24 oct 2010
Sigue la "fiesta" de los lotes en las sierras
11:39 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (24/10/2010)
Sigue la "fiesta" de los lotes
La venta irregular de terrenos en las sierras de Córdoba demuestra la ausencia de los organismos de control del Estado.
Nada menos que 13 juicios se han realizado hasta el momento en Córdoba por fraudes cometidos con inmuebles a través del Registro de la Propiedad, y otros tantos casos esperan su turno para llegar a las audiencias orales y públicas. Entre el medio centenar de personas ya condenadas y entre las 200 que han sido imputadas, se cuentan por docenas los escribanos, abogados, operadores inmobiliarios, martilleros, falsificadores o empleados involucrados en estas maniobras delictivas, que también provocaron destituciones de jefes comunales y jueces de Paz.
Una de las zonas de la provincia más afectadas en los últimos años por denuncias y conflictos vinculados con la propiedad de numerosos inmuebles es la zona de los departamentos Santa María y Calamuchita, ubicados al sur y a corta distancia de la capital provincial. Comunas como Villa Ciudad de América, Ciudad Parque Los Reartes, Villa General Belgrano y Los Reartes, entre otras, fueron escenario de numerosos problemas que involucraron la propiedad de miles de lotes ubicados en las cada vez más valiosas zonas turísticas.
Otro de los lugares donde el problema se vivió en profundidad fue Potrero de Garay, pequeña comuna ubicada frente al lago Los Molinos. Allí, el entonces jefe comunal, Pablo Merlo, fue obligado a renunciar en medio de un escándalo institucional, hace dos años, luego de que la comuna fuera allanada por la Fiscalía de Alta Gracia.
Aunque en aquel momento se mencionaron otras presuntas causas para la caída del jefe comunal, una de las sospechas más fuertes que siempre rondaron la localidad estaba relacionada con los numerosos remates de lotes que la comuna hacía con la colaboración de una abogada. Potrero de Garay quedó en el centro de las sospechas que se extendían a otras numerosas localidades enclavadas en zonas turísticas de la provincia.
Mercado libre. Pero ni esa situación delicada, que puso al pueblo en los titulares policiales, ha impedido que en la actualidad las nuevas autoridades de Potrero de Garay también estén facilitando, en los hechos, el cambio de manos de lotes privados que en realidad no pertenecen a la comuna sino que tienen dueños identificados con nombre y apellido.
La gravedad del caso no tiene que ver sólo con lo que ocurre en esta comuna, sino que situaciones como ésta exponen la ausencia del Estado provincial a través de las reparticiones del Ejecutivo, encargadas del seguimiento de la vida en las comunas del interior, y la ausencia de los organismos de control que deberían velar para que miles de personas no vuelvan a ser estafadas. El germen de casos como los que actualmente se están juzgando en el proceso del Registro de la Propiedad goza de muy buena salud en comunas como Potrero de Garay, donde los valores de la tierra siguen en alza.
En la actualidad, la comuna de Potrero de Garay está facilitando a numerosas personas que ocupen tierras que no le pertenecen. Esta vez no se apela al recurso de los remates, ni tampoco a una caprichosa interpretación de la ley de prescripción administrativa, como ocurrió en otras comunas cercanas.
Deudas impagas. Esta vez, la comuna, con la excusa de que existen miles de lotes desocupados y con deuda, cuyos dueños no se hacen presente en el pueblo, permite que una persona vaya y comience a pagar deudas que no son suyas. A cambio de ese pago, la comuna acepta, tácitamente, que estas personas alambren, ocupen los terrenos y hasta construyan sobre ellos, pese a que es por todos sabido que el dueño de esa propiedad es otro, que desconoce lo que están haciendo con su terreno.
Esta situación no se desarrolla en secreto sino que es conocida ampliamente no sólo en Potrero de Garay sino en toda la zona. Las conversaciones que este diario mantuvo con numerosos vecinos de la comuna permiten afirmarlo: “Acá, un terreno de 800 metros cuadrados, si está bien ubicado, te puede salir unos 50 mil dólares. Pero en la comuna podés conseguir uno de igual tamaño, quizá no tan bien ubicado, pero pagando cinco mil o siete mil pesos”, cuenta un abogado que recientemente fijó domicilio en el pueblo.
Lo irregular de la situación se patentiza en que el pago ante la comuna se realiza a nombre del real propietario de la tierra, que en su domicilio de Buenos Aires, Santa Fe o el lugar del país que sea, ni sospecha los planes que se están haciendo con su propiedad.
Un recorrido por los nuevos barrios que están creciendo en las zonas altas de Potrero de Garay muestra que los alambrados relucientes y los carteles recién pintados con la leyenda “Propiedad privada” se extienden a buen ritmo, lo mismo que las nuevas construcciones.
Un grupo de vecinos autoconvocados, que desde hace meses viene denunciando la actuación de las autoridades comunales, sostiene que la práctica de entrega de lotes comenzó con vecinos que iban a preguntar por la propiedad de un lote vacío colindante con sus casas, o por algún otro en que tenían un interés personal. “La comuna les dice que es un lote con deuda y que si pagan los últimos años de deuda pueden ocupar la propiedad. Es escandaloso, porque –señalan– se está legitimando un robo, y en cualquier momento puede aparecer el dueño, encontrarse con una casa construida en su propiedad, y que se produzcan conflictos serios”.
“Luego, la práctica degeneró”, cuenta uno de los integrantes de los autoconvocados. “Un profesional vinculado a la comuna llegó a ofrecer una sociedad para hacerse cargo de docenas de esos lotes, para luego venderlos”.
La comuna hoy está a cargo de Yomar Tavilo, quien se desempeñaba como contadora del destituido jefe comunal anterior. Debido a que sufrió un accidente automovilístico el día que este diario fue a Potrero de Garay, y no pudo atender el teléfono en los días siguientes, la secretaria de la funcionaria, Graciela Barbeito, fue la encargada de explicar la posición oficial.
La secretaria señaló que, si bien la comuna “no puede vender porque no tiene la propiedad de los terrenos”, existen aproximadamente 12 mil lotes desocupados, con una deuda promedio con la comuna cercana a los siete mil pesos cada uno. Señaló que reciben los pagos de vecinos, pese a que no son los dueños de los inmuebles, “porque a la comuna le sirve que entre el dinero”. También criticó la labor de los llamados vecinos autoconvocados que, dijo, no reconocen los numerosos logros de la gestión actual.
La colaboradora de la jefa comunal resaltó que Potrero de Garay, con las últimas modificaciones, tiene el tercer ejido más grande de la provincia de Córdoba, después de la Capital y Villa María, por lo que ahora incluye un área gigantesca que abarca parajes como Los Espinillos, Golpe de Agua, Pampa Alta, etcétera. Esto significa muchas más propiedades para controlar y para que tributen a la autoridad local.
Según la secretaria, actualmente viven en la comuna 3.500 personas, más los que van los fines de semana desde la ciudad de Córdoba a sus casas de campo. Si esto es confirmado por el Censo nacional, Potrero de Garay verá elevada su situación a localidad y recibirá más dinero por coparticipación. Esto, según los autoconvocados, es uno de los motivos por los cuales la jefa comunal estaría impulsando un cambio masivo de domicilio hacia Potrero de Garay, especialmente de habitantes de Despeñaderos, de donde ella es oriunda.
El abogado que trabaja para el ejecutivo local, Javier Urquiza, afirmó a este diario que la comuna no vende ni transfiere ni un solo lote, porque no tiene poder para hacerlo. “Si alguien quiere comprar, se lo deriva hacia las inmobiliarias de la zona. No se vende, no se remata, no se transfiere un solo lote”, aseguró. “Lo que hace la comuna –explicó– es recaudar más tasas tributarias a la propiedad, que es el ingreso más fuerte que tiene. Se trata de gente que va y quiere pagar por algún lote, dice que es poseedor. Desde la comuna no nos oponemos a que pague, pero paga una tasa de ese lote puntualmente, que está a nombre de otra persona. No nos podemos oponer a que paguen”.
Urquiza agregó, pese a que la comuna cobra por un terreno de un tercero, “no se pueden hacer cambios de titularidad, la gente paga para después hacer una usucapión, pero la comuna no está en condiciones de controlar lo que después haga cada particular.
Se sabe que el pago de impuestos por una propiedad es después una prueba calificada en ese juicio y el Código Civil no se opone a que alguien pague la deuda de un tercero”.
Mientras esta situación se mantiene, ya comenzaron a escucharse las primeras denuncias, tal como ocurrió en años anteriores, que luego derivaron en los procesos judiciales actualmente en marcha en la Justicia de Córdoba. Este diario pudo ver dos denuncias radicadas ante la Policía de la Provincia en las que tres particulares acusan que sus terrenos han sido usurpados.
Los usurpadores se sintieron con derecho a ocupar las propiedades luego de que la comuna comenzó a receptarles el pago de impuestos por un terreno que, todos saben, no les pertenece.
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El recambio de los jueces de Paz, un camino
Estos funcionarios eran nombrados según la voluntad del gobernante de turno. Ahora, son seleccionados por concurso.
Sebastián Stabio es el flamante juez de Paz de la localidad de Potrero de Garay. Se trata del primer cordobés que accedió al cargo por concurso público y con aprobación de la Legislatura, en virtud de un nuevo marco legal que cambió la forma de designar a estos funcionarios y estableció que a partir de ahora deban ser elegidos de manera más transparente. Stabio tiene 42 años, dos hijos, hace 30 años comenzó a viajar al lugar junto a su familia, y desde hace 12 vive en el pueblo.
Es hijo de la legisladora provincial oficialista Susana Minelli de Stabio, estudió agronomía y vendió automóviles. “Pero me cansé de pelear con los bancos, de correr para todos lados, me gusta el campo, me fui involucrando con las cosas del pueblo y me di cuenta de que aquí había muchas cosas con las que creo puedo colaborar”.
El pliego de Stabio fue el primero en ser aprobado por la Legislatura, de un grupo de 22 nuevos jueces de Paz que integraron la primera camada de la historia cordobesa en ser elegidos por concurso. Asumió el cargo el 1° de septiembre.
Estos nuevos jueces de Paz, que luego deben irse designando en todo el resto de la provincia hasta abarcar el ciento por ciento de los cargos, fueron los primeros en comenzar a renovar un sistema que venía afrontando años de duras críticas.
Los anteriores jueces de Paz siempre fueron elegidos “a dedo”, según el color político del gobierno de turno, ya que jugaban un rol importante en los lugares más inaccesibles del interior durante las fechas electorales. El ex gobernador José Manuel de la Sota, por ejemplo, solía decir que él nunca eligió un juez, pero olvidaba que estos cientos de funcionarios encargados de los juzgados de Paz, también son jueces, con rango constitucional, y él los elegía discrecionalmente.
Sin conocimiento. Debido a la anterior manera informal de elección, a voluntad del gobernador y de los padrinos políticos de cada lugar, muchas veces los jueces de Paz no tenían conocimientos técnicos ni condiciones personales para desempeñar los cargos. Esto derivó en una larga serie de delitos protagonizados por algunos de esos funcionarios, varios de los cuales fueron destituidos luego de que este diario publicara las historias que habían protagonizado en relación con la apropiación de lotes en las zonas turísticas o de campos.
Respecto a la polémica por los terrenos, Stabio aclara que no tiene ningún tipo de intervención en el procedimiento por el cual la comuna de Potrero de Garay está permitiendo el pago de impuestos de lotes ajenos. “Si eso existe, no cumplo ningún rol en los procedimientos”. Cuenta que en la actualidad, tal como ocurre en otras zonas del interior provincial, su atención está puesta obligadamente en los dos grandes temas que ocupan su tiempo: problemas de tierra y problemas de violencia familiar.
“La mayor satisfacción se obtiene cuando uno interviene en un conflicto y consigue que las partes se pongan de acuerdo, sin que el caso se judicialice. Muchas veces son conflictos domésticos, como problemas con las gallinas, con caballos sueltos que se meten en las huertas ajenas, o problemas de ruido. Desde este cargo uno puede ser el componedor que facilite la convivencia”.
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La venta irregular de terrenos en las sierras de Córdoba demuestra la ausencia de los organismos de control del Estado.
Nada menos que 13 juicios se han realizado hasta el momento en Córdoba por fraudes cometidos con inmuebles a través del Registro de la Propiedad, y otros tantos casos esperan su turno para llegar a las audiencias orales y públicas. Entre el medio centenar de personas ya condenadas y entre las 200 que han sido imputadas, se cuentan por docenas los escribanos, abogados, operadores inmobiliarios, martilleros, falsificadores o empleados involucrados en estas maniobras delictivas, que también provocaron destituciones de jefes comunales y jueces de Paz.
Una de las zonas de la provincia más afectadas en los últimos años por denuncias y conflictos vinculados con la propiedad de numerosos inmuebles es la zona de los departamentos Santa María y Calamuchita, ubicados al sur y a corta distancia de la capital provincial. Comunas como Villa Ciudad de América, Ciudad Parque Los Reartes, Villa General Belgrano y Los Reartes, entre otras, fueron escenario de numerosos problemas que involucraron la propiedad de miles de lotes ubicados en las cada vez más valiosas zonas turísticas.
Otro de los lugares donde el problema se vivió en profundidad fue Potrero de Garay, pequeña comuna ubicada frente al lago Los Molinos. Allí, el entonces jefe comunal, Pablo Merlo, fue obligado a renunciar en medio de un escándalo institucional, hace dos años, luego de que la comuna fuera allanada por la Fiscalía de Alta Gracia.
Aunque en aquel momento se mencionaron otras presuntas causas para la caída del jefe comunal, una de las sospechas más fuertes que siempre rondaron la localidad estaba relacionada con los numerosos remates de lotes que la comuna hacía con la colaboración de una abogada. Potrero de Garay quedó en el centro de las sospechas que se extendían a otras numerosas localidades enclavadas en zonas turísticas de la provincia.
Mercado libre. Pero ni esa situación delicada, que puso al pueblo en los titulares policiales, ha impedido que en la actualidad las nuevas autoridades de Potrero de Garay también estén facilitando, en los hechos, el cambio de manos de lotes privados que en realidad no pertenecen a la comuna sino que tienen dueños identificados con nombre y apellido.
La gravedad del caso no tiene que ver sólo con lo que ocurre en esta comuna, sino que situaciones como ésta exponen la ausencia del Estado provincial a través de las reparticiones del Ejecutivo, encargadas del seguimiento de la vida en las comunas del interior, y la ausencia de los organismos de control que deberían velar para que miles de personas no vuelvan a ser estafadas. El germen de casos como los que actualmente se están juzgando en el proceso del Registro de la Propiedad goza de muy buena salud en comunas como Potrero de Garay, donde los valores de la tierra siguen en alza.
En la actualidad, la comuna de Potrero de Garay está facilitando a numerosas personas que ocupen tierras que no le pertenecen. Esta vez no se apela al recurso de los remates, ni tampoco a una caprichosa interpretación de la ley de prescripción administrativa, como ocurrió en otras comunas cercanas.
Deudas impagas. Esta vez, la comuna, con la excusa de que existen miles de lotes desocupados y con deuda, cuyos dueños no se hacen presente en el pueblo, permite que una persona vaya y comience a pagar deudas que no son suyas. A cambio de ese pago, la comuna acepta, tácitamente, que estas personas alambren, ocupen los terrenos y hasta construyan sobre ellos, pese a que es por todos sabido que el dueño de esa propiedad es otro, que desconoce lo que están haciendo con su terreno.
Esta situación no se desarrolla en secreto sino que es conocida ampliamente no sólo en Potrero de Garay sino en toda la zona. Las conversaciones que este diario mantuvo con numerosos vecinos de la comuna permiten afirmarlo: “Acá, un terreno de 800 metros cuadrados, si está bien ubicado, te puede salir unos 50 mil dólares. Pero en la comuna podés conseguir uno de igual tamaño, quizá no tan bien ubicado, pero pagando cinco mil o siete mil pesos”, cuenta un abogado que recientemente fijó domicilio en el pueblo.
Lo irregular de la situación se patentiza en que el pago ante la comuna se realiza a nombre del real propietario de la tierra, que en su domicilio de Buenos Aires, Santa Fe o el lugar del país que sea, ni sospecha los planes que se están haciendo con su propiedad.
Un recorrido por los nuevos barrios que están creciendo en las zonas altas de Potrero de Garay muestra que los alambrados relucientes y los carteles recién pintados con la leyenda “Propiedad privada” se extienden a buen ritmo, lo mismo que las nuevas construcciones.
Un grupo de vecinos autoconvocados, que desde hace meses viene denunciando la actuación de las autoridades comunales, sostiene que la práctica de entrega de lotes comenzó con vecinos que iban a preguntar por la propiedad de un lote vacío colindante con sus casas, o por algún otro en que tenían un interés personal. “La comuna les dice que es un lote con deuda y que si pagan los últimos años de deuda pueden ocupar la propiedad. Es escandaloso, porque –señalan– se está legitimando un robo, y en cualquier momento puede aparecer el dueño, encontrarse con una casa construida en su propiedad, y que se produzcan conflictos serios”.
“Luego, la práctica degeneró”, cuenta uno de los integrantes de los autoconvocados. “Un profesional vinculado a la comuna llegó a ofrecer una sociedad para hacerse cargo de docenas de esos lotes, para luego venderlos”.
La comuna hoy está a cargo de Yomar Tavilo, quien se desempeñaba como contadora del destituido jefe comunal anterior. Debido a que sufrió un accidente automovilístico el día que este diario fue a Potrero de Garay, y no pudo atender el teléfono en los días siguientes, la secretaria de la funcionaria, Graciela Barbeito, fue la encargada de explicar la posición oficial.
La secretaria señaló que, si bien la comuna “no puede vender porque no tiene la propiedad de los terrenos”, existen aproximadamente 12 mil lotes desocupados, con una deuda promedio con la comuna cercana a los siete mil pesos cada uno. Señaló que reciben los pagos de vecinos, pese a que no son los dueños de los inmuebles, “porque a la comuna le sirve que entre el dinero”. También criticó la labor de los llamados vecinos autoconvocados que, dijo, no reconocen los numerosos logros de la gestión actual.
La colaboradora de la jefa comunal resaltó que Potrero de Garay, con las últimas modificaciones, tiene el tercer ejido más grande de la provincia de Córdoba, después de la Capital y Villa María, por lo que ahora incluye un área gigantesca que abarca parajes como Los Espinillos, Golpe de Agua, Pampa Alta, etcétera. Esto significa muchas más propiedades para controlar y para que tributen a la autoridad local.
Según la secretaria, actualmente viven en la comuna 3.500 personas, más los que van los fines de semana desde la ciudad de Córdoba a sus casas de campo. Si esto es confirmado por el Censo nacional, Potrero de Garay verá elevada su situación a localidad y recibirá más dinero por coparticipación. Esto, según los autoconvocados, es uno de los motivos por los cuales la jefa comunal estaría impulsando un cambio masivo de domicilio hacia Potrero de Garay, especialmente de habitantes de Despeñaderos, de donde ella es oriunda.
El abogado que trabaja para el ejecutivo local, Javier Urquiza, afirmó a este diario que la comuna no vende ni transfiere ni un solo lote, porque no tiene poder para hacerlo. “Si alguien quiere comprar, se lo deriva hacia las inmobiliarias de la zona. No se vende, no se remata, no se transfiere un solo lote”, aseguró. “Lo que hace la comuna –explicó– es recaudar más tasas tributarias a la propiedad, que es el ingreso más fuerte que tiene. Se trata de gente que va y quiere pagar por algún lote, dice que es poseedor. Desde la comuna no nos oponemos a que pague, pero paga una tasa de ese lote puntualmente, que está a nombre de otra persona. No nos podemos oponer a que paguen”.
Urquiza agregó, pese a que la comuna cobra por un terreno de un tercero, “no se pueden hacer cambios de titularidad, la gente paga para después hacer una usucapión, pero la comuna no está en condiciones de controlar lo que después haga cada particular.
Se sabe que el pago de impuestos por una propiedad es después una prueba calificada en ese juicio y el Código Civil no se opone a que alguien pague la deuda de un tercero”.
Mientras esta situación se mantiene, ya comenzaron a escucharse las primeras denuncias, tal como ocurrió en años anteriores, que luego derivaron en los procesos judiciales actualmente en marcha en la Justicia de Córdoba. Este diario pudo ver dos denuncias radicadas ante la Policía de la Provincia en las que tres particulares acusan que sus terrenos han sido usurpados.
Los usurpadores se sintieron con derecho a ocupar las propiedades luego de que la comuna comenzó a receptarles el pago de impuestos por un terreno que, todos saben, no les pertenece.
Ver Noticia On Line
El recambio de los jueces de Paz, un camino
Estos funcionarios eran nombrados según la voluntad del gobernante de turno. Ahora, son seleccionados por concurso.
Sebastián Stabio es el flamante juez de Paz de la localidad de Potrero de Garay. Se trata del primer cordobés que accedió al cargo por concurso público y con aprobación de la Legislatura, en virtud de un nuevo marco legal que cambió la forma de designar a estos funcionarios y estableció que a partir de ahora deban ser elegidos de manera más transparente. Stabio tiene 42 años, dos hijos, hace 30 años comenzó a viajar al lugar junto a su familia, y desde hace 12 vive en el pueblo.
Es hijo de la legisladora provincial oficialista Susana Minelli de Stabio, estudió agronomía y vendió automóviles. “Pero me cansé de pelear con los bancos, de correr para todos lados, me gusta el campo, me fui involucrando con las cosas del pueblo y me di cuenta de que aquí había muchas cosas con las que creo puedo colaborar”.
El pliego de Stabio fue el primero en ser aprobado por la Legislatura, de un grupo de 22 nuevos jueces de Paz que integraron la primera camada de la historia cordobesa en ser elegidos por concurso. Asumió el cargo el 1° de septiembre.
Estos nuevos jueces de Paz, que luego deben irse designando en todo el resto de la provincia hasta abarcar el ciento por ciento de los cargos, fueron los primeros en comenzar a renovar un sistema que venía afrontando años de duras críticas.
Los anteriores jueces de Paz siempre fueron elegidos “a dedo”, según el color político del gobierno de turno, ya que jugaban un rol importante en los lugares más inaccesibles del interior durante las fechas electorales. El ex gobernador José Manuel de la Sota, por ejemplo, solía decir que él nunca eligió un juez, pero olvidaba que estos cientos de funcionarios encargados de los juzgados de Paz, también son jueces, con rango constitucional, y él los elegía discrecionalmente.
Sin conocimiento. Debido a la anterior manera informal de elección, a voluntad del gobernador y de los padrinos políticos de cada lugar, muchas veces los jueces de Paz no tenían conocimientos técnicos ni condiciones personales para desempeñar los cargos. Esto derivó en una larga serie de delitos protagonizados por algunos de esos funcionarios, varios de los cuales fueron destituidos luego de que este diario publicara las historias que habían protagonizado en relación con la apropiación de lotes en las zonas turísticas o de campos.
Respecto a la polémica por los terrenos, Stabio aclara que no tiene ningún tipo de intervención en el procedimiento por el cual la comuna de Potrero de Garay está permitiendo el pago de impuestos de lotes ajenos. “Si eso existe, no cumplo ningún rol en los procedimientos”. Cuenta que en la actualidad, tal como ocurre en otras zonas del interior provincial, su atención está puesta obligadamente en los dos grandes temas que ocupan su tiempo: problemas de tierra y problemas de violencia familiar.
“La mayor satisfacción se obtiene cuando uno interviene en un conflicto y consigue que las partes se pongan de acuerdo, sin que el caso se judicialice. Muchas veces son conflictos domésticos, como problemas con las gallinas, con caballos sueltos que se meten en las huertas ajenas, o problemas de ruido. Desde este cargo uno puede ser el componedor que facilite la convivencia”.
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