basura en un campo que no le pertenece
Durante la gestión de Cantero, el Estado compró 20 hectáreas. Otras 80 quedaron en litigio y deben ser devueltas. Pero el dueño reveló ahora que los desechos están en su campo y no en el de la Municipalidad
En los últimos diez años, la Municipalidad de Río Cuarto acumuló toda la basura de la ciudad en un campo que no le pertenece. Desde 2002, depositó en 16 hectáreas 25 mil camionadas de residuos urbanos y, ahora, el problema es que deberá devolver ese terreno en las mismas condiciones en que lo recibió. El insólito inconveniente trascendió ahora que el productor rural Carlos Roberto Calvo ganó en el Tribunal Superior el juicio que le inició el gobierno de Alberto Cantero en 2002 por una operación en la que estaban en juego 100 hectáreas ubicadas camino a La Gilda.
En todo el intrincado proceso judicial sólo hubo una certeza: de las 100 hectáreas, el Estado adquirió sin discusiones, y por lo tanto escrituró, una franja de 20 hectáreas valuada entonces en 80 mil dólares. El conflicto judicial se circunscribió a las restantes 80 hectáreas, por las que debía pagar 320 mil dólares. La operación con el productor se complicó y llegó a los estrados judiciales porque la convertibilidad voló por los aires antes de que la Municipalidad completara los pagos y porque la gestión de Cantero intentó pesificarle la deuda a Calvo a la ya perimida paridad del uno a uno.
Pero las 20 hectáreas iniciales nunca se discutieron. Cambiaron de destino, aunque desde 2001 son del Municipio. Al principio iban a ser parte de un complejo en el que habría una nueva planta de tratamiento cloacal y una plantación de árboles que crecerían por acción del enorme poder fertilizante de las aguas que saldrían de la planta.
Finalmente nada se hizo y se optó por instalar allí el enterramiento sanitario en el que se
deposita la basura de la ciudad y de algunos pueblos de la zona. Siempre se dio por sobreentendido que la basura se había ido volcando en tierras municipales. Sin embargo, hubo un error, un malentendido o una picardía. Porque la basura no fue a parar a las 20 hectáreas del Estado sino, por el contrario, avanzó sobre 16 de las 80 hectáreas que estaban en discusión y, por lo tanto, ahora que el juicio está definido y que el gobierno de Juan Jure decidió no recurrir a la Corte Suprema, no quedan dudas de que los desechos están usurpando terrenos privados.
La información fue confirmada tanto por fuentes de la Municipalidad como de personas vinculadas a la familia propietaria del campo. El costo que significaría dejar el terreno en las mismas condiciones es millonario y, por lo tanto, una solución impensada para el gobierno. No puede trasladar la basura de la última década de un campo a otro.
Es, para el Municipio, una complicación. Una más a las tantas que ya le ha generado el sistema de higiene urbana de la ciudad.
¿Qué hará? Una de las posibilidades más obvias es que el Municipio le entregue a Calvo las 20 hectáreas que son de su propiedad y, a cambio, se quede con la franja en que se encuentra el vertedero. Sin embargo, no es tan fácil. Porque las 80 hectáreas forman parte de un terreno mayor, de 276 hectáreas, y jamás se hizo ni la mensura ni la subdivisión. “El canje traería aparejado mensurar, dividir, y embarcarse en un montón de otros gastos que van a ser bastante fuertes para la Municipalidad”, indicó un abogado relacionado a la causa.
La segunda opción, que están planteando ya algunos abogados, es que el Estado le expropie a Calvo las hectáreas que son de su propiedad. Sin embargo, el precio de los campos en ese sector se ha disparado considerablemente y, según indicaron fuentes vinculadas a la familia, en los últimos tiempos hubo operaciones por 32 mil dólares la hectárea. Si ese fuera el valor establecido por una tasación oficial, la Municipalidad tendría que desembolsar 2.713.600 pesos. No hay que dejar de considerar además que todavía está el riesgo de que el Estado sea condenado a pagarle daños y perjuicios a Calvo por no haber podido sembrar en sus 80 hectáreas desde el 2002. Esa cuestión deberá ser definida en los próximos meses por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Río Cuarto.
Para colmo, hasta ahora el productor, que se sintió ofendido por la forma en que fue tratado por el gobierno de Cantero, se ha mantenido firme en no apartarse de la vía judicial. “Está muy enojado, no con el actual gobierno ni con el anterior, pero quiere que
la Justicia le dé la razón”, indicaron cerca de Calvo.
Sin embargo, ahora que la máxima instancia judicial de la provincia avaló su posición, el productor podría habilitar un canal de diálogo para encontrar una solución. “Es una situación muy compleja. Calvo está dolido y además enojado porque durante todos estos años no sólo lo llevaron a la Justicia sino que, además, debió pagar todos los impuestos de un campo que no podía usar y hasta debe pagar Bienes Personales por esas 80 hectáreas”, indicaron cerca de la familia.
En el gobierno ruegan que el productor se dé por satisfecho con el fallo del Tribunal Superior. Si no, tendrá que mudarse con la basura a otra parte.
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Descubren que el Municipio viene enterrando la basura en un campo que no le pertenece
Durante la gestión de Cantero, el Estado compró 20 hectáreas. Otras 80 quedaron en litigio y deben ser devueltas. Pero el dueño reveló ahora que los desechos están en su campo y no en el de la Municipalidad
En los últimos diez años, la Municipalidad de Río Cuarto acumuló toda la basura de la ciudad en un campo que no le pertenece. Desde 2002, depositó en 16 hectáreas 25 mil camionadas de residuos urbanos y, ahora, el problema es que deberá devolver ese terreno en las mismas condiciones en que lo recibió. El insólito inconveniente trascendió ahora que el productor rural Carlos Roberto Calvo ganó en el Tribunal Superior el juicio que le inició el gobierno de Alberto Cantero en 2002 por una operación en la que estaban en juego 100 hectáreas ubicadas camino a La Gilda.
En todo el intrincado proceso judicial sólo hubo una certeza: de las 100 hectáreas, el Estado adquirió sin discusiones, y por lo tanto escrituró, una franja de 20 hectáreas valuada entonces en 80 mil dólares. El conflicto judicial se circunscribió a las restantes 80 hectáreas, por las que debía pagar 320 mil dólares. La operación con el productor se complicó y llegó a los estrados judiciales porque la convertibilidad voló por los aires antes de que la Municipalidad completara los pagos y porque la gestión de Cantero intentó pesificarle la deuda a Calvo a la ya perimida paridad del uno a uno.
Pero las 20 hectáreas iniciales nunca se discutieron. Cambiaron de destino, aunque desde 2001 son del Municipio. Al principio iban a ser parte de un complejo en el que habría una nueva planta de tratamiento cloacal y una plantación de árboles que crecerían por acción del enorme poder fertilizante de las aguas que saldrían de la planta.
Finalmente nada se hizo y se optó por instalar allí el enterramiento sanitario en el que se
deposita la basura de la ciudad y de algunos pueblos de la zona. Siempre se dio por sobreentendido que la basura se había ido volcando en tierras municipales. Sin embargo, hubo un error, un malentendido o una picardía. Porque la basura no fue a parar a las 20 hectáreas del Estado sino, por el contrario, avanzó sobre 16 de las 80 hectáreas que estaban en discusión y, por lo tanto, ahora que el juicio está definido y que el gobierno de Juan Jure decidió no recurrir a la Corte Suprema, no quedan dudas de que los desechos están usurpando terrenos privados.
La información fue confirmada tanto por fuentes de la Municipalidad como de personas vinculadas a la familia propietaria del campo. El costo que significaría dejar el terreno en las mismas condiciones es millonario y, por lo tanto, una solución impensada para el gobierno. No puede trasladar la basura de la última década de un campo a otro.
Es, para el Municipio, una complicación. Una más a las tantas que ya le ha generado el sistema de higiene urbana de la ciudad.
¿Qué hará? Una de las posibilidades más obvias es que el Municipio le entregue a Calvo las 20 hectáreas que son de su propiedad y, a cambio, se quede con la franja en que se encuentra el vertedero. Sin embargo, no es tan fácil. Porque las 80 hectáreas forman parte de un terreno mayor, de 276 hectáreas, y jamás se hizo ni la mensura ni la subdivisión. “El canje traería aparejado mensurar, dividir, y embarcarse en un montón de otros gastos que van a ser bastante fuertes para la Municipalidad”, indicó un abogado relacionado a la causa.
La segunda opción, que están planteando ya algunos abogados, es que el Estado le expropie a Calvo las hectáreas que son de su propiedad. Sin embargo, el precio de los campos en ese sector se ha disparado considerablemente y, según indicaron fuentes vinculadas a la familia, en los últimos tiempos hubo operaciones por 32 mil dólares la hectárea. Si ese fuera el valor establecido por una tasación oficial, la Municipalidad tendría que desembolsar 2.713.600 pesos. No hay que dejar de considerar además que todavía está el riesgo de que el Estado sea condenado a pagarle daños y perjuicios a Calvo por no haber podido sembrar en sus 80 hectáreas desde el 2002. Esa cuestión deberá ser definida en los próximos meses por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Río Cuarto.
Para colmo, hasta ahora el productor, que se sintió ofendido por la forma en que fue tratado por el gobierno de Cantero, se ha mantenido firme en no apartarse de la vía judicial. “Está muy enojado, no con el actual gobierno ni con el anterior, pero quiere que
la Justicia le dé la razón”, indicaron cerca de Calvo.
Sin embargo, ahora que la máxima instancia judicial de la provincia avaló su posición, el productor podría habilitar un canal de diálogo para encontrar una solución. “Es una situación muy compleja. Calvo está dolido y además enojado porque durante todos estos años no sólo lo llevaron a la Justicia sino que, además, debió pagar todos los impuestos de un campo que no podía usar y hasta debe pagar Bienes Personales por esas 80 hectáreas”, indicaron cerca de la familia.
En el gobierno ruegan que el productor se dé por satisfecho con el fallo del Tribunal Superior. Si no, tendrá que mudarse con la basura a otra parte.
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