2 dic 2009
El ruralismo dará pelea por la ley de bosques
8:59 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (02/12/2009)
El ruralismo dará pelea por la ley de bosques en la Legislatura
Cartez presentó ayer en Mackenna un proyecto alternativo al de las organizaciones que forman parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Preocupa el avance sobre los campos productivos
En la búsqueda de consensos para prepararse para la pelea que se avecina por la ley de bosques en la Legislatura provincial, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) presentó ayer en Vicuña Mackenna su proyecto de “Defensa del bosque nativo y recuperación ambiental en la provincia de Córdoba”. Iniciativa que surge como alternativa al proyecto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), de la que el movimiento ruralista se consideró excluido.
Así se refirió al proyecto el titular de Cartez, Delfor Maldonado, al presentar a los profesionales que fundamentaron la propuesta ruralista y que explicó las diferencias existentes con el proyecto de la COTBN conformada en el seno de la Secretaría de Ambiente de la provincia. “Nos sentimos excluidos porque vimos que la comisión estaba copada por un sinnúmero de organizaciones de las que ignorábamos realmente a quiénes representaban y porque no atendían a ninguna de nuestras explicaciones sobre cómo se puede recuperar un ambiente sin dejar de producir”, afirmó.
El auditorio del sala de conferencias de CEYAL estaba conformado por un grupo de dirigentes ruralistas del sur provincial, entre quienes se encontraban el presidente y el secretario de la Sociedad Rural de Mackenna, Guillermo Salvattore y Víctor Medel, directivos y asesores CREA, de Federación Agraria Argentina, y representantes de bomberos voluntarios y de establecimientos educativos, y funcionarios municipales de la zona.
Se explicó allí que el proyecto de Cartez establece no derribar ni un árbol más, no incorporar ni una hectárea más de soja sobre bosque nativo, recuperar en forma urgente los ambientes degradados, captar y retener el agua preservando el suelo y evitando la desertificación, promover el desarrollo bajo estrictas pautas ambientales, defender la producción sustentable y orgánica de alimentos, inclusión social de productores y pobladores originarios, respeto a la Constitución, la Ley Nacional de Bosques (conocida como ley Bonasso) y la Legislación provincial, y legislar acorde a otras provincias y al mundo.
Similitudes y diferencias
Al comenzar el análisis sobre ambos proyectos, el ingeniero Eliseo Arrarás, productor agropecuario y ex docente de la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet, realizó dictamen técnico agronómico y ambiental en el que destacó la existencia de muchas coincidencias, aunque consideró que el proyecto de Cartez es más sustentable porque propone recuperar los bosques degradados con propuestas productivas que respetan al medio ambiente, como la ganadería silvo-pastoril. La COTBN, en cambio, propone clausurar esos territorios a todo tipo de actividad productiva y dejar que se recuperen naturalmente y entregar subsidios a sus propietarios.
Por su parte, el abogado Raúl Carranza se refirió a la sustentabilidad legal de las propuestas y destacó que la de Cartez acata toda la normativa existente, como la Constitución Nacional, la ley de bosques y la legislación provincial, en lo referido a los espacios reconocidos como bosque nativo. Mientras la ley que impulsa la COTBN se desconoce cualquier legislación anterior y define como bosque nativo a todo el territorio provincial, situación que lleva a pensar que en algún momento se podría prohibir la explotación de todos los campos actualmente dedicados a la agricultura. Y advirtió que el proyecto de las organizaciones ecologistas y del campesinado permite el desmonte y la agricultura en los bosques nativos por parte de productores de menos de 10 hectáreas. Situación que coincide con el planteo sustentado por campesinos que en este momento están usurpando campos en el norte de la provincia, que al ser improductivos están siendo desmontados para la venta de leña como único modo de supervivencia.
Participó también de las exposiciones el ingeniero agrónomo Matías Martinetti, de Río Cuarto, quien resaltó la peligrosidad de las clausuras a perpetuidad de las áreas boscosas por la acumulación de material combustible. “Cuando ocurre un incendio sobre la zona clausurada, el fuego se inicia en el pajonal, se traslada a los arbustos intermedios y de allí llega a los árboles, y el fuego en las copas se vuelve imparable”, afirmó, para expresar también la necesidad de tomar medidas preventivas como las picadas, la limpieza de costas de alambrados y abrir pasos para los bomberos.
Los productores
Los asistentes al encuentro expresaron su adhesión al proyecto de Cartez, aunque el presidente de la Sociedad Rural de Laboulaye, Diego Etcheverry, advirtió sobre el alto costo económico y social de ambas iniciativas, por lo que formuló sus expectativas sobre la aparición de un tercer proyecto con un mayor enfoque productivista, que reconozca la existencia de millones de hectáreas que nunca fueron bosques.
Miguel French, presidente de la Sociedad Rural de Villa Valeria, expresó su preocupación por la existencia de una iniciativa como la presentada por la COTBN, que se constituye en una nueva amenaza contra la ganadería de cría que se desarrolla fundamentalmente en los campos de monte, en un corrimiento obligado por el auge de la soja.
“Sería un golpe más para esta actividad productiva que es sostén de la ganadería nacional, por lo que exhorto a los legisladores a no hacer lugar a este proyecto”, indicó.
Por su parte, Julio Echenique, titular de la Sociedad Rural de Río Cuarto, consideró que para una mayor fortaleza en el tratamiento legislativo, el proyecto de Cartez debería ser asumido por la Comisión de Enlace de la Provincia de Córdoba, para lo cual se hace necesario contar con el apoyo de Federación Agraria y de Coninagro.
Políticas costosas
Al referirse al impacto económico y social de las políticas ambientalistas, y de los dos proyectos que están en la Legislatura, el economista Adrián Monetta Pizarro, de la Universidad Nacional de Córdoba, explicó que hay aspectos en los que la Comisión ambientalista y Cartez coinciden, como en el reconocimiento de tres grandes zonas que en la cartografía figuran con color rojo (de alto valor como bosque nativo), amarillo (de valor medio) y verde (de bajo valor como bosque, conformada por los campos agrícolas). Estas zonas se superponen prácticamente en ambos proyectos, aunque Cartez asigna una mayor superficie a la zona roja de bosques nativos que se consideran intocables en ambas propuestas.
Las diferencias, señaló Monetta Pizarro, están en el impacto que estos proyectos tendrían desde el punto de vista socio-económico. En este análisis, el proyecto de la COTBN implicaría la pérdida de 50 mil puestos de trabajo contra unos 30 mil de la propuesta de Cartez.
En cuanto al impacto en el nivel de actividad económica medido mediante el PBG (producto bruto geográfico), estimó que el proyecto oficial implica una reducción de 40,5% ($ 2.558 millones) y el de Cartez 27,7% ($ 1.700 millones); mientras que la disminución de la recaudación fiscal sería de 38% para la COTBN y de 22,4% para la iniciativa ruralista.
“Está claro que toda política ambiental tiene sus costos, pero también habría que evaluar sus aspectos positivos, que no formaron parte de este estudio”, puntualizó el economista.
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El ruralismo dará pelea por la ley de bosques en la Legislatura
Cartez presentó ayer en Mackenna un proyecto alternativo al de las organizaciones que forman parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Preocupa el avance sobre los campos productivos
En la búsqueda de consensos para prepararse para la pelea que se avecina por la ley de bosques en la Legislatura provincial, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) presentó ayer en Vicuña Mackenna su proyecto de “Defensa del bosque nativo y recuperación ambiental en la provincia de Córdoba”. Iniciativa que surge como alternativa al proyecto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), de la que el movimiento ruralista se consideró excluido.
Así se refirió al proyecto el titular de Cartez, Delfor Maldonado, al presentar a los profesionales que fundamentaron la propuesta ruralista y que explicó las diferencias existentes con el proyecto de la COTBN conformada en el seno de la Secretaría de Ambiente de la provincia. “Nos sentimos excluidos porque vimos que la comisión estaba copada por un sinnúmero de organizaciones de las que ignorábamos realmente a quiénes representaban y porque no atendían a ninguna de nuestras explicaciones sobre cómo se puede recuperar un ambiente sin dejar de producir”, afirmó.
El auditorio del sala de conferencias de CEYAL estaba conformado por un grupo de dirigentes ruralistas del sur provincial, entre quienes se encontraban el presidente y el secretario de la Sociedad Rural de Mackenna, Guillermo Salvattore y Víctor Medel, directivos y asesores CREA, de Federación Agraria Argentina, y representantes de bomberos voluntarios y de establecimientos educativos, y funcionarios municipales de la zona.
Se explicó allí que el proyecto de Cartez establece no derribar ni un árbol más, no incorporar ni una hectárea más de soja sobre bosque nativo, recuperar en forma urgente los ambientes degradados, captar y retener el agua preservando el suelo y evitando la desertificación, promover el desarrollo bajo estrictas pautas ambientales, defender la producción sustentable y orgánica de alimentos, inclusión social de productores y pobladores originarios, respeto a la Constitución, la Ley Nacional de Bosques (conocida como ley Bonasso) y la Legislación provincial, y legislar acorde a otras provincias y al mundo.
Similitudes y diferencias
Al comenzar el análisis sobre ambos proyectos, el ingeniero Eliseo Arrarás, productor agropecuario y ex docente de la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet, realizó dictamen técnico agronómico y ambiental en el que destacó la existencia de muchas coincidencias, aunque consideró que el proyecto de Cartez es más sustentable porque propone recuperar los bosques degradados con propuestas productivas que respetan al medio ambiente, como la ganadería silvo-pastoril. La COTBN, en cambio, propone clausurar esos territorios a todo tipo de actividad productiva y dejar que se recuperen naturalmente y entregar subsidios a sus propietarios.
Por su parte, el abogado Raúl Carranza se refirió a la sustentabilidad legal de las propuestas y destacó que la de Cartez acata toda la normativa existente, como la Constitución Nacional, la ley de bosques y la legislación provincial, en lo referido a los espacios reconocidos como bosque nativo. Mientras la ley que impulsa la COTBN se desconoce cualquier legislación anterior y define como bosque nativo a todo el territorio provincial, situación que lleva a pensar que en algún momento se podría prohibir la explotación de todos los campos actualmente dedicados a la agricultura. Y advirtió que el proyecto de las organizaciones ecologistas y del campesinado permite el desmonte y la agricultura en los bosques nativos por parte de productores de menos de 10 hectáreas. Situación que coincide con el planteo sustentado por campesinos que en este momento están usurpando campos en el norte de la provincia, que al ser improductivos están siendo desmontados para la venta de leña como único modo de supervivencia.
Participó también de las exposiciones el ingeniero agrónomo Matías Martinetti, de Río Cuarto, quien resaltó la peligrosidad de las clausuras a perpetuidad de las áreas boscosas por la acumulación de material combustible. “Cuando ocurre un incendio sobre la zona clausurada, el fuego se inicia en el pajonal, se traslada a los arbustos intermedios y de allí llega a los árboles, y el fuego en las copas se vuelve imparable”, afirmó, para expresar también la necesidad de tomar medidas preventivas como las picadas, la limpieza de costas de alambrados y abrir pasos para los bomberos.
Los productores
Los asistentes al encuentro expresaron su adhesión al proyecto de Cartez, aunque el presidente de la Sociedad Rural de Laboulaye, Diego Etcheverry, advirtió sobre el alto costo económico y social de ambas iniciativas, por lo que formuló sus expectativas sobre la aparición de un tercer proyecto con un mayor enfoque productivista, que reconozca la existencia de millones de hectáreas que nunca fueron bosques.
Miguel French, presidente de la Sociedad Rural de Villa Valeria, expresó su preocupación por la existencia de una iniciativa como la presentada por la COTBN, que se constituye en una nueva amenaza contra la ganadería de cría que se desarrolla fundamentalmente en los campos de monte, en un corrimiento obligado por el auge de la soja.
“Sería un golpe más para esta actividad productiva que es sostén de la ganadería nacional, por lo que exhorto a los legisladores a no hacer lugar a este proyecto”, indicó.
Por su parte, Julio Echenique, titular de la Sociedad Rural de Río Cuarto, consideró que para una mayor fortaleza en el tratamiento legislativo, el proyecto de Cartez debería ser asumido por la Comisión de Enlace de la Provincia de Córdoba, para lo cual se hace necesario contar con el apoyo de Federación Agraria y de Coninagro.
Políticas costosas
Al referirse al impacto económico y social de las políticas ambientalistas, y de los dos proyectos que están en la Legislatura, el economista Adrián Monetta Pizarro, de la Universidad Nacional de Córdoba, explicó que hay aspectos en los que la Comisión ambientalista y Cartez coinciden, como en el reconocimiento de tres grandes zonas que en la cartografía figuran con color rojo (de alto valor como bosque nativo), amarillo (de valor medio) y verde (de bajo valor como bosque, conformada por los campos agrícolas). Estas zonas se superponen prácticamente en ambos proyectos, aunque Cartez asigna una mayor superficie a la zona roja de bosques nativos que se consideran intocables en ambas propuestas.
Las diferencias, señaló Monetta Pizarro, están en el impacto que estos proyectos tendrían desde el punto de vista socio-económico. En este análisis, el proyecto de la COTBN implicaría la pérdida de 50 mil puestos de trabajo contra unos 30 mil de la propuesta de Cartez.
En cuanto al impacto en el nivel de actividad económica medido mediante el PBG (producto bruto geográfico), estimó que el proyecto oficial implica una reducción de 40,5% ($ 2.558 millones) y el de Cartez 27,7% ($ 1.700 millones); mientras que la disminución de la recaudación fiscal sería de 38% para la COTBN y de 22,4% para la iniciativa ruralista.
“Está claro que toda política ambiental tiene sus costos, pero también habría que evaluar sus aspectos positivos, que no formaron parte de este estudio”, puntualizó el economista.
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