6 dic 2009
Ofensiva contra la Ley Antiminera
12:05 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (06/12/2009)
Reclamo polémico: ofensiva contra la Ley Antiminera
Decisión contundente. El año pasado se dictó una norma que prohíbe la minería metalífera y nuclear / Los mineros creen que en el corto plazo también se puede trabar la actividad de las canteras / Hubo una demanda; debe resolver el Tribunal Superior.
Hace poco más de un año, Córdoba dictó una ley que prohibió la minería metalífera y nuclear en todo su territorio. Muchos respiraron aliviados. Respiró el gobierno de Juan Schiaretti, que se quitó de encima un ruidoso problema que amenazaba acompañarlo toda su gestión, y respiraron los ambientalistas y quienes temían que las serranías acogieran una colosal mina a cielo abierto como las que se explotan en la cordillera.
Pero lo que fue presentado como una solución, ahora amenaza con convertirse en un grave problema: los mineros cordobeses y los profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) han unido esfuerzos para que aquella ley desaparezca. Ambas entidades entienden que se trata de una ley retrógrada, que perjudica el desempeño profesional y económico, que obstaculiza la investigación científica y que provocará un retroceso en el desarrollo de la provincia.
Sin hacer ruido, el pasado 4 de mayo la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Cnea (Apcnean), presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia un planteo de inconstitucionalidad contra la ley 9.526. En esa acción preventiva, sostienen que el actual marco legal, además de dejarlos sumidos en la incertidumbre con respecto a su futuro, va contra el Código de Minería y la Constitución Nacional. En resumen, señalan que la Provincia no puede dictar esa prohibición porque se trata de un tema sobre el que debe legislar el Congreso de la Nación.
Efectos localizados. Cuando el Gobierno cordobés dictó su ley prohibicionista contra la gran minería metalífera a cielo abierto, llamó la atención que estaba prohibiendo algo que no existía, que nunca existió y que probablemente no existirá jamás en la provincia. En un territorio donde no se ha comprobado –por ejemplo– la existencia ni de una sola reserva significativa de oro, hablar de que se usará cianuro a gran escala para separar minerales preciosos, sigue siendo algo tan ajeno a Córdoba como el mar y las auroras boreales.
La prohibición cordobesa se adoptó en un contexto nacional en el que resonaban fuerte los reclamos de las poblaciones de provincias precordilleranas contra los emprendimientos de compañías mineras internacionales. A eso se sumó la protesta de organizaciones ambientalistas cordobesas que advertían sobre la posible explotación de oro en las cercanías de Ongamira, aunque la Secretaría de Minería provincial informaba no había aprobado proyecto alguno para esa región.
La minería tradicional de Córdoba, hoy dedicada a extraer rocas de aplicación y al triturado para usar en la industria de la construcción, siempre pareció quedar afuera del ímpetu prohibicionista. Pero los empresarios provinciales comenzaron a ver su futuro con incertidumbre cuando algunos grupos políticos empezaron a mencionar que toda la minería, no solamente la metalífera, es perjudicial para el medio ambiente.
El presidente de Cemincor, Hugo Apfelbaum, explicó que hicieron el planteo contra la ley ante el Tribunal Superior porque "hoy son ellos (los mineros metalíferos), pero mañana podemos ser nosotros". Sentado en el despacho de su cantera en la ciudad de La Calera, Apfelbaum sostuvo que la ley "es una prohibición demagógica. En promedio, cada persona usa a lo largo de su vida 1.810 toneladas de mineral. Prohibir la minería es no reconocer el valor de la actividad".
Desde la asociación de profesionales de la Cnea, el geólogo Juan Carlos Quer criticó que la Ley Antiminera haya prohibido toda actividad relacionada con minerales nucleares, especialmente el uranio, siendo que Córdoba es una provincia claramente nuclear. "Tenemos la central nuclear de Embalse, la única planta de producción de cobalto 60, la planta de producción de dióxido de uranio, la sede de la regional centro de la Gerencia de Exploración de Materias Primas Nucleares, el ex yacimiento de uranio Los Gigantes en etapa de cierre definitivo, el reactor de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas y equipamientos médicos con materiales nucleares. Esta ley impide que sigamos trabajando".
El secretario general de la seccional Córdoba de Apcnean, Carlos Alberto Granero, sostuvo que la ley cordobesa "arruina el campo laboral de numerosos profesionales. Además el uso de sustancias peligrosas, como el ácido sulfúrico, sólo se lo prohíbe a la minería, pero hay muchas otras actividades que las emplean, que son menos fáciles de controlar y sobre las que la ley no dice nada".
Última etapa en el Superior. Desde el Tribunal Superior de Justicia informaron que el planteo contra Ley Antiminera ya ingresó en su última etapa y se está redactando la sentencia. "El tema está en la sala electoral por competencia originaria y, por ser un planteo de inconstitucionalidad, deberán intervenir los siete miembros".
Antes, el Tribunal corrió vista a la Fiscalía General, que el 15 de mayo emitió un dictamen en el que tachó el planteo de inadmisible formalmente, porque debería haber sido presentado algunos meses antes. Esto fue apelado por los mineros, que esperan que al final el Tribunal admita su demanda y termine pronunciándose sobre si ley seguirá vigente o no. Desde el cuerpo judicial no adelantan fechas de pronunciamiento ni dejan trascender hacia qué lado de la balanza se inclinará la decisión.
El abogado de los demandantes, Rafael Vaggione, opinó que si la ley continúa en vigencia "Córdoba va a ayudar a que Argentina quede fuera del sistema nuclear mundial. Esta prohibición es mala para Córdoba y para el país. Que además, en este momento, la Universidad Nacional piense que es posible rechazar los fondos provenientes de la minería, hace esto más y reaccionario".
El secretario de Minería Aldo Bonalumi no habló con este diario, pero envió un breve comunicado. "De ninguna manera –señaló– se trata de una ley que impida la actividad minera de Córdoba (...) Con los productores mineros se está transitando por un momento histórico en las relaciones interinstitucionales, logrando resultados extraordinarios".
Bonalumi es apreciado por buena parte de las Pyme mineras cordobesas. Muchos de estos mineros fueron sus alumnos en la cátedra de Petrografía en la UNC. "Esta ley es una enorme piedra en el zapato para él, pero no le quedó otra que bancársela", definió el presidente de una de una importante cantera.
Desde las organizaciones ambientalistas, que no conocían la existencia del pedido contra la ley, manifestaron su voluntad de trabajar para que "no se toque ni un centímetro del suelo de las sierras cordobesas". Rosario Pezza, de la agrupación Conciencia Solidaria, anticipó que seguirán "trabajando para que esto no suceda, para que no volteen la ley".
Si la ley cayera, nadie prevé que Córdoba sea escenario de inversiones mineras metalíferas como las que se ven en Catamarca o San Juan. Pero sí se cree que podría avanzar la exploración del uranio y la investigación científica, ya que Argentina se encuentra abocada a la construcción de nuevas centrales nucleares, tal como lo está haciendo el resto de los países del mundo que tienen manejo de la tecnología nuclear.
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Ambientalistas de la provincia, a favor de la norma
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale dijo que el planteo de inconstitucionalidad contra la Ley Antiminera cordobesa "es similar al que presentaron las mineras mendocinas" contra la norma de aquella provincia. "Desde nuestra agrupación consideramos que el planteo es erróneo, fundamentalmente porque la responsabilidad de protección ambiental es local y estas son normas ambientales básicas".
"Córdoba –continuó Viale–, debe cuidar su ambiente de la manera que considere apropiada. Estas leyes no son prohibiciones absolutas, sino que sólo apuntan a determinadas modalidades mineras. Córdoba está protegiendo su ambiente en concordancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional", que habla del derecho de todos los habitantes a un ambiente sano.
"El argumento de los mineros (es una materia sobre la cual sólo puede legislar el Congreso) no hace desaparecer la obligación primera de las provincias de proteger su ambiente".
Viale dijo que las agrupaciones ambientales no hacen diferencia entre las grandes explotaciones mineras auríferas y las canteras de uranio "porque tienen la misma modalidad de explotación a cielo abierto. Además, el uranio tiene una serie de consecuencias adicionales que tiene que ver no con el producto y no con la forma de explotación".
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Reclamo polémico: ofensiva contra la Ley Antiminera
Decisión contundente. El año pasado se dictó una norma que prohíbe la minería metalífera y nuclear / Los mineros creen que en el corto plazo también se puede trabar la actividad de las canteras / Hubo una demanda; debe resolver el Tribunal Superior.
Hace poco más de un año, Córdoba dictó una ley que prohibió la minería metalífera y nuclear en todo su territorio. Muchos respiraron aliviados. Respiró el gobierno de Juan Schiaretti, que se quitó de encima un ruidoso problema que amenazaba acompañarlo toda su gestión, y respiraron los ambientalistas y quienes temían que las serranías acogieran una colosal mina a cielo abierto como las que se explotan en la cordillera.
Pero lo que fue presentado como una solución, ahora amenaza con convertirse en un grave problema: los mineros cordobeses y los profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) han unido esfuerzos para que aquella ley desaparezca. Ambas entidades entienden que se trata de una ley retrógrada, que perjudica el desempeño profesional y económico, que obstaculiza la investigación científica y que provocará un retroceso en el desarrollo de la provincia.
Sin hacer ruido, el pasado 4 de mayo la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Cnea (Apcnean), presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia un planteo de inconstitucionalidad contra la ley 9.526. En esa acción preventiva, sostienen que el actual marco legal, además de dejarlos sumidos en la incertidumbre con respecto a su futuro, va contra el Código de Minería y la Constitución Nacional. En resumen, señalan que la Provincia no puede dictar esa prohibición porque se trata de un tema sobre el que debe legislar el Congreso de la Nación.
Efectos localizados. Cuando el Gobierno cordobés dictó su ley prohibicionista contra la gran minería metalífera a cielo abierto, llamó la atención que estaba prohibiendo algo que no existía, que nunca existió y que probablemente no existirá jamás en la provincia. En un territorio donde no se ha comprobado –por ejemplo– la existencia ni de una sola reserva significativa de oro, hablar de que se usará cianuro a gran escala para separar minerales preciosos, sigue siendo algo tan ajeno a Córdoba como el mar y las auroras boreales.
La prohibición cordobesa se adoptó en un contexto nacional en el que resonaban fuerte los reclamos de las poblaciones de provincias precordilleranas contra los emprendimientos de compañías mineras internacionales. A eso se sumó la protesta de organizaciones ambientalistas cordobesas que advertían sobre la posible explotación de oro en las cercanías de Ongamira, aunque la Secretaría de Minería provincial informaba no había aprobado proyecto alguno para esa región.
La minería tradicional de Córdoba, hoy dedicada a extraer rocas de aplicación y al triturado para usar en la industria de la construcción, siempre pareció quedar afuera del ímpetu prohibicionista. Pero los empresarios provinciales comenzaron a ver su futuro con incertidumbre cuando algunos grupos políticos empezaron a mencionar que toda la minería, no solamente la metalífera, es perjudicial para el medio ambiente.
El presidente de Cemincor, Hugo Apfelbaum, explicó que hicieron el planteo contra la ley ante el Tribunal Superior porque "hoy son ellos (los mineros metalíferos), pero mañana podemos ser nosotros". Sentado en el despacho de su cantera en la ciudad de La Calera, Apfelbaum sostuvo que la ley "es una prohibición demagógica. En promedio, cada persona usa a lo largo de su vida 1.810 toneladas de mineral. Prohibir la minería es no reconocer el valor de la actividad".
Desde la asociación de profesionales de la Cnea, el geólogo Juan Carlos Quer criticó que la Ley Antiminera haya prohibido toda actividad relacionada con minerales nucleares, especialmente el uranio, siendo que Córdoba es una provincia claramente nuclear. "Tenemos la central nuclear de Embalse, la única planta de producción de cobalto 60, la planta de producción de dióxido de uranio, la sede de la regional centro de la Gerencia de Exploración de Materias Primas Nucleares, el ex yacimiento de uranio Los Gigantes en etapa de cierre definitivo, el reactor de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas y equipamientos médicos con materiales nucleares. Esta ley impide que sigamos trabajando".
El secretario general de la seccional Córdoba de Apcnean, Carlos Alberto Granero, sostuvo que la ley cordobesa "arruina el campo laboral de numerosos profesionales. Además el uso de sustancias peligrosas, como el ácido sulfúrico, sólo se lo prohíbe a la minería, pero hay muchas otras actividades que las emplean, que son menos fáciles de controlar y sobre las que la ley no dice nada".
Última etapa en el Superior. Desde el Tribunal Superior de Justicia informaron que el planteo contra Ley Antiminera ya ingresó en su última etapa y se está redactando la sentencia. "El tema está en la sala electoral por competencia originaria y, por ser un planteo de inconstitucionalidad, deberán intervenir los siete miembros".
Antes, el Tribunal corrió vista a la Fiscalía General, que el 15 de mayo emitió un dictamen en el que tachó el planteo de inadmisible formalmente, porque debería haber sido presentado algunos meses antes. Esto fue apelado por los mineros, que esperan que al final el Tribunal admita su demanda y termine pronunciándose sobre si ley seguirá vigente o no. Desde el cuerpo judicial no adelantan fechas de pronunciamiento ni dejan trascender hacia qué lado de la balanza se inclinará la decisión.
El abogado de los demandantes, Rafael Vaggione, opinó que si la ley continúa en vigencia "Córdoba va a ayudar a que Argentina quede fuera del sistema nuclear mundial. Esta prohibición es mala para Córdoba y para el país. Que además, en este momento, la Universidad Nacional piense que es posible rechazar los fondos provenientes de la minería, hace esto más y reaccionario".
El secretario de Minería Aldo Bonalumi no habló con este diario, pero envió un breve comunicado. "De ninguna manera –señaló– se trata de una ley que impida la actividad minera de Córdoba (...) Con los productores mineros se está transitando por un momento histórico en las relaciones interinstitucionales, logrando resultados extraordinarios".
Bonalumi es apreciado por buena parte de las Pyme mineras cordobesas. Muchos de estos mineros fueron sus alumnos en la cátedra de Petrografía en la UNC. "Esta ley es una enorme piedra en el zapato para él, pero no le quedó otra que bancársela", definió el presidente de una de una importante cantera.
Desde las organizaciones ambientalistas, que no conocían la existencia del pedido contra la ley, manifestaron su voluntad de trabajar para que "no se toque ni un centímetro del suelo de las sierras cordobesas". Rosario Pezza, de la agrupación Conciencia Solidaria, anticipó que seguirán "trabajando para que esto no suceda, para que no volteen la ley".
Si la ley cayera, nadie prevé que Córdoba sea escenario de inversiones mineras metalíferas como las que se ven en Catamarca o San Juan. Pero sí se cree que podría avanzar la exploración del uranio y la investigación científica, ya que Argentina se encuentra abocada a la construcción de nuevas centrales nucleares, tal como lo está haciendo el resto de los países del mundo que tienen manejo de la tecnología nuclear.
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Ambientalistas de la provincia, a favor de la norma
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale dijo que el planteo de inconstitucionalidad contra la Ley Antiminera cordobesa "es similar al que presentaron las mineras mendocinas" contra la norma de aquella provincia. "Desde nuestra agrupación consideramos que el planteo es erróneo, fundamentalmente porque la responsabilidad de protección ambiental es local y estas son normas ambientales básicas".
"Córdoba –continuó Viale–, debe cuidar su ambiente de la manera que considere apropiada. Estas leyes no son prohibiciones absolutas, sino que sólo apuntan a determinadas modalidades mineras. Córdoba está protegiendo su ambiente en concordancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional", que habla del derecho de todos los habitantes a un ambiente sano.
"El argumento de los mineros (es una materia sobre la cual sólo puede legislar el Congreso) no hace desaparecer la obligación primera de las provincias de proteger su ambiente".
Viale dijo que las agrupaciones ambientales no hacen diferencia entre las grandes explotaciones mineras auríferas y las canteras de uranio "porque tienen la misma modalidad de explotación a cielo abierto. Además, el uranio tiene una serie de consecuencias adicionales que tiene que ver no con el producto y no con la forma de explotación".
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