18 oct 2010
Quieren prohibir fumigaciones en zonas urbanas
El Puntal de Río Cuarto (18/10/2010)
Quieren prohibir fumigaciones en los alrededores de las zonas urbanas
El proyecto del legislador Birri tiene estado parlamentario e impide las aplicaciones aéreas de agrotóxicos en un radio de 1.500 metros de los ejidos municipales y de 800 metros para las terrestres
La prohibición del glifosato a menos 800 metros del radio municipal, a partir de la modificación de la ley que rige la aplicación de productos químicos de uso agropecuario, promete poner en el tapete una dura puja de intereses, de características similares a las de la cuestionada ley de bosques.
El proyecto, que ya tiene estado parlamentario, fue presentado por el legislador riocuartense Roberto Birri, presidente del Bloque del Frente Cívico, y acompañado por la legisladora de Unión por Córdoba, María Amelia Chiofalo, a lo que se suma otra iniciativa similar impulsada por el legislador radical Dante Rossi.
La propuesta del socialista contempla tres modificaciones clave: extender la prohibición para el empleo aéreo de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, dentro de un radio de 1.500 metros del ejido municipal; vedar la aplicación terrestre o aérea, dentro de un radio de 800 metros del límite de los centros urbanos y de los cursos de agua, de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario, incluido el glifosato; y asegurar que la autoridad de aplicación sea el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Ambiente.
“Me inscribo, a partir de elementos científicos, entre los que entienden que la exposición a altos niveles de toxicidad, como consecuencia de la cercanía de la aplicación de los agroquímicos, en la gente produce malformaciones y patologías de tipo neuronales, intestinales, cardíacas, renales, cutáneas. Me han venido a ver vecinos de Río Cuarto que han sufrido serias patologías cutáneas. Ellos están convencidos de que ha sido como consecuencia de las fumigaciones que han hecho en las puertas de su casa”, dijo el autor de la iniciativa.
Birri indicó que con la presentación de este proyecto de ley procura hacerse eco de numerosos reclamos de vecinos de distintas poblaciones afectados por las fumigaciones y de estudios científicos que dan cuenta de los daños que producen los agrotóxicos, y que tuvo en cuenta fallos jurisprudenciales sobre los graves riesgos que lleva aparejada la utilización de los herbicidas cerca de los lugares poblados, a lo cual se oponen sectores ruralistas, profesionales agrónomos, los fumigadores y hasta el propio Gobierno provincial, que hace hincapié en la competitividad de la región en términos agropecuarios y advierte sobre el costo fiscal que puede acarrear una medida de esta naturaleza.
El legislador explicó: “Una de las modificaciones plantea que las fumigaciones aéreas se restrinjan hasta los 1.500 metros, cuando se trata de las clases toxicológicas 1 y 2. Y a 800 metros cuando se trata de una 4, que es la que incluye al glifosato. En el caso de las fumigaciones terrestres, que se pase de los 500 metros que prevé la ley a 800, pero tomando las cuatro categorías, no como ahora que sólo se toman las dos primeras”.
Y agregó: “Paralelamente, venimos gestionando ante el Senasa el cambio de categoría del glifosato. Hay que bajarlo de categoría, porque actualmente está dentro de aquellos que casi no ofrecen niveles de toxicidad. El glifosato solo a lo mejor puede tener un nivel de toxicidad bajo. El problema es que como se lo mezcla con coadyuvantes, la ecuación química que se genera es altamente contaminante y da como resultado un nivel de toxicidad preocupante para las personas que quedan expuestas”.
Birri indicó: “Una tercera modificación es del artículo 35, que está vinculado con el órgano de aplicación. Hoy se dice que se debe notificar cuándo se va a hacer la aplicación de la receta fitosanitaria a la Municipalidad o a la comuna. El problema que se genera es que el ámbito municipal se limita al ejido urbano. Entonces, nosotros proponemos cambiar y poner a la Provincia a través de la Secretaría de Ambiente y Agricultura, en forma conjunta”.
“Y agregamos también una prohibición vinculada con los cursos de agua. Queremos que se incluya, junto con los centros urbanos, poblados, los márgenes de la prohibición. Esto está vinculado con el tema de los ríos y de los arroyos. Por toda la contaminación que se está generando. Los cordobeses tienen un problema muy severo. Se producen verdaderos desastres”, apuntó.
“Ojalá que no suceda lo que ocurrió con la ley de bosques”
“Acá hay una barrera de intereses económicos, que pueden jugar fuertemente, como lo han demostrado en la ley de bosques, con el Gobierno provincial. Ojalá que la historia no se repita”, sostuvo Roberto Birri, al tiempo que subrayó: “Hay similitudes con la ley de bosques en el proceso y en los actores que se paran del lado de la defensa de un proyecto de ley de estas características y aquellos que lo miran con cierta desconfianza. Creo que se debió haber aprendido de esa experiencia que terminó siendo frustrante. Ojalá que el Gobierno en este caso, que tiene un papel fundamental porque cuenta con la mitad de los legisladores, termine acompañando esta iniciativa o en todo caso proponiendo modificaciones. Esto está abierto al debate. Sería importante que no suceda lo que ocurrió con la ley de bosques”.
Y remarcó: “Va a tener una extraordinaria oportunidad el Gobierno provincial para acompañar a la gente que ha sido afectada, para que no se sigan produciendo estos fenómenos de patologías producidas por la utilización del glifosato. Y, por otro lado, tiene una deuda pendiente con el medio ambiente, a partir de la frustración de lo que fue la ley de bosques. Con esto no lo va a remediar, pero por lo menos puede compensar una factura que tiene pendiente con la sociedad y con el medio ambiente de Córdoba”.
“El Gobierno debe entender que hay que empezar a modificar el modelo productivo de la Provincia. La sojización como monocultivo es decididamente malo. El cultivo de la soja con la aplicación de agroquímicos es absolutamente agresivo”, expresó el legislador.
Consenso social
El dirigente local dijo que está buscando consenso social para su proyecto. “He tenido reuniones con distintos actores económicos, profesionales, sociales. Primero estuve con las organizaciones no gubernamentales que se reúnen y se organizan a partir de ser víctimas de la aplicación del glifosato, que son los denominados pueblos fumigados, o las organizaciones paren de fumigar, que son las que agrupan a la mayor cantidad de vecinos de distintos lugares de la Provincia. También, estuve con organizaciones ruralistas y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Río Cuarto, con los que tuve una reunión muy respetuosa, pero dura en términos de confrontación de ideas y desde en qué lugar nos paramos a analizar los efectos que tiene el glifosato. Ellos plantean que es prácticamente inocuo y que lo que hay en todo caso es abuso en su utilización, pero que el producto en sí mismo, bien utilizado, no genera niveles de toxicidad”.
“Además, he impulsado el tema como eje de debate en la próxima reunión de legisladores de la Región Centro, que se hace el mes que viene en la ciudad de Córdoba. Esto resulta interesante, porque Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos tienen la misma problemática”, sostuvo. Y agregó: “Me he reunido con el gobernador de Santa Fe, donde también hay un avance legislativo y probablemente pronto haya una ley con características similares a la propuesta que nosotros venimos impulsando”.
Birri comentó que está organizando mesas de debates en distintos lugares de la provincia y destacó una jornada de discusión realizada semanas atrás en la Legislatura, de la que participaron la mayoría de los actores que están involucrados en esta problemática, como colegios profesionales, las organizaciones ruralistas, representantes de las universidades nacionales de Córdoba y Río Cuarto, organizaciones no gubernamentales, las madres del barrio Ituzaingó, el primer caso más emblemático que salió a la luz pública como consecuencia de las medidas que tomó el fiscal Roberto Mateu, quien también estuvo presente en ese debate.
“Fue un ámbito de debate en el que quedaron expuestas claramente las dos posiciones que hoy colisionan. Hay que tratar de reencontrar un justo término que nos permita avanzar en el objetivo que plantea la ley 9164, la protección de la salud humana, de los recursos naturales y, después en último término, la producción agropecuaria y el patrimonio de terceros”, dijo Roberto Birri, al tiempo que remarcó: “Lo que yo estoy tratando de hacer es garantizar los derechos que figuran en la propia ley, con lo que hoy no se está cumpliendo”.
Tres modificaciones
En su proyecto, Roberto Birri propone cambios en los artículos 35, 58 y 59 de la ley 9164. Y en sus fundamentos, afirma: “La ciencia y los hechos van demostrando que necesita de modificaciones urgentes”, a la vez que remarca: “Se debe prohibir absolutamente cualquier fumigación a menos de 800 metros de cursos de agua y ejidos municipales”.
De ser aprobado, el artículo 35 quedaría redactado de la siguiente manera: “Cuando en los lotes a tratar con productos químicos o biológicos de uso agropecuario, o en sus cercanías, hubiere centros poblados, el usuario responsable y/o el aplicador y/o el asesor fitosanitario, deben notificar al órgano de aplicación, indicando producto y dosis a utilizarse”.
El 58 dirá: “Prohíbese la aplicación aérea dentro de un radio de 1.500 metros del límite del ejido municipal o comunal, de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, de las Clases Toxicológicas Ia, Ib y II. Asimismo, prohíbese la aplicación aérea dentro de un radio de 800 metros del límite del ejido municipal o comunal, como así también de los cursos de agua, de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario”.
Y el 59 establecerá: “Prohíbese la aplicación terrestre, dentro de un radio de 800 metros a partir del límite del ejido municipal o comunal, como así también de los cursos de agua, de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario”.
El legislador señala como caso particular el glifosato. Y dice: “Éste es un herbicida utilizado fundamentalmente para la soja transgénica. Conforme al Senasa este agroquímico está dentro de la clase toxicológica IV considerada como que 'normalmente no ofrece peligro'. Sin embargo, según diversos estudios, por caso el del microbiólogo e investigador del Conicet Andrés Carrasco, el glifosato en intoxicaciones crónicas puede generar riesgo de producir malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas en los seres humanos”.
“Esta situación ha movilizado en los últimos años a muchas comunidades del interior de la Provincia relacionadas con la problemática a promover su prohibición. Estos sucesos también han acaecido en la ciudad capital, siendo el de mayor notoriedad el que involucró a vecinos de barrio Ituzaingó”, agrega.
Y sigue: “La Justicia ha debido abocarse a algunos de estos casos y recientemente, en la provincia de Santa Fe, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial en la causa 'Peralta, Viviana c/ Municipalidad de San Jorge y ots. s/ amparo' (Expte. N° 198 - Año 2009) dictó una sentencia ejemplar, ratificando el fallo de Primera Instancia, el cual prohibió la fumigación del glifosato hasta 800 metros del ejido municipal o poblado”.
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Quieren prohibir fumigaciones en los alrededores de las zonas urbanas
El proyecto del legislador Birri tiene estado parlamentario e impide las aplicaciones aéreas de agrotóxicos en un radio de 1.500 metros de los ejidos municipales y de 800 metros para las terrestres
La prohibición del glifosato a menos 800 metros del radio municipal, a partir de la modificación de la ley que rige la aplicación de productos químicos de uso agropecuario, promete poner en el tapete una dura puja de intereses, de características similares a las de la cuestionada ley de bosques.
El proyecto, que ya tiene estado parlamentario, fue presentado por el legislador riocuartense Roberto Birri, presidente del Bloque del Frente Cívico, y acompañado por la legisladora de Unión por Córdoba, María Amelia Chiofalo, a lo que se suma otra iniciativa similar impulsada por el legislador radical Dante Rossi.
La propuesta del socialista contempla tres modificaciones clave: extender la prohibición para el empleo aéreo de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, dentro de un radio de 1.500 metros del ejido municipal; vedar la aplicación terrestre o aérea, dentro de un radio de 800 metros del límite de los centros urbanos y de los cursos de agua, de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario, incluido el glifosato; y asegurar que la autoridad de aplicación sea el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Ambiente.
“Me inscribo, a partir de elementos científicos, entre los que entienden que la exposición a altos niveles de toxicidad, como consecuencia de la cercanía de la aplicación de los agroquímicos, en la gente produce malformaciones y patologías de tipo neuronales, intestinales, cardíacas, renales, cutáneas. Me han venido a ver vecinos de Río Cuarto que han sufrido serias patologías cutáneas. Ellos están convencidos de que ha sido como consecuencia de las fumigaciones que han hecho en las puertas de su casa”, dijo el autor de la iniciativa.
Birri indicó que con la presentación de este proyecto de ley procura hacerse eco de numerosos reclamos de vecinos de distintas poblaciones afectados por las fumigaciones y de estudios científicos que dan cuenta de los daños que producen los agrotóxicos, y que tuvo en cuenta fallos jurisprudenciales sobre los graves riesgos que lleva aparejada la utilización de los herbicidas cerca de los lugares poblados, a lo cual se oponen sectores ruralistas, profesionales agrónomos, los fumigadores y hasta el propio Gobierno provincial, que hace hincapié en la competitividad de la región en términos agropecuarios y advierte sobre el costo fiscal que puede acarrear una medida de esta naturaleza.
El legislador explicó: “Una de las modificaciones plantea que las fumigaciones aéreas se restrinjan hasta los 1.500 metros, cuando se trata de las clases toxicológicas 1 y 2. Y a 800 metros cuando se trata de una 4, que es la que incluye al glifosato. En el caso de las fumigaciones terrestres, que se pase de los 500 metros que prevé la ley a 800, pero tomando las cuatro categorías, no como ahora que sólo se toman las dos primeras”.
Y agregó: “Paralelamente, venimos gestionando ante el Senasa el cambio de categoría del glifosato. Hay que bajarlo de categoría, porque actualmente está dentro de aquellos que casi no ofrecen niveles de toxicidad. El glifosato solo a lo mejor puede tener un nivel de toxicidad bajo. El problema es que como se lo mezcla con coadyuvantes, la ecuación química que se genera es altamente contaminante y da como resultado un nivel de toxicidad preocupante para las personas que quedan expuestas”.
Birri indicó: “Una tercera modificación es del artículo 35, que está vinculado con el órgano de aplicación. Hoy se dice que se debe notificar cuándo se va a hacer la aplicación de la receta fitosanitaria a la Municipalidad o a la comuna. El problema que se genera es que el ámbito municipal se limita al ejido urbano. Entonces, nosotros proponemos cambiar y poner a la Provincia a través de la Secretaría de Ambiente y Agricultura, en forma conjunta”.
“Y agregamos también una prohibición vinculada con los cursos de agua. Queremos que se incluya, junto con los centros urbanos, poblados, los márgenes de la prohibición. Esto está vinculado con el tema de los ríos y de los arroyos. Por toda la contaminación que se está generando. Los cordobeses tienen un problema muy severo. Se producen verdaderos desastres”, apuntó.
“Ojalá que no suceda lo que ocurrió con la ley de bosques”
“Acá hay una barrera de intereses económicos, que pueden jugar fuertemente, como lo han demostrado en la ley de bosques, con el Gobierno provincial. Ojalá que la historia no se repita”, sostuvo Roberto Birri, al tiempo que subrayó: “Hay similitudes con la ley de bosques en el proceso y en los actores que se paran del lado de la defensa de un proyecto de ley de estas características y aquellos que lo miran con cierta desconfianza. Creo que se debió haber aprendido de esa experiencia que terminó siendo frustrante. Ojalá que el Gobierno en este caso, que tiene un papel fundamental porque cuenta con la mitad de los legisladores, termine acompañando esta iniciativa o en todo caso proponiendo modificaciones. Esto está abierto al debate. Sería importante que no suceda lo que ocurrió con la ley de bosques”.
Y remarcó: “Va a tener una extraordinaria oportunidad el Gobierno provincial para acompañar a la gente que ha sido afectada, para que no se sigan produciendo estos fenómenos de patologías producidas por la utilización del glifosato. Y, por otro lado, tiene una deuda pendiente con el medio ambiente, a partir de la frustración de lo que fue la ley de bosques. Con esto no lo va a remediar, pero por lo menos puede compensar una factura que tiene pendiente con la sociedad y con el medio ambiente de Córdoba”.
“El Gobierno debe entender que hay que empezar a modificar el modelo productivo de la Provincia. La sojización como monocultivo es decididamente malo. El cultivo de la soja con la aplicación de agroquímicos es absolutamente agresivo”, expresó el legislador.
Consenso social
El dirigente local dijo que está buscando consenso social para su proyecto. “He tenido reuniones con distintos actores económicos, profesionales, sociales. Primero estuve con las organizaciones no gubernamentales que se reúnen y se organizan a partir de ser víctimas de la aplicación del glifosato, que son los denominados pueblos fumigados, o las organizaciones paren de fumigar, que son las que agrupan a la mayor cantidad de vecinos de distintos lugares de la Provincia. También, estuve con organizaciones ruralistas y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Río Cuarto, con los que tuve una reunión muy respetuosa, pero dura en términos de confrontación de ideas y desde en qué lugar nos paramos a analizar los efectos que tiene el glifosato. Ellos plantean que es prácticamente inocuo y que lo que hay en todo caso es abuso en su utilización, pero que el producto en sí mismo, bien utilizado, no genera niveles de toxicidad”.
“Además, he impulsado el tema como eje de debate en la próxima reunión de legisladores de la Región Centro, que se hace el mes que viene en la ciudad de Córdoba. Esto resulta interesante, porque Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos tienen la misma problemática”, sostuvo. Y agregó: “Me he reunido con el gobernador de Santa Fe, donde también hay un avance legislativo y probablemente pronto haya una ley con características similares a la propuesta que nosotros venimos impulsando”.
Birri comentó que está organizando mesas de debates en distintos lugares de la provincia y destacó una jornada de discusión realizada semanas atrás en la Legislatura, de la que participaron la mayoría de los actores que están involucrados en esta problemática, como colegios profesionales, las organizaciones ruralistas, representantes de las universidades nacionales de Córdoba y Río Cuarto, organizaciones no gubernamentales, las madres del barrio Ituzaingó, el primer caso más emblemático que salió a la luz pública como consecuencia de las medidas que tomó el fiscal Roberto Mateu, quien también estuvo presente en ese debate.
“Fue un ámbito de debate en el que quedaron expuestas claramente las dos posiciones que hoy colisionan. Hay que tratar de reencontrar un justo término que nos permita avanzar en el objetivo que plantea la ley 9164, la protección de la salud humana, de los recursos naturales y, después en último término, la producción agropecuaria y el patrimonio de terceros”, dijo Roberto Birri, al tiempo que remarcó: “Lo que yo estoy tratando de hacer es garantizar los derechos que figuran en la propia ley, con lo que hoy no se está cumpliendo”.
Tres modificaciones
En su proyecto, Roberto Birri propone cambios en los artículos 35, 58 y 59 de la ley 9164. Y en sus fundamentos, afirma: “La ciencia y los hechos van demostrando que necesita de modificaciones urgentes”, a la vez que remarca: “Se debe prohibir absolutamente cualquier fumigación a menos de 800 metros de cursos de agua y ejidos municipales”.
De ser aprobado, el artículo 35 quedaría redactado de la siguiente manera: “Cuando en los lotes a tratar con productos químicos o biológicos de uso agropecuario, o en sus cercanías, hubiere centros poblados, el usuario responsable y/o el aplicador y/o el asesor fitosanitario, deben notificar al órgano de aplicación, indicando producto y dosis a utilizarse”.
El 58 dirá: “Prohíbese la aplicación aérea dentro de un radio de 1.500 metros del límite del ejido municipal o comunal, de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, de las Clases Toxicológicas Ia, Ib y II. Asimismo, prohíbese la aplicación aérea dentro de un radio de 800 metros del límite del ejido municipal o comunal, como así también de los cursos de agua, de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario”.
Y el 59 establecerá: “Prohíbese la aplicación terrestre, dentro de un radio de 800 metros a partir del límite del ejido municipal o comunal, como así también de los cursos de agua, de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario”.
El legislador señala como caso particular el glifosato. Y dice: “Éste es un herbicida utilizado fundamentalmente para la soja transgénica. Conforme al Senasa este agroquímico está dentro de la clase toxicológica IV considerada como que 'normalmente no ofrece peligro'. Sin embargo, según diversos estudios, por caso el del microbiólogo e investigador del Conicet Andrés Carrasco, el glifosato en intoxicaciones crónicas puede generar riesgo de producir malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas en los seres humanos”.
“Esta situación ha movilizado en los últimos años a muchas comunidades del interior de la Provincia relacionadas con la problemática a promover su prohibición. Estos sucesos también han acaecido en la ciudad capital, siendo el de mayor notoriedad el que involucró a vecinos de barrio Ituzaingó”, agrega.
Y sigue: “La Justicia ha debido abocarse a algunos de estos casos y recientemente, en la provincia de Santa Fe, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial en la causa 'Peralta, Viviana c/ Municipalidad de San Jorge y ots. s/ amparo' (Expte. N° 198 - Año 2009) dictó una sentencia ejemplar, ratificando el fallo de Primera Instancia, el cual prohibió la fumigación del glifosato hasta 800 metros del ejido municipal o poblado”.
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