27 may 2018
Retoques para una rechazada autovía
7:00 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (27/05/2018)
Autovía de Punilla: evalúan algunos retoques al proyecto oficial
Tras la audiencia pública, la Secretaría de Ambiente debe resolver si avala o no la obra propuesta por la Provincia. El escenario más probable: que la autorice pero con algunas modificaciones. La traza sobre el yacimiento de uranio tendría variaciones.
La resolución de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia respecto de si otorga o no la “licencia ambiental” al proyecto de construcción de la autovía de Punilla, que presentó el mismo Gobierno de Córdoba, no será inminente. La ley no le impone un plazo y son tantos los interrogantes y planteos recibidos que su sola respuesta demandaría al menos varias semanas.
El intenso debate planteado por el impacto ambiental del proyecto compromete la intención original de la Provincia de licitar e iniciar esa autovía este año. Muy pocas obras públicas han generado tanta controversia previa en Córdoba.
Fuentes muy cercanas a la evaluación del proyecto dan por “casi seguro” que si Ambiente firma el aval, al menos impondría algunas exigencias adicionales, incluyendo un cambio parcial del trazado en el tramo que atraviesa el yacimiento de uranio entre Santa María y Cosquín.
Tras la maratónica audiencia pública ambiental que demandó siete días con 355 oradores (récord desde que en 2014 se exige ese paso por ley en Córdoba), la mira está puesta ahora en la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), un equipo de profesionales designados por distintas áreas del Gobierno que debe emitir un dictamen, contemplando los aportes hechos en la audiencia pública. Pero la firma final la tiene el secretario de Ambiente de la Provincia.
En este caso, al ser una obra oficial, es el propio Gobierno el que actúa como proponente del proyecto y, a la vez, como evaluador de su impacto.
La CTI está por estos días reuniendo toda la información del proyecto que presentó Vialidad Provincial, los estudios que elaboró el Instituto de Investigación en Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi) de la UNC, más los planteos de las 355 ponencias de la audiencia y numerosos documentos que por vía escrita fueron aportados en las últimas semanas, además de informes periodísticos.
Uranio: no tocar
“Seguramente habrá que modificar algo en el diseño de la traza. En particular, donde pasa sobre el yacimiento de uranio. En el estudio planimétrico presentado vemos que hay zonas de ese tramo donde se requiere movimiento de suelos. Pediremos ahí cambiar la traza para cumplir con el compromiso asumido y con la exigencia que planteó la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea)”. La frase corresponde a una fuente ligada directamente con el proceso de evaluación del proyecto.
De ese modo, se reconocería una de las objeciones más repetidas contra el proyecto oficial. Cinco de los 14,3 kilómetros en discusión (entre San Roque y Cosquín) atraviesan esa mina no explotada de uranio. Quienes rechazan el trazado elegido denuncian que aunque la Provincia anunció que no se removerían suelos en ese tramo, el proyecto la contradice porque sí los prevé. Es más: la Cnea fue consultada por la Provincia sobre ese yacimiento cuando el diseño de la traza ya estaba definido.
El organismo ligado a la energía nuclear advirtió que la obra no generaría riesgos por el uranio, mientras no se remuevan suelos.
El Foro Ambiental Córdoba alertó que el proyecto oficial detallaba los movimientos de suelo previstos pero llamativamente excluía al tramo del yacimiento y, ante la ausencia de información, calculó junto a geólogos especializados que según la traza demarcada se deberían extraer unos 80 mil camiones en esos cinco kilómetros y excavar en algunos puntos más de 20 metros.
La misma fuente oficial anticipó ahora que “hay que garantizar que se cumpla ese compromiso de que no se retirará material sino que se agregará otro arriba, como terraplenados”.
Para asegurar eso, serían necesarios cambios de trazas puntuales. Se intuye que no serían sobre todo ese tramo sino sólo en los puntos de topografía más crítica. Por dónde y cómo es lo que no se sabe: el dilema es que hacia el oeste demandaría subir más sobre la montaña y afectar más bosque nativo maduro, y sobre el este ya pegaría en áreas urbanizadas.
Un estudio de riesgos
Otro punto que casi seguramente sería agregado como nueva exigencia al proyecto de la autovía –según trascendió– es que el Gobierno provincial contrate y sume un estudio adicional sobre riesgos para la salud del uranio en la zona, presente en la tierra, el aire o el agua.
Ese aspecto no está incluido hasta ahora y fue una de las muchas objeciones de quienes expusieron reparos. Entre los evaluadores oficiales parece dominar la convicción de que ese estudio no comprometería el proyecto.
Otro aspecto muy cuestionado es que la traza elegida pasará, en un 76 por ciento, por zonas de monte nativo que la propia Provincia admitió como de máxima conservación en la ley de bosques vigente.
En principio, dominaría la visión oficial de que no hay modo de evitar ese impacto pero se exigiría “un compromiso más explícito” para que por las 143 hectáreas que el proyecto admite que desmontará para la obra, “se reforesten otras 451 y con la máxima densidad, de 400 árboles nativos por hectárea”.
¿Elegir otra traza?
Los sectores ambientalistas y de vecinos movilizados en Punilla contra el proyecto plantean que la traza elegida es la peor de las posibles en cuanto al impacto sobre el ecosistema serrano. Pugnan para que se rechace todo el proyecto presentado y se analicen otras alternativas, por el oeste de la actual ruta 38.
La Secretaría de Ambiente, al menos en esta instancia, no podría elegir una traza alternativa. Las chances son que apruebe el proyecto como está (o agregando exigencias puntuales) o que lo rechace de plano.
Javier Britch, secretario de Ambiente de Córdoba, planteó a este diario que “un estudio de impacto ambiental tiene que tener un análisis preliminar de alternativas. A la que se pondera mejor, se le hace el estudio completo de impacto. Si esa alternativa no es avalada y se va por otra, hay que hacer el estudio nuevamente. Ya es otro proyecto y es como empezar de nuevo”.
El funcionario señaló que no debe opinar del proceso porque forma parte de él y cualquier expresión adelantaría un criterio. “No descartamos nada”, respondió a la consulta sobre la posibilidad de que se apruebe, se rechace o se impongan modificaciones parciales al proyecto oficial.
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El ambientalismo sigue en alerta y reserva la opción judicial
Las asambleas ambientalistas del valle de Punilla entienden que la audiencia pública por la autovía marcó un antes y un después, como en su momento fue la movilización contra el proyecto para cambiar la ley de bosques.
“Sería una locura o un suicidio político desoír lo que pasó en la audiencia. Ya tuvieron una mala experiencia con la ley de bosques. La gente no quiere desarrollo productivo a costa de que se lleven puesto el bosque nativo”, dice Fernando Farré Plá, de la asamblea Punilla Norte.
Farré Plá asegura que la movilización para participar en la audiencia tuvo un gran efecto contagio en las localidades que unirá la nueva carretera. “Hay una repercusión muy grande y los vecinos están tan sensibilizados como ocurrió con la ley de bosques”, insiste.
Desde esos grupos aclaran que no se oponen a la autovía, pero sí a que pase por la montaña, sobre un yacimiento de uranio y arrasando bosque nativo bien conservado.
La última asamblea regional decidió seguir en estado de alerta y movilización. En la reunión participaron los integrantes de los 20 grupos locales. Las decisiones se toman por consenso.
“La idea es seguir sembrando conciencia en la ciudadanía, sin aparatos políticos. Seguiremos realizando charlas con los técnicos y vecinos más comprometidos. Pero también estamos estudiando alternativas legales y de presión política”, avisan.
El foco estará puesto en las falencias que presenta el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) encargado por la Provincia. En particular, creen que es mezquino el análisis que se hizo de los trazados alternativos y creen que por allí se puede torcer el brazo del Gobierno provincial para que revea la iniciativa.
Eduardo Esparza, un ingeniero con experiencia en la construcción de autovías de montaña en Europa, cree que vale la pena analizar más en detalle las otras alternativas. “Es la primera vez que se intenta hacer una autovía de montaña en el país, y encima en zona poblada. La ingeniería debe estar impecable y para eso se necesita trabajo social”, dice.
Esparza asegura que el proyecto actual tiene mala ingeniería tanto en los aspectos técnicos como en los sociales. “Desde la ingeniería debe hacerse un trabajo social, porque todos usarán el camino”, opina. Y agrega: “La autovía es una línea que corta el paisaje y la vida, por eso hay que tratar de integrarla. Para eso deben intervenir todas las ciencias, desde la arqueología hasta la sociología. Y la belleza debe ser un factor por tener en cuenta en una región turística”.
Sin licencia ambiental
La primera apuesta del ambientalismo es que la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, encargada de otorgar o no la licencia ambiental, proponga bochar el proyecto oficial y profundizar el análisis de las otras alternativas de traza.
Confían en que, si se realiza un estudio serio, surgirá que alguno de los trazados por el oeste saldrá mejor parado desde lo ambiental y sin un excesivo costo extra.
El otro escenario es que desde la Provincia maquillen de “verde” el proyecto actual para darle la licencia ambiental. En ese caso el ambientalismo utilizaría alguna artillería legal: desde recursos de amparo y denuncias civiles o penales, a reclamos administrativos o impugnaciones.
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Cómo sigue el proceso y quién es el que decide
La audiencia pública no tiene un resultado determinado, sino que hace aportes al proyecto.
Javier Britch, secretario de Ambiente de Córdoba, precisó los pasos que siguen antes de definir el aval o rechazo a la obra propuesta.
“La ley me permite convocar a especialistas para ampliar la base de profesionales evaluadores estables de la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI). Para este caso, convocaremos a más, por temas específicos”, apuntó.
Tras reconocer que “es un tema de impacto público”, señaló que en esta etapa se deben “contestar todas las preguntas que se hicieron y no dejar cabos sueltos” pero aclaró que “los interrogantes planteados en la audiencia pública a los consultores (Iispi) y al proponente (Vialidad Provincial) tienen que ser respondidos por ellos y adjuntados al expediente”.
En el cierre de la audiencia, hubo casi 200 preguntas que Vialidad y el equipo de la UNC contratado por esta no contestaron y se comprometieron a hacerlo por escrito.
Britch señaló que el dictamen de la CTI “le impone un limitante a la Secretaría de Ambiente sobre lo que resuelva”. Acotó, en cambio, que la audiencia pública “no tiene un resultado determinado sino aportes. Pero si uno se aparta abiertamente de lo que se manifiesta en la audiencia, tiene que fundamentarlo. Lo que no puede hacer es apartarse abiertamente del dictamen técnico del CTI”.
En la audiencia pública, el 80 por ciento de los oradores se manifestó en contra del proyecto. Britch marcó que es un dato para tener en cuenta pero que la ley no define que eso sea vinculante. “Es un termómetro social y sirve para generar aportes no contemplados o visualizados en el proyecto que se discute”, argumentó.
El funcionario recordó que hubo casos en que tras la audiencia pública, Ambiente resolvió rechazar el proyecto presentado. Citó el de una cantera en Saldán, pero de un proponente privado.
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Más Información:
La Nueva Mañana - Edición Electrónica (27/05/2018)
- Convocan a un nuevo "Punillazo" el martes frente a la secretaría de Ambiente. La movilización será a las 10.30, se realizará frente a la secretaría ubicada en barrio Rogelio Martínez, en oposición al proyecto de la autovía de la montaña.
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Tras la audiencia pública, la Secretaría de Ambiente debe resolver si avala o no la obra propuesta por la Provincia. El escenario más probable: que la autorice pero con algunas modificaciones. La traza sobre el yacimiento de uranio tendría variaciones.
La resolución de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia respecto de si otorga o no la “licencia ambiental” al proyecto de construcción de la autovía de Punilla, que presentó el mismo Gobierno de Córdoba, no será inminente. La ley no le impone un plazo y son tantos los interrogantes y planteos recibidos que su sola respuesta demandaría al menos varias semanas.
El intenso debate planteado por el impacto ambiental del proyecto compromete la intención original de la Provincia de licitar e iniciar esa autovía este año. Muy pocas obras públicas han generado tanta controversia previa en Córdoba.
Fuentes muy cercanas a la evaluación del proyecto dan por “casi seguro” que si Ambiente firma el aval, al menos impondría algunas exigencias adicionales, incluyendo un cambio parcial del trazado en el tramo que atraviesa el yacimiento de uranio entre Santa María y Cosquín.
Tras la maratónica audiencia pública ambiental que demandó siete días con 355 oradores (récord desde que en 2014 se exige ese paso por ley en Córdoba), la mira está puesta ahora en la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), un equipo de profesionales designados por distintas áreas del Gobierno que debe emitir un dictamen, contemplando los aportes hechos en la audiencia pública. Pero la firma final la tiene el secretario de Ambiente de la Provincia.
En este caso, al ser una obra oficial, es el propio Gobierno el que actúa como proponente del proyecto y, a la vez, como evaluador de su impacto.
La CTI está por estos días reuniendo toda la información del proyecto que presentó Vialidad Provincial, los estudios que elaboró el Instituto de Investigación en Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi) de la UNC, más los planteos de las 355 ponencias de la audiencia y numerosos documentos que por vía escrita fueron aportados en las últimas semanas, además de informes periodísticos.
Uranio: no tocar
“Seguramente habrá que modificar algo en el diseño de la traza. En particular, donde pasa sobre el yacimiento de uranio. En el estudio planimétrico presentado vemos que hay zonas de ese tramo donde se requiere movimiento de suelos. Pediremos ahí cambiar la traza para cumplir con el compromiso asumido y con la exigencia que planteó la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea)”. La frase corresponde a una fuente ligada directamente con el proceso de evaluación del proyecto.
De ese modo, se reconocería una de las objeciones más repetidas contra el proyecto oficial. Cinco de los 14,3 kilómetros en discusión (entre San Roque y Cosquín) atraviesan esa mina no explotada de uranio. Quienes rechazan el trazado elegido denuncian que aunque la Provincia anunció que no se removerían suelos en ese tramo, el proyecto la contradice porque sí los prevé. Es más: la Cnea fue consultada por la Provincia sobre ese yacimiento cuando el diseño de la traza ya estaba definido.
El organismo ligado a la energía nuclear advirtió que la obra no generaría riesgos por el uranio, mientras no se remuevan suelos.
El Foro Ambiental Córdoba alertó que el proyecto oficial detallaba los movimientos de suelo previstos pero llamativamente excluía al tramo del yacimiento y, ante la ausencia de información, calculó junto a geólogos especializados que según la traza demarcada se deberían extraer unos 80 mil camiones en esos cinco kilómetros y excavar en algunos puntos más de 20 metros.
La misma fuente oficial anticipó ahora que “hay que garantizar que se cumpla ese compromiso de que no se retirará material sino que se agregará otro arriba, como terraplenados”.
Para asegurar eso, serían necesarios cambios de trazas puntuales. Se intuye que no serían sobre todo ese tramo sino sólo en los puntos de topografía más crítica. Por dónde y cómo es lo que no se sabe: el dilema es que hacia el oeste demandaría subir más sobre la montaña y afectar más bosque nativo maduro, y sobre el este ya pegaría en áreas urbanizadas.
Un estudio de riesgos
Otro punto que casi seguramente sería agregado como nueva exigencia al proyecto de la autovía –según trascendió– es que el Gobierno provincial contrate y sume un estudio adicional sobre riesgos para la salud del uranio en la zona, presente en la tierra, el aire o el agua.
Ese aspecto no está incluido hasta ahora y fue una de las muchas objeciones de quienes expusieron reparos. Entre los evaluadores oficiales parece dominar la convicción de que ese estudio no comprometería el proyecto.
Otro aspecto muy cuestionado es que la traza elegida pasará, en un 76 por ciento, por zonas de monte nativo que la propia Provincia admitió como de máxima conservación en la ley de bosques vigente.
En principio, dominaría la visión oficial de que no hay modo de evitar ese impacto pero se exigiría “un compromiso más explícito” para que por las 143 hectáreas que el proyecto admite que desmontará para la obra, “se reforesten otras 451 y con la máxima densidad, de 400 árboles nativos por hectárea”.
¿Elegir otra traza?
Los sectores ambientalistas y de vecinos movilizados en Punilla contra el proyecto plantean que la traza elegida es la peor de las posibles en cuanto al impacto sobre el ecosistema serrano. Pugnan para que se rechace todo el proyecto presentado y se analicen otras alternativas, por el oeste de la actual ruta 38.
La Secretaría de Ambiente, al menos en esta instancia, no podría elegir una traza alternativa. Las chances son que apruebe el proyecto como está (o agregando exigencias puntuales) o que lo rechace de plano.
Javier Britch, secretario de Ambiente de Córdoba, planteó a este diario que “un estudio de impacto ambiental tiene que tener un análisis preliminar de alternativas. A la que se pondera mejor, se le hace el estudio completo de impacto. Si esa alternativa no es avalada y se va por otra, hay que hacer el estudio nuevamente. Ya es otro proyecto y es como empezar de nuevo”.
El funcionario señaló que no debe opinar del proceso porque forma parte de él y cualquier expresión adelantaría un criterio. “No descartamos nada”, respondió a la consulta sobre la posibilidad de que se apruebe, se rechace o se impongan modificaciones parciales al proyecto oficial.
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El ambientalismo sigue en alerta y reserva la opción judicial
Las asambleas ambientalistas del valle de Punilla entienden que la audiencia pública por la autovía marcó un antes y un después, como en su momento fue la movilización contra el proyecto para cambiar la ley de bosques.
“Sería una locura o un suicidio político desoír lo que pasó en la audiencia. Ya tuvieron una mala experiencia con la ley de bosques. La gente no quiere desarrollo productivo a costa de que se lleven puesto el bosque nativo”, dice Fernando Farré Plá, de la asamblea Punilla Norte.
Farré Plá asegura que la movilización para participar en la audiencia tuvo un gran efecto contagio en las localidades que unirá la nueva carretera. “Hay una repercusión muy grande y los vecinos están tan sensibilizados como ocurrió con la ley de bosques”, insiste.
Desde esos grupos aclaran que no se oponen a la autovía, pero sí a que pase por la montaña, sobre un yacimiento de uranio y arrasando bosque nativo bien conservado.
La última asamblea regional decidió seguir en estado de alerta y movilización. En la reunión participaron los integrantes de los 20 grupos locales. Las decisiones se toman por consenso.
“La idea es seguir sembrando conciencia en la ciudadanía, sin aparatos políticos. Seguiremos realizando charlas con los técnicos y vecinos más comprometidos. Pero también estamos estudiando alternativas legales y de presión política”, avisan.
El foco estará puesto en las falencias que presenta el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) encargado por la Provincia. En particular, creen que es mezquino el análisis que se hizo de los trazados alternativos y creen que por allí se puede torcer el brazo del Gobierno provincial para que revea la iniciativa.
Eduardo Esparza, un ingeniero con experiencia en la construcción de autovías de montaña en Europa, cree que vale la pena analizar más en detalle las otras alternativas. “Es la primera vez que se intenta hacer una autovía de montaña en el país, y encima en zona poblada. La ingeniería debe estar impecable y para eso se necesita trabajo social”, dice.
Esparza asegura que el proyecto actual tiene mala ingeniería tanto en los aspectos técnicos como en los sociales. “Desde la ingeniería debe hacerse un trabajo social, porque todos usarán el camino”, opina. Y agrega: “La autovía es una línea que corta el paisaje y la vida, por eso hay que tratar de integrarla. Para eso deben intervenir todas las ciencias, desde la arqueología hasta la sociología. Y la belleza debe ser un factor por tener en cuenta en una región turística”.
Sin licencia ambiental
La primera apuesta del ambientalismo es que la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, encargada de otorgar o no la licencia ambiental, proponga bochar el proyecto oficial y profundizar el análisis de las otras alternativas de traza.
Confían en que, si se realiza un estudio serio, surgirá que alguno de los trazados por el oeste saldrá mejor parado desde lo ambiental y sin un excesivo costo extra.
El otro escenario es que desde la Provincia maquillen de “verde” el proyecto actual para darle la licencia ambiental. En ese caso el ambientalismo utilizaría alguna artillería legal: desde recursos de amparo y denuncias civiles o penales, a reclamos administrativos o impugnaciones.
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Cómo sigue el proceso y quién es el que decide
La audiencia pública no tiene un resultado determinado, sino que hace aportes al proyecto.
Javier Britch, secretario de Ambiente de Córdoba, precisó los pasos que siguen antes de definir el aval o rechazo a la obra propuesta.
“La ley me permite convocar a especialistas para ampliar la base de profesionales evaluadores estables de la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI). Para este caso, convocaremos a más, por temas específicos”, apuntó.
Tras reconocer que “es un tema de impacto público”, señaló que en esta etapa se deben “contestar todas las preguntas que se hicieron y no dejar cabos sueltos” pero aclaró que “los interrogantes planteados en la audiencia pública a los consultores (Iispi) y al proponente (Vialidad Provincial) tienen que ser respondidos por ellos y adjuntados al expediente”.
En el cierre de la audiencia, hubo casi 200 preguntas que Vialidad y el equipo de la UNC contratado por esta no contestaron y se comprometieron a hacerlo por escrito.
Britch señaló que el dictamen de la CTI “le impone un limitante a la Secretaría de Ambiente sobre lo que resuelva”. Acotó, en cambio, que la audiencia pública “no tiene un resultado determinado sino aportes. Pero si uno se aparta abiertamente de lo que se manifiesta en la audiencia, tiene que fundamentarlo. Lo que no puede hacer es apartarse abiertamente del dictamen técnico del CTI”.
En la audiencia pública, el 80 por ciento de los oradores se manifestó en contra del proyecto. Britch marcó que es un dato para tener en cuenta pero que la ley no define que eso sea vinculante. “Es un termómetro social y sirve para generar aportes no contemplados o visualizados en el proyecto que se discute”, argumentó.
El funcionario recordó que hubo casos en que tras la audiencia pública, Ambiente resolvió rechazar el proyecto presentado. Citó el de una cantera en Saldán, pero de un proponente privado.
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La Nueva Mañana - Edición Electrónica (27/05/2018)
- Convocan a un nuevo "Punillazo" el martes frente a la secretaría de Ambiente. La movilización será a las 10.30, se realizará frente a la secretaría ubicada en barrio Rogelio Martínez, en oposición al proyecto de la autovía de la montaña.
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