29 nov 2009
Agroquímicos: uso sin control
8:40 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (29/11/2009)
Agroquímicos: pese a que rige la ley, se usan sin control
Con cinco años y medio de vigencia, hay un escaso encuadramiento por parte de los productores e ingenieros. Tampoco hay recursos suficientes para el control. Alarma el uso de químicos en verduras
A más de cinco años de la entrada en vigencia de la Ley Provincial de Agroquímicos, los datos de la realidad indican que sólo se cumple en parte, y que un enorme volumen de aplicaciones de químicos se hacen a ojo.
Desde la puesta en vigor de la normativa, a mediados de 2004, en Río cuarto y el sur de Córdoba, una vasta zona donde la principal actividad económica es la agrícola-ganadera, sólo a partir de este año comenzaron a cumplirse algunas de las exigencias para el manejo de los agroquímicos.
Una de las innnovaciones que intentó establecer la Ley Provincial 9164 es profesionalizar la administración de los químicos para el campo. Cada fumigación debería contar con el asesoramiento y el aval de un ingeniero agrónomo habilitado, documentado a través de un formulario especial denominado “receta fitosanitaria”. El rol del ingeniero sería, con el productor agrícola, semejante al del médico con el paciente.
En la confección de cada receta, el profesional tiene un papel clave: garantizar la seguridad ambiental. El rol del ingeniero es -entre otros- asegurar que la fumigación no alcance a lugares poblados y no genere contaminación en el suelo o el agua. Además, poner el conocimiento técnico al servicio de un uso más eficiente de los químicos.
En los cinco años y medio de vigencia de la norma, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba sólo entregó 150 recetas fitosanitarias. El dato puede resultar inexpresivo, pero comparado con los cientos de miles de productores agropecuarios de todo el sur provincial, es un número chico. Hay que tener en cuenta, además, que cada año se llevan a cabo entre tres y cuatro aplicaciones de agroquímicos en cada campo.
La situación fue reconocida por el presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba, Francisco Demarchi. “Si bien se ha movido mucho en el último tiempo, hay que pensar que la zona abarca una gran cantidad de hectáreas. En relación a esto, lo que se está haciendo todavía es poco”, admitió Demarchi.
Además, explicó que la reticencia a usar los formularios de parte de los profesionales va de la mano de la renuencia de los agricultores a abonarles los honorarios. “El productor no está acostumbrado a que la consulta hay que pagarla. Por eso, muchos profesionales no se arriesgan a firmar una receta (fitosanitaria), que trae un compromiso”, indicó.
Además -dijo-, la mayoría de los ingenieros agrónomos esperan a que el mecanismo administrativo esté aceitado para poner la firma al final del formulario.
Dificultad en los controles
En cuanto al mecanismo de control, el panorama no es alentador. De todas las recetas fitosanitarias en poder de los ingenieros agrónomos, no es posible saber cuántas se utilizaron y si efectivamente se usaron para aplicar agroquímicos. La delegación local del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos -el órgano de aplicación de la ley-, no tiene herramientas para acceder a esa información.
Por otra parte, la delegación sólo alcanza a hacer controles muy focalizados sobre el uso de agroquímicos en los campos. Sin los recursos de personal y económicos necesarios, el órgano de fiscalización intenta multiplicar su trabajo tomando medidas sobre productores puntuales, que sirvan de ejemplo a los demás. Para toda la jurisdicción, la delegación de Agricultura tiene solamente cuatro inspectores.
Hasta fines del mes de marzo de este año, ningún profesional había retirado una sola receta fitosanitaria de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba.
Tampoco había incriptos en el padrón de asesores fitosanitarios, requisito previo para extender este tipo de prescripción.
Peor en frutas y verduras
El presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, Francisco Demarchi, dijo sentirse más preocupado por lo que pasa en el cinturón verde de la ciudad. Allí, los productores hortícolas tendrían menos cuidado que los del campo. “Aplican cualquier cosa, por tradición, sin saber de la peligrosidad de ese producto. Hay verduras de hoja, que se consumen directamente, a las que dos días antes les tiraron productos que ni se conocen para combatir los insectos”, aseguró.
Según el ingeniero, estos son productores mucho más chicos, con menos recursos y que consultan muy poco a los profesionales para aplicar herbicidas y pesticidas.
“Escuchamos que a veces la gente se hace problemas porque pasó un avión fumigando, pero eso se hace tres o cuatro veces al año”, reconoció el presidente del gremio de ingenieros agrónomos. Y agregó: “Esa misma gente va todos los días a la verdulería a comprar tomates, lechuga, etc., que tienen muchísimos más fertilizantes, herbicidas y pesticidas. A esa aplicación directa no le estamos prestando atención”.
Fumigaciones en la ciudad
La ley de agroquímicos estipula que dentro de los 500 metros posteriores al límite del radio urbano de una ciudad o localidad, sólo se pueden hacer fumigaciones terrestres. Y exclusivamente con productos de clases toxicológicas 3 y 4 (es decir, los considerados menos perjudiciales para la salud). En la franja que va desde los 500 a los 1.500 metros después del radio urbano, la norma permite aplicar en forma terrestre agroquímicos de clase toxicológica 1 y 2, los más concentrados y peligrosos.
En el caso de la pulverizaciones con aviones, el radio se corre 500 metros más. Es decir, en la primera franja desde el límite urbano quedan prohibidas las fumigaciones aéreas.
Montenegro: “es una ley medieval”
El ambientalista Raúl Montenegro planteó un panorama alarmante: el uso de agroquímicos puede alterar el sistema hormonal y el sistema inmune de las personas. El titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) cuestionó además la ley provincial de agroquímicos, que según él está pensada sólo para proteger a los fumigadores de intoxicaciones severas. En cambio -afirmó-, nada dice sobre la salud de los habitantes que quedan expuestos a la “deriva” de herbicidas y pesticidas aplicados en zonas cercanas a sus viviendas.
Montenegro, premio Nobel alternativo 2004 y docente de la cátedra de biología evolutiva de la UNC, trazó un crudo panorama de situación. “Toda la ley está basada en las dosis letales, como las que producen una intoxicación aguda. Pero se deja sin protección el impacto por bajas dosis”, advirtió. Y agregó: “Las dosis bajas pueden afectar el sistema hormonal y el sistema inmune. El glifosato, el AMPA, el endosulfan y sus derivados pueden afectar puntualmente el sistema hormonal”.
Más allá de las recetas
Montenegro alertó sobre la indefensión de los vecinos de las zonas cercanas a los campos, que quedan fuera del paraguas legal. Además, dijo que la norma tiene un desfase importante con respecto al avance de la medicina moderna. “Es una ley medieval”, dispara el ambientalista. Y sostuvo que “obedece a los intereses creados: se hizo con los sectores interesados, como los productores y aplicadores, para proteger la salud de los aplicadores. Pero no para las personas que viven en lugares cercanos a los lugares de fumigación”.
El especialista desestimó la importancia de las recetas fitosanitarias, y explicó que el margen de acción de los ingenieros agrónomos es muy acotado por lo que dice la ley, que intenta proteger de las dosis letales. Además, opinó que, en la práctica, la receta fitosanitaria le da una excusa al Estado cordobés (“un Estado perezoso”), para no controlar. “Todo termina descansando en los ingenieros agrónomos”, estimó.
El ambientalista indicó que una solución intermedia al problema son las franjas de prohibición de 500 metros, para separar la zona de fumigación de las viviendas. También dijo que eso está contemplado en la ordenanza vigente en la ciudad de San Francisco.
“El primer indicador del plaguicida es el aumento exponencial de los casos de alergias, en los lugares donde se cultiva soja”, indicó.
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Agroquímicos: pese a que rige la ley, se usan sin control
Con cinco años y medio de vigencia, hay un escaso encuadramiento por parte de los productores e ingenieros. Tampoco hay recursos suficientes para el control. Alarma el uso de químicos en verduras
A más de cinco años de la entrada en vigencia de la Ley Provincial de Agroquímicos, los datos de la realidad indican que sólo se cumple en parte, y que un enorme volumen de aplicaciones de químicos se hacen a ojo.
Desde la puesta en vigor de la normativa, a mediados de 2004, en Río cuarto y el sur de Córdoba, una vasta zona donde la principal actividad económica es la agrícola-ganadera, sólo a partir de este año comenzaron a cumplirse algunas de las exigencias para el manejo de los agroquímicos.
Una de las innnovaciones que intentó establecer la Ley Provincial 9164 es profesionalizar la administración de los químicos para el campo. Cada fumigación debería contar con el asesoramiento y el aval de un ingeniero agrónomo habilitado, documentado a través de un formulario especial denominado “receta fitosanitaria”. El rol del ingeniero sería, con el productor agrícola, semejante al del médico con el paciente.
En la confección de cada receta, el profesional tiene un papel clave: garantizar la seguridad ambiental. El rol del ingeniero es -entre otros- asegurar que la fumigación no alcance a lugares poblados y no genere contaminación en el suelo o el agua. Además, poner el conocimiento técnico al servicio de un uso más eficiente de los químicos.
En los cinco años y medio de vigencia de la norma, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba sólo entregó 150 recetas fitosanitarias. El dato puede resultar inexpresivo, pero comparado con los cientos de miles de productores agropecuarios de todo el sur provincial, es un número chico. Hay que tener en cuenta, además, que cada año se llevan a cabo entre tres y cuatro aplicaciones de agroquímicos en cada campo.
La situación fue reconocida por el presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba, Francisco Demarchi. “Si bien se ha movido mucho en el último tiempo, hay que pensar que la zona abarca una gran cantidad de hectáreas. En relación a esto, lo que se está haciendo todavía es poco”, admitió Demarchi.
Además, explicó que la reticencia a usar los formularios de parte de los profesionales va de la mano de la renuencia de los agricultores a abonarles los honorarios. “El productor no está acostumbrado a que la consulta hay que pagarla. Por eso, muchos profesionales no se arriesgan a firmar una receta (fitosanitaria), que trae un compromiso”, indicó.
Además -dijo-, la mayoría de los ingenieros agrónomos esperan a que el mecanismo administrativo esté aceitado para poner la firma al final del formulario.
Dificultad en los controles
En cuanto al mecanismo de control, el panorama no es alentador. De todas las recetas fitosanitarias en poder de los ingenieros agrónomos, no es posible saber cuántas se utilizaron y si efectivamente se usaron para aplicar agroquímicos. La delegación local del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos -el órgano de aplicación de la ley-, no tiene herramientas para acceder a esa información.
Por otra parte, la delegación sólo alcanza a hacer controles muy focalizados sobre el uso de agroquímicos en los campos. Sin los recursos de personal y económicos necesarios, el órgano de fiscalización intenta multiplicar su trabajo tomando medidas sobre productores puntuales, que sirvan de ejemplo a los demás. Para toda la jurisdicción, la delegación de Agricultura tiene solamente cuatro inspectores.
Hasta fines del mes de marzo de este año, ningún profesional había retirado una sola receta fitosanitaria de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba.
Tampoco había incriptos en el padrón de asesores fitosanitarios, requisito previo para extender este tipo de prescripción.
Peor en frutas y verduras
El presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, Francisco Demarchi, dijo sentirse más preocupado por lo que pasa en el cinturón verde de la ciudad. Allí, los productores hortícolas tendrían menos cuidado que los del campo. “Aplican cualquier cosa, por tradición, sin saber de la peligrosidad de ese producto. Hay verduras de hoja, que se consumen directamente, a las que dos días antes les tiraron productos que ni se conocen para combatir los insectos”, aseguró.
Según el ingeniero, estos son productores mucho más chicos, con menos recursos y que consultan muy poco a los profesionales para aplicar herbicidas y pesticidas.
“Escuchamos que a veces la gente se hace problemas porque pasó un avión fumigando, pero eso se hace tres o cuatro veces al año”, reconoció el presidente del gremio de ingenieros agrónomos. Y agregó: “Esa misma gente va todos los días a la verdulería a comprar tomates, lechuga, etc., que tienen muchísimos más fertilizantes, herbicidas y pesticidas. A esa aplicación directa no le estamos prestando atención”.
Fumigaciones en la ciudad
La ley de agroquímicos estipula que dentro de los 500 metros posteriores al límite del radio urbano de una ciudad o localidad, sólo se pueden hacer fumigaciones terrestres. Y exclusivamente con productos de clases toxicológicas 3 y 4 (es decir, los considerados menos perjudiciales para la salud). En la franja que va desde los 500 a los 1.500 metros después del radio urbano, la norma permite aplicar en forma terrestre agroquímicos de clase toxicológica 1 y 2, los más concentrados y peligrosos.
En el caso de la pulverizaciones con aviones, el radio se corre 500 metros más. Es decir, en la primera franja desde el límite urbano quedan prohibidas las fumigaciones aéreas.
Montenegro: “es una ley medieval”
El ambientalista Raúl Montenegro planteó un panorama alarmante: el uso de agroquímicos puede alterar el sistema hormonal y el sistema inmune de las personas. El titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) cuestionó además la ley provincial de agroquímicos, que según él está pensada sólo para proteger a los fumigadores de intoxicaciones severas. En cambio -afirmó-, nada dice sobre la salud de los habitantes que quedan expuestos a la “deriva” de herbicidas y pesticidas aplicados en zonas cercanas a sus viviendas.
Montenegro, premio Nobel alternativo 2004 y docente de la cátedra de biología evolutiva de la UNC, trazó un crudo panorama de situación. “Toda la ley está basada en las dosis letales, como las que producen una intoxicación aguda. Pero se deja sin protección el impacto por bajas dosis”, advirtió. Y agregó: “Las dosis bajas pueden afectar el sistema hormonal y el sistema inmune. El glifosato, el AMPA, el endosulfan y sus derivados pueden afectar puntualmente el sistema hormonal”.
Más allá de las recetas
Montenegro alertó sobre la indefensión de los vecinos de las zonas cercanas a los campos, que quedan fuera del paraguas legal. Además, dijo que la norma tiene un desfase importante con respecto al avance de la medicina moderna. “Es una ley medieval”, dispara el ambientalista. Y sostuvo que “obedece a los intereses creados: se hizo con los sectores interesados, como los productores y aplicadores, para proteger la salud de los aplicadores. Pero no para las personas que viven en lugares cercanos a los lugares de fumigación”.
El especialista desestimó la importancia de las recetas fitosanitarias, y explicó que el margen de acción de los ingenieros agrónomos es muy acotado por lo que dice la ley, que intenta proteger de las dosis letales. Además, opinó que, en la práctica, la receta fitosanitaria le da una excusa al Estado cordobés (“un Estado perezoso”), para no controlar. “Todo termina descansando en los ingenieros agrónomos”, estimó.
El ambientalista indicó que una solución intermedia al problema son las franjas de prohibición de 500 metros, para separar la zona de fumigación de las viviendas. También dijo que eso está contemplado en la ordenanza vigente en la ciudad de San Francisco.
“El primer indicador del plaguicida es el aumento exponencial de los casos de alergias, en los lugares donde se cultiva soja”, indicó.
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