11 dic 2009
El proyecto del campo preserva más
7:46 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Mañana de Córdoba (11/12/2009)
El proyecto del campo preserva más hectáreas de monte y promueve el desarrollo social y productivo
La propuesta de las entidades agrarias, principalmente Cartez, para salvar a los bosques cordobeses tiene muchas ventajas más que la iniciativa presentada por la comisión que integra a organizaciones sociales de izquierda.
La altísima presión ejercida sobre la opinión pública por vastos sectores vinculados a la izquierda argentina, ha provocado que hoy en día un gran sector de la población acepte como real el argumento falaz e incomprobado de que los productores agropecuarias son los únicos causantes de la depredación de los suelos y del desmonte de bosques en la provincia.
Lejos de eso, el proyecto alternativo que hoy se está debatiendo en la Legislatura, promovido por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y otras entidades chacareras, demuestra que tal hipótesis no tiene sustento, puesto que el mismo ofrece ventajas mucho más amplias en materia de conservación de los suelos y desarrollo productivo que el que presentaron las organizaciones sociales y referentes de universidades que participaron de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN).
LA MAÑANA accedió a ambas iniciativas y, en una rápida comparación, se observa que mientras la Cotbn planea poner en zona roja (tierras de alto valor a conservar) 3,8 millones de hectáreas, la propuesta del campo suma casi 500 mil más, llegando a las 4.250.000, computando 547.000 en zona amarilla de corredores y núcleos y 95.000 en zona verde para forestación de caminos, vías, costa de arroyos, ríos y lagunas. De cualquier manera, podría afirmarse que la diferencia es mínima, lo cual habilita a desmentir el repetido argumento que el campo sólo quiere desmontar más y más tierras para sólo sembrar soja.
En la misma línea, también la cifra de hectáreas ubicadas en zona amarilla (terrenos de mediano valor a recuperar) es similar: 1.362.000 millones de hectáreas para la COTBN y 1.093.000 para el proyecto alternativo. La sustancial diferencia que reside aquí es que mientras las organizaciones sociales plantean una recuperación de esos bosques mediante clausura y regeneración natural, que demora siglos y no está comprobada científicamente, las entidades del agro proponen la recuperación y conservación a través de silvoaprovechamientos sustentables comprobados, parciales, autorizados y auditados, y siempre de acuerdo a la Ley Nacional de Bosques 26.331.
En otras palabras, mientras la COTBN impulsa que la población que habita las zonas de montes y bosques viva como los pobladores originarios, recolectando frutos de la naturaleza, ya que prohíbe cualquier tipo de intervención en las zonas amarillas; el campo promueve un esquema que favorece tanto la recuperación de los bosques nativos como el desarrollo productivo y económico de centenares de familias, que pueden obtener recursos de la práctica ganadera.
“Acá lo que hay que tener en cuenta es que está en juego el desarrollo de un tercio de la población de la provincia. El proyecto del agro posibilita el mejoramiento de la calidad de vida para los habitantes de las zonas más postergadas, como el noroeste. Con 300 hectáreas, en un esquema silvopastoril a una familia le alcanza y sobra para subsistir. Es incomprensible e inexplicable que no se permita producir en zonas aptas para ello”, graficó un productor consultado por este medio.
Fondos y tierras
Por otro lado, hay un aspecto que subyace a estas diferencias y que explica, al menos parcialmente, las causas por las cuales las organizaciones sociales se niegan a avalar un proyecto que no tiene tantas diferencias con el suyo y que, incluso, es superador.
Concretamente, la propuesta de la COTBN contempla derogar todas las legislaciones vigentes, incluyendo resoluciones y derechos adquiridos (incluyendo las escrituras de propiedades rurales), además de que pide convertirse en la autoridad que se encargue de la aplicación y fiscalización de la ley, así como también de la imposición de infracciones y sanciones y del manejo de fondos por aportes nacionales, provinciales y multas, que rondaría un total de 100 millones de pesos anuales. En términos más sencillos, quiere el manejo de la ley, de las tierras y del dinero.
Por el contrario, la iniciativa alternativa respeta todas las normativas vigentes a nivel tanto nacional como provincial, mientras que impone que las autoridades de aplicación, fiscalización, administración de justicia y manejo de recursos sean instituciones existentes y especializadas en dar cumplimiento de las leyes como el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Ambiente o el Poder Judicial.
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El proyecto del campo preserva más hectáreas de monte y promueve el desarrollo social y productivo
La propuesta de las entidades agrarias, principalmente Cartez, para salvar a los bosques cordobeses tiene muchas ventajas más que la iniciativa presentada por la comisión que integra a organizaciones sociales de izquierda.
La altísima presión ejercida sobre la opinión pública por vastos sectores vinculados a la izquierda argentina, ha provocado que hoy en día un gran sector de la población acepte como real el argumento falaz e incomprobado de que los productores agropecuarias son los únicos causantes de la depredación de los suelos y del desmonte de bosques en la provincia.
Lejos de eso, el proyecto alternativo que hoy se está debatiendo en la Legislatura, promovido por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y otras entidades chacareras, demuestra que tal hipótesis no tiene sustento, puesto que el mismo ofrece ventajas mucho más amplias en materia de conservación de los suelos y desarrollo productivo que el que presentaron las organizaciones sociales y referentes de universidades que participaron de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN).
LA MAÑANA accedió a ambas iniciativas y, en una rápida comparación, se observa que mientras la Cotbn planea poner en zona roja (tierras de alto valor a conservar) 3,8 millones de hectáreas, la propuesta del campo suma casi 500 mil más, llegando a las 4.250.000, computando 547.000 en zona amarilla de corredores y núcleos y 95.000 en zona verde para forestación de caminos, vías, costa de arroyos, ríos y lagunas. De cualquier manera, podría afirmarse que la diferencia es mínima, lo cual habilita a desmentir el repetido argumento que el campo sólo quiere desmontar más y más tierras para sólo sembrar soja.
En la misma línea, también la cifra de hectáreas ubicadas en zona amarilla (terrenos de mediano valor a recuperar) es similar: 1.362.000 millones de hectáreas para la COTBN y 1.093.000 para el proyecto alternativo. La sustancial diferencia que reside aquí es que mientras las organizaciones sociales plantean una recuperación de esos bosques mediante clausura y regeneración natural, que demora siglos y no está comprobada científicamente, las entidades del agro proponen la recuperación y conservación a través de silvoaprovechamientos sustentables comprobados, parciales, autorizados y auditados, y siempre de acuerdo a la Ley Nacional de Bosques 26.331.
En otras palabras, mientras la COTBN impulsa que la población que habita las zonas de montes y bosques viva como los pobladores originarios, recolectando frutos de la naturaleza, ya que prohíbe cualquier tipo de intervención en las zonas amarillas; el campo promueve un esquema que favorece tanto la recuperación de los bosques nativos como el desarrollo productivo y económico de centenares de familias, que pueden obtener recursos de la práctica ganadera.
“Acá lo que hay que tener en cuenta es que está en juego el desarrollo de un tercio de la población de la provincia. El proyecto del agro posibilita el mejoramiento de la calidad de vida para los habitantes de las zonas más postergadas, como el noroeste. Con 300 hectáreas, en un esquema silvopastoril a una familia le alcanza y sobra para subsistir. Es incomprensible e inexplicable que no se permita producir en zonas aptas para ello”, graficó un productor consultado por este medio.
Fondos y tierras
Por otro lado, hay un aspecto que subyace a estas diferencias y que explica, al menos parcialmente, las causas por las cuales las organizaciones sociales se niegan a avalar un proyecto que no tiene tantas diferencias con el suyo y que, incluso, es superador.
Concretamente, la propuesta de la COTBN contempla derogar todas las legislaciones vigentes, incluyendo resoluciones y derechos adquiridos (incluyendo las escrituras de propiedades rurales), además de que pide convertirse en la autoridad que se encargue de la aplicación y fiscalización de la ley, así como también de la imposición de infracciones y sanciones y del manejo de fondos por aportes nacionales, provinciales y multas, que rondaría un total de 100 millones de pesos anuales. En términos más sencillos, quiere el manejo de la ley, de las tierras y del dinero.
Por el contrario, la iniciativa alternativa respeta todas las normativas vigentes a nivel tanto nacional como provincial, mientras que impone que las autoridades de aplicación, fiscalización, administración de justicia y manejo de recursos sean instituciones existentes y especializadas en dar cumplimiento de las leyes como el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Ambiente o el Poder Judicial.
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