8 ago 2010
Gamsur debe devolver el campo donde entierra
10:33 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (08/08/2010)
Por un juicio, Gamsur deberá devolver el campo donde entierra la basura
Es un litigio que comenzó en 2002, durante la gestión de Cantero. Entonces, el gobierno le compró 100 hectáreas a un productor y, al caerse la convertibilidad, pretendió pagarle en pesos a la paridad 1 a 1. El Municipio acaba de perder en el Tribunal Superior. En parte de esa tierra funciona el enterramiento
En la larga cadena de malas noticias que Gamsur ha padecido en los últimos meses, si alguna le faltaba era la que acaba de salir del Tribunal Superior. El máximo órgano judicial de la Provincia resolvió que, después de un extenso juicio de más de 8 años, el gobierno municipal deberá devolverle al productor Carlos Roberto Calvo el campo de 80 hectáreas en el que funciona actualmente el enterramiento sanitario de la empresa mixta de higiene urbana.
Ahora, Gamsur debería devolver ese predio y trasladar el enterramiento. Sin embargo, en el Municipio señalan que no está dicha la última palabra, que presentarán un recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El caso empezó en 2001, cuando Alberto?Cantero gobernaba la ciudad y el país, co
mandado por Fernando de la Rúa, estaba ya a un paso del cataclismo político e institucional. En medio de ese caos, el gobierno municipal inició las negociaciones para comprarle a Calvo 100 hectáreas de su campo ubicado camino a La Gilda.?Allí, el gobierno de Cantero pensaba construir una nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales y de residuos sólidos urbanos.
En agosto de 2000, la Comisión Regional para el Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos determinó que el mejor lugar para construir esas plantas eran los terrenos que están al suroeste de la vieja planta depuradora y que eran propiedad de Calvo.
Cuando lo amenazaron con la expropiación, el productor aceptó vender. El precio establecido, cuando la convertibidad aún estaba viva, fue de 400 mil pesos/dólares.
Pero la operación tenía sus complicaciones. Las primeras 20 hectáreas no generaron inconvenientes porque estaban subdivididas y tenían una escrituración independiente. Por lo tanto, el gobierno de Cantero pagó 80 mil pesos/dólares y ese campo pasó a manos del Estado municipal.
Los problemas comenzaron con el resto del campo, con las otras 80 hectáreas que formaban parte de un campo más grande, de 267 hectáreas. Como consecuencia, debían iniciarse los trámites para subdividir esa porción de terreno y para que el Estado pudiera escriturarla a su nombre. El acuerdo que aparece en los boletos de compra-venta y en la demanda judicial iniciada por la Municipalidad señala que los 320 mil pesos/dólares que faltaban debían ser pagados de la siguiente manera: 70 mil pesos/dólares el 23 de octubre de 2001 y los 266.666 pesos/dólares restantes (la cifra surge de aplicar un interés del 8 por ciento anual a los 250 mil pesos que faltaban) a los diez meses de firmado el boleto de compraventa. Es decir, el 23 de agosto de 2002 tenía que estar cancelado el precio total.
Pero entre octubre de 2001 y agosto de 2002 pasó de todo en Argentina:?se cayó el gobierno de De la Rúa, se sucedieron cuatro presidentes en una semana y la convertibilidad explotó por los aires.?El peso se devaluó frente al dólar y el uno a uno pasó a ser sólo un recuerdo.
En ese contexto, el Municipio apenas si tenía fondos para funcionar. Como consecuencia, no le pagó a Calvo los 266 mil pesos/dólares que faltaban. Cuatro días después de la fecha límite, el productor intimó al?Estado para que en 15 días cancelara la deuda y, además, entregara los planos de mensura y subdivisión, que debían ser tramitados por la Municipalidad.
El gobierno nunca había terminado los trámites para mensurar, subdividir y escriturar.
El día en que se vencía el plazo de intimación, el entonces fiscal municipal, Hugo Abrahan, fue al estudio de Daniel Pera Cecchi, abogado de Calvo, y le llevó un cheque por 266 mil pesos.
El abogado del productor rechazó la cifra porque, según consignó, era insuficiente ya que el peso se había devaluado y el uno a uno ya no existía. Lo que pretendía era una actualización del valor, tal cual estaba sucediendo entonces con la mayoría de los contratos firmados durante la convertibilidad.
Pero, entonces, fue el gobierno de Cantero el que le inició a Calvo una demanda para que cumpliera con el contrato, se diera por bien pagado con los 266 mil devaluados pesos y, además, para que se transfiriera el campo a nombre del Municipio.
Desde entonces, comenzó una larga batalla judicial que todavía no está resuelta pero que viene generándole una derrota tras otra al Estado municipal.
El primer fallo, firmado por la jueza Rosana de Souza el 9 de mayo de 2005, le ordenó pagar a la Municipalidad 1 peso más el 65 por ciento de la diferencia entre la paridad uno a uno y la cotización del dólar en el mercado libre. Además la condenó a realizar las tareas de mensura y subdivisión en un plazo máximo de 30 días.
La segunda sentencia fue aún peor para la Municipalidad. El 28 de diciembre de 2006, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación determinó que el contrato no podía cumplirse; Calvo debía entonces devolver las sumas cobradas por las 80 hectáreas y el Municipio tenía que reintegrar las tierras en las mismas condiciones en que las recibió. Pero, además, le aceptó a Calvo un reclamo por daños y perjuicios por los años en que no pudo trabajar el campo y obtener ganancias de él.
La Fiscalía Municipal -ya sin Cantero en el gobierno- llevó el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia. En esa instancia, el Estado volvió a perder, aunque sin la contundencia de la instancia anterior.
El 3 de agosto, el máximo órgano judicial cordobés resolvió, en parte, en el mismo sentido que la Cámara. Determinó que el Estado municipal deberá devolver las 80 hectáreas en litigio y que Calvo tendrá que reintegrar los fondos que cobró por esas tierras (los 70 mil dólares de entrega inicial más los 266 mil pesos que el Municipio depositó para demostrar voluntad de pago). Sin embargo, el Tribunal?Superior anuló parcialmente el fallo de la Cámara y definió que la Municipalidad no deberá pagarle a Calvo una indemnización por daños y perjuicios.
¿Dónde entra Gamsur en esta historia??Es que el Municipio jamás construyó la planta de efluentes cloacales ni de tratamiento de los residuos que planificaba Cantero. Pero, en cambio, en 2002, la que por entonces era la recién nacida empresa Gamsur comenzó a usar parte de las 80 hectáreas para el enterramiento sanitario de la basura. Allí funciona todavía hoy. Allí van a parar los desechos de la ciudad. Si se confirma la sentencia del Tribunal Superior, la mixta tendrá que trasladar el enterramiento y dejar las 80 hectáreas en las mejores condiciones posibles. Podría irse a las 20 hectáreas que sí pudo escriturar la Municipalidad. O elegir otro lugar. Actualmente no hay ninguna certeza.
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Por un juicio, Gamsur deberá devolver el campo donde entierra la basura
Es un litigio que comenzó en 2002, durante la gestión de Cantero. Entonces, el gobierno le compró 100 hectáreas a un productor y, al caerse la convertibilidad, pretendió pagarle en pesos a la paridad 1 a 1. El Municipio acaba de perder en el Tribunal Superior. En parte de esa tierra funciona el enterramiento
En la larga cadena de malas noticias que Gamsur ha padecido en los últimos meses, si alguna le faltaba era la que acaba de salir del Tribunal Superior. El máximo órgano judicial de la Provincia resolvió que, después de un extenso juicio de más de 8 años, el gobierno municipal deberá devolverle al productor Carlos Roberto Calvo el campo de 80 hectáreas en el que funciona actualmente el enterramiento sanitario de la empresa mixta de higiene urbana.
Ahora, Gamsur debería devolver ese predio y trasladar el enterramiento. Sin embargo, en el Municipio señalan que no está dicha la última palabra, que presentarán un recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El caso empezó en 2001, cuando Alberto?Cantero gobernaba la ciudad y el país, co
mandado por Fernando de la Rúa, estaba ya a un paso del cataclismo político e institucional. En medio de ese caos, el gobierno municipal inició las negociaciones para comprarle a Calvo 100 hectáreas de su campo ubicado camino a La Gilda.?Allí, el gobierno de Cantero pensaba construir una nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales y de residuos sólidos urbanos.
En agosto de 2000, la Comisión Regional para el Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos determinó que el mejor lugar para construir esas plantas eran los terrenos que están al suroeste de la vieja planta depuradora y que eran propiedad de Calvo.
Cuando lo amenazaron con la expropiación, el productor aceptó vender. El precio establecido, cuando la convertibidad aún estaba viva, fue de 400 mil pesos/dólares.
Pero la operación tenía sus complicaciones. Las primeras 20 hectáreas no generaron inconvenientes porque estaban subdivididas y tenían una escrituración independiente. Por lo tanto, el gobierno de Cantero pagó 80 mil pesos/dólares y ese campo pasó a manos del Estado municipal.
Los problemas comenzaron con el resto del campo, con las otras 80 hectáreas que formaban parte de un campo más grande, de 267 hectáreas. Como consecuencia, debían iniciarse los trámites para subdividir esa porción de terreno y para que el Estado pudiera escriturarla a su nombre. El acuerdo que aparece en los boletos de compra-venta y en la demanda judicial iniciada por la Municipalidad señala que los 320 mil pesos/dólares que faltaban debían ser pagados de la siguiente manera: 70 mil pesos/dólares el 23 de octubre de 2001 y los 266.666 pesos/dólares restantes (la cifra surge de aplicar un interés del 8 por ciento anual a los 250 mil pesos que faltaban) a los diez meses de firmado el boleto de compraventa. Es decir, el 23 de agosto de 2002 tenía que estar cancelado el precio total.
Pero entre octubre de 2001 y agosto de 2002 pasó de todo en Argentina:?se cayó el gobierno de De la Rúa, se sucedieron cuatro presidentes en una semana y la convertibilidad explotó por los aires.?El peso se devaluó frente al dólar y el uno a uno pasó a ser sólo un recuerdo.
En ese contexto, el Municipio apenas si tenía fondos para funcionar. Como consecuencia, no le pagó a Calvo los 266 mil pesos/dólares que faltaban. Cuatro días después de la fecha límite, el productor intimó al?Estado para que en 15 días cancelara la deuda y, además, entregara los planos de mensura y subdivisión, que debían ser tramitados por la Municipalidad.
El gobierno nunca había terminado los trámites para mensurar, subdividir y escriturar.
El día en que se vencía el plazo de intimación, el entonces fiscal municipal, Hugo Abrahan, fue al estudio de Daniel Pera Cecchi, abogado de Calvo, y le llevó un cheque por 266 mil pesos.
El abogado del productor rechazó la cifra porque, según consignó, era insuficiente ya que el peso se había devaluado y el uno a uno ya no existía. Lo que pretendía era una actualización del valor, tal cual estaba sucediendo entonces con la mayoría de los contratos firmados durante la convertibilidad.
Pero, entonces, fue el gobierno de Cantero el que le inició a Calvo una demanda para que cumpliera con el contrato, se diera por bien pagado con los 266 mil devaluados pesos y, además, para que se transfiriera el campo a nombre del Municipio.
Desde entonces, comenzó una larga batalla judicial que todavía no está resuelta pero que viene generándole una derrota tras otra al Estado municipal.
El primer fallo, firmado por la jueza Rosana de Souza el 9 de mayo de 2005, le ordenó pagar a la Municipalidad 1 peso más el 65 por ciento de la diferencia entre la paridad uno a uno y la cotización del dólar en el mercado libre. Además la condenó a realizar las tareas de mensura y subdivisión en un plazo máximo de 30 días.
La segunda sentencia fue aún peor para la Municipalidad. El 28 de diciembre de 2006, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación determinó que el contrato no podía cumplirse; Calvo debía entonces devolver las sumas cobradas por las 80 hectáreas y el Municipio tenía que reintegrar las tierras en las mismas condiciones en que las recibió. Pero, además, le aceptó a Calvo un reclamo por daños y perjuicios por los años en que no pudo trabajar el campo y obtener ganancias de él.
La Fiscalía Municipal -ya sin Cantero en el gobierno- llevó el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia. En esa instancia, el Estado volvió a perder, aunque sin la contundencia de la instancia anterior.
El 3 de agosto, el máximo órgano judicial cordobés resolvió, en parte, en el mismo sentido que la Cámara. Determinó que el Estado municipal deberá devolver las 80 hectáreas en litigio y que Calvo tendrá que reintegrar los fondos que cobró por esas tierras (los 70 mil dólares de entrega inicial más los 266 mil pesos que el Municipio depositó para demostrar voluntad de pago). Sin embargo, el Tribunal?Superior anuló parcialmente el fallo de la Cámara y definió que la Municipalidad no deberá pagarle a Calvo una indemnización por daños y perjuicios.
¿Dónde entra Gamsur en esta historia??Es que el Municipio jamás construyó la planta de efluentes cloacales ni de tratamiento de los residuos que planificaba Cantero. Pero, en cambio, en 2002, la que por entonces era la recién nacida empresa Gamsur comenzó a usar parte de las 80 hectáreas para el enterramiento sanitario de la basura. Allí funciona todavía hoy. Allí van a parar los desechos de la ciudad. Si se confirma la sentencia del Tribunal Superior, la mixta tendrá que trasladar el enterramiento y dejar las 80 hectáreas en las mejores condiciones posibles. Podría irse a las 20 hectáreas que sí pudo escriturar la Municipalidad. O elegir otro lugar. Actualmente no hay ninguna certeza.
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